Los principios de una reforma educativa

La educación no es condición necesaria ni suficiente para el desarrollo económico. Varios países «educados» todavía son pobres y muchos países desarrollados no lideraban los indices educativos antes de acelerar su crecimiento económico (1).

Esta controversial evidencia empírica tiene su explicación en la estructura de incentivos de cada economía. Países con alto desempleo, corrupción y alta intervención estatal, se beneficiarán muy poco de su educación porque sus profesionales no encontrarán empleo, se harán parte de la burocracia política, o emigrarán. Esta «desilusión educativa» se transmitirá a su vez a las nuevas generaciones y los niños tendrán menos incentivos a adquirir educación aunque esta fuese «universal y gratuita.»

En países con acelerado crecimiento, respeto a los derechos de propiedad, y menor intervención estatal, por otro lado, niños y padres tendrán incentivos a adquirir educación aunque ésta tuviera un precio.

Aceptar que la educación no es la panacea del desarrollo implica desmitificar ideas y posturas políticas largamente enraizadas como aquellas de que la educación es un «derecho» y debe ser «gratuita y obligatoria.» Primero, y como acabamos de ver, los padres enviarán a sus niños a la escuela y los jóvenes buscarán activamente educarse cuando exista la suficiente expectativa de retornos futuros. Cuando la estructura de incentivos es la correcta no se necesita obligar a nadie a adquirir educación.

Segundo, la educación no es la única forma de invertir en el futuro. Los jóvenes tienen otras opciones. Se puede invertir en capital físico o en desarrollar habilidades no académicas a través de la experiencia laboral. Muchos exitosos empresarios, artistas, deportistas o artesanos sin formación escolar pueden confirmarlo. La educación, entonces, debe ser entendida como un bien de inversión más, uno muy importante, pero solo uno entre diferentes alternativas. Nadie proclama que poseer capital físico o la oportunidad de desarrollar habilidades artesanales sea un «derecho.» ¿Por qué entonces la educación debiera ser uno?

Finalmente, la educación, como casi todo en este mundo, no es gratuita. La educación es un bien escaso y por lo tanto tiene un precio. Aunque los padres o jóvenes no paguen una colegiatura, sí pagan impuestos y estos se usan, entre otras cosas, para construir escuelas, pagar a maestros, etc. Es más, como sucede con casi todos los bienes provistos por el gobierno, el costo de la educación pública es generalmente mayor a la suma de los gastos empleados en proveerla.

Por un lado usted no puede decidir el tipo de educación que reciben sus niños ni tiene la opción de no pagar impuestos si considera que esta educación no satisface sus requerimientos. El gobierno define el tipo de educación que se ofrece, los impuestos se los cobran igual, y usted debe pagar adicionalmente por una educación privada acorde con sus necesidades. Por otro lado, la provisión de educación pública con impuestos distorsiona la relación entre cliente (padres o jóvenes) y proveedor (maestro, director de escuela, etc.). En una industria satisfecha por mercados, los clientes tienen el derecho claro a demandar un buen servicio o a cambiarse de proveedor. La competencia genera incentivos en las firmas a proveer mayor calidad a menores precios. En el contexto de la educación pública este beneficio del mercado no se llega a concretar.

Una verdadera reforma educativa debiera, por tanto, introducir estas consideraciones. Las típicas discusiones sobre pedagogía, diversidad, el lenguaje o la religión que se deben enseñar, no enfrentan el verdadero problema. El uso de mercados descentralizados en la provisión de educación es, definitivamente, el norte a seguir. Un mercado educativo competitivo es capaz de recoger las señales de la industria y el mercado laboral, y de responder a las necesidades de los demandantes de educación.

Existen varios ejemplos de países que han venido exitosamente reformando sus sistemas educativos en esta dirección evitando además hacer transiciones muy traumáticas (2). Estas experiencias han demostrado que la aplicación de un mercado educativo genera mayores coincidencias por el lado de la oferta que por el lado de la demanda.

Aunque en el largo plazo la oferta debiera ser privada, un paso inicial de consenso suele ser que los establecimientos educativos no tengan asegurados los fondos públicos sino que compitan por ellos en base a su rendimiento. Esto restaura los incentivos del proveedor a elevar la calidad de su servicio. En el caso de la demanda la pregunta de la discordia sigue siendo: ¿Qué pasa con las familias pobres que no pueden pagar por educación? Una solución temporal típica es el acceso a créditos blandos por parte de instituciones gubernamentales y extranjeras, o donaciones (becas). En Chile, el sistema de «vouchers educacionales,» por ejemplo, ha sido un exitoso paso inicial. Como los créditos son solo eso, créditos que uno termina pagando, el rol de cliente es restaurado y los padres y jóvenes ejercen una real y efectiva demanda por educación. Esto, a su vez, genera una beneficiosa y saludable competencia entre las escuelas.

Pomposas reformas educativas con elaboradas discusiones sobre pedagogía y contenidos no reportan los resultados esperados. Sin reconocer que la educación no es la panacea del desarrollo y que sus demandantes y oferentes responden a incentivos económicos como en cualquier otra industria, estas reformas no podrán ser mucho más que simbólicas.


(1) Pritchett (2001) «Where has all the education gone», Benhabib y Spiegel (1994) «The Role of Human Capital in economic Development: Evidence form Aggregate Cross-Country Regional U.S. Data», y Easterly (2001) «The Elusive Quest for Growth», entre otros estudios, han mostrado la no existencia de una correlación positiva entre educación y crecimiento económico. Países como Cuba, Irak, Irán, Senegal y Nepal, por ejemplo, presentan altos índices de alfabetismo y educación básica pero bajos índices de desarrollo. Países como Singapur, Kuwait, Lesotho, y Bostwana son ejemplos de lo opuesto.
(2)Chile, EE.UU. y Emiratos Árabes por citar los casos que conozco más de cerca.

 

 

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