Por: Osvaldo Nina Baltazar*

La reciente fusión del Ministerio de Planificación del Desarrollo con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua abre una oportunidad histórica para reconfigurar la manera en que Bolivia diseña sus políticas públicas y orienta su trayectoria de desarrollo. Durante décadas, la planificación económica y la gestión ambiental avanzaron por carriles separados, con escasa articulación institucional y metodológica. Sin embargo, los compromisos asumidos por Bolivia en el marco del Acuerdo de París, así como las crecientes vulnerabilidades frente a fenómenos climáticos extremos, obligan a repensar la arquitectura del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) como el instrumento rector que guíe la transición hacia un modelo productivo bajo en emisiones y resiliente al clima.

Un aporte estratégico del nuevo ministerio es la integración plena de la perspectiva climática en la visión del PDES. Esto implica reconocer que los objetivos de crecimiento económico no pueden desvincularse de las limitaciones ambientales ni de los riesgos crecientes asociados al cambio climático. La planificación del desarrollo debe asumir que la sostenibilidad climática no es un complemento, sino una condición estructural para garantizar estabilidad macroeconómica, seguridad alimentaria y continuidad de los sistemas productivos. Bajo esta lógica, el PDES puede evolucionar hacia un marco de política pública capaz de articular productividad, competitividad y transición verde.

Como se observa en la Figura, los países de América Latina presentan niveles heterogéneos de vulnerabilidad y preparación frente al cambio climático, lo que evidencia la necesidad de incorporar criterios de resiliencia territorial y sectorial en la planificación del desarrollo. En particular, Bolivia aparece entre los países con menor capacidad de adaptación en la región, combinando alta vulnerabilidad con bajos niveles de preparación. Esta posición refuerza la urgencia de que el ministerio asuma un rol protagónico en la operacionalización de la Contribución Nacional Determinada (NDC), traduciendo los compromisos internacionales en metas sectoriales vinculadas al transporte, la energía, los bosques, la agricultura y los residuos. Más aún, exige consolidar indicadores, mecanismos de seguimiento y estimaciones de financiamiento que permitan evaluar el avance climático dentro del Sistema de Planificación Integral del Estado. Desde esta perspectiva, el PDES se convierte en un instrumento integrador que coordina la acción intersectorial y territorial en mitigación y adaptación.

Otro ámbito prioritario es la incorporación del riesgo climático en la planificación de inversiones públicas. Bolivia enfrenta eventos cada vez más frecuentes y severos —inundaciones, sequías, heladas, incendios forestales— que generan impactos fiscales, económicos y sociales significativos. El ministerio fortalecido puede liderar la adopción de criterios de inversión que incluyan evaluaciones de riesgo climático, asegurando infraestructura más resiliente y alineando el gasto público con estándares internacionales de gestión financiera verde. Así, cada proyecto de inversión —desde carreteras hasta sistemas de agua— debería demostrar no solo viabilidad económica, sino también capacidad de operar bajo escenarios climáticos futuros.

Asimismo, el ministerio puede fortalecer la alineación del presupuesto público con los objetivos climáticos mediante la implementación de sistemas de clasificación del gasto, presupuestos verdes y evaluaciones sistemáticas del impacto climático. Estas herramientas no solo facilitarían el acceso a financiamiento internacional —como el Fondo Verde del Clima—, sino que también mejorarían la eficiencia del gasto público al priorizar intervenciones con beneficios ambientales y sociales de largo plazo. A ello se suma la necesidad de institucionalizar un presupuesto plurianual, esencial para garantizar continuidad, estabilidad financiera y acumulación progresiva de resultados ambientales. Dado que muchas acciones de adaptación y resiliencia requieren horizontes superiores a un ejercicio fiscal anual, la planificación multianual se convierte en un componente indispensable de una política climática eficaz.

Finalmente, el rol articulador del ministerio es decisivo. La transición hacia un desarrollo compatible con el Acuerdo de París exige coordinación entre sectores productivos, ambientales, financieros y territoriales. El PDES puede ser el espacio de convergencia que integre visiones, alinee incentivos y garantice que las políticas climáticas y de desarrollo se implementen de manera coherente a lo largo del ciclo de planificación.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Osvaldo Nina Baltazar*

El cambio del año base del Producto Interno Bruto (PIB) en Bolivia -de 1990 a 2017- constituye una de las transformaciones estadísticas más importantes de las últimas décadas. Su relevancia no radica solamente en actualizar la medición del crecimiento económico, sino en redefinir la lectura analítica de la estructura productiva del país. La adopción del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), la incorporación de encuestas económicas recientes, una mejor medición del sector servicios y la reclasificación productiva permiten retratar con mayor fidelidad una economía que ha cambiado profundamente desde los años noventa.

Un aspecto metodológico central es que el INE presenta la participación sectorial del mismo año (2017) calculada con ambas bases: la antigua (1990) y la nueva (2017). Esta comparación constante permite aislar el efecto metodológico y observar cómo la estructura productiva “medida” cambia, aun cuando la economía real es exactamente la misma. El resultado es una recomposición significativa que no expresa transformaciones reales de corto plazo, sino correcciones estadísticas y actualizaciones estructurales que alinean el sistema contable con la economía contemporánea.

La comparación entre ambas bases muestra un patrón claro: la economía boliviana de 2017 es menos primaria y más urbana-servicial de lo que sugería la base 1990 (ver gráfico). La fuerte caída relativa de agricultura y transporte -sectores que pierden entre 3 y 4 puntos porcentuales- revela que la antigua estructura sobrestimaba su peso debido a limitaciones metodológicas, precios base antiguos y menor cobertura estadística. Por otro lado, el aumento de comercio y construcción indica que el dinamismo urbano, la expansión de servicios y la formalización gradual de unidades económicas tuvieron un peso mayor del que la base antigua podía captar. Más que un cambio económico repentino, la nueva base nos muestra una radiografía más precisa de la Bolivia que efectivamente existe.

Este ajuste metodológico también aclara la posición de la administración pública. Su reducción de 14,7% a 12,8% del PIB no debe interpretarse como un achicamiento del Estado, sino como una forma más rigurosa de medir el valor agregado no de mercado conforme al SCN 2008. Se corrigen distorsiones habituales en bases antiguas, donde el valor agregado del sector público tendía a ser sobrestimado por la estructura de costos y la ausencia de mediciones diferenciadas por función.

Un elemento clave que acompaña este cambio de base es la actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP). La MIP 2017 ofrece una visión detallada de cómo se articulan los sectores entre sí: qué ramas proveen insumos a otras, cuáles son los multiplicadores de producción, qué sectores generan mayor demanda intermedia y dónde se ubican los encadenamientos críticos. Su actualización es indispensable porque la estructura productiva de 1990 ya no reflejaba los patrones actuales de integración productiva, especialmente en manufacturas, servicios empresariales, logística y comercio moderno. Con una MIP renovada es posible analizar cuellos de botella, identificar sectores con mayor capacidad de arrastre y diseñar políticas industriales basadas en evidencia y no en intuiciones heredadas.

Estas transformaciones tienen implicaciones profundas para las políticas públicas. Por un lado, revelan que durante más de veinte años los diagnósticos sectoriales se apoyaron en ponderaciones que no reflejaban la estructura real de la economía. Esto pudo haber llevado a priorizaciones erróneas, subestimación del papel de los servicios, sobreestimación del sector primario y a una lectura distorsionada del tamaño relativo del sector público. Por otro lado, la nueva base resalta la importancia de abordar políticas de productividad urbana, formalización, logística, innovación y servicios modernos, que hoy explican una parte sustancial del valor agregado nacional.

En síntesis, el cambio del año base no modificó la economía real, pero sí transformó la manera de comprenderla. La nueva estructura productiva obliga a actualizar diagnósticos, replantear prioridades sectoriales y formular políticas coherentes con la economía existente, no con la que reflejaban estadísticas ancladas en 1990. Toda agenda de desarrollo que aspire a ser efectiva deberá partir de esta nueva fotografía estadística y de los encadenamientos que revela.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Osvaldo Nina Baltazar*

En tiempos en que los rankings universitarios internacionales se han vuelto referentes globales para medir la calidad educativa, vale la pena detenerse a observar qué factores explican que una universidad destaque entre las mejores del mundo. La creencia extendida sugiere que las universidades privadas —sobre todo aquellas situadas en países desarrollados— lideran estas clasificaciones gracias a su flexibilidad de gestión, autonomía financiera y capacidad de captar recursos. Pero ¿es realmente el modelo institucional lo que determina la excelencia?

La evidencia empírica dice otra cosa. Un análisis del desempeño general y académico de universidades, reflejado en indicadores como la reputación académica y las citas por docente, muestra una correlación clara: la calidad del plantel docente y la inversión sostenida en investigación son los pilares fundamentales del posicionamiento global. Más interesante aún, el gráfico comparativo revela que numerosas universidades públicas se ubican en los tramos superiores de estos rankings. Es decir, cuando el financiamiento es estratégico, constante y bien gestionado, las universidades públicas no solo compiten, sino que lideran.

Ejemplos como la Universidad de Oxford, la Universidad de California – Berkeley, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de São Paulo, la Universidad de Chile o la UNAM lo confirman. No son excepciones fortuitas, sino el resultado de modelos públicos sólidos, con autonomía real, estructuras de gobernanza profesionalizadas y una orientación clara hacia la excelencia académica y la responsabilidad social. Estas instituciones no se limitan a administrar recursos, sino que saben para qué educan, investigan e innovan.

En Bolivia, esta discusión cobra especial relevancia frente al próximo proceso electoral. Los planes de gobierno presentados para las elecciones 2025 muestran que la mayoría de los partidos —con diferencias matizadas— apuestan por el fortalecimiento de la educación superior pública y privada sin fines de lucro. Algunos subrayan la gratuidad y el acceso universal, otros valoran la diversidad institucional mientras se mantenga una lógica de bien público. Esta coincidencia puede ser una oportunidad para salir de debates estériles sobre si la educación debe ser pública o privada, y centrarse más bien en cómo garantizar calidad, pertinencia y transparencia, sin importar el régimen de propiedad.

Además, debemos asumir que el problema no es solo de recursos, sino también de visión. Mientras no existan marcos institucionales que aseguren continuidad en las políticas universitarias, criterios meritocráticos en la selección docente y mecanismos de evaluación de resultados, seguiremos midiendo la calidad más por el esfuerzo individual que por la estrategia colectiva. Una universidad de calidad se construye con docentes comprometidos, estudiantes exigentes, gestores responsables y autoridades que entienden que la educación no es un gasto, sino una inversión de largo plazo.

Porque al final del día, lo que diferencia a una buena universidad no es si genera o no lucro, sino la calidad de sus docentes, la claridad de su misión institucional y la eficiencia de su gestión. Apostar por políticas públicas que fortalezcan esos pilares —autonomía real, financiamiento estratégico, rendición de cuentas y excelencia docente— es clave si queremos que nuestras universidades dejen de competir por sobrevivir y comiencen a competir por liderar.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Osvaldo Nina Baltazar*

En un contexto global caracterizado por crecientes desafíos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), la estabilidad económica depende cada vez más de la capacidad del sistema financiero para integrar principios de sostenibilidad en sus decisiones estratégicas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la exclusión social y la presión regulatoria exigen una transformación profunda del modelo financiero tradicional. En este escenario, la banca enfrenta el reto de reorientar su modelo de negocio hacia el desarrollo sostenible, incorporando instrumentos que permitan financiar iniciativas con impacto positivo y contribuyan a una economía más resiliente e inclusiva.

Uno de los instrumentos más relevantes para cumplir este propósito son los bonos temáticos sostenibles, diseñados para canalizar capital hacia proyectos con beneficios ambientales y/o sociales. Estos instrumentos incluyen diversas modalidades, entre ellas los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles, los bonos vinculados a sostenibilidad y los bonos de transición. Cada uno de ellos responde a diferentes necesidades del mercado y refleja la evolución del financiamiento responsable.

La gráfica presentada evidencia cómo este mercado ha evolucionado entre 2021 y 2024, destacando el liderazgo continuo de los bonos verdes, que financian exclusivamente iniciativas ambientales como energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio o gestión del agua. Estos instrumentos representan la mayor proporción del financiamiento sostenible y se han consolidado como una vía efectiva para avanzar en la acción climática.

Junto a ellos, los bonos sociales han ganado protagonismo al canalizar recursos hacia proyectos con impacto directo en poblaciones vulnerables, como vivienda social, salud, educación o inclusión financiera. Por su parte, los bonos sostenibles integran ambos enfoques —ambiental y social— en una misma emisión, promoviendo un modelo de desarrollo más equilibrado e integral. Esta diversificación se ha acelerado en los últimos años, reflejando la creciente sofisticación del mercado.

Además, han emergido nuevas alternativas como los bonos vinculados a sostenibilidad, cuya particularidad es que no exigen un destino específico de fondos, pero vinculan las condiciones financieras del instrumento —por ejemplo, la tasa de interés— al cumplimiento de metas ASG previamente definidas. Esto incentiva a los emisores a mejorar continuamente su desempeño en sostenibilidad. Asimismo, los bonos de transición permiten financiar la reconversión de sectores con alta huella de carbono hacia modelos más sostenibles, siendo especialmente útiles para industrias que enfrentan mayores dificultades en su proceso de descarbonización.

Más que una tendencia coyuntural, los bonos temáticos representan una oportunidad estratégica para la banca. Ofrecen múltiples beneficios: permiten diversificar fuentes de fondeo, acceder a mercados de capitales y atraer a inversionistas institucionales comprometidos con el impacto positivo, especialmente en contextos donde los depósitos bancarios muestran signos de desaceleración. También fortalecen la reputación institucional, mejoran el posicionamiento ante reguladores y permiten, en muchos casos, acceder a fondeo preferencial con condiciones financieras más competitivas.

Para aprovechar plenamente su potencial, los bancos deben contar con un marco de financiamiento sostenible sólido, que defina con claridad los criterios de elegibilidad de los proyectos y los mecanismos de gestión de los fondos. Es fundamental implementar procesos de verificación externa independiente, como opiniones de segunda parte, que respalden la integridad y transparencia de las emisiones. A esto se suma la necesidad de fortalecer las capacidades internas en áreas clave como sostenibilidad, gestión de riesgos y finanzas sostenibles, así como establecer protocolos de reporte y divulgación rigurosos, que permitan informar periódicamente sobre el uso de los recursos y los impactos alcanzados.

En definitiva, los bonos temáticos sostenibles se consolidan como un puente entre la rentabilidad financiera y el compromiso con el desarrollo sostenible. Para la banca del siglo XXI, su adopción no solo representa una vía para impulsar el crecimiento, sino también una forma concreta de liderar la transición hacia una economía más justa, inclusiva y compatible con los límites del planeta.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Osvaldo Nina Baltazar*

La transición hacia un modelo económico sostenible implica una reconfiguración profunda del sistema financiero. En este contexto, los bancos desempeñan un rol esencial como intermediarios en la asignación eficiente y responsable del capital. La figura presentada ilustra esta dinámica a través del crecimiento sostenido del crédito agropecuario, tanto en términos absolutos como relativos, lo que refleja la creciente importancia de este sector en la cartera del sistema bancario boliviano. Considerando que las actividades agropecuarias tienen una fuerte interacción con el medio ambiente, se vuelve fundamental incorporar una evaluación integral de sus impactos sociales y ambientales.

Este ejemplo pone de relieve la necesidad de adoptar enfoques más holísticos en la gestión financiera, en los que se reconozca que el desempeño económico debe ir acompañado de responsabilidad ambiental, compromiso social y prácticas de gobernanza sólidas. En este sentido, para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social y la necesidad de una gobernanza ética, resulta indispensable que las entidades financieras integren los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) de manera estructural en sus procesos de gestión y toma de decisiones. Estos criterios permiten evaluar el desempeño de una organización desde una perspectiva más amplia, abarcando dimensiones que trascienden los indicadores financieros convencionales.

Desde el enfoque ambiental, se consideran factores como las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia en el uso de recursos naturales, la gestión de residuos y la preservación de la biodiversidad. En el ámbito social, se evalúan aspectos como las condiciones laborales, la inclusión financiera, la relación con las comunidades y la seguridad en el trabajo. En cuanto a la gobernanza, se analizan la integridad organizacional, la transparencia, los controles internos y la estructura del gobierno corporativo.

Aunque históricamente estos elementos no formaban parte del análisis financiero tradicional, actualmente existe evidencia empírica que respalda su contribución a una gestión de riesgos más robusta, una mayor resiliencia organizacional y una rentabilidad sostenible en el largo plazo. En consecuencia, la banca no solo tiene la capacidad de fomentar prácticas sostenibles mediante la canalización de recursos, sino que también puede convertirse en un foco de riesgo sistémico si no incorpora adecuadamente los impactos sociales y ambientales derivados de sus decisiones crediticias y de inversión.

La incorporación de los criterios ASG también permite anticipar y gestionar riesgos emergentes, como los asociados al cambio climático. Estos se manifiestan tanto en su dimensión física —por medio de eventos extremos o degradación ambiental— como en la de transición, vinculada a nuevas regulaciones, cambios en las preferencias del consumidor o transformaciones tecnológicas. Al integrar estos factores, las instituciones financieras fortalecen su capacidad de adaptación y mejoran su estabilidad en un entorno cada vez más volátil.

No obstante, para que este enfoque sea verdaderamente efectivo, es necesario asumirlo con una perspectiva transversal que abarque toda la estructura organizacional. La sostenibilidad debe incorporarse en la cultura institucional y permear tanto la gobernanza como la gestión de riesgos y el desarrollo de productos financieros. Esta transformación requiere liderazgo desde la alta dirección y un compromiso decidido por parte de los órganos responsables de la toma de decisiones estratégicas.

En suma, avanzar hacia una banca sostenible no constituye una alternativa opcional, sino una necesidad estratégica. En un escenario global caracterizado por crecientes exigencias regulatorias, mayor escrutinio ciudadano y desafíos ambientales y sociales interconectados, las entidades que asuman este compromiso no solo reducirán su exposición al riesgo, sino que también consolidarán su papel como actores clave en la construcción de una economía más equitativa, resiliente y ambientalmente responsable.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Osvaldo Nina Baltazar*

En el contexto actual de cambio climático, exceso de lluvias, desastres naturales, pérdida de biodiversidad y creciente presión sobre los recursos naturales, la necesidad de transformar el sistema financiero hacia prácticas más sostenibles se vuelve imperativa. En este marco, las finanzas verdes emergen como una herramienta estratégica para canalizar recursos hacia actividades económicas que generan beneficios ambientales y sociales, sin comprometer la rentabilidad financiera. Entre 2021 y 2024, el financiamiento verde mostró un crecimiento sostenido, inicialmente liderado por los bonos verdes (véase figura). No obstante, a partir de 2023, los préstamos verdes comenzaron a ganar peso relativo, reflejando una mayor integración de criterios sostenibles en productos crediticios y no solo en los mercados de capitales.

Esta evolución evidencia el rol central del sector bancario como intermediario clave en la asignación eficiente del capital hacia actividades sostenibles. Las finanzas verdes permiten a los bancos diversificar su portafolio de productos, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y ampliar su base de clientes. Entre los instrumentos más relevantes destacan los bonos verdes, los préstamos ligados a indicadores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), y las líneas de financiamiento concesional ofrecidas por organismos multilaterales.

La emisión de bonos verdes no solo facilita el acceso a inversionistas institucionales con mandatos sostenibles —como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos—, sino que también envía señales positivas a los mercados financieros. Paralelamente, las entidades que adoptan políticas de financiamiento verde pueden acceder a fondos climáticos internacionales como el Green Climate Fund o el Climate Investment Funds, ampliando así su capacidad de fondeo a largo plazo con condiciones más favorables.

Para capitalizar estas oportunidades, los bancos deben incorporar criterios de sostenibilidad en su gestión financiera. Esto les permite posicionarse como instituciones innovadoras, responsables y comprometidas con el desarrollo sostenible. En un entorno donde los consumidores —especialmente los más jóvenes y las empresas con propósito— valoran el impacto ambiental de sus decisiones, ofrecer productos financieros verdes (como créditos para paneles solares, viviendas sostenibles o vehículos eléctricos) fortalece la captación y fidelización de clientes.

Los préstamos verdes, además de ser una fuente de financiamiento competitiva, ofrecen beneficios tangibles tanto para las entidades financieras como para los prestatarios. Contribuyen a reducir riesgos financieros y reputacionales, facilitan el acceso a mercados emergentes y apoyan el cumplimiento de metas ambientales y sociales. Más allá de estos beneficios internos, las finanzas verdes permiten al sistema bancario desempeñar un rol catalizador en la transición hacia una economía sostenible. Al dirigir recursos hacia sectores estratégicos como energías renovables, transporte limpio, infraestructura resiliente o agricultura sostenible, los bancos apoyan directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de París.

Este impacto positivo también promueve la inclusión financiera verde, al facilitar el acceso a recursos para micro, pequeñas y medianas empresas que adoptan tecnologías limpias o modelos de negocio circulares. De este modo, se amplía el alcance del desarrollo sostenible a segmentos tradicionalmente excluidos del sistema financiero tradicional.

En general, las finanzas verdes representan una oportunidad estratégica para la banca moderna. No se trata únicamente de cumplir con nuevas exigencias regulatorias o de asumir una postura ética, sino de adoptar un enfoque integral que combine rentabilidad, sostenibilidad y gestión de riesgos. En este nuevo paradigma, los bancos que integren tempranamente las finanzas verdes estarán mejor posicionados para enfrentar los desafíos del siglo XXI y liderar la transición hacia un sistema financiero más resiliente, inclusivo y sostenible.

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Por: Osvaldo Nina*

Por la situación actual del país, las posibles medidas económicas que se avecinan van a requerir que los ciudadanos posean una cultura económica para entenderlas y, especialmente, evaluarlas con relación a sus efectos en el bienestar social y económico de la población. Sin esta condición, posiblemente, muchas de estas políticas fracasarían por el alto costo a corto plazo, pese a los beneficios que podrían generar a mediano y largo plazo.

Ahora bien, ¿qué se entiende por cultura económica? Es básicamente el sistema de conocimientos, experiencias, motivaciones y actitudes relativas a la economía de todos los miembros de la sociedad. Este no es resultado de un mayor acceso a la información sobre temas relacionados con la economía, sino un proceso permanente para desarrollar valores, habilidades, convicciones y competencias mediante la educación. De hecho, la cultura económica permite a cada persona ser capaz de convivir, actuar y participar en el desarrollo social y económico de su país con un conocimiento pleno, pero principalmente tener una actitud responsable ante los problemas económicos que atraviesa. Por esta razón, la cultura económica es el canal que permite a las autoridades económicas explicar el por qué y cómo de lo que se hace a la población.

Recientemente, las declaraciones y los argumentos mencionados en las manifestaciones, tanto en contra de algunas leyes promulgadas como a favor de ellas, están mostrando que la sociedad actual requiere desarrollar una cultura económica acorde con la realidad para enfrentar la crisis y los retos de un desarrollo armónico y sostenible por la condición de ser un país subdesarrollado, exportador primario y desigual. Realmente, han expuesto la necesidad de mejorar y elevar la educación y conciencia económica para que la ciudadanía comprenda cuáles son los cambios necesarios para lograr una sociedad más libre, próspera y equitativa.

En esta tarea, las universidades tienen el papel de liderazgo para el avance de la cultura económica, asumiendo que toda carrera universitaria tiene por lo menos una materia de economía en su programa de estudios. Bolivia no está tan rezagada en cuanto a la formación de ciudadanos con cultura económica en la región: el porcentaje de la población adulta con educación universitaria es mayor en comparación a Brasil, Colombia o Uruguay (ver Gráfico 1). Pero esta cifra puede ser engañosa por la influencia de la calidad y currículo de estudio de las carreras universitarias y, en especial, del componente económico en la enseñanza secundaria. Por ejemplo, la mayoría de la población boliviana no comprende todavía cuál es la finalidad de los impuestos y cómo este instrumento puede mejorar la distribución del ingreso; de hecho, muchos ciudadanos beneficiados por el sistema de educación pública gratuita no quieren tributar para apoyar la sostenibilidad y la ampliación de la cobertura, o la mejora de la calidad de este servicio público.

Gráfico 1: Porcentaje promedio de la población de mayor a 20 años, con nivel de instrucción superior o universitario completo

(Período 2015 – 2018)

Fuente: Elaborado con base a la información del SITEAL – UNESCO.

Las investigaciones sobre esta temática afirman que no es posible alcanzar una cultura económica si no se posee una adecuada educación económica. El grado de información y conocimiento que adquieren los ciudadanos sobre temas económicos es sustancial para que puedan tener una valoración más objetiva de la realidad económica y , por tanto, entender y evaluar la gestión pública.

Ciertamente, los gestores públicos son claves en el fortalecimiento de la cultura económica por las labores y roles que desempeñan en la administración pública, que requiere de una elevada calificación técnica y económica. Sin embargo, deben asumir una actitud que les permita renovar sus conocimientos económicos para dar respuesta acerca de las potencialidades del país para el desarrollo y los límites que establecen las restricciones económicas y financieras existentes.

La transformación social y económica requiere de una cultura económica que fomente el crecimiento incesante de la conciencia económica. En su libro “La economía del bien común”, el premio Nobel de Economía Jean Tirole señala que mientras la población carezca de cultura económica, tomar decisiones correctas requiere mucho valor político: lo que podría estar sucediendo en el país, pero sin éxito.

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Por: Osvaldo Nina*

La situación económica del país nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son las claves de un crecimiento económico sostenible e inclusivo?, ¿cómo incrementar la productividad?, ¿cómo cambiar la matriz productiva?, ¿cómo diversificar las exportaciones?, ¿cómo impulsar la transformación de la economía? Algunas de estas preguntas fueron respondidas parcialmente en foros económicos organizados por algunas instituciones. En esos espacios, unos expertos señalaron que el motor del crecimiento económico debe provenir de la inversión del sector privado, para eso requiere de reglas claras y un clima favorable. Otros propusieron que las ideas, pero no los recursos naturales, deben dar el impulso a la productividad y los negocios. En cambio, algunos mencionaron que la innovación y los emprendedores son la base para el desarrollo sostenible.

Existe un aspecto crítico en todas las propuestas presentadas, éstas suponen que el “capital humano” está disponible y es abundante para los cambios sugeridos, pero este recurso es escaso y tiene muchas limitaciones en nuestro país. Los datos de la Encuesta Continua de Hogares 2018, del Instituto Nacional de Estadística, muestran que el 14% de la población total tiene educación universitaria completa; pero lamentablemente, solo el 5% de estos profesionales ha logrado obtener un título de diplomado, maestría o doctorado. Es más, de acuerdo a los datos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), durante el período 2010-2015, en promedio, 80 mil jóvenes ingresaron al sistema universitario por año, pero únicamente el 33% de los estudiantes logró terminar y se graduó. Además, el número de titulados anualmente en las áreas de ingeniería y ciencias puras, quienes están enfocados en los avances científicos y tecnológicos, fue menor comparado a las áreas económicas, sociales y de salud, representando solo el 20% de los titulados en el sistema universitario (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Número de titulados por área de conocimiento

En este momento, cuando el país tiene grandes desafíos como la industrialización, la automatización o la innovación, se requiere formar profesionales en las cuatro disciplinas claves para el futuro: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). Es más, se debe reforzar el capital humano mediante un sistema de educación STEM, considerado como un enfoque científico interdisciplinario que utiliza métodos innovadores y alternativos de enseñanza y aprendizaje, tales como proyectos, prácticas de laboratorio, uso de información y herramientas tecnológicas, pero basado en aplicaciones y situaciones del mundo real. Esto permitirá, por un lado, formar científicos e innovadores y, por otro, promover la cultura científica en el país para que la ciencia y la tecnología formen parte de los avances sociales y las transformaciones económicas del país.

Particularmente, la educación STEM abarca un gran número de carreras distintas relacionadas con las matemáticas, la tecnología, la ciencia y la ingeniería, y tiene la finalidad de formar profesionales para incrementar la productividad, optimizar los procesos industriales y mejorar las transformaciones socioeconómicas, mediante la electrónica y robótica, el tratamiento de datos (big data), los sistemas inteligentes, la realidad virtual o la biotecnología. Como enfatiza Bill Gates: “No podemos mantener una economía innovadora a menos que tengamos personas bien entrenadas en ciencia, matemáticas e ingeniería”.

Por todo esto, todas aquellas propuestas socioeconómicas que proponen transformaciones económicas, diversificación, sofisticación o reconversión industrial para el logro de un mayor crecimiento económico sostenible e inclusivo, deben incluir estrategias y acciones concretas para reforzar el capital humano mediante el enfoque STEM en todos los niveles del sistema educativo, dado que es una condición necesaria para cualquier iniciativa que busca generar e incrementar el valor agregado de las actividades económicas y empresariales mediante la innovación y el uso de la tecnología.

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Por Osvaldo Nina *                                                                                                                                                                                    

Las estadísticas sobre crecimiento económico están mostrando que nuestro país será uno de los cinco países con las tasas más altas de América Latina y El Caribe. En los próximos dos años, se prevé que el crecimiento anual fluctué entre el 4,7% al 5%.  Por otro lado, según fuentes oficiales, nuestra economía tuvo un crecimiento del 5,2%  durante la gestión 2012, que la sitúa entre las tres primeras economías con mejor desempeño económico.

Estas cifras están mostrando que estamos dentro de la senda correcta en la mejora de la calidad de vida de población. Sin embargo, para que la prosperidad sea sostenida, se requiere superar la barrera del 6% en el corto plazo y promover un crecimiento económico por encima de esta tasa en el medio y largo plazo. Durante el período 2006-2012, por ejemplo, con un crecimiento anual promedio de 4.8%, sólo hemos logrado duplicar el ingreso per cápita.

Frente a esta realidad, debemos preguntarnos ¿Por qué no superamos la barrera del 6%? Muchos especialistas señalan que la principal causa es la baja tasa de inversión de la economía. Durante los últimos quince años, la tasa de inversión no ha sido superior al 20% respecto al PIB; es más, durante el período 2006-2012, la tasa anual de inversión promedio fue sólo del 17%. No obstante, se observa que la inversión pública fue bastante dinámica: el monto de ejecución se ha incrementado en seis veces respecto al 2005, significando una inversión anual promedio de aproximadamente dos mil millones de dólares estadounidenses durante el período 2006-2012. Entonces, por qué estos recursos públicos no están generando mayor valor agregado en nuestro país. Leer Más »

La tasa de inversión privada se ha mantenido casi constante durante los últimos tres años, alrededor de siete puntos porcentuales en relación al PIB. Incluso, al analizar su evolución en términos de dólares estadounidenses corrientes, se evidencia que los montos se han estancado al compararlos con los observados en el período 2004-2008, cuando la inversión privada se triplica.

El estancamiento de la inversión privada está mostrando que los inversionistas se encuentran en una situación de espera por el aumento de los riesgos, especialmente por la incertidumbre política y la ausencia de una visión de desarrollo de mediano plazo. Sobre este asunto, la teoría y la evidencia empírica señalan que este tipo de estancamiento crea expectativas pesimistas que pueden inducir a los inversionistas a retrasar sus emprendimientos, debido a la naturaleza irreversible de muchas de las inversiones.

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