Por: Beatriz Muriel H.*

Javier Aliaga L. (investigador senior asociado de INESAD) –en su entrevista con Eduardo Pando– señaló que la actual economía boliviana se asemeja a un auto parado en plena pendiente, y que una reforma de subsidios a los combustibles exitosa implica dejar de frenar, pero hacer un buen puente para avanzar, lo cual requiere políticas socioeconómicas que promuevan una verdadera reactivación.

Al respecto, el actual gobierno recientemente decretó una reducción de los subsidios a los combustibles –i.e., un aumento de sus precios–, medida que era inevitablemente necesaria para sanear las cuentas fiscales –que se encontraban fuertemente deterioradas, con problemas de iliquidez y con perspectivas de insostenibilidad–, las cuales fueron acompañadas de medidas sociales. Bajo este escenario, me gustaría analizar, en particular, la política salarial subyacente, “el puente que permite avanzar y no retroceder”, a la luz de la evidencia.

El gobierno decretó un aumento del Salario Mínimo Nacional (SMN) a Bs 3.300, desde un monto de Bs 2.750 que prevalecía hasta la fecha –i.e., un incremento del 20%–. Desde una mirada top-down, una medida de esa índole implica proteger a los trabajadores más desfavorecidos; sin embargo, desde la realidad bottom-up del funcionamiento del mercado laboral boliviano, la política presenta una serie de retos.

En primer lugar, cabe recordar que el país cuenta con elevados niveles de informalidad. En particular, los trabajadores cubiertos por la norma –medidos como aquellos que cuentan con aguinaldo, ítem y protección social– representan alrededor del 10% de la población ocupada nacional. Esto quiere decir que la política dista de ser inclusiva, ya que se aplica a un grupo reducido de personas. Aún más, de acuerdo con Muriel y Zuleta (2022), el 59,4% de los trabajadores tenía un ingreso laboral al menos igual al salario mínimo en 2011, y desde entonces la tasa fue cayendo sistemáticamente hasta llegar al 44% en 2020. En 2023 –a partir de la Encuesta de Hogares (EH) del Instituto Nacional de Estadística (INE)– se estima que el porcentaje se redujo aún más, hasta 41%. Esto muestra una desconexión entre las políticas salariales y la realidad económica y laboral nacional a lo largo de los últimos 14 años. De hecho, los ingresos laborales reales han caído desde 2014 a una tasa promedio anual de -1%.

En segundo lugar, en un escenario de políticas de aumento del SMN y, al mismo tiempo, de desaceleración económica y alta informalidad, el empleo menos calificado en el sector privado cubierto por la norma se rezagó de manera significativa. El Gráfico 1 contrasta la caída del empleo de los obreros especializados y otros obreros frente al empleo total –que incluye además gerentes, profesionales y otros empleados–.

Gráfico 1. Empleo en el sector privado cubierto por la norma

(Índice 1995=100)

Fuente: Elaboración propia con base datos del INE.

El índice de empleo total tuvo una tendencia algo creciente hasta el primer trimestre de 2020; aunque luego cayó, asociado al shock del Covid-19 y a eventos posteriores. Sin embargo, los índices de empleo de las categorías de obreros caen sistemáticamente desde 2015, con una disminución acelerada desde 2020. ¡En el último trimestre de 2023, los obreros especializados llegan a representar apenas el 28,4% de este empleo en el último trimestre de 2024!, tasa que representa el 39,3% para el caso de los otros obreros. Esto corrobora lo analizado por Muriel y Machicado (2011), donde se demuestra que el aumento exógeno de los salarios disminuye la demanda laboral formal en mayor medida para los trabajadores no calificados que para los calificados. Aún más, los autores muestran que, en el período de bajo crecimiento económico, a principios de los 2000, las empresas reestructuraron sus costos reduciendo principalmente estos empleos no calificados, lo que explicaría la fuerte reducción desde 2020, sin perspectivas de reversión.

En tercer lugar, cabe señalar que, en las últimas décadas, el tamaño de las empresas comenzó a achicarse, con un mayor crecimiento de micro y pequeñas empresas, sobre todo informales –i.e., hasta 14 trabajadores–, en un escenario de mayores costos asociados a la formalidad. Estas empresas cuentan con márgenes de utilidad bajos y, si son formales, deberán asumir no solamente el aumento de los costos de los combustibles y otros insumos –cuyos precios aumentarán adicionalmente por el incremento de los combustibles–, sino también mayores costos laborales.

Por último, la literatura recomienda que las políticas salariales deban ser negociadas entre pares, empresas y trabajadores, y que el gobierno actúe como árbitro para equilibrar los poderes de negociación. Este principio de la economía laboral debe ser tomado en cuenta para evitar, como hasta ahora, que frente a aumentos salariales vía decreto se reduzca la demanda laboral, ensanchando la precariedad laboral.

En resumen, es importante hacer “un buen puente que permita verdaderamente avanzar y no retroceder”, lo cual ciertamente es una tarea muy compleja y difícil. Con todo, el aumento del SMN parece alejarse de este “principio”; ya que contrariamente a lo que se podría esperar, en el caso de Bolivia –por el funcionamiento del mercado laboral- puede más bien ocasionar una destrucción neta del empleo formal –principalmente para los menos calificados– y un deterioro de las PYMEs formales, haciéndolas más precarias en cuanto a su producción. Todo esto puede afectar el ya incipiente desarrollo productivo y aumentar aún más la informalidad.

Bibliografía

Muriel, H. B. y Machicado, C. G. (2012). Employment and Labor Regulation: Evidence from Manufacturing Firms in Bolivia, 1988-2007. Development Research Working Paper No. 08/2012. Fundación INESAD. La Paz, Bolivia.

Muriel, H. B. y Zuleta, W. J. (2022). La Política salarial en Bolivia. Boletín Síntesis 08/2022. Fundación INESAD. La Paz, Bolivia.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD

Por: Beatriz Muriel H.* y Adriana Caballero C. **

El Bono Juancito Pinto es un programa social implementado por el gobierno boliviano desde 2006 –mediante Decreto Supremo N° 28899 -, y consiste en una transferencia monetaria condicionada, de Bs. 200 anuales, a cada niño, niña o adolescente matriculado(a) o con asistencia regular en algún establecimiento educativo fiscal o de convenio (fiscal). El programa busca promover la asistencia escolar y reducir la deserción escolar, así como reducir la pobreza intergeneracional y aliviar los costos de educación indirecta. En sus inicios, el programa estuvo focalizado a estudiantes de primaria; sin embargo, después se fue ampliando, y desde 2014 cubre los doce años de escolaridad necesarios para el bachillerato.

De manera general, las transferencias condicionadas son programas ampliamente utilizados por los gobiernos a nivel mundial; sin embargo, presentan diversas deficiencias. Entre estas, cabe mencionar: la falta de conocimientos adecuados sobre las causas del problema que se busca superar; la negación de la ayuda a las personas que la merecen y necesitan; la concesión de beneficios a aquellas que no la merecen o no la necesitan; y las distorsiones que causa la ayuda sobre las decisiones de los agentes, generando ineficiencias. Por estos y otros motivos, la literatura apunta a la necesidad de realizar evaluaciones de impacto y análisis de costo-efectividad; sin embargo, estos estudios son poco implementados –y aún menos de manera robusta-.

Una de las razones que justifica las transferencias monetarias a los estudiantes en la literatura recae en el hecho de que las familias pobres necesitan que los hijos generen ingresos para apoyar con el sustento del hogar; lo cual es también documentado para el caso de Bolivia (Olivarez, 2015). Sin embargo, el Bono Juancito Pinto (BJP) no parece haber sido diseñado para apoyar cabalmente a las familias pobres, a pesar de que forma parte de su propósito.

El Gráfico 1 muestra las funciones de distribución acumulada del ingreso del hogar per cápita (Bs./mes) para los años 2008 y 2023 de la población de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años de las zonas rurales, divididos de acuerdo a la tenencia o no del BJP en la gestión previa (2007 y 2022 respectivamente). En el 2008, las funciones para los dos grupos poblacionales son semejantes, lo que sugiere la inexistencia de alguna focalización del bono por situación pobreza; aunque esto puede ser resultado, en alguna medida, de la cobertura de la época (abarcando solamente estudiantes de primaria). En el 2023, de manera contraria a lo que se esperaría, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes extremadamente pobres es más alto en el grupo que no recibió el bono (43%) en comparación con aquel que si lo hizo (34%), y para las poblaciones pobres, el porcentaje es prácticamente igual (62%). En contraste, en ambos años existen personas que no son pobres pero que reciben el bono, principalmente en el 2023.

Gráfico 1. Zonas rurales de Bolivia: Distribución acumulada del ingreso del hogar per cápita (Bs./mes) de los estudiantes por tenencia del Bono Juancito Pinto

a (2008)

b (2023)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares del INE para 2008 y 2023

El gráfico 2 muestra las mismas funciones de distribución para el área urbana. En ambos años existen niños, niñas y adolescentes pobres y extremadamente pobres que no reciben el BJP; sin embargo, las participaciones porcentuales en el grupo que no recibió son algo menores en relación con aquellos que si recibieron el bono. En el 2023, por ejemplo, el 10% de esta población que recibió el BJP, y el 7% que no recibió, es extremadamente pobre. Además, el 46% de niños, niñas y adolescentes que recibieron el bono, y el 33% que no recibieron, son pobres

Gráfico 2: Distribución acumulada del ingreso per cápita (Bs./mes) para el área urbana

a (2008)

b (2023)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares del INE para 2008 y 2023

Por último, en las zonas urbanas, un porcentaje mayor de niños, niñas y adolescentes que no son pobres se beneficia del bono en relación a las zonas rurales. Por ejemplo, en el año 2023, el 54% de ellos no es pobre y, aún el 15% pertenece al quintil más alto de la distribución del ingreso del hogar per cápita. Además, dentro de la población de niñas, niños y adolescentes ricos –i.e. que pertenecen al quintil más alto- el 61% reciben el bono.

Los resultados muestran un escenario poco satisfactorio desde una perspectiva de política pública asociada con la disminución de la pobreza y la pobreza intergeneracional; particularmente en las zonas rurales donde se concentra la pobreza. Los datos muestran el problema señalado en la literatura, con la negación de la ayuda a las personas que la necesitan, al mismo tiempo que la conceden a aquellas que no la necesitan. Queda entonces el desafío de afinar la medida para que mejore en términos de costo-efectividad.

Referencias

Marco, F. (2012). El Bono Juancito Pinto del Estado Plurinacional de Bolivia: programas de transferencias monetarias e infância (No. 4005). Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Olivarez, C. (2015). Determinantes y consecuencias en la educación del trabajo infantil en Bolivia. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, La Paz, Bolivia.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, bmuriel@inesad.edu.bo

* * Investigadora Junior de INESAD, acaballero@inesad.edu.bo

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Por: Beatriz Muriel H., Ph.D*

La crisis actual derivada de la pandemia Covid-19 ha expuesto varios problemas económicos, sociales e institucionales que enfrenta Bolivia; mostrando la necesidad de reinterpretar el análisis del crecimiento económico en términos de calidad.

Desde hace varias décadas atrás, la literatura económica ha cuestionado el impacto del crecimiento sobre la pobreza y sobre la inclusión social. En este escenario, algunos autores han postulado, desde un enfoque más holístico, la noción de “crecimiento de calidad”, buscando abarcar no solamente variables sociales sino también económicas, institucionales y medioambientales; aunque el concepto no es unívoco.

Thomas et al. (2000) asocian el crecimiento de calidad con los resultados del desarrollo que los conciben como: la acumulación de los activos (capital físico, humano y natural), los aspectos distributivos a lo largo del tiempo y el trabajo institucional o el buen gobierno. Por otro lado, Martínez y Mlachila (2013) señalan que el crecimiento de buena calidad es aquel que es fuerte, estable, sostenible, aumenta la productividad y conduce a resultados socialmente deseables, como mejores niveles de vida y alivio a la pobreza. Adicionalmente, Garcia (2020) argumenta que el crecimiento no solamente debe ser acelerado, sino también debe asegurar la compatibilidad de las cuatro “es”: estabilidad macroeconómica; eficiencia y competitividad; equidad e inclusión social; y equilibrio y sostenibilidad ambiental.

Mlachila et al. (2014) proponen un índice, aproximado, de crecimiento de calidad (QGI, por sus siglas en inglés) tomando en cuenta dos componentes:

1. La naturaleza intrínseca del crecimiento, donde se incluye cuatro dimensiones: solidez; estabilidad; diversificación de recursos; y orientación hacia el exterior.
2. Los resultados sociales, considerando dos dimensiones: una vida larga y saludable; y el acceso a educación/conocimiento.

Los autores estiman el QGI para 93 países en desarrollo -57 de ingresos medios y 36 países de ingresos bajos- para el periodo entre 1990 y 2011. La posición de Bolivia en los sub-periodos puede apreciarse en la Tabla 1.

Tabla 1: Bolivia: Índice de Crecimiento de Calidad (QGI) e Indicadores del Producto Interno Bruto (PIB)

Fuente: La posición del QGI fue obtenida de Mlachila et al. (2014) y las tasas de crecimiento fueron elaboradas a partir de información provista por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La posición de Bolivia, en la muestra de 93 países, presenta una mejora destacable entre 1990-1994 y 1995-1999; pasando del puesto 49 –i.e. por debajo de 48 económicas- al 25. Este escenario puede responder al hecho de que en los primeros años de la década de 1990 el gobierno trabajó principalmente en el fortalecimiento de la estabilización macroeconómica y las directrices de varias reformas; mientras que en el segundo periodo se aplicaron estas últimas, como en los casos de salud y educación. Durante 2000-2004, el país cae al 38° lugar; posiblemente asociado a los problemas sociopolíticos y la recesión económica de la época. Sin embargo, esta tendencia continúa y durante 2005-2011 llega a la posición 41.

Con todo, el indicador sube en términos absolutos entre 1990-1994 y 1995-1999 y en los siguientes periodos se mantiene prácticamente en el puntaje de 1995-1999; alrededor del 70%. Esto muestra que muchos otros países tuvieron un mejor desempeño en términos de un crecimiento de calidad, mejorando su posición en el ranking en relación a Bolivia.

En la Tabla 1 se observa también que el periodo 2005-2011 destaca por las altas tasas de crecimiento del PIB y del PIB per cápita en relación a los años anteriores, debido -como es de amplio conocimiento- al boom de los precios de las principales materias primas de exportación; pero, además, cabe notar la menor tasa de incremento de la población. En este escenario, la información muestra que este crecimiento económico no tuvo mejores resultados que los sucedidos durante 1995-1999; a pesar de la importante bonanza económica y un mejor entorno para el desarrollo a nivel mundial. Sin duda, este resultado se ha expuesto en la crisis Covid-19; con las varias y persistentes debilidades económicas, sociales e institucionales del país.

Bibliografía:

• Garcia, R. E. (2020). América Latina: La Urgencia de una Estrategia Renovada de Desarrollo. En E. García R. (coord.), Desenvolvimento e Cooperação na América Latina: A Urgência de uma Estratégia Renovada (pp. 49-78). São Paulo, Brasil: editorial Universidad de São Paulo (USP).
• Martinez, M., y Mlachila, M. (2013). The Quality of the Recent High-Growth Episode in Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper 13/53. Washington D.C., Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional.
• Mlachila, M., Tapsoba R., y Tapsoba, S. (2014). A Quality of Growth Index: A Proposal. IMF Working Paper 14/172. Washington D.C., Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional.
• Thomas, V., Dailami, M., Dhareshwar, A., Kaufmann, D., Kishor, N., López, R., y Wang, Y. (2000). The Quality of Growth. Nueva York, Estados Unidos: Oxford University Press.

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*Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

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Por: Beatriz Muriel H., Ph.D.*

En las últimas semanas, varios organismos multilaterales han mencionado el problema de recesión que enfrentará América Latina y el mundo a raíz del coronavirus y su rápida propagación. Por esta enfermedad, una buena parte de la sociedad civil en varios países, entre éstos en Bolivia, demandó la urgencia de tener políticas públicas para frenar la propagación. En el país, la respuesta fue la limitación del movimiento de las personas y, después, la cuarentena de 25 días comenzando el 22 de marzo del 2020. Desde la perspectiva de una cara de la moneda, la cuarentena resplandece como la mejor solución al problema. Con todo −y sin desmerecer las ventajas de esta medida−, los economistas hemos aprendido a observar también la cruz del otro lado de la moneda; un aprendizaje no muy grato en esta particular coyuntura, pero que es importante apuntarlo.

Así, un primer y modesto paso es estimar la incidencia de la cuarentena sobre la extrema pobreza (o indigencia) en las zonas urbanas de Bolivia –sin desmerecer la relevancia de otras afectaciones–. La extrema pobreza es estudiada porque mide la posibilidad de consumir lo primordial en esta particular coyuntura; es decir, si los ingresos de los hogares pueden cubrir o no una canasta indispensable de alimentos. Las regiones urbanas son seleccionadas ya que presentan una dinámica laboral bastante menos estacional con relación a las áreas rurales −donde priman las actividades agropecuarias− y, por lo tanto, son más fáciles de ser estudiadas.

La Tabla 1 presenta un ejercicio sencillo de estimación de esta incidencia a partir de la Encuesta de Hogares 2018 (última base de datos pública). Los hogares han sido divididos por cuartil de ingresos del hogar (laborales y no laborales); desde aquellos con ingresos más bajos (1°) hasta los más altos (4°) –2,36 millones de familias y 7,90 millones de personas en total–. Cabe notar que las brechas (en promedio) de los ingresos per cápita entre los estratos son más altas que en el agregado; lo cual responde al hecho de que la tasa de dependencia –medida aquí como la razón entre los miembros que no trabajan y los ocupados a nivel hogar– es más alta (en promedio) en los estratos de ingresos más bajos. Los hogares en extrema pobreza se encuentran en el primer cuartil: el 23,0% de éstos ya tiene ingresos per cápita que no cubren una canasta mínima de alimentos (135,9 mil hogares y 571,1 mil personas), y el 82,6% son pobres.

Una implicación de la cuarentena de los 25 días es que muchos trabajadores no cuentan con ingresos laborales en estos días. Para identificarlos se ha supuesto que ellos son los que –en la ocupación primaria– no tienen ningún contrato firmado ni tampoco reciben aguinaldo. En contraste, los ocupados que no son afectados son aquellos que –en la ocupación primaria–: cuentan con ítem, con contrato de trabajo firmado con fecha de vencimiento, o no tienen ningún contrato firmado pero cuentan con aguinaldo. De esta manera se separa a aquellos trabajadores que no tienen empleador o tienen pero sin ninguna cobertura de la norma ni contrato firmado (los afectados) de los que tienen alguna protección laboral o que han firmado un contrato donde se podría negociar (hipotéticamente) todas las horas laborales perdidas a futuro. Una vez identificados a los trabajadores afectados, el siguiente paso ha sido estimar la proporción de reducción de sus ingresos mensuales de esta ocupación primaria por días (25 de 30,31 días) en los ingresos del hogar. A partir de esta aproximación, los hogares han sido también definidos con “vulnerabilidad alta”, cuando todos los miembros ocupados perciben perdidas en sus ingresos y, por lo tanto, los hogares “viven al día”.

Tabla 1: Indicadores a nivel hogar y estimaciones de la incidencia de la cuarentena y los bonos en los ingresos del hogar
(por mes)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Hogares de 2018.
Notas: (1) la tasa de dependencia es definida aquí como la razón entre los miembros que no trabajan y los ocupados a nivel hogar; (2) la población ocupada no asalariada es la que no recibe un salario propiamente dicho (i.e. es cuenta propia, cooperativista, jefe o socio que no recibe salario o trabajador sin remuneración); (3) hogares donde todos los que trabajan tienen una ocupación precaria.

La Tabla 1 muestra que el porcentaje de trabajadores cuyo jefe de familia es no-asalariado (i.e. no tiene un empleador) es, en general, alta; especialmente para el primer cuartil (63,5%). La tasa de vulnerabilidad es aún más alta −dado que incluye a aquellas personas que si bien tienen un salario, se encuentran en una situación laboral precaria−; pero, al igual que el caso anterior, disminuye a medida que el cuartil es más alto. El ajuste de los ingresos del hogar –por la pérdida de los ingresos laborales de los trabajadores con ocupaciones precarias– muestra una caída sustantiva; principalmente para aquellas familias con menores recursos (-53,6%).

En el ejercicio se incluye también, como parte de los ingresos del hogar, los bonos ofrecidos recientemente por el gobierno: i) el “bono familia” de Bs. 500, que será entregado a cada estudiante que curse los ciclos inicial y primario en una institución estatal o de convenio (un millón de niños y adolescentes en las zonas urbanas); ii) la “canasta familiar” de Bs. 400, que será entregada a las personas que reciben la renta dignidad –y ninguna otra renta o jubilación–, el bono Juana Azurduy o el bono por discapacidad (601 mil personas en las zonas urbanas).

De acuerdo a los cálculos, el “bono familia” llegará en mayor proporción a los hogares de menores ingresos (53,8%) que a los de mayores ingresos (6,8%); sin embargo, no cubrirá a todos los hogares más necesitados (1° cuartil). Un factor positivo es que aquellos hogares del primer cuartil beneficiados con el bono reciben también montos más altos, puesto que éstos tienen un número mayor de niños y adolescentes con las características requeridas. La “canasta familiar” llegará de manera parecida a los estratos analizados; una vez que beneficia a personas que se encuentran dentro del grupo más susceptible de complicaciones de salud frente al contagio del coronavirus.

Las estimaciones muestran que la inclusión de los bonos permite una recuperación, aunque parcial, de los ingresos del hogar; donde destaca el cuartil de ingresos más bajos, que en términos netos presenta la menor tasa de pérdida (-26,1%). No obstante, todavía muchos hogares –frente a la caída de sus ingresos– tienen recursos insuficientes para cubrir su canasta alimentaria: el 63,9% en el primer cuartil, 38,7% en el segundo, 19,2% en el tercero e incluso el 2,0% en el cuartil de ingresos del hogar per cápita más alto.

En conclusión, las estimaciones realizadas a partir de la encuesta de hogares (a pesar de sus limitaciones) llaman a reflexionar sobre la cruz de la otra cara de la moneda; que no es trivial. Si bien los hogares de los últimos dos estratos de ingresos (3° y 4°) pueden tener mayores posibilidades de cubrir su consumo con ahorros, el primer cuartil es el más crítico (con 63,9%, 377,5 mil hogares y 1,7 millones de personas, en extrema pobreza), puesto que ya corresponde a hogares de ingresos escasos, y muy probablemente muchos de éstos tienen bajos (o nulos) ahorros, así como dificultades para captar préstamos de corto plazo.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

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Por: Beatriz Muriel H. Ph.D.*

Los ingresos laborales –que agregan tanto los salarios de los empleados y obreros como los ingresos de los trabajadores independientes– pueden tener un desempeño pro-cíclico, a-cíclico o contra-cíclico con relación al desempeño de la economía. La pro-ciclicidad se da en los casos donde el aumento de la producción –en un escenario de bonanza–  promueve un mayor requerimiento de mano de obra, y, desde aquí, las remuneraciones se vuelven más atractivas. Aún más, en el caso de los auto-empleados, el auge económico favorece el consumo de su producción y/o ventas –e.g. ventas de ropa y comida rápida– e inclusive puede estar asociado con precios más altos –e.g. los bateadores de oro venden los gramos encontrados al doble o triple–. En contraposición, en los periodos de desaceleración o recesión, la producción y el consumo caen y los ingresos laborales se reducen.

En otros casos, los ingresos pueden ser a-cíclicos; es decir, no estar asociados con los periodos de bonanza o recesión económica. Este puede ser el caso donde, bajo la existencia de sindicatos, las negociaciones obrero-patronales determinan los niveles salariales para un mediano y largo plazo, o donde éstos son determinados por el Estado –e.g. en una economía planificada–. Sin embargo, éstos pueden ser también contra-cíclicos cuando los salarios nominales se ajustan lentamente frente a caídas en los precios agregados (contextos de deflación).

Bajo este marco, cabe preguntarse  ¿Cómo han evolucionado los ingresos laborales en Bolivia? ¿Han sido afectados por los ciclos económicos?

El Gráfico 1 presenta la trayectoria del ingreso laboral real en Bolivia–a precios de 2007, según el último año base del Índice de Precios al Consumidor–; considerando tanto el promedio agregado de toda la población ocupada como las respectivas medidas correspondientes a los trabajadores que reciben salarios y a los que son independientes.

Gráfico 1: Ingresos laborales reales, 2000-18

(En Bs. de 2007)

A nivel agregado, entre 2000 y 2004, el crecimiento del PIB es bajo, 2,8% promedio anual, coincidente con un estancamiento de los ingresos de los trabajadores. En el periodo de expansión, 2005-2014, la tasa aumenta al 5,1% y los ingresos laborales reales lo hacen al 3,6% promedio anual. En los años de desaceleración, 2015-2018, el crecimiento del PIB cae a 4,2%; mientras que los ingresos bajan a una tasa de -2,6% (incluso llega al -3,4% anual en 2014-2018).  Este comportamiento muestra que los ingresos siguen, en alguna medida,  el desempeño de la economía; aunque se observa una pro-ciclicidad algo mayor para el caso de los trabajadores no asalariados (principalmente desde 2004).

Al respecto, Muriel y Vera (2015) estiman un modelo econométrico para el caso de Bolivia¹ aproximando los ciclos económicos con los componentes cíclicos de los precios agregados y del PIB; y calculan que el incremento del 1% en los precios de corto plazo aumenta los ingresos en 0,5%, y el incremento del 1% en la producción de corto plazo en 0,52%. Con todo, el crecimiento del 1% del PIB tendencial, o de largo plazo, también sube los ingresos laborales en un 0,4%.

Esta información muestra que los ingresos laborales han sido afectados por los ciclos económicos; por lo que frente a un periodo de bajo crecimiento –como el pronosticado para 2019-2020–  se esperaría también un bajo desempeño. Esta apreciación es particularmente importante para explicar también por qué la pobreza no se ha reducido en los últimos años; puesto que los ingresos laborales representan alrededor del 90% de los ingresos del hogar (los que son utilizados para medir la pobreza monetaria).

Referencias: 

¹ Muriel, H. B., y Vera C. H. (2015). Cycles versus trends: the effects of economic growth on earnings in Bolivia. Documentos de Trabajo sobre Desarrollo #08. La Paz, Bolivia: Fundación INESAD. Los autores suponen que el mercado laboral se rige bajo los principios de segmentación sectorial, y estiman un modelo de ingresos, considerando tanto variables de oferta como de demanda laboral. Los datos provienen de las encuestas de hogares de 1999 a 2012, de donde construyen un pseudo-panel para todo el periodo.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

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Por: Beatriz Muriel H., Ph.D *

En los últimos meses se han publicado una serie de noticias sobre la deuda pública, principalmente la externa, donde en algunos casos se expresan niveles preocupantes y en otros más bien de buen desempeño. Con todo, desde la teoría económica, es importante que la mirada sea más precisa; sobre todo si se desea evaluar su sostenibilidad en el tiempo.

El Gráfico 1 describe dos indicadores usuales asociados a la deuda externa. El primero es su evolución medida en millones de $us (barras plomas): entre 1990 y 2005, la tasa de crecimiento promedio anual llegó a 1,4%, y entre 2007 y 2018 al 14,5% ¡10 veces más por año! Con todo, cabe notar que hasta 2007, el país se benefició de políticas de alivio de la deuda, lo que explica en parte la baja tasa durante 1990-2005 y sobre todo la fuerte caída entre 2005 y 2007.

Gráfico 1: Deuda e ingresos del Sector Público no Financiero (SPNF), 1990-2018

La deuda, medida en valores nominales, es un indicador que permite conocer la evolución de la variable; sin embargo, dice poco sobre su capacidad de repago o sostenibilidad. Para entender el punto imagine que una persona, Juana, está buscando un crédito de $us 40.000 para comprar un departamento: Si Juana es soltera, sin hijos, y tiene un empleo permanente con un salario de $us 4.000 mes, es muy posible que obtenga un crédito ya que es altamente probable que lo pague en el futuro; sin embargo, si es viuda con cinco hijos y tiene un empleo temporal con un ingreso de $us 300 será difícil que lo obtenga.

En este sentido, la deuda externa sobre el PIB (Producto Interno Bruto) es utilizada como una medida aproximada de la capacidad de repago de los países; ya que es igual al ingreso nacional. El Gráfico 1 muestra que entre 1990 y 2005 esta razón decrece a una tasa de 3,1% (línea verde), cae significativamente entre 2005 y 2007; y durante 2007-2018 incrementa a una tasa del 3,3%, pero menor que la evolución de la deuda en valores nominales. En el año 2018 esta se sitúa en 24% lo que sería “saludable” de acuerdo con las recomendaciones de algunos organismos internacionales (que sitúan en topes entre 40% y 50%) y, por lo tanto, a priori parecería que no hay mucho de qué preocuparse.

Con todo, la razón deuda externa/PIB es un indicador bastante imperfecto para medir la capacidad de repago de esta y aún más su sostenibilidad en el tiempo. Al respecto, la teoría económica cuenta ya con muchos avances en el debate, de los cuales cabe mencionar tres aspectos fundamentales para el caso de Bolivia.

El primero es que la deuda externa no cuenta toda la historia del endeudamiento público en el país; dado que desde aproximadamente 1997 la deuda interna ha ido adquiriendo importancia, comenzando con los créditos de las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones) para cubrir los déficits del sistema de reparto, pasando por la emisión de bonos públicos por los gobiernos central y sub-nacionales y acabando con los préstamos a las empresas estatales. Lastimosamente solamente se conoce la deuda contraída por el Tesoro General de la Nación, que llegó a cerca del 12% del PIB en 2017 (de acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas); por lo que la interrogante persiste ¿cuánto es la deuda interna del Sector Público no Financiero (SPNF)?. De hecho, solo respondiendo a esta interrogante se puede tener un panorama completo de la deuda pública.

El segundo es que el PIB, sobre todo en el caso de Bolivia, no está siendo un buen indicador de la capacidad de repago. Para entender esto, recuerde a Juana que quería un crédito, lo importante para que los bancos determinen dárselo eran sus ingresos presentes y futuros. Así, la medida relevante debería ser los ingresos del SPNF. El Gráfico 1 (línea anaranjada) muestra que desde el 2014 esta variable cae como porcentaje del PIB (de 51% en ese año al 40% en 2017); lo que muestra justamente que el aumento del PIB no está reflejando la menor capacidad de repago del SPNF.

Sin embargo, para evaluar sostenibilidad, lo más importante son los ingresos futuros del SPNF; ya que si volvieran a crecer de manera importante la necesidad de endeudamiento se reduciría. Nuevamente, imagínese el caso extremo de que Juana tenga un lamentable accidente y deje de trabajar durante el resto de su vida con una renta mínima de $us 250 mensual. En este nuevo escenario será difícil que el banco le preste pues sus ingresos futuros son bajos. Sin embargo, si Juana se recupera y en un par de meses vuelve a trabajar y ganar $us 4.000 entonces volverá a ser sujeto de crédito.

La pregunta fundamental es entonces ¿a cuánto ascenderán los ingresos futuros del SPNF en los siguientes (al menos cinco) años? Ciertamente esto no es fácil de responder sobre todo porque, tomando en cuenta que estos se componen en buena parte de los impuestos derivados del gas, cabe conocer los precios futuros del gas, las ventas futuras del gas (donde es importante tomar en cuenta también la “deuda externa implícita” que se tiene con Brasil por haber recibido dinero sin una contraparte en volumen por el contrato take-or-pay) y, en general, la producción futura del gas.

El tercer aspecto es que el mayor endeudamiento público está justamente generando un mayor incremento del PIB, lo que se constituye en un motivo más para que el indicador deuda/PIB no sea el adecuado. Esto porque el crédito ha llevado a que los gastos del gobierno sigan aumentando, lo que ha generado mayor demanda interna y mayor renta nacional. Dicho de otra manera, si no se hubiera obtenido créditos adicionales, el PIB no hubiera crecido a tasas mayores al 4%. Esta política no es equivocada si, justamente, los ingresos del SPNF volverán a sus elevados niveles de años anteriores al 2015; pero si este no es el caso, lo que se está haciendo es retrasar, y agravar, el problema de la caída de estos ingresos sobre la economía.

Por último, resta preguntarse que si, como en el ejemplo, el banco prestara a Juana los $us 40.000 seguramente sería porque evaluó sus ingresos futuros avalando su capacidad de repago; razón por la cual los bolivianos deberíamos dormir tranquilos ya que seguramente los acreedores del SPNF estarían haciendo lo mismo. Lastimosamente este no es el caso por diversos motivos. Entre ellos, los acreedores externos no son en la mayoría de los casos bancos privados (que buscan utilidades y no pueden hacer malos negocios), sino que manejan recursos que provienen de otros estados y, por lo tanto, tienen otros objetivos al otorgar créditos, como promover el desarrollo social o tener mayores lazos sociopolíticos, entre otros. Además, los acreedores internos tampoco son bancos en la mayoría; por ejemplo, los ciudadanos bolivianos tenemos obligatoriamente por ley, desde el año 1997, que prestar al gobierno para amortiguar el déficit del sistema de reparto.

En conclusión, mientras no se tenga una buena aproximación, con bases técnicas, de cuáles serán los ingresos futuros del SPNF, queda difícil determinar si el actual nivel de deuda es saludable o no y, en todo caso, será ciertamente mejor una prudencia fiscal.

*Directora ejecutiva e investigadora Senior de INESAD, bmuriel@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

En días pasados, el Presidente de Bolivia oficializó el pago del segundo aguinaldo para el año 2018. La medida deviene de la hipótesis de que frente a un entorno de crecimiento económico destacable, los trabajadores deben compartir los mayores ingresos de este desempeño; que se reflejan en los mejores retornos de las empresas.

Esta hipótesis se remonta a algo más de 150 años atrás, donde Marx dividió a los actores económicos en capitalistas, usualmente los que acaparan todas las rentas del negocio, y obreros. En su libro “El Capital” definió la plusvalía (p) como los beneficios del capitalista tras descontar todos los costos de producción: capital constante (c) derivado de los medios de producción e inversión, y capital variable (v) correspondiente al trabajo. De esta manera: p=m – c – v; donde m es el valor de la mercancía. Aún más, Marx determinó la tasa de plusvalía o explotación t=(p/v)´100; es decir que si p=100 y v=100 entonces la tasa de explotación sería del 100%. Bajo esta teoría, si p aumenta (e.g. por el supuesto resultado del crecimiento económico) entonces se deben tomar medidas para que v también aumente; caso contrario la tasa de explotación aumenta. Por este motivo el doble aguinaldo parecería ser una ¡BENDICIÓN! para los obreros.

Desde mi perspectiva, posiblemente coincidente con mucha gente, Marx fue un gran pensador para su época. Sin embargo, la ciencia económica ha avanzado de manera importante en los últimos 150 años y sería muy sesgado pensar que las relaciones obrero-capitalistas son actualmente “à la Marx”. Al respecto se pueden mencionar muchísimos aspectos, desde que estas relaciones no son lineales hasta que p puede ser una función creciente de v, pero en este artículo quiero enfocarme en algunos factores que son relevantes para el tema tratado.

En primer lugar, la división de las relaciones laborales entre obreros y capitalistas es poco aplicable al caso de Bolivia; ya que el mayor porcentaje (46,3%) de la población trabajadora es al mismo tiempo obrera y capitalista, i.e. cuenta propia, cooperativista o patrón trabajador (ver Gráfico 1). Para ellos, su ingreso laboral se confunde con su renta capitalista y no tiene sentido que se auto-paguen aguinaldo. Los trabajadores familiares y aprendices sin remuneración, que componen el 17,8%  de la población ocupada, no reciben ningún salario ya que trabajan usualmente en sus unidades productivas. Esto quiere decir que algo más de 64 de cada 100 trabajadores están totalmente al margen de cualquier normativa relativa al doble aguinaldo.

Bolivia: Trabajadores por Categoría Ocupacional y Tenencia de Aguinaldo, 2017

(Participación porcentual)

Aún más, un 19,7% de los trabajadores asalariados no reciben aguinaldo -ya sean del sector público o del privado- ya sea porque trabajan a destajo o por contrato fijo, por lo que la aplicación de la medida se reduce a apenas el 16,2% de la población ocupada.

En segundo lugar, es importante saber que todas las variables de la ecuación de Marx (p, m, c y v) son endógenas; es decir, dependen unas de otras así como de otras variables económicas. Este hecho es fundamental porque, por ejemplo, es prácticamente imposible que los capitalistas puedan incrementar m, de tal manera que p aumente manteniendo c y v constantes. Un caso muy sencillo de entender esto es considerar que m es igual a las ventas de chompas (precio por cantidad), por lo que una mayor producción de estas necesariamente implica que se requieren más trabajadores y más capital y, por lo tanto, c y v aumentan. Además, en mercados competitivos p puede incrementar en un corto plazo pero regresa a su valor anterior al aumento de la producción, dadas las fuerzas del sistema económico (los incrementos de las diferentes variables se compensan).

El problema es entonces cuando se quiere aumentar v artificialmente, como el doble aguinaldo, lo que puede resultar ser una ¡MALDICIÓN! Esto ocurre principalmente porque el capital y el trabajo están relacionados; es decir, la mayor cantidad de chompas puede estar asociada a una mayor compra de máquinas de tejer y despidos (o no contrataciones) de trabajadores bajo la amenaza del pago del doble aguinaldo. Una segunda opción del capitalista puede ser internalizar este costo laboral adicional en el mismo salario en futuras contrataciones, de tal manera que este beneficio se diluye con peores condiciones para la población ocupada y mayor desempleo, auto-empleo o precariedad laboral.

Los datos apuntan a que el doble aguinaldo se ha constituido en un privilegio para pocos y en una maldición para muchos. Un ejemplo de ello es que, pese a que la economía sigue creciendo de manera destacable de acuerdo a datos oficiales, en el año 2012, antes de esta medida, más trabajadores recibían doble aguinaldo (18,2%). Claro está cabe hacer análisis de causalidad rigurosos para comprobar esta hipótesis.

*Directora ejecutiva e investigadora Senior de INESAD, bmuriel@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

El clima de negocios supone las características del entorno económico, político, institucional y social de un dado país que pueden incentivar o desmotivar el desarrollo productivo vía el crecimiento empresarial.

En el año 2017, el Banco Mundial (2017)^[1] realizó una encuesta a 364 firmas formales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con cinco trabajadores o más. El objetivo fue recolectar información sobre el clima de negocios; además de indagar ciertas características e indicadores de desempeño de las firmas.

La encuesta investigó los siguientes obstáculos relativos al clima de negocios: acceso a las finanzas; acceso a la tierra; licencias comerciales y permisos; corrupción; tribunales; crimen, robo y disturbios; regulaciones aduaneras y comerciales; electricidad; fuerza laboral con educación inadecuada; regulaciones laborales; inestabilidad política; prácticas del sector informal; administración tributaria; tasas impositivas; y transporte.

El Gráfico 1 presenta los siete mayores obstáculos relativos al clima de negocios apuntados por las empresas en Bolivia, y contrasta con aquellas de América Latina y el Caribe. El 23% de las empresas en el país consideró que el mayor obstáculo son las “prácticas del sector informal”; lo que responde -como es ya conocido- a los elevados costos de formalidad que promueven inequidades entre los que pagan y los que no pagan al momento de competir en el mercado interno. La “administración tributaria” y las “tasas impositivas” son señaladas en el segundo y tercer lugar, respectivamente, con porcentajes de 13% y 12%.

Gráfico 1: Siete Mayores Obstáculos del Clima de Negocios en Bolivia y Comparación con América Latina, 2017.

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Mundial (2017)

En contraste, en América Latina y el Caribe el obstáculo más importante está asociado al “acceso a financiamiento”, ya que es apuntado por el 15% de las empresas. Las “prácticas del sector informal” son también relevantes para algunas firmas, aunque el porcentaje es mucho menor que para el caso de Bolivia (13%). En tercer lugar se sitúa la “fuerza de trabajo con educación inadecuada” con el 12% de respuestas.

Un aspecto interesante al evaluar el clima de negocios es que la relevancia de los factores difiere por tamaño de empresa. El Gráfico 2 muestra que para las firmas entre 5 a 99 trabajadores el mayor obstáculo son las “prácticas del sector informal”. Para aquellos que cuentan con 5 a 19 empleados, la política y la gestión tributaria se constituyen también en factores que entorpecen el desempeño empresarial, mientras que para las que se sitúan entre 20 a 99 trabajadores, la “corrupción” y las “regulaciones laborales” limitan su crecimiento.

Gráfico 2: Tres Mayores Obstáculos del Clima de Negocios en Bolivia por Tamaño de Empresa, 2017.(En porcentaje).

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Mundial (2017)

En el caso de las empresas grandes -con 100 o más empleados- el 42% señala que las “regulaciones laborales” son el obstáculo más importante en materia de clima de negocios, mientras que la “administración tributaria” queda en segundo lugar (24%) y las “tasas impositivas” en tercero (11%).

En resumen, la información muestra que Bolivia se destaca por una competencia desleal asociada al sector informal, y que aún se agrava por el peso institucional vía cargas tributarias, laborales y escenarios de corrupción. Estos factores serían los principales obstáculos para el desempeño productivo-empresarial formal.

*Directora ejecutiva e investigadora Senior de INESAD, bmuriel@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

Referencias:

[1] World Bank (2017). Enterprise Survey: Bolivian Country Profile. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank Group.

Por Beatriz Muriel H., Ph.D*

Los gastos fiscales pueden aumentar en el tiempo de manera pro-cíclica, a-cíclica, o contra-cíclica; es decir, acompañando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), estando al margen de esta dinámica, o yendo en sentido contrario.

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