Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

Bolivia y la mayoría de los países de América Latina, se han beneficiado en los últimos 15 años de una coyuntura económica externa muy favorable, debido a los elevados precios de las materias primas que exportan los países de la región, vigentes en los mercados internacionales. Esta coyuntura favorable ha permitido a los países crecer a mayores tasas. El gráfico 1 muestra que las tasas de crecimiento del PIB per cápita de América Latina y de Bolivia, aumentaron considerablemente a partir de 2004, después de un periodo de bajas tasas de crecimiento observadas en los primeros años de los 2000, cuando la región fue afectada por la crisis internacional. Estas altas tasas de crecimiento se mantuvieron hasta el 2008, cuando la crisis financiera internacional, resultante de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, afectó a la economía mundial.  Posteriormente hubo una recuperación, que duró hasta 2014, y a partir de 2015 las tasas de crecimiento cayeron sustancialmente para América Latina, y en menor grado para Bolivia, cuando los precios de las materias primas experimentaron bajas en los mercados internacionales.

La pregunta es si, durante el periodo de bonanza económica, el PIB per cápita de Bolivia, y de los demás países de la región de menores ingresos, tendieron a converger hacia los niveles de ingresos de los países más ricos de América Latina.

Gráfico 1: Tasa de crecimiento del PIB per cápita de América Latina y Bolivia

(variación porcentual anual)

En teoría, debería producirse una convergencia de los ingresos de los países menos ricos hacia los niveles de ingreso de los países más ricos. Según plantea el modelo de crecimiento de Solow y Swan¹, los países con la misma tasa de progreso tecnológico, van a converger todos a un sendero de crecimiento balanceado, a una tasa de crecimiento del ingreso per-cápita determinada. Si las tecnologías de producción, tasas de ahorro, y tasas de crecimiento de la población son las mismas para los países, todos van a converger al mismo nivel de ingreso per cápita también. La existencia de rendimientos decrecientes de los factores de insumo implica que los países pobres (con una base más pequeña de capital y trabajo) van a crecer a un ritmo más rápido que los países más ricos enfrentados a tecnologías idénticas, tasas de ahorro, y tasas de crecimiento de la población.

Gráfico 2: PIB per cápita de los países de América Latina

(US$ constantes de 2010)

¿Han tendido a crecer los países pobres más rápido que los países ricos en América Latina durante el periodo de bonanza?

El gráfico 2 muestra la trayectoria seguida por los PIB per cápita de los países de América Latina desde 2000 a 2017. Se identifican cuatro grupos de países al final de este periodo. En primer lugar, están Chile y Uruguay, que son los países de mayores ingresos, y que también han mostrado un crecimiento consistentemente mayor en sus niveles de PIB per cápita. Claramente, a 2017, estos dos países son los de mayores ingresos en relación al resto de países de la región, con niveles de PIB per cápita superiores a US$ 14.000, medidos en dólares constantes de 2010.

Un segundo grupo de países, donde se encuentran las economías de mayor tamaño (Brasil, México y Argentina), han registrado también un comportamiento dinámico en sus economías, y se encuentran a 2017, en un rango de PIB per cápita de entre US$ 10.000 y US$ 12.000. En este grupo de países se identifican dos casos especiales, que representan desempeños opuestos de sus economías. Por un lado, está Panamá que ha sido el país de mayor crecimiento de la región, y, gracias a la ejecución de proyectos de gran impacto, ha podido duplicar su PIB per cápita, pasando de US$ 5.500 en 2003 a US$ 11.700 en 2017.  Contrariamente, tenemos a Venezuela, que, debido a un muy mal manejo de la economía y políticas erradas, ha mostrado una caída en su PIB per cápita de US$ 8.900 en 2013 a US$ 5.600 en 2017 (casi un 30% de caída).

Un tercer grupo de países presenta un crecimiento más moderado, y muestra para 2017, niveles de PIB per cápita que fluctúan en un rango de entre US$ 5.000 y US$ 8.000. Entre estos países se encuentran la mayoría de países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú), además de República Dominicana y Paraguay.

Finalmente, se tiene a un cuarto grupo de países que son los más rezagados de la región que incluye a la mayoría de países de Centro América (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y a Bolivia. Estos países muestran en 2017 un nivel de PIB per cápita que fluctúa en un rango de entre US$ 2.000 y US$ 3.500. Resulta sorprendente observar que, pese a la gran cantidad de ingresos de exportación que disfrutó Bolivia durante el periodo de bonanza (2006-2017), el país haya mostrado una tasa de crecimiento promedio anual en su PIB per cápita de solo 3.2%, la cual le permitió superar solo a Honduras y Nicaragua.   A esta tasa de crecimiento, a Bolivia le tomaría 56 años igualar el nivel actual de PIB per cápita que tiene Chile, 43 años el de Costa Rica, 35 años el de Colombia, y 10 años el de El Salvador.

Si bien es necesario realizar una evaluación más precisa sobre la existencia o no de convergencia de los PIB per cápita de los países de América Latina, a priori se observa que durante este periodo de bonanza no ha existido convergencia, y las diferencias existentes entre países han tendido a aumentar. Sin embargo, los datos muestran que hay algunos pocos países que han podido crecer a tasas muy elevadas, como es el caso de Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que les ha permitido cerrar las brechas existentes. Bolivia lamentablemente se ha quedado rezagada, y va a ser necesario mucho esfuerzo e imaginación para crecer a mayores tasas en el futuro, que nos permitan cerrar estas brechas. Esto, en una coyuntura actual, donde las condiciones económicas no se muestran muy favorables.

Referencias:

¹ N. G. Mankiw, D. Romer & D. Weil (1992): «A contribution to the Empirics Economic Growth», en Quarterly Journal of Economics, 107, pp. 407-438.

______________________________________________________________

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

Después de sufrir los efectos de la crisis financiera internacional de principios de los 2000, Bolivia ha disfrutado en la última década de una bonanza económica de altos precios de materias primas de exportación, que se han traducido en elevados niveles de ingresos externos y fiscales, y acumulación de reservas internacionales. El crecimiento en los ingresos incentivo el crecimiento del gasto, tanto público como privado, lo que se tradujo en mayores tasas de crecimiento del PIB, reducción del desempleo y de la incidencia de la pobreza.

Además de los efectos benéficos de los altos ingresos, el país y la economía se beneficiaron de la reducción del stock de deuda que el país tenía con los organismos internacionales, como es el caso del BID, Banco Mundial y FMI. Esto representó un ahorro de casi US$ 150 millones anuales en el servicio de deuda multilateral, que pudieron ser utilizados para otros fines.

Sin embargo, hubo otro factor que también contribuyó a que en la economía boliviana se diera un auge económico importante, que son las bajas tasas de interés que prevalecieron durante todo este periodo de bonanza. Con tasas de interés activas bajas, existe un gran incentivo para que se materialicen mayores niveles de consumo e inversión. El gráfico 1 muestra que existe una correlación negativa significativa entre las tasas de interés activas reales, en moneda nacional, y las tasas de crecimiento del PIB trimestral, para el periodo 2000-2018. Es decir, durante los periodos donde las tasas de interés activas permanecieron altas, se tuvo menores tasas de crecimiento del PIB. Contrariamente, cuando las tasas de interés cayeron, la economía alcanzó una mayor dinámica.

Gráfico 1: Tasa de interés y crecimiento económico en Bolivia

El gráfico 2 muestra que a principios de los 2000, las tasas de interés se encontraban en niveles muy altos. Las tasas de interés reales activas en moneda nacional, a marzo de 2001, se situaban en niveles superiores a 20% y las pasivas en moneda nacional en niveles por encima del 6%. Durante este periodo, la economía se encontraba atravesando una situación de desaceleración económica, caracterizado por un elevado déficit fiscal, crisis financiera y bajas tasa de crecimiento del PIB.

Gráfico 2: Tasas de interés reales y crecimiento del PIB

En los años siguientes, y hasta septiembre 2008, las tasas de interés experimentaron un continuo descenso, hasta llegar en septiembre 2008 a niveles negativos de -1,04% en el caso de las tasas activas en moneda nacional, y a -7,80% en el caso de las tasas pasivas. Por otra parte, durante este periodo el crecimiento trimestral del PIB experimentó una recuperación de los bajos niveles alcanzados durante los primeros años de esta década. En septiembre 2008, la tasa de crecimiento interanual del PIB llega a ser de 7,06%. La crisis financiera internacional ocurrida a finales de 2008, tuvo el efecto de aumentar las tasas de interés internas, por la caída transitoria de ingresos y ahorro que esta generó en la economía.  Este aumento en las tasas duró hasta finales de 2010. Durante este periodo, el crecimiento trimestral de la actividad económica se desaceleró, a niveles por debajo de 4%.   A partir de 2011, Bolivia se recupera de los efectos de crisis financiera, y las tasas de interés vuelven a bajar y el crecimiento económico vuelve a repuntar. Finalmente, con la caída de los precios de las materias primas a partir de 2015, las tasas de interés domésticas han mostrado una tendencia al alza, lo cual también ha coincidido con una tendencia a la baja de las tasas de crecimiento del PIB.

Es claro que, durante este periodo, existió una correlación significativa entre los movimientos de las tasas de interés reales y el crecimiento del PIB. Sin embargo, no se puede concluir que las variaciones en las tasas de interés fueron el factor determinante del crecimiento del PIB, ya que hubo muchos otros factores que incidieron en el crecimiento. Sin embargo, es muy probable que las bajas tasas de interés observadas durante el periodo de bonanza económica, hayan contribuido a estimular la demanda agregada. En todo caso, las tasas de interés son consideradas en teoría económica, uno de los principales mecanismos de transmisión monetaria, y han jugado un rol en determinar el crecimiento. Potencialmente, el crecimiento futuro de la economía se verá condicionado por el comportamiento de las tasas de interés. Un aumento en las tasas de interés en el futuro, debido a una menor oferta de ahorro o a un aumento en las tasas de interés internacionales, tendría el efecto de reducir el crecimiento.

________________________________________

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

Existe un debate en Bolivia sobre cuál es la política cambiaria adecuada para el país. El Banco Central ha mantenido el tipo de cambio fijo durante prácticamente toda la década actual.  A pesar que la inflación se ha ido reduciendo, esta política ha resultado en una apreciación considerable del tipo de cambio real, debido a que la mayor parte de los socios comerciales del país han adoptado tipos de cambio flexibles. Como puede verse en el gráfico, la tasa de inflación se ha ido reduciendo paulatinamente, y a partir de 2015 ha permanecido invariablemente por debajo de 5% al año. La inflación a 12 meses medida en enero de 2019, es de solo 1,43%. Por otra parte, el tipo de cambio real multilateral (TCRM), que mide en forma comparada la devaluación e inflación en Bolivia en relación a la devaluación e inflación de nuestros socios comerciales, ha tendido a apreciarse significativamente. Esto le quita competitividad a la economía y en especial al sector productor de bienes transables. En agosto de 2015 la tasa de apreciación cambiaria real a 12 meses era de 14,3%, en un momento en que la inflación llegaba a solo 3,2%. Las devaluaciones del tipo de cambio nominal por parte de los socios comerciales, como consecuencia de la caída de los precios de exportación de materias primas, explica este comportamiento.

En el periodo comprendido entre la segunda mitad de 2016 y primer trimestre de 2018, el TCRM tendió a depreciarse, esta vez debido a la apreciación cambiaria nominal observada en los socios comerciales. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2018 nuevamente se produce una apreciación cambiaria, esta vez debido a la devaluación nominal de nuestros socios comerciales. En enero 2019, la tasa de apreciación cambiaria real llegó a 6,6%. En síntesis, dadas las condiciones actuales, la apreciación o depreciación real del tipo de cambio en Bolivia depende de la apreciación o depreciación del tipo de cambio por parte de los socios comerciales del país.

Gráfico 1: Tipo de cambio nominal, real e inflación (tasas de variación porcentual a 12 meses)

¿Se debería mantener el tipo de cambio fijo?

Una modificación del tipo de cambio fijo es vista por el Banco Central como una medida que tendría efectos muy negativos sobre la economía, y en especial sobre el sistema financiero. La devaluación haría que los agentes perciban que el tipo de cambio continuará siendo devaluado en el futuro, y se produciría un ataque contra el boliviano, produciéndose una crisis cambiaria. Además, la devaluación revertiría la desdolarización del sistema financiero, ya que los depositantes cambiarían sus depósitos a dólares. Esto representaría un grave problema para las entidades financieras, que no podrían inmediatamente reestructurar su cartera para calzarla con los depósitos en términos de moneda. Por otra parte, la devaluación traería como consecuencia un aumento en la inflación, lo que reduciría el efecto benéfico de la devaluación sobre el tipo de cambio real. Además, la mayor inflación reduciría el salario real y la actividad económica.

Sin embargo, mantener el tipo de cambio fijo durante estos años y no implementar un ajuste a las nuevas condiciones externas, ha representado un costo muy alto para la economía. Además de la pérdida de competitividad de los sectores que producen bienes transables, debido a la apreciación cambiaria real, se debe considerar la pérdida de reservas internacionales (RIN) y el mayor endeudamiento adquirido en los últimos años, como costos que podría haberse evitado si se tuviera un tipo de cambio flexible. En efecto, entre diciembre 2014 y mayo 2019 las RIN cayeron en US$ 8.900 millones. A esta pérdida hay que sumarle los traspasos contables que hizo el Banco Central para no mostrar una mayor caída de las RIN, que suman aproximadamente US$ 2.100 millones, como fue el caso del Fondo RAL en moneda extranjera, el Fondo de Revolución Industrial Productiva (FINPRO), los Fondos de Protección al Ahorrista (FPAH), y el Fondo Para la Inversión Exploración y Explotación de Hidrocarburos (FPIEEH). Adicionalmente, se debe incluir el aumento en la deuda externa pública, que subió en US$ 4.400 millones entre diciembre 2014 y marzo 2019.

Finalmente, un tipo de cambio fijo representa una pérdida de autonomía monetaria, ya que de acuerdo al principio de la “trinidad imposible”, un país no puede tener al mismo tiempo un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y autonomía monetaria. Dado que la economía boliviana tiene las dos primeras condiciones, ha resignado la tercera, que es la autonomía monetaria. Este será el tema de un próximo análisis.

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para adoptar un régimen cambiario específico?

Aparte de la conveniencia o no de abandonar la política de tipo de cambio fijo que actualmente viene implementando el Banco Central, es importante analizar qué política cambiaria es la más apropiada para el país, dadas las características de la economía. No hay un sistema cambiario perfecto, que es lo mejor depende de las características de la economía en particular. Los factores a considerar son (World Economic Outlook IMF, 2001):

• Tamaño y grado de apertura de la economía. Si el comercio exterior representa una proporción alta del PIB, entonces el costo de la inestabilidad cambiaria puede ser elevado. Esto sugiere que las economías pequeñas y abiertas pueden beneficiarse más de un tipo de cambio fijo. Bolivia reúne las características de ser una economía pequeña y abierta al comercio, aunque su comercio, por el lado de las exportaciones, está concentrado en pocos productos, principalmente materias primas extractivas, y en pocos mercados, principalmente de la región. Por el lado de las importaciones, un 40% proviene de 4 países sudamericanos: Brasil, Argentina, Chile y Perú. Estos países tienen políticas de tipo de cambio flexible, por lo que los ajustes cambiarios que ocurren en estos países en forma automática, se traducen en pérdidas de competitividad cambiaria en el país.
• Tasa de Inflación. Si un país tiene una inflación muy alta en comparación a sus socios comerciales, requiere de un tipo de cambio flexible para prevenir que sus exportaciones se vuelvan poco competitivas en los mercados mundiales. Si las diferenciales de inflación son más modestas, un tipo de cambio fijo es menos problemático. Bolivia ha tenido la inflación bajo control desde que se aplicó el programa de estabilización en 1985. Sin embargo, existe la incertidumbre que, a futuro, con la pérdida de independencia del Banco Central en relación al Ministerio de Economía, éste financie los déficits del SPNF, lo que podría alimentar procesos inflacionarios a futuro. Si ese es el caso, mantener un tipo de cambio fijo será problemático.
• Flexibilidad del mercado de trabajo. Mientras más rígidos sean los salarios, se necesitará en mayor medida un tipo de cambio flexible para ayudar a la economía a responder a los shocks externos. El mercado laboral en Bolivia es altamente segmentado. Coexiste un sector informal que comprende alrededor de un 75% del empleo total, el cual es altamente flexible ya que es básicamente un mercado no regulado. Sin embargo, las actividades exportadoras en Bolivia operan en el segmento formal del mercado de trabajo, el cuál es altamente regulado. La legislación laboral es muy rígida, y el Estado interviene discrecionalmente en mercado laboral, fijando los reajustes salariales anuales, el salario mínimo y el pago del segundo aguinaldo, lo que resta competitividad a los sectores transables de la economía. Este factor hace deseable una mayor flexibilidad cambiaria.
• Grado de desarrollo financiero. En los países en desarrollo, con sistemas financieros poco desarrollados, un tipo de cambio flexible no tendría mucho sentido, ya que un pequeño número de comerciantes de moneda extranjera pueden causar grandes fluctuaciones en los tipos de cambio. El sistema financiero boliviano es muy poco profundo, dominado principalmente por el sistema bancario. Además, hasta 2005, el sistema financiero boliviano se caracterizaba por tener una elevada dolarización de activos y pasivos, lo que reducía la posibilidad de tener un tipo de cambio flexible. Posteriormente, el Banco Central aplicó varias políticas tendientes a encarecer las transacciones en dólares con el objeto de reducir la dolarización del sistema financiero. En la actualidad, más del 80% de los depósitos y la cartera de los bancos está denominada en moneda nacional. Paradójicamente, en la situación actual el tipo de cambio se ha vuelto más rígido que cuando existía una alta dolarización, ya que existe el temor que una variación del tipo de cambio revertiría la bolivianización del sistema financiero, con costos elevados para el sistema financiero y para la economía.
• Credibilidad de los que diseñan la política económica. Mientras más baja sea la reputación del banco central, habrá más motivos para fijar el tipo de cambio para restaurar la confianza que la inflación será controlada: Los tipos de cambio fijo han ayudado a las economías latinoamericanas a reducir la inflación. Bolivia había dado pasos importantes para lograr la institucionalidad necesaria que garantizaran la estabilidad de precios, como fue el caso de la independencia del Banco Central, y la restricción de que éste financie al TGN. Sin embargo, en los últimos años la independencia del Banco Central ha sido drásticamente reducida, y éste ha comenzado a financiar los crecientes déficits del SPNF, lo que ha incrementado considerablemente la deuda pública con el BCB. Es fundamental restaurar la independencia del Banco Central para garantizar una política cambiaria flexible que no desestabilice la economía.
• Movilidad de capitales. Mientras más abierta sea la economía a los capitales externos, será más difícil mantener un tipo de cambio fijo. Bolivia tiene una economía abierta a los flujos de capitales externos, y no existen restricciones a la libre entrada y salida de recursos financieros. Sin embargo, estos flujos consisten principalmente en financiamiento al sector público, otorgado por organismos e instituciones de financiamiento internacional, multilaterales y bilaterales, o deuda pública comercial obtenida mediante emisiones de bonos soberanos. Estos flujos han servido a menudo para estabilizar la balanza de pagos y el tipo de cambio.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Luis Carlos Jemio Ph. D.* y José Luis Evia M. Sc.**

Como el resto de la economía, el sistema financiero también ha sido afectado por el fin del super ciclo de recursos naturales y la consiguiente reducción de los ingresos externos. En primer lugar, la menor disponibilidad de recursos ha reducido significativamente la tasa de crecimiento de los depósitos en el sistema financiero. En 2014 y 2015 los depósitos crecían a una tasa promedio anual de entre 10% y 25% (gráfico 1). A partir de 2016 se produce un descenso significativo en las tasas de crecimiento de los depósitos, llegando incluso a presentar tasas negativas en el caso de los depósitos a la vista y en caja de ahorro.  Si bien las tasas de crecimiento se recuperan a partir de 2017, éstas no llegan a los niveles de tasas de crecimiento exhibidas previo a la caída.

Gráfico 1: Crecimiento de los depósitos (tasa de variación a 12 meses)

El menor crecimiento de los depósitos en el sistema financiero, ha tenido un efecto sobre las tasas de interés pasivas o de captaciones. La tasa de interés efectiva pagada por el sistema financiero a los depósitos a plazo fijo (DPFs) en moneda nacional aumentaron de un promedio de 2% para el periodo 2015-marzo 2017, a un rango de variación de entre 3% y 3.5% a partir de agosto 2017. Las tasas de interés pagadas por depósitos en caja de ahorro también experimentaron aumentos, aunque de menor magnitud.

Gráfico 2: Tasas de interés pasivas (porcentaje)

El aumento en las tasas de interés pasivas, tuvo su efecto sobre el cálculo de la Tasa de Referencia (TRe) calculada por el Banco Central en base a la cual las entidades financieras fijan sus tasas de interés activas o de préstamos. La TRe se obtenía de la tasa efectiva pasiva promedio de los depósitos a plazo fijo (DPF) de 90 a 180 días, pagadas por los bancos múltiples. Es decir, si los bancos pagaban tasas de interés pasivas mayores a los ahorristas esta tasa de referencia subía en una proporción parecida. Para aquellos créditos que no son de vivienda social o productivos, normalmente se aplicaba una tasa de interés fijada por el banco más la TRe. Esta forma de fijar de tasas de interés activas, que hace de las tasas de interés activas variables, transfiere el riesgo de tasa de interés al prestatario final, quien debe soportar el peso de mayores tasas de interés en períodos de elevadas tasas, pero se beneficia con menores tasas cuando las tasas de interés bajan. Adicionalmente, el costo de crédito disminuye para el usuario final, pues el banco no toma en cuenta el costo del riesgo de tasa de interés (no necesita cubrirse por el riesgo de tasa de interés).

La TRe aumentó de 1.66% en abril 2017 a 3.60% en mayo 2018 (gráfico 3), como resultado del incremento de las tasas pasivas de interés. En junio de 2018, el Banco Central modificó la fórmula de cálculo de la TRe. Según la circular SGDB No 024/2018, el cálculo de la TRe toma ahora en cuenta no sólo los DPF, sino también los depósitos a la vista y en cajas de ahorro. También se incluye en el cálculo de la TRe, las tasas de interés de los depósitos de los bancos PyMe. Además, se amplía el plazo de vigencia de la TRe de una semana a un mes. Con la aplicación de la nueva fórmula de cálculo, la TRe se redujo a 2.44% en marzo 2019. De principio hay que notar que al tomar en cuenta a los depósitos a la vista y en caja de ahorros relaciona las tasas de interés de los créditos que otorgan los bancos (idealmente a largo plazo) con tasas de interés de más corto plazo. Por otro lado.

Más importante, el cambio en la fórmula de cálculo de la TRe ha significado que el costo de las mayores tasas de interés sea transferido de los prestatarios a los prestamistas. Esto cambia las condiciones en las que se habían otorgado los créditos, lo que introduce un elemento de inseguridad jurídica y de inestabilidad de la normativa financiera. Por otro lado esta medida parecería mostrar que el gobierno entiende que el riesgo de tasa de interés debe ser soportado por el sistema financiero. Si esto es así en el futuro el sistema financiero tratará de elevar el spread en relación a la TRe para cubrir el costo del mayor riesgo de tasa de interés. Si no logra hacerlo, no podrá cubrirse del riesgo de tasa de interés, lo que podría generar peligros para el sistema. Queda además la pregunta sobre la simetría de este tipo de medidas: si las tasas de interés bajan ¿quiénes se beneficiarán de esta reducción el sistema financiero o los prestatarios?

Gráfico 3: Tasa de interés de referencia TRe (porcentaje)

Es de esperar que esta medida contribuya a reducir las tasas activas no reguladas o variables, que se aplica a los créditos de consumo, comercio, servicio e incluso de vivienda no social. Estas tasas habían tendido a aumentar a partir de 2018, debido al incremento de las tasas pasivas y consecuentemente de la TRe, calculada ésta mediante la fórmula anterior (gráfico 3). Hay que considerar por otro lado que las tasas de interés de los créditos regulados están establecidas por La Ley de Servicios Financieros y sus reglamentos que fijan las tasas de interés para los créditos de vivienda social e 5.5%, 6% y 6.5%, en función al valor del inmueble, y para créditos productivos 6% (empresas grandes y medianas), 7% (pequeñas) y 11.5% (microempresas).

Gráfico 4: Tasas de interés activas (porcentaje)

Según el Banco Central, el objetivo de esta medida fue el objetivo de estabilizar la variación de los intereses y evitar que se incremente la mora en los créditos no regulados, ya que alrededor de un 40% de los créditos han sido otorgados bajo esta modalidad. Sin embargo, esta medida afecta la rentabilidad de los bancos y podría tener un efecto negativo a futuro. Como puede observarse en el gráfico 4, el spread efectivo de los bancos múltiples se ha ido reduciendo en los últimos años, cayendo de 7.71% de los activos en 2014 a 5.51% en 2018. A su vez, la tasa de utilidad neta se redujo de 2.18% de los activos a 1.39% durante el mismo periodo. Esta caída en la rentabilidad ha hecho que los bancos tengan una menor capacidad para reinvertir utilidades lo que ha tendido a reducir sus coeficientes da capitalización. Esta situación podría, en el largo plazo, afectar la capacidad de expandir el crédito para los bancos, al tener éstos una menor tasa de capitalización. El objetivo de la política sobre el sector financiero debería ser de construir un sistema financiero sólido y resiliente a los shocks (realización de los riesgos), capaz de enfrentar los riesgos inherentes al sistema financiero. Queda la duda de si el cambio en el cálculo de la TRe coadyuva a este propósito.

Gráfico 5: Rentabilidad y capitalización de los bancos múltiples

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo

** Consultor independiente, jlaevia@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Luis Carlos Jemio, Ph.D*

Uno de los principales problemas macroeconómicos que enfrenta la economía boliviana en la actualidad es el elevado déficit fiscal que se viene registrando a partir de 2014. Si bien no se cuenta con cifras definitivas para 2018, es muy probable que el déficit se mantenga en niveles altos también ese año. Para 2019, de acuerdo a información contenida en el PGE, el déficit presupuestado es de 6.98% del PIB. Claramente esta situación es insostenible, ya que ésta implica un aumento en el endeudamiento y/o una pérdida continua de reservas internacionales. Como puede verse en el gráfico 1, la causa principal del déficit ha sido la caída en los ingresos del SPNF. Estos se redujeron de 51.4% del PIB en 2014 a 40.2% del PIB en 2017. Es muy probable que los ingresos se hayan recuperado parcialmente en 2018, debido a los mayores los precios del petróleo, pero ésta no es suficiente para compensar la caída observada en los últimos años.

Los gastos por otra parte, también experimentaron una caída, por lo menos como porcentaje del PIB. Esta caída, sin embargo, fue mucho menor a la caída de los ingresos, razón por la cual el déficit ha tendido a aumentar. Los gastos del SPNF cayeron de 54.8% del PIB en 2014 a 48.1% del PIB en 2017. Como resultado, el déficit del SPNF pasó de 3.4% del PIB en 2014 a 7.8% en 2017. En 2013 el SPNF había registrado un pequeño superávit de 0.7% del PIB.

Gráfico 1: Ingresos, gastos y déficit del SPNF (porcentaje del PIB).

Se debe destacar que no todas las instituciones que componen el SPNF se han ajustado en forma simétrica a las condiciones de menores ingresos, ya que ha habido algunas instituciones a nivel del gobierno central, departamental, municipal y empresas públicas, que han realizado un ajuste mayor que otras.

El gráfico 2 muestra el déficit fiscal desagregado por las diversas instancias del SPNF. Como puede observarse, en 2017 la mayor parte del déficit está explicada por las empresas públicas (2.8% del PIB), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) (1.5% del PIB) y el resto del Gobierno Central, que incluye al TGN (3.0% del PIB). Los gobiernos sub-nacionales por otra parte muestran niveles mucho menores de déficit. El déficit de las gobernaciones en 2017 fue de solo 0.13% del PIB, mientras que el de las municipalidades fue de solo 0.33%. Esto se explica porque, tanto gobernaciones como municipios, tuvieron que ajustar sus gastos a los menores ingresos por IDH y regalías resultantes de los menores ingresos de exportación de hidrocarburos.

Gráfico 2: Balance del SPNF por institución (porcentaje del PIB).

Para resolver el problema del elevado déficit fiscal, una posibilidad es que se produzca una recuperación de los ingresos externos, pero esto es poco probable que ocurra, ya que los precios de hidrocarburos se han mantenido bajos y las cantidades exportadas han tendido a reducirse por falta de reservas y menores cantidades demandadas. Por lo tanto, lo más probable es que la solución pase por una racionalización del gasto público, sobre todo de las instituciones pertenecientes al Gobierno Central y de las empresas públicas.

El gasto del Gobierno Central en servicios personales, por ejemplo, aumentó de 6.9% del PIB en 2010 a 9.4% en 2017, lo que evidencia un importante aumento en el empleo y en las remuneraciones en las instituciones que componen esta instancia del gobierno.  Por otra parte, dada la incidencia de las empresas públicas en el déficit del SPNF, es importante analizar que empresas están contribuyendo en mayor medida a generarlo. El gráfico 3 muestra que las dos empresas que contribuyen en mayor medida al déficit fueron ENDE y YPFB. En 2017 el déficit de YPFB alcanza a 0.6% del PIB y el de ENDE a 1.6% del PIB.

Gráfico 3: Balance de las empresas públicas, por empresa (porcentaje del PIB).

Por otra parte, las empresas públicas han estado ejecutando montos significativos en inversiones, financiadas principalmente con deuda externa y créditos del Banco Central. Esto último se traduce directamente en pérdidas de reservas internacionales, que no podrán ser recuperadas si las inversiones no contribuyen a generar mayores ingresos de exportación. En los últimos 10 años, las empresas públicas han invertido un total US$ 9 mil millones, pero estas inversiones no han contribuido significativamente a aumentar la capacidad productiva del país, por problemas de sobredimensionamiento, falta de materia primas para ser procesada, falta de mercados, etc. Del total invertido, YPFB invirtió US$ 3.7 mil millones (41.7% del total), pero el país no ha podido aumentar sus reservas de gas natural para poder mantener los volúmenes de venta externos e internos. ENDE invirtió US$ 2.4 mil millones (27.1%), parte de ellos en proyectos de generación termoeléctrica, en un momento en el que el país se está quedando sin reservas de gas natural para abastecerlos. Finalmente, COMIBOL invirtió US$ 730 millones (8.2%), pero los volúmenes de producción y exportación del sector han mostrado un constante declive en los últimos años, a pesar de la recuperación de precios externos de los minerales.

En resumen, es fundamental racionalizar el gasto y la inversión pública, en una coyuntura en la que el país se está quedando sin recursos para financiarlos. La situación de altos déficits observados en la coyuntura actual, están generando pérdida de reservas internacionales y aumento en la deuda externa, lo que no es sostenible en el largo plazo. Por otra parte, los escasos recursos públicos deben ser asignados eficientemente, en sectores donde existen requerimientos urgentes y prioritarios, como son la salud, educación, saneamiento básico, etc. una mala asignación de recursos, en proyectos de inversión de bajos retornos, que no permitan recuperar la inversión realizada y repagar la deuda contraída para financiarlos, no solamente no contribuirá a que la economía crezca y se desarrolle, sino que además, traerá como consecuencia una crisis financieras y de endeudamiento.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

Por: Luis Carlos Jemio Ph.D*

La reforma de pensiones implementada en Bolivia en 1997, buscó subsanar dos problemas endémicos del sistema de reparto: la baja cobertura y la falta de reservas de los fondos de pensiones.

Desde la implementación del sistema de capitalización individual se ha experimentado un continuo crecimiento en número de cotizantes, que aumentaron de 400 mil en 1997 a 619 mil en 2015 y a 858 mil en 2017 (gráfico 1). La cobertura del sistema también ha tendido a aumentar. La relación entre cotizantes y población ocupada urbana subió de 19.4% en 1997 a 25% en 2017.

Gráfico 1

Cotizantes al sistema de pensiones

Con respecto a las reservas del sistema, el patrimonio de los fondos de pensiones ha aumentado significativamente. El portafolio de los FPs creció a Bs. 115.531 millones en junio de 2018 (gráfico 2), por lo que éstos se han convertido en un actor fundamental del sistema financiero en Bolivia. A octubre 2018, los depósitos bancarios alcanzaron a Bs. 166.640 millones, mientras que la cartera bancaria llegó a Bs. 167.302 millones.

Gráfico 2

Portafolio de los FPs y depósitos y cartera bancaria

El rol que juegan los fondos de pensiones en el sistema financiero boliviano puede ser entendido con mayor claridad si se analiza la estructura del portafolio de los fondos (gráfico 3). Al 31 de octubre de 2018, la mayor parte de los recursos de los FPs (45.8%) está invertido en depósitos bancarios a plazo fijo, equivalente a Bs. 52.948 millones. Esto quiere decir que una tercera parte de los depósitos bancarios proviene de las inversiones que realizaron los fondos de pensiones en DPFs. Estos depósitos son utilizados por los bancos para financiar sus préstamos al sector privado nacional, lo que convierte a los fondos de pensiones en una de las principales fuentes de financiamiento para el sector privado.

Gráfico 3

Estructura del portafolio de los FPs

Los fondos de pensiones son también una fuente importante de financiamiento para el sector público. Un 23.9% de los fondos está invertido en títulos del gobierno, incluyendo bonos del TGN, cupones de bonos del TGN, letras del Tesoro y bonos de gobierno sub-nacionales, equivalente en total a Bs. 27.556 millones. Es decir, prácticamente toda la deuda interna emitida por el SPNF, que no sea con el Banco Central, está en manos de los fondos de pensiones.

A las inversiones que los FPs realizaron en títulos públicos hay que agregarle las inversiones que éstos realizaron en bonos de deuda soberana, que en octubre de 2018 totalizan Bs. 5.675 millones, equivalente a 4.9% del portafolio de los FPs.

 Otro componente importante en el portafolio de los FPs, son las inversiones en cuotas de fondos de inversión cerrados (12.4% del portafolio), equivalente a Bs. 14.297 millones. La forma en la que estos recursos son canalizados dependerá de la forma en que estos fondos cerrados estructuran sus inversiones.

Conclusiones

Del análisis anterior se confirma la hipótesis que los FPs se han vuelto un actor fundamental del sistema financiero boliviano, ya que ésta representa una fuente de financiamiento importante de los bancos, y consecuentemente del sector privado y del gobierno.  Además, los FPs proveen de una fuente de financiamiento de largo plazo al sistema financiero y a la economía, ya que las contribuciones de los afiliados solo serán requeridas una vez que la persona se jubile.

Está programado que, en 2019, la administración de los fondos de pensiones pase a manos de la Gestora Pública de la Seguridad Social (GPSS). Es de esperar que la GPSS mantenga los criterios de eficiencia en el manejo de los FPs, en cuanto al manejo de riesgo, rentabilidad y liquidez de los fondos. El gobierno tiene que evitar la tentación de financiar el abultado déficit fiscal con una mayor colocación de títulos públicos en los FPs, para que no se produzcan un desplazamiento (“crowding-out”) del financiamiento al sector privado. Además, nunca se tiene que perder de vista que el objetivo fundamental de un sistema de pensiones, es el de dotar a los trabajadores de un seguro de vejez que les permita jubilarse en condiciones dignas, por lo que la inversión de estos recursos debe ser realizados en la forma más eficiente.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

Sin duda, una de las posiciones de mayor responsabilidad que me tocó ocupar en mi vida profesional fue la de Ministro de Hacienda en los años 2004 y 2005. Fue todo un reto desempeñar ese cargo, ya que la economía se encontraba en una situación complicada, caracterizada por un bajo crecimiento, crisis financiera y elevado déficit fiscal.

El déficit fiscal había aumentado a 8.8% del PIB en 2002 y a 7.9% del PIB en 2003. Aunque el déficit había comenzado a reducirse, debido al mejoramiento de las condiciones externas a partir de 2003, durante el periodo 2004-2005 se concretaron tres políticas que contribuyeron no solo a recuperar el equilibrio y garantizar la sostenibilidad fiscal, sino que le permitieron a la economía disfrutar de uno de los periodos más largos de bonanza y abundancia de recursos fiscales, que le generaron al país superávits fiscales, a pesar del sustancial incremento del gasto público que se evidenció durante el periodo 2006-2017.

Las medidas referidas fueron: a) la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), b) la reducción del stock de deuda con organismos multilaterales, c) el aumento en el precio interno de los derivados del petróleo. Por supuesto no es mi intención el atribuirme la autoría exclusiva de estas políticas, ya que ellas, fueron el resultado de procesos que en algunos casos abarcaron varias gestiones de gobierno, como es el caso del IDH, y que involucraron a una infinidad de actores políticos y técnicos. Sin embargo, quiero destacar que es en este periodo cuando estas políticas efectivamente se materializaron.

A continuación, hago un recuento y evaluación de los impactos de las políticas aplicadas:

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)

El IDH fue creado con la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), el 17 de mayo de 2005. La creación del IDH (Capítulo II, Sección II de dicha Ley), obedece a la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto por los resultados del Referéndum del Gas de julio de 2004, que en la pregunta 5 establecía que el cobro de impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegue al 50 por ciento del valor de la producción del gas natural. El 27 de junio de 2005 el gobierno aprobó el Decreto Supremo Nº 28223, que reglamentaba la distribución de los recursos del IDH entre las diferentes instancias beneficiarias del IDH, de acuerdo a lo establecido por la Ley, por lo que los recursos del IDH comenzaron a ingresar a las arcas fiscales a partir del segundo semestre de 2005. Gracias a estas medidas, y al aumento en los precios internacionales de la energía, entre 2006 y 2017, los ingresos totales por concepto de IDH alcanzaron a US$ 15 mil millones, equivalente a un 5.1 % del PIB por año, y ha sido una de las principales fuentes de recursos con los que ha contado el SPNF durante este periodo.

Alivio de la deuda multilateral

La Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (MDRI, en inglés), contribuyó también significativamente a mejorar las finanzas públicas. El principal mecanismo para reducir la carga de la deuda fue la condonación del stock de la deuda, que en algunos casos se sobrepuso al mecanismo tradicional de reprogramación para los préstamos bilaterales y solaparía al mecanismo de reducción del servicio de la deuda de acreedores como el BID y BM. La MDRI representó una reducción del stock de deuda de US$ 3 mil millones entre 2004 y 2007, de los cuales US$ 266 millones fue deuda con el FMI, US$ 1.212 millones con el BID y US$ 1.537 millones con el Banco Mundial. Como resultado, el pago anual de intereses por concepto de deuda multilateral se redujo de US$ 100 millones en 2006 a US$ 40 millones en 2010, y el flujo anual de amortizaciones pagadas por concepto de deuda multilateral, se redujo de US$ 209 millones en 2005 a US$ 125 millones en 2009, representando un alivio de casi US$ 150 millones anuales en el servicio de deuda multilateral.

En julio de 2005, siendo Ministro de Hacienda de Bolivia, me entrevisté en Londres con Jack Straw, entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, para expresarle, a nombre del gobierno y pueblo de Bolivia, el reconocimiento por el apoyo brindado por el Reino Unido a la concreción de la MDRI, y a que Bolivia fuera parte de ese beneficio.

Reajuste a los precios internos de los derivados del petróleo

Finalmente, el reajuste a los precios internos de los combustibles de diciembre de 2004, el último reajuste efectivo que se hizo al precio de los carburantes en el país, incrementó el precio de los combustibles, con variaciones entre 10% y 23% a partir del 31 de diciembre de 2004. El precio de la gasolina se elevó en 10% y el del diesel en 23%, se aumentó en 20% el jet fuel para las líneas aéreas internacionales, buscando equilibrar sus precios con los de otros países de la región, y se redujo en 10% el jet fuel nacional. El Gobierno decidió mantener la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP).  Este reajuste de precios representó un incremento en las recaudaciones y/o reducción de subsidios que en promedio anual alcanzaron a US$ 125 millones para el periodo 2006-2017, equivalentes a un total de US$ 1.560 millones para todo este periodo.

En resumen, la bonanza fiscal que ha disfrutado el país, y el gobierno de turno, durante el periodo 2006-2017, no ha sido solamente el resultado de la bonanza de precios externos de materias primas, sino también de políticas aplicadas que contribuyeron a que se materialicen mayores ingresos o menores egresos fiscales. Estas políticas fueron el resultado de procesos que en algunos casos abarcaron varias gestiones de gobierno, como es el caso de los ingresos por IDH y la reducción de la deuda multilateral. Otras políticas fueron adoptadas en la coyuntura, como el reajuste en los precios de los carburantes.

En la actualidad el déficit fiscal ha vuelto nuevamente a escalar a un nivel promedio superior a 7% del PIB para el periodo 2015-2018. Estos déficits están generando elevadas pérdidas de reservas internacionales y aumentos significativos del endeudamiento externo e interno. Claramente esta situación no es sostenible, y será necesario un ajuste fiscal, si es que los ingresos no se recuperan a los niveles existentes durante la bonanza. Sin embargo, en la actualidad la coyuntura es muy diferente a la existente en 2005. En primer lugar, no se avizora que los precios de la energía aumenten a los niveles de la bonanza. Por otra parte, el país ya no tiene el nivel de reservas de gas natural existentes en 2005, y se deberá negociar nuevas condiciones de exportación de gas natural con Brasil a partir de 2020. Por otra parte, nuestros principales compradores de gas natural se han vuelto autosuficientes en el consumo de este energético, y es probable que demanden menos cantidades de gas boliviano en el futuro y a menores precios. Finalmente, la deuda externa ha vuelto a aumentar, pasando de US$ 2.208 millones en 2007 a US$ 9.713 millones en septiembre de 2018, por lo que el servicio de la misma representa cada vez más una mayor carga para el fisco.

Por lo tanto, el ajuste fiscal tendrá que pasar por una racionalización del elevado gasto del SPNF que se generó durante la bonanza, el cual no está contribuyendo en forma efectiva a un crecimiento sostenido de la economía nacional. Esto requerirá un análisis detallado de los factores que están causando el déficit, y será el tema de un próximo análisis.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

Bolivia tiene una economía pequeña y abierta al comercio internacional, donde el sector exportador siempre ha tenido un impacto importante sobre el desempeño económico de la economía en su conjunto. En los últimos 12 años (2006-2017), debido al boom de precios de exportación de materias primas del cual disfrutó la economía boliviana, los ingresos totales de exportación alcanzaron a US$ 91.3 mil millones de los cuales, US$ 31.1 mil millones (34.1%) provinieron de la minería, US$ 42.5 mil millones de los hidrocarburos (46.6%) y US$ 17.6 mil millones de las exportaciones no tradicionales (19.3%). El boom de precios de exportación, mientras duró, le permitió a la economía alcanzar metas importantes, como revertir los déficits fiscal y externo, acumular reservas internacionales y dinamizar la economía. A partir de 2014 sin embargo, los precios de varios productos de exportación comenzaron a caer, evidenciando que el super-ciclo de precios de materias primas había llegado a su término. Los menores precios se tradujeron en menores ingresos externos y fiscales lo que trajo la reaparición de los déficits externo y fiscal, pérdida de reservas internacionales, aumento en la deuda externa y desaceleración de la economía.

Si bien entre 2016 y lo que va de 2018, los precios de algunos productos se han recuperado parcialmente, lo que ha ayudado a reducir los desbalances, esta recuperación no ha sido suficiente para revertir los efectos negativos de menores precios.

Sin embargo, existe otro factor que ha restringido la recuperación de los ingresos de exportación, que es baja capacidad de los sectores exportadores para aumentar los volúmenes exportables, debido a que los bajos niveles de inversión ejecutados en la última década, lo que se ha traducido en el agotamiento de las reservas de minerales e hidrocarburos, o en una menor capacidad de expansión de la producción del sector agroindustrial. Este factor puede ser una gran limitante a futuro de la capacidad de crecimiento de la economía boliviana.

Dada el peso que tiene el sector externo en la economía boliviana, es importante entender cuál es la capacidad futura de crecimiento de los principales sectores exportadores. Durante el periodo 2006-2017, ha existido una elevada concentración de las exportaciones en pocos sectores, ya que 3 productos, todos ellos del sector extractivo, explican más del 60% de los ingresos de exportación recibidos durante este periodo: gas natural (42.8%), zinc (10.9%) y plata (9.1%). A continuación, se analiza el comportamiento reciente de los volúmenes y precios de estos 3 productos de exportación, a partir de lo cual se realiza un esbozo sobre las perspectivas futuras.

Gas Natural

El gas natural es el principal producto de exportación del país, y ha contribuido con un 42,.8% de los ingresos de exportación durante el periodo 2006-2017, equivalente a US$ 39.1 mil millones. Los volúmenes exportados alcanzaron su nivel máximo en 2014, cuando el país exportó 17.6 mil millones de metros cúbicos, es decir 48.3 millones de metros cúbicos por día. A partir de 2015 los volúmenes exportados de gas muestran una constante caída, hasta llegar a 15.3 mil millones de m3 en 2017, igual a 41.9 millones de m3 diarios. Esta caída obedece a factores de oferta y de demanda. Por el lado de la demanda, el consumo interno de gas natural ha ido aumentando debido a la ampliación del uso de gas vehicular, gas domiciliario y gas industrial, lo cual ha reducido los volúmenes de gas disponibles para la exportación. Por el lado de la oferta, se han observado bajos niveles de inversión que reditúen una ampliación de reservas probadas. Recientemente el gobierno dio a conocer que las reservas al 31/12/2017 alcanzaban a 10.7 TCFs, lo que sería suficiente para abastecer la demanda interna y externa por 14.5 años. Sin embargo, otros analistas han estimado las reservas en alrededor de 4.5 TCFs, debido a la ausencia de nuevos descubrimientos de reservas, lo que reduciría grandemente el periodo de vida útil de las reservas de gas natural y el potencial exportador del país.

Por otra parte, el precio unitario de las exportaciones de gas natural cayó en 65.6% entre 2014 y 2016, pero se ha recuperado parcialmente en 2017 y 2018, lo que ha contribuido a recuperar en parte la pérdida de ingresos externos y fiscales. La caída en el precio de exportación de gas natural le significó al país una pérdida acumulada de ingresos de exportación de US$ 11 mil millones para el periodo 2015-2017, y una caída ingresos acumulada para el SPNF de más de US$ 8 mil millones para el mismo periodo, por concepto de ingresos por hidrocarburos.

Zinc y Plata

En el sector minero, el zinc y la plata constituyen los principales productos de exportación. Durante el periodo 2006-2017, las exportaciones totales de zinc alcanzaron a US$ 9.9 mil millones y las de plata US$ 8.3 mil millones.

En el caso del zinc y la plata, la situación es muy parecida a la del gas natural. La producción de estos dos minerales experimentó aumentos importantes en 2008 gracias a las significativas inversiones realizadas a principios de la década de los 2000, en tres proyectos de magnitud: San Cristóbal (zinc, plomo y plata), San Bartolomé (plata), y San Vicente (plata, zinc y cobre).

Como resultado de estas inversiones, las exportaciones de zinc aumentaron de 210.9 mil TM en 2007 a 429.4 mil TM en 2009 (103.7%). Sin embargo, a partir de 2010, el volumen exportado de este mineral se ha mantenido fluctuando en esos niveles llegando a un máximo de 482.3 mil TM en 2016. A pesar del significativo aumento en el precio este mineral observado en 2017, el volumen exportado cayó ese año en 2.1%. Los precios de exportación por otro lado han mostrado una tendencia al alza en 2017, con un incremento de casi 40% para ese año, llegando a casi US$ 3 por kilo, el mismo nivel alcanzado en 2007.

De la misma forma, debido también a las inversiones señaladas anteriormente, el volumen exportado de plata aumentó de 523 TM en 2007 a 1,326 TM en 2009 (153.5% de incremento). A partir de ese año, los volúmenes exportados de este mineral se han mantenido en esos niveles, sin mostrar incrementos significativos, registrando incluso en 2017 una caída de 13.5%. Los precios de la plata por otra parte, después del espectacular incremento registrado hasta 2012, cayeron hasta US$ 508 por kilo en 2015, y se han mantenido en esos niveles hasta la fecha.

Tanto en el caso del zinc como de la plata, y de otros minerales, independientemente de lo que ocurran con los precios internacionales, a futuro los bajos niveles de inversión y el agotamiento de los yacimientos existentes, serán los factores que limiten el crecimiento de los volúmenes y de los ingresos de exportación del sector de la minería.

El gran auge económico que disfrutó Bolivia en los últimos años, no fue solamente el resultado de los altos precios de exportación de las materias primas, sino también de las inversiones realizadas a finales de los 90 y principios de los 2000, que expandieron significativamente la capacidad exportadora de la minería e hidrocarburos. Estas inversiones llegaron al país debido a las condiciones favorables para la inversión privada, extranjera y nacional, existentes en esos años. Sin embargo, estas condiciones no fueron mantenidas en el tiempo, y el cambio en las reglas del juego, que se dieron a través de las nacionalizaciones, cambios en el sistema tributario y legal, ahuyentaron las inversiones.

Dada la importancia que tiene el sector exportador en la economía, ya que a partir del mismo se generan ingresos externos para financiar las importaciones, pago de la deuda, ingresos fiscales, etc., la falta de inversiones en años recientes van a limitar grandemente el potencial de crecimiento futuro de las exportaciones. Es muy probable que la economía sienta el efecto de la menor capacidad de producción de los sectores exportadores, ya que, aún en el caso de generarse nuevos proyectos de inversión en estos sectores, éstos tendrían un periodo de maduración de varios años.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

Empleo y Productividad

La economía boliviana tiene el doble reto de aumentar el crecimiento en el empleo e incrementar la productividad laboral, para resolver en forma efectiva el problema de extrema pobreza en la que actualmente se encuentra una gran parte de la población. A nivel macroeconómico, el vínculo entre la pobreza y el crecimiento del producto puede ser conceptualizado en términos de la baja productividad promedio de la fuerza de trabajo, la cual a su vez se ve reflejada en bajos niveles de salarios reales y bajos niveles de ingresos de los trabajadores. Una baja productividad laboral promedio puede estar dada por una escasa dotación de capital por trabajador (bajos niveles de inversión) y por el uso de tecnología rezagada (bajos niveles de transferencia de tecnología), o bajos niveles de capacitación de la fuerza laboral.

Cuando en un país existen altas tasas de crecimiento económico, que conducen a incrementos sostenidos en la capacidad productiva, se generan oportunidades de empleo con mayores niveles de productividad. Esto permite a su vez una progresiva absorción de los desempleados y subempleados en actividades económicas en expansión, con niveles más altos de productividad. En este proceso, los pobres pueden ser capaces de aumentar su productividad e ingresos en sus ocupaciones actuales, o moviéndose a nuevas ocupaciones que requieran mayores calificaciones y/o mejor tecnología.

Cuadro 1

Crecimiento del producto, empleo y productividad en Bolivia (variaciones % promedio anual) Elaborado en base a información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares y Cuentas Nacionales)

Bolivia no ha podido generar esta dinámica virtuosa de crecimiento del producto, empleo y productividad, como puede observarse en el cuadro 1, incluso en los periodos de bonanza económica por los que atravesó recientemente el país.

Durante el periodo 2001-2005, años en los que la economía atravesó un periodo de crisis, la tasa de crecimiento promedio anual del producto total de la economía, medida a costo de factores, fue de 2,8%. Esta baja tasa de crecimiento se explica por las bajas tasas de crecimiento exhibidas en prácticamente todos los sectores de la economía y las caídas en el producto de la construcción y de servicios financieros y empresariales. Por otra parte, el empleo durante ese periodo creció a una tasa promedio anual de 3.2%, registrándose altas tasas de crecimiento del empleo en el sector de transporte & comunicaciones (10.4% promedio anual), minería e hidrocarburos (6.9%), manufactura (4.8%), y restaurant & hoteles (3.9%). Como resultado del mayor crecimiento en el empleo en relación al producto, durante ese periodo la productividad laboral a nivel global cayó a una tasa promedio anual de -0.4%, siendo los sectores que presentaron mayores caídas de productividad los de transporte & comunicaciones, construcción, minería & hidrocarburos, restaurant & hoteles, y manufactura. Debido a la crisis económica, durante este periodo se observó una creación de empleo de baja productividad.

Durante el periodo de la bonanza de precios altos de materias primas, 2006-2015, la tasa de crecimiento promedio del producto fue de 4.7% por año. Se registraron altas tasas de crecimiento del producto en sectores como minería e hidrocarburos (6.5% promedio anual), electricidad (5.6%), construcción (9.0%), transporte & comunicaciones (5.1%), servicios de la administración pública (5.9%). Por otra parte, la creación total de empleo durante este período creció a una tasa promedio anual más baja de 1.8%. El sector agropecuario mostró una tasa de crecimiento negativa de -1.0% promedio anual, explicada por la acelerada migración rural-urbana observada durante este periodo. Contrariamente, se registraron altas tasas de crecimiento del empleo en sectores como los de servicios financieros y empresariales (7.3% promedio anual), restaurant & hoteles (6.1%), servicios de la administración pública (6.3%) y construcción (5.6%). Otros sectores mostraron tasa de crecimiento del empleo más bajas, como la manufactura (1.2%), servicios sociales, comunales & personales (1.1%) y comercio (2.5%).  Debido al mayor crecimiento de producto en relación al empleo, durante este periodo la productividad laboral para la economía en su conjunto creció a una tasa promedio anual de 2.9%. Hubo crecimientos significativos en la productividad laboral en sectores como la agricultura (4.0% por año), debido a la caída del empleo en este sector, manufactura (3.6%), construcción (3.2%), este último sector debido al elevado crecimiento de su producto. Contrariamente, se presentaron caídas de productividad laboral en sectores como restaurant & hoteles (-3.0% en promedio), servicios financieros y empresariales (-3.3%) y servicios de la administración pública (-0.4%). Durante este periodo, debido a la bonanza por la que atravesó la economía, hubo una creación de empleos de mayor productividad.

En 2016 y 2017, se observa una caída en las tasas de crecimiento, como resultado de la caída en los precios de exportación de materias primas, lo que le restó dinamismo a la economía. Durante estos dos años, el producto total creció en promedio en 4.2% por año.  Esta desaceleración del crecimiento se dio principalmente en sectores relacionados a las exportaciones de materias primas, como minería e hidrocarburos, que en conjunto crecieron en promedio en 0.9% por año. Sin embargo, se mantuvieron altas tasa de crecimiento en sectores como la construcción, agropecuario, comercio, manufactura, restaurant & hoteles, y servicios de la administración pública. A pesar de la desaceleración de la economía, el empleo creció a una tasa promedio anual de 3.0%, debido a una mayor participación de la PEA en el mercado laboral. Se produjo un crecimiento importante en el empleo en las actividades agropecuarias (4.7% promedio anual), posiblemente para absorber la gran contracción en el empleo en la minería e hidrocarburos (-13.8%). Como resultado, la tasa de crecimiento de la productividad laboral se redujo a 1.2% promedio anual. Hubo aumentos significativos en el crecimiento de la productividad en sectores con bajo crecimiento o alta contracción del empleo, como la construcción, minería & hidrocarburos, y servicios de la administración pública. En resumen, durante estos dos años post bonanza hubo creación de empleo, aunque de menor productividad que el observado durante el periodo de la bonanza.

Elasticidad Empleo-Producto

Un indicador que mide la relación existente entre el crecimiento del empleo y del producto, es la elasticidad empleo-producto (el cambio porcentual del empleo ante un cambio porcentual del producto). Esto implica que cuando el crecimiento económico es intensivo en empleo, éste puede deberse a la expansión de sectores con una alta elasticidad empleo-producto. Sin embargo, es importante notar que la elasticidad refleja la inversa de la productividad laboral, por lo que una elasticidad mayor a la unidad implica que el crecimiento económico va a generar una caída en la productividad, mientras que una elasticidad menor a la unidad significa que la expansión del empleo está ocurriendo conjuntamente con un incremento en la productividad. Un incremento en la productividad podría conducir a una reducción en la elasticidad empleo del crecimiento.

Cuadro 2

Elasticidad Empleo-Producto

Fuente: Elaborado en base a información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares y Cuentas Nacionales)

El cuadro 2 muestra que, en el período 2001-2005, la elasticidad arco global empleo-producto fue 1.16, razón por la cual durante este período la productividad tendió a caer. Los sectores con elasticidad empleo-producto menor a la unidad, y que exhibieron incrementos de productividad, fueron: agropecuario, comercio, servicios sociales, comunales & personales, y servicios de la administración pública. Es interesante notar que los sectores que presentan elasticidades negativas muestran en este caso caídas de productividad (construcción y servicios privados y a empresas). Esto se debe a que estos sectores experimentaron caídas en el producto e incrementos en el empleo. Sin embargo, podrían existir casos de sectores, con elasticidades negativas, que presenten incrementos en la productividad, lo que ocurre cuando se dan aumentos en el producto con caídas en el empleo.

Durante el período 2006-2015, la elasticidad arco empleo-producto de la economía se redujo sustancialmente a 0.38, reflejando un incremento del producto mucho mayor al del empleo, lo que también explica el significativo aumento en la productividad laboral observado en este periodo. Los sectores que presentaron mayores aumentos de productividad—agropecuario, manufactura y construcción—fueron también los que exhibieron menores elasticidades empleo-producto. Por otra parte, los sectores con elasticidades altas experimentaron menores incrementos de productividad, como fue en general el caso de los sectores de servicios.

Finalmente, durante el periodo 2016-2017, la elasticidad arco aumentó a 0.71 para toda la economía, por lo que se redujo la tasa de crecimiento de la productividad. Nuevamente, los sectores de menor elasticidad, como ser la manufactura, construcción, restaurant & hoteles, servicios privados y a empresas, son los que presentan mayores crecimientos de productividad, y los sectores de mayor elasticidad—agropecuario, electricidad, gas & agua, comercio, servicios sociales, comunales y personales—son los que muestran menores tasas de crecimiento de productividad.

De lo anterior se desprende que, en el largo plazo, los cambios esperados en las elasticidades empleo-producto tiendan a caer gradualmente a medida que el país se vuelve más desarrollado y relativamente menos intensivo en el factor trabajo. Por ejemplo, un crecimiento del PIB de 5% por año y una elasticidad empleo-producto de 0.8 permitiría un crecimiento del empleo de 4%, superior a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo en Bolivia. Por lo tanto, un crecimiento sostenido de esta magnitud en un período relativamente largo, permitiría a la economía completar la llamada “transición de Lewis”, es decir, la absorción de la “mano de obra excedentaria” en los sectores modernos.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

La importancia de la inversión pública en Bolivia

La inversión pública ha jugado un rol fundamental en la estrategia de desarrollo impulsada por el actual gobierno, lo cual ha sido apoyado por la alta disponibilidad de recursos con que contó el país y el sector público boliviano a en los últimos 12 años. Como puede verse en el gráfico 1, en el periodo 2006-2017, los montos destinados a la inversión por parte del SPNF han totalizado US$ 44,6 mil millones. Estos montos han ido aumentando constantemente pasando de US$ 970 millones en 2005 a US$ 6.360 millones en 2014. Para el periodo 2015-2017 la inversión del SPNF disminuyó a un promedio anual de US$ 5.770 millones, debido a la caída de los ingresos fiscales ocurrida como resultado de los menores precios internacionales de materias primas.

Gráfico 1

Formación de Capital Fijo Público y Privado

(millones US$)

    Fuente: elaborado en base a información del INE y Banco Central

Como resultado de este impresionante crecimiento de la inversión pública, la inversión del SPNF pasó de representar un 78.3% de la inversión total en 2005 (10.2% del PIB), a 92.6% de la inversión total en 2014 (19.4% del PIB). En 2017, la inversión del SPNF cae a 15.6% del PIB y a 82.5% de la inversión total.

Dada la importancia y peso de la inversión pública en el total de la inversión de la economía, una pregunta relevante entonces es cuán efectiva y eficientemente está siendo ejecutada esta inversión en términos de contribuir a los objetivos de política planteados por los hacedores de política, como ser crecimiento económico, generación de empleo, reducción de la pobreza, desigualdad, etc.

El gráfico 2 muestra, por ejemplo, la trayectoria seguida entre 1990 y 2017 por λ, que mide la relación entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de inversión del SPNF, medida como porcentaje del PIB. Este coeficiente mide la relación existente entre un punto porcentual del PIB de inversión del SPNF, y la tasa de crecimiento del PIB.

Un valor alto de este coeficiente indica que la economía presenta una mayor tasa de crecimiento por unidad de inversión pública ejecutada. Esto sería el resultado de una mayor eficiencia en la inversión pública, o también estaría reflejando una mayor participación de la inversión privada en la inversión total, que contribuiría a un mayor crecimiento del PIB para un determinado nivel de inversión pública.

Gráfico 2

Relación crecimiento/inversión SPNF

Fuente: elaborado en base a información del INE y Banco Central

El gráfico 2 muestra que durante el periodo 1990-1998, en promedio, una unidad de inversión pública, medida como porcentaje del PIB, estaba asociada a un crecimiento del PIB adicional de 0.54%. Es decir, la tasa de inversión del SPNF durante ese periodo fue en promedio de 8.4% del PIB, mientras que la tasa de crecimiento del PIB fue en promedio de 4.4%. Este coeficiente se redujo a 0.30% durante el periodo 1999-2005, como resultado de la desaceleración económica ocurrida durante esos años. Durante el periodo de bonanza (2006-2013), cuando la inversión pública se convirtió en el motor principal del crecimiento económico, la relación crecimiento inversión pública aumentó a 0.39%, mientras que durante el periodo post bonanza (2014-2017) esta relación bajó a 0.27% en promedio. Como se mencionó anteriormente, estos cambios en el coeficiente crecimiento-inversión del SPNF pueden deberse a cambios en la composición de la inversión entre pública y privada, pero también a cambios en la eficiencia en la ejecución de la inversión pública.

Si bien este método no mide con precisión el nivel y los cambios en la eficiencia de la inversión pública en términos del crecimiento económico, el análisis anterior sirve para resaltar la importancia de contar con un sistema de evaluación de la calidad de la inversión pública.

Sistema ex-post de evaluación de la inversión pública

Algunos países de América Latina, los más avanzados en manejo presupuestario, han puesto en funcionamiento sistemas de evaluación ex-post de la inversión pública. El objetivo de estos sistemas es evaluar la efectividad y eficiencia de la inversión del gobierno. Los SEIP parten del principio que la inversión pública no está expuesta a la prueba del mercado, ya que ésta es decidida por las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, y los beneficiarios últimos de la inversión, el público en general, son receptores pasivos de la misma. Por este motivo, contar con un sistema que permita evaluar la eficiencia y eficacia de los proyectos o iniciativas de inversión pública adquiere mucha importancia.

Además, los SEIP permiten cerrar el “Ciclo Presupuestario”, ya que la información obtenida al evaluar la eficiencia y eficacia de las iniciativas de inversión, es utilizada para retroalimentar la elaboración del próximo presupuesto del sector público, el cual incorporará los cambios necesarios detectados.

Los SEIP evalúan la inversión pública a niveles macro- y microeconómico.  A nivel macro se evalúa el impacto de la inversión pública en función a su contribución al logro de objetivos macroeconómicos y sectoriales agregados, como es el caso del crecimiento del PIB, generación de empleo, crecimiento de las exportaciones, etc. La inversión pública es evaluada en función al desempeño de un grupo de indicadores macro relevantes, según el área donde ésta es ejecutada.

A nivel micro, las iniciativas de inversión son evaluadas individualmente, analizando el impacto de las mismas a nivel microeconómico, y el cumplimiento de los objetivos asignados a cada uno de los proyectos de inversión.  Esta información permite realizar ajustes en la ejecución de las iniciativas de inversión, si es que éstos no están contribuyendo en forma eficiente a los objetivos planteados, ya sea descontinuando su ejecución, transfiriendo su ejecución a otra repartición del Estado, o manteniendo su ejecución intacta si es que ésta está cumpliendo los objetivos trazados en forma efectiva.

Bolivia debe implementar un sistema de evaluación ex -post de la calidad de la inversión pública, ya que solo de esta manera, las autoridades y la población podrán conocer que tan bien están siendo utilizados e invertidos los recursos públicos, y las autoridades puedan además realizar los ajustes necesarios si el caso así lo requiere.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.