Andres Morillas

¿Cómo está Bolivia en materia de desarrollo tecnológico?

Por: Beatriz Muriel H., Ph.D

Las mejoras tecnológicas se han constituido en uno de los determinantes fundamentales del crecimiento económico y, a su vez, deberían retroalimentarse de los mayores ingresos y avances productivos provenientes de la misma dinámica económica en un circulo virtuoso; sin embargo, este no parece ser el caso de Bolivia en los últimos años.

Al respecto, Machicado (2019) analiza la evolución del índice de innovación, usando información del Índice Global de Competitividad (IGC), y encuentra que, en Bolivia, el índice mejoró durante 2010-2014; pero cayó a partir de 2015, ubicándose en el puesto 135 de 137 países en 2017, con una posición peor que la que tenía en 2008. De acuerdo al autor, en el periodo de repunte se destaca la disponibilidad de científicos e ingenieros y la colaboración entre la industria y la universidad en Investigación y Desarrollo (I&D).

El Gráfico 1 presenta un segundo indicador proxy del progreso tecnológico que mide la participación porcentual de las exportaciones de alta tecnología sobre las exportaciones manufactureras totales. Estas ventas externas incluyen bienes con alta intensidad en I&D; como en la industria aeroespacial, informática, farmacéutica, instrumentos científicos y maquinaria eléctrica.

Gráfico 1: Exportaciones de Alta Tecnología en porcentaje de las exportaciones de manufacturas, 2007-2019

Fuente: Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (2020). La fuente primaria corresponde a la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas.

Durante 2007-2009, las exportaciones bolivianas de alta tecnología llegan a cerca del 5% de las manufactureras, aumentan alrededor de 2010-2014, pero caen posteriormente a niveles cercanos a los primeros años de análisis –de manera parecida al índice de innovación comentado por Machicado (2019). Este porcentaje es destacablemente menor en relación con América Latina y el Caribe, y en el año 2018 representa apenas la tercera parte.

En el Gráfico cabe destacar también el desempeño de los países del Este de Asia y el Pacífico, cuyas exportaciones de alta tecnología –como porcentaje de las manufactureras– superan a regiones como Norteamérica y Europa y Asia Central. A pesar de que la brecha con Bolivia disminuye durante 2010-2014, en los siguientes años aumenta nuevamente y en 2018 el índice en la región del Este de Asia y el Pacífico representa siete veces el de Bolivia.

La falta progreso tecnológico que ha vivido el país en los últimos años puede apreciarse también en otros indicadores; como los bajos, y persistentes, niveles de productividad laboral (ver, e.g., Muriel, 2016) y el escaso gasto en I&D en el país (Banco Mundial, 2020), en comparación con otras regiones.

A pesar de que la información abarca las últimas décadas, es importante señalar que las mejoras tecnológicas han sido poco dinámicas en Bolivia a lo largo de los últimos 50 años –como se aprecia, por ejemplo, en los datos históricos de la productividad laboral–. Esto, sin duda, forma parte del retraso del país en materia de desarrollo económico y sostenible; pero sobre todo llama a una profunda reflexión sobre la urgente necesidad de superar la “maldición de los recursos naturales”.

Bibliografía:

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*Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Los Costos del Delito y la Violencia

Por: Armando Moscoso, Mag.*

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), en las últimas décadas se ha evidenciado un gran progreso en muchas áreas socioeconómicas en América Latina y el Caribe (ALC). Entre 2004 y 2014, muchos países de la región tuvieron tasas de crecimiento anual cercanas al 4%, los índices de pobreza disminuyeron, y mejoraron la salud y educación para los ciudadanos. De hecho, el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que viven con menos de US$1,25 por día se alcanzó en 2008, siete años antes.

En contraste, la criminalidad aumentó. Según el estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC (2019), ALC aún es la región más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 24 por 100.000 habitantes (cuatro veces el promedio mundial). A pesar de la gravedad del problema, los costos de la delincuencia y la violencia para la región recién han sido objeto de atención.

En ese contexto, considerando que el objetivo de cualquier política pública es mejorar la calidad de vida de la población, cabe notar que la seguridad ciudadana no debe ser la excepción. Por eso, hablar de los costos del crimen es referirse específicamente a sus costos en términos de bienestar; tratando de responder preguntas como, ¿en cuánto y cómo reduce el crimen el bienestar de los ciudadanos?

Algunos datos pueden ayudar a estimar los costos de bienestar que el crimen impone a las sociedades, como ser:

  • Costos directos resultado del crimen: lesiones, daños y pérdidas.
  • Costos de prevención de la delincuencia: gasto público y privado en seguridad.
  • Costos en respuesta a la delincuencia: costo del Sistema de Administración de Justicia.
  • Otros costos indirectos o intangibles: como los cambios en el comportamiento de las personas por temor a la delincuencia, o los costos para las familias de las víctimas.

También existe la posibilidad de que los costos de la prevención sean mayores a los costos totales de la delincuencia para la sociedad, lo que resultaría paradójico.

La criminalidad, la violencia y el temor inducen a muchas distorsiones en la economía que se reflejan en conductas como: el cambio de comportamiento de las personas para evitar (o participar) en la actividad criminal, los gastos en protección por parte de los hogares, las menores inversiones por parte de las empresas o las pérdidas que sufren en caso de robo, por ejemplo, y la asignación de recursos gubernamentales.

Según un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), el crimen le cuesta a ALC aproximadamente el 3% del PIB anual. Con un límite inferior del 2,41% y un límite superior del 3,55%. Esto representa para toda la región un costo de hasta US$236.000 millones (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o US$165.000 millones (a tasas de cambio de 2014) considerando los 17 países analizados [1]; cifras que equivalen a unos US$300 per cápita en promedio por año. Estos costos se descomponen de la siguiente manera: 42% corresponde al gasto público (especialmente servicios policiales), 37% a gastos privados y 21% a los costos sociales derivados de la delincuencia, principalmente por la victimización.

Bolivia no fue parte de este estudio por falta de información disponible. Sin embargo, es posible extrapolar sus resultados y dada la similitud del fenómeno delictivo con algunos países de la región, los hallazgos pueden considerarse –cuanto menos– para aproximar la gravedad del problema para la economía del país. Por obvias razones, velando por la eficiencia en el uso de los recursos –especialmente los públicos– es imperativo preguntarse: ¿Cuán altos son los costos del crimen y la violencia en Bolivia? ¿Cómo se pueden medir? ¿Cómo se pueden reducir?

Medir los costos del crimen y la violencia requiere de información sistematizada que, entre otras cosas, permita conocer:

  • Costos sociales, incluyendo costos de victimización, entendida como pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos, además de los ingresos perdidos (no generados) de la población penitenciaria.
  • Costos del sector privado: gasto de las empresas y los hogares en prevención del delito.
  • Costos incurridos por los diferentes niveles de gobierno: Administración de Justicia, Ministerio Público, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario.

Conocer los costos del delito y la violencia permite mejorar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, enfocando los recursos con mayor eficiencia y eficacia, más aún en esta época.

Referencias: 

[1] Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Bibliografía:

  • Jaitman L. 2015. Los Costos del Crimen y de la Violencia en el Bienestar en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
  • Jaitman L. 2017. Los Costos del Crimen y de la Violencia – Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y El Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

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Lavado de dinero: Efectos económicos y sociales

Por: Armando Moscoso, Mag.*

Existe en el mundo entero una gran preocupación por el avance de los delitos denominados transnacionales, como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, tráfico de armas, terrorismo, falsificación y contrabando. La lucha contra ellos se desarrolla desde varios frentes, entre los que está el «lavado de dinero». Es así que, a partir de la Cumbre de las Américas, realizada en diciembre de 1994, en nuestro continente se intensificaron las acciones individuales y colectivas de los gobiernos, para abordar el problema de la producción, tráfico ilícito y uso indebido de drogas, así como el «lavado de dinero».

En este último ámbito, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ¹ es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7) para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el “lavado de activos”, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Bolivia es miembro del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ² que aglutina a 17 países de América del Norte, Sur y Centro y el Caribe, excepto Venezuela. Este organismo sigue las directrices del GAFI, realizando evaluaciones periódicas, con expertos y autoridades de las instituciones responsables del sistema financiero, así como de la lucha contra el “lavado de dinero” y financiamiento del terrorismo, de los países miembros, quienes se constituyen en el país evaluado para realizar una revisión y calificación exhaustiva de las acciones desarrolladas por ese país para dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFI.

El 2013 Bolivia salió de la lista gris del GAFI, luego de cumplir con las primeras 40 recomendaciones que este organismo estableció el año 1990 para prevenir, principalmente, el “lavado de activos” proveniente del tráfico ilícito de drogas. El año 2019, la entonces directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó que Bolivia sería nuevamente evaluada por el GAFI durante las gestiones 2020 y 2021; pero, por los sucesos ocurridos los últimos meses de 2019, a los que se suman las dramáticas y aún incalculables consecuencias de la “pandemia mundial” provocada por el COVID-19, con toda seguridad esta evaluación será o debería ser reprogramada. Lo cierto es que, dadas las condiciones políticas imperantes, existe la posibilidad de que el cumplimiento real de las recomendaciones del GAFI sea más objetiva y transparente.

Ahora bien, el “lavado de activos” es una actividad previa al “lavado de dinero”, que por su facilidad y rapidez (compra y venta de bienes, entre otros) es utilizada en la generación de ganancias ilícitas. El “lavado de activos” proveniente del narcotráfico puede utilizar operaciones inmobiliarias, así como de importación y exportación, cuyas “ganancias” luego son incorporadas en el sistema financiero formal, comenzando el proceso de “lavado de dinero”. Por su parte, el contrabando también es utilizado en el complejo sistema de “lavado de activos”, comercializando bienes introducidos por esa vía –adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico– pudiendo incorporar sus ganancias en la banca, con solo “legalizar” la actividad comercial al inscribirla en un sistema impositivo deficiente.

Se calcula que aproximadamente el 60% del dinero proveniente del narcotráfico se queda en el país de origen, para luego pasar por un proceso previo de “lavado de activos” y después “lavado de dinero” en el mismo país. Tanto la entrada como la salida masiva de dinero pueden perjudicar seriamente el desempeño macroeconómico, ya que, la primera (entrada) provocaría presiones para la apreciación del tipo de cambio en perjuicio de las exportaciones, y viceversa, salidas masivas de recursos provocaría depreciaciones grandes del tipo de cambio con efectos en la inflación, o perdidas de reservas.

En tanto que en otros niveles del sistema financiero –formal e informal– los perjuicios también serían serios, porque la inyección de circulante sin respaldo, además de no generar impuestos para el país, reviste la economía de una liquidez ficticia haciendo que los precios en el mercado se alcen por sobre la capacidad adquisitiva de la mayoría; perjudicando especialmente a la población pobre cuyos ingresos se calculan sin tomar en cuenta esta variable.

Estas son algunas de las razones por las que es tan importante adoptar medidas efectivas y sostenibles contra el “lavado de dinero”, no solo para obtener una evaluación positiva o dejar de pertenecer a una lista desdeñable en el ámbito internacional, sino porque, al final, las consecuencias castigan al país y a los ciudadanos más vulnerables.

Referencias:

[1] En inglés Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

[2] GAFILAT reemplazo al GAFISUD, cuyo alcance regional fue sobrepasado por la incorporación de países de Sud, Centro, Norteamérica y el Caribe.

Bibliografía:

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

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Principios de Reforma Policial

Por: Armando Moscoso, Mag.*

Durante las últimas décadas, las reformas policiales en América Latina han concentrado la atención de los gobiernos y las políticas de muchos países que, preocupados por la corrupción, ineficiencia, uso excesivo de la fuerza, politización, junto con un creciente distanciamiento entre la ciudadanía y la policía, buscaron en una “reforma policial” la cura para los grandes males que aquejan a quienes se supone son la “reserva moral” de una nación.

Lucía Dammert, de FLACSO – Chile, afirma que no es posible analizar a una institución policial como un ente aislado e independiente del aparato gubernamental de un país y de la realidad que vive, por lo que corresponde situarlo como parte integral, vital e influyente en el contexto nacional. De ahí que la responsabilidad del Estado para con su policía, como con cualquiera de sus instituciones y ciudadanos, pasa por precautelar porque cuente con los mejores recursos (humanos, materiales, financieros, etc.) para poder servir con eficiencia a la sociedad.

Al respecto, Bayley (2001) define a la policía como “…las personas autorizadas por un grupo para regular las relaciones interpersonales dentro del grupo a través de la aplicación de la fuerza física”; concepto que en nuestro análisis implica, o debiera implicar, cuatro elementos fundamentales. Primero, el relacionamiento entre las personas, en especial de la policía con los ciudadanos, para inicialmente entender y luego regular las relaciones interpersonales con la finalidad de asegurar una pacífica y armoniosa convivencia entre todos. Segundo, el uso de la fuerza legítima cuyo monopolio detenta la policía, para asegurar respeto y vigencia del Estado de Derecho, regulando las relaciones interpersonales.

Tercero, eficiencia traducida en capacidad de la policía para usar la fuerza con proporcionalidad, legalidad y racionalidad, pero sobre todo con equidad, sin manipulación política u otros intereses. Lo que no supone independencia completa e irrestricta del control civil.

Cuarto, control y fiscalización de los ciudadanos y del Estado, precautelando que el uso de la fuerza, así como otras facultades y prerrogativas, no sean excedidas o mal empleadas por los policías para beneficio propio o de terceros.

Cuando se habla de reforma policial, surgen muchas interrogantes e ideas que pueden o no resultar ilustradoras para implementar una en Bolivia. En base a las experiencias de reformas policiales en América Latina, se puede reconocer algunos elementos esenciales:

  1. Es imprescindible que la voluntad política lidere y acompañe la iniciativa, no como discurso o coyunturalmente, sino como política de Estado.
  2. Debe contar indefectiblemente con la participación de la policía, porque su sostenibilidad dependerá en gran medida de sus miembros y de cómo vean su institución en el futuro – visión y doctrina.
  3. Debe haber participación activa de la sociedad civil en el proceso, porque son los ciudadanos los que confieren legalidad y legitimidad al accionar policial, delegando el uso de la fuerza. Por lo tanto, son ellos quienes definirán que tipo de policía necesitan.

Es necesario añadir que, para comenzar a diseñar un Plan de Reforma, resulta ineluctable considerar dos cuestiones fundamentales: la capacidad operativa, relacionada con la eficiencia y eficacia de la policía; y su responsabilidad democrática, cómo reacciona la institución a la reforma y los mecanismos de control que se implementarán. Así, se podrá contar con mejores mecanismos de fiscalización, tanto sobre la actuación policial en el marco de la Ley y el respeto a los Derechos Humanos, como sobre la eficiencia y eficacia de las acciones e iniciativas desarrolladas, con fuentes de información objetivas para evaluar procesos, resultados e impacto de los planes, programas y proyectos en Seguridad Ciudadana.

Dadas las actuales circunstancias y momento que vive Bolivia, la policía indudablemente es un pilar fundamental en la profundización de la democracia. En ese orden de ideas, este planteamiento recoge las ideas del experto en la policía estadounidense David H. Bayley (2006), cuando describe los elementos esenciales que caracterizan a una policía democrática: aplica la Ley, protege los Derechos Humanos, rinde cuentas y atiende las necesidades de los ciudadanos.

La reforma de la policía boliviana no solo es necesaria para controlar y reducir los índices de criminalidad, sino también para profundizar el Estado de Derecho y la democracia, con miras a un mejor escenario para el desarrollo integral de Bolivia.

“La seguridad es un derecho, garantizador de otros derechos”.

Bibliografía: 

  • Bayley, David H. 1990: Patterns of Policing: A Comparative International Analysis (New Brunswick: Rutgers University Press). 2001. Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It (Washington, D. C.: U. S. Department of Justice, National Institute of Justice, Issues in International Crime, http://www.ojp. usdoj. gov/nij).
  • Bayley, D. H. (2006). Changing the guard: Developing democratic police abroad. Nueva York: Oxford University Press.
  • Tudela, Patricio. 2007. “Reforma policial, COP y POP: perspectivas latinoamericanas de aplicación y paradigmas de gestión policial dirigida a la comunidad”. Septiembre. Disponible en http://www.policia.cl/cidepol/biblioteca/paradigmasgestionpolicial. pdf

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

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