Economía para el Bienestar

Los Costos del Delito y la Violencia

Por: Armando Moscoso, Mag.*

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), en las últimas décadas se ha evidenciado un gran progreso en muchas áreas socioeconómicas en América Latina y el Caribe (ALC). Entre 2004 y 2014, muchos países de la región tuvieron tasas de crecimiento anual cercanas al 4%, los índices de pobreza disminuyeron, y mejoraron la salud y educación para los ciudadanos. De hecho, el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que viven con menos de US$1,25 por día se alcanzó en 2008, siete años antes.

En contraste, la criminalidad aumentó. Según el estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC (2019), ALC aún es la región más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 24 por 100.000 habitantes (cuatro veces el promedio mundial). A pesar de la gravedad del problema, los costos de la delincuencia y la violencia para la región recién han sido objeto de atención.

En ese contexto, considerando que el objetivo de cualquier política pública es mejorar la calidad de vida de la población, cabe notar que la seguridad ciudadana no debe ser la excepción. Por eso, hablar de los costos del crimen es referirse específicamente a sus costos en términos de bienestar; tratando de responder preguntas como, ¿en cuánto y cómo reduce el crimen el bienestar de los ciudadanos?

Algunos datos pueden ayudar a estimar los costos de bienestar que el crimen impone a las sociedades, como ser:

  • Costos directos resultado del crimen: lesiones, daños y pérdidas.
  • Costos de prevención de la delincuencia: gasto público y privado en seguridad.
  • Costos en respuesta a la delincuencia: costo del Sistema de Administración de Justicia.
  • Otros costos indirectos o intangibles: como los cambios en el comportamiento de las personas por temor a la delincuencia, o los costos para las familias de las víctimas.

También existe la posibilidad de que los costos de la prevención sean mayores a los costos totales de la delincuencia para la sociedad, lo que resultaría paradójico.

La criminalidad, la violencia y el temor inducen a muchas distorsiones en la economía que se reflejan en conductas como: el cambio de comportamiento de las personas para evitar (o participar) en la actividad criminal, los gastos en protección por parte de los hogares, las menores inversiones por parte de las empresas o las pérdidas que sufren en caso de robo, por ejemplo, y la asignación de recursos gubernamentales.

Según un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), el crimen le cuesta a ALC aproximadamente el 3% del PIB anual. Con un límite inferior del 2,41% y un límite superior del 3,55%. Esto representa para toda la región un costo de hasta US$236.000 millones (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o US$165.000 millones (a tasas de cambio de 2014) considerando los 17 países analizados [1]; cifras que equivalen a unos US$300 per cápita en promedio por año. Estos costos se descomponen de la siguiente manera: 42% corresponde al gasto público (especialmente servicios policiales), 37% a gastos privados y 21% a los costos sociales derivados de la delincuencia, principalmente por la victimización.

Bolivia no fue parte de este estudio por falta de información disponible. Sin embargo, es posible extrapolar sus resultados y dada la similitud del fenómeno delictivo con algunos países de la región, los hallazgos pueden considerarse –cuanto menos– para aproximar la gravedad del problema para la economía del país. Por obvias razones, velando por la eficiencia en el uso de los recursos –especialmente los públicos– es imperativo preguntarse: ¿Cuán altos son los costos del crimen y la violencia en Bolivia? ¿Cómo se pueden medir? ¿Cómo se pueden reducir?

Medir los costos del crimen y la violencia requiere de información sistematizada que, entre otras cosas, permita conocer:

  • Costos sociales, incluyendo costos de victimización, entendida como pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos, además de los ingresos perdidos (no generados) de la población penitenciaria.
  • Costos del sector privado: gasto de las empresas y los hogares en prevención del delito.
  • Costos incurridos por los diferentes niveles de gobierno: Administración de Justicia, Ministerio Público, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario.

Conocer los costos del delito y la violencia permite mejorar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, enfocando los recursos con mayor eficiencia y eficacia, más aún en esta época.

Referencias: 

[1] Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Bibliografía:

  • Jaitman L. 2015. Los Costos del Crimen y de la Violencia en el Bienestar en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
  • Jaitman L. 2017. Los Costos del Crimen y de la Violencia – Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y El Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Lavado de dinero: Efectos económicos y sociales

Por: Armando Moscoso, Mag.*

Existe en el mundo entero una gran preocupación por el avance de los delitos denominados transnacionales, como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, tráfico de armas, terrorismo, falsificación y contrabando. La lucha contra ellos se desarrolla desde varios frentes, entre los que está el «lavado de dinero». Es así que, a partir de la Cumbre de las Américas, realizada en diciembre de 1994, en nuestro continente se intensificaron las acciones individuales y colectivas de los gobiernos, para abordar el problema de la producción, tráfico ilícito y uso indebido de drogas, así como el «lavado de dinero».

En este último ámbito, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ¹ es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7) para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el “lavado de activos”, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Bolivia es miembro del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ² que aglutina a 17 países de América del Norte, Sur y Centro y el Caribe, excepto Venezuela. Este organismo sigue las directrices del GAFI, realizando evaluaciones periódicas, con expertos y autoridades de las instituciones responsables del sistema financiero, así como de la lucha contra el “lavado de dinero” y financiamiento del terrorismo, de los países miembros, quienes se constituyen en el país evaluado para realizar una revisión y calificación exhaustiva de las acciones desarrolladas por ese país para dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFI.

El 2013 Bolivia salió de la lista gris del GAFI, luego de cumplir con las primeras 40 recomendaciones que este organismo estableció el año 1990 para prevenir, principalmente, el “lavado de activos” proveniente del tráfico ilícito de drogas. El año 2019, la entonces directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó que Bolivia sería nuevamente evaluada por el GAFI durante las gestiones 2020 y 2021; pero, por los sucesos ocurridos los últimos meses de 2019, a los que se suman las dramáticas y aún incalculables consecuencias de la “pandemia mundial” provocada por el COVID-19, con toda seguridad esta evaluación será o debería ser reprogramada. Lo cierto es que, dadas las condiciones políticas imperantes, existe la posibilidad de que el cumplimiento real de las recomendaciones del GAFI sea más objetiva y transparente.

Ahora bien, el “lavado de activos” es una actividad previa al “lavado de dinero”, que por su facilidad y rapidez (compra y venta de bienes, entre otros) es utilizada en la generación de ganancias ilícitas. El “lavado de activos” proveniente del narcotráfico puede utilizar operaciones inmobiliarias, así como de importación y exportación, cuyas “ganancias” luego son incorporadas en el sistema financiero formal, comenzando el proceso de “lavado de dinero”. Por su parte, el contrabando también es utilizado en el complejo sistema de “lavado de activos”, comercializando bienes introducidos por esa vía –adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico– pudiendo incorporar sus ganancias en la banca, con solo “legalizar” la actividad comercial al inscribirla en un sistema impositivo deficiente.

Se calcula que aproximadamente el 60% del dinero proveniente del narcotráfico se queda en el país de origen, para luego pasar por un proceso previo de “lavado de activos” y después “lavado de dinero” en el mismo país. Tanto la entrada como la salida masiva de dinero pueden perjudicar seriamente el desempeño macroeconómico, ya que, la primera (entrada) provocaría presiones para la apreciación del tipo de cambio en perjuicio de las exportaciones, y viceversa, salidas masivas de recursos provocaría depreciaciones grandes del tipo de cambio con efectos en la inflación, o perdidas de reservas.

En tanto que en otros niveles del sistema financiero –formal e informal– los perjuicios también serían serios, porque la inyección de circulante sin respaldo, además de no generar impuestos para el país, reviste la economía de una liquidez ficticia haciendo que los precios en el mercado se alcen por sobre la capacidad adquisitiva de la mayoría; perjudicando especialmente a la población pobre cuyos ingresos se calculan sin tomar en cuenta esta variable.

Estas son algunas de las razones por las que es tan importante adoptar medidas efectivas y sostenibles contra el “lavado de dinero”, no solo para obtener una evaluación positiva o dejar de pertenecer a una lista desdeñable en el ámbito internacional, sino porque, al final, las consecuencias castigan al país y a los ciudadanos más vulnerables.

Referencias:

[1] En inglés Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

[2] GAFILAT reemplazo al GAFISUD, cuyo alcance regional fue sobrepasado por la incorporación de países de Sud, Centro, Norteamérica y el Caribe.

Bibliografía:

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

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Principios de Reforma Policial

Por: Armando Moscoso, Mag.*

Durante las últimas décadas, las reformas policiales en América Latina han concentrado la atención de los gobiernos y las políticas de muchos países que, preocupados por la corrupción, ineficiencia, uso excesivo de la fuerza, politización, junto con un creciente distanciamiento entre la ciudadanía y la policía, buscaron en una “reforma policial” la cura para los grandes males que aquejan a quienes se supone son la “reserva moral” de una nación.

Lucía Dammert, de FLACSO – Chile, afirma que no es posible analizar a una institución policial como un ente aislado e independiente del aparato gubernamental de un país y de la realidad que vive, por lo que corresponde situarlo como parte integral, vital e influyente en el contexto nacional. De ahí que la responsabilidad del Estado para con su policía, como con cualquiera de sus instituciones y ciudadanos, pasa por precautelar porque cuente con los mejores recursos (humanos, materiales, financieros, etc.) para poder servir con eficiencia a la sociedad.

Al respecto, Bayley (2001) define a la policía como “…las personas autorizadas por un grupo para regular las relaciones interpersonales dentro del grupo a través de la aplicación de la fuerza física”; concepto que en nuestro análisis implica, o debiera implicar, cuatro elementos fundamentales. Primero, el relacionamiento entre las personas, en especial de la policía con los ciudadanos, para inicialmente entender y luego regular las relaciones interpersonales con la finalidad de asegurar una pacífica y armoniosa convivencia entre todos. Segundo, el uso de la fuerza legítima cuyo monopolio detenta la policía, para asegurar respeto y vigencia del Estado de Derecho, regulando las relaciones interpersonales.

Tercero, eficiencia traducida en capacidad de la policía para usar la fuerza con proporcionalidad, legalidad y racionalidad, pero sobre todo con equidad, sin manipulación política u otros intereses. Lo que no supone independencia completa e irrestricta del control civil.

Cuarto, control y fiscalización de los ciudadanos y del Estado, precautelando que el uso de la fuerza, así como otras facultades y prerrogativas, no sean excedidas o mal empleadas por los policías para beneficio propio o de terceros.

Cuando se habla de reforma policial, surgen muchas interrogantes e ideas que pueden o no resultar ilustradoras para implementar una en Bolivia. En base a las experiencias de reformas policiales en América Latina, se puede reconocer algunos elementos esenciales:

  1. Es imprescindible que la voluntad política lidere y acompañe la iniciativa, no como discurso o coyunturalmente, sino como política de Estado.
  2. Debe contar indefectiblemente con la participación de la policía, porque su sostenibilidad dependerá en gran medida de sus miembros y de cómo vean su institución en el futuro – visión y doctrina.
  3. Debe haber participación activa de la sociedad civil en el proceso, porque son los ciudadanos los que confieren legalidad y legitimidad al accionar policial, delegando el uso de la fuerza. Por lo tanto, son ellos quienes definirán que tipo de policía necesitan.

Es necesario añadir que, para comenzar a diseñar un Plan de Reforma, resulta ineluctable considerar dos cuestiones fundamentales: la capacidad operativa, relacionada con la eficiencia y eficacia de la policía; y su responsabilidad democrática, cómo reacciona la institución a la reforma y los mecanismos de control que se implementarán. Así, se podrá contar con mejores mecanismos de fiscalización, tanto sobre la actuación policial en el marco de la Ley y el respeto a los Derechos Humanos, como sobre la eficiencia y eficacia de las acciones e iniciativas desarrolladas, con fuentes de información objetivas para evaluar procesos, resultados e impacto de los planes, programas y proyectos en Seguridad Ciudadana.

Dadas las actuales circunstancias y momento que vive Bolivia, la policía indudablemente es un pilar fundamental en la profundización de la democracia. En ese orden de ideas, este planteamiento recoge las ideas del experto en la policía estadounidense David H. Bayley (2006), cuando describe los elementos esenciales que caracterizan a una policía democrática: aplica la Ley, protege los Derechos Humanos, rinde cuentas y atiende las necesidades de los ciudadanos.

La reforma de la policía boliviana no solo es necesaria para controlar y reducir los índices de criminalidad, sino también para profundizar el Estado de Derecho y la democracia, con miras a un mejor escenario para el desarrollo integral de Bolivia.

“La seguridad es un derecho, garantizador de otros derechos”.

Bibliografía: 

  • Bayley, David H. 1990: Patterns of Policing: A Comparative International Analysis (New Brunswick: Rutgers University Press). 2001. Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It (Washington, D. C.: U. S. Department of Justice, National Institute of Justice, Issues in International Crime, http://www.ojp. usdoj. gov/nij).
  • Bayley, D. H. (2006). Changing the guard: Developing democratic police abroad. Nueva York: Oxford University Press.
  • Tudela, Patricio. 2007. “Reforma policial, COP y POP: perspectivas latinoamericanas de aplicación y paradigmas de gestión policial dirigida a la comunidad”. Septiembre. Disponible en http://www.policia.cl/cidepol/biblioteca/paradigmasgestionpolicial. pdf

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

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Teletrabajo y desempleo

Por: Carlos Gustavo Machicado, Ph.D.*

La pandemia del Covid-19, que en nuestro país se ha empezado a sentir desde la segunda semana de marzo, ha traído consigo una serie de cambios en la economía que se han ido aplicando durante la cuarentena y se mantendrán después de que se levante la misma (total o parcialmente). Uno de ellos es el referido al teletrabajo que incluso tendrá una normativa que lo regule. ¿Cuánto de teletrabajo se podrá realizar y cuáles podrían ser sus costos tanto para los trabajadores como para las empresas?

Empleando datos reportados por Dingel y Neiman (2020)¹, se puede ver en la figura 1 que existe una correlación positiva entre el PIB per cápita (ajustado por PPP) y el porcentaje de trabajo que se puede realizar desde casa (teletrabajo). Eso significa que países como Bolivia, que cuentan con un PIB per cápita bajo, tienen también un bajo porcentaje de trabajo que puede ser realizado desde casa. De hecho, el teletrabajo representaría solamente un 15% del total de trabajo (formal) en Bolivia.

Figura 1: Teletrabajo y PIB per cápita

Fuente: Dingel y Neiman (2020) en base a datos de la OIT.

Dado que es el trabajo calificado el que, principalmente, se puede realizar desde casa, la figura corrobora también el hecho de que existe una mayor concentración de trabajo no calificado que de calificado en el mercado laboral boliviano. De hecho, antes de la pandemia, había más demanda de trabajo no calificado que de calificado. La tasa de desempleo abierta para la fuerza laboral calificada en 2018 era de 5,92%; mientras que para la no calificada era de 1,78%. Lo mismo sucedía para la tasa de desempleo ampliada: 6,37% (calificado) y 2,02% (no calificado)².

Es muy probable que la aplicación del teletrabajo traiga consigo un aumento del desempleo en la franja de trabajo no calificado, todo depende de lo que la normativa permita, lo que al final podría acabar también afectando a las empresas. Véase el siguiente ejemplo para ilustrar esto:

Supóngase que existe una empresa que tiene dos trabajadores, uno calificado y otro no calificado. En un período normal, tiene ventas que ascienden a un valor de 15, de las cuales 10 corresponden al trabajo calificado y 5 al no calificado. La empresa paga salarios por un valor de 5 al trabajo calificado y 2 al no calificado. Claramente la empresa tendría un beneficio de 8 en un período normal (ambos trabajan). Pero suponga que existe un periodo de cuarentena, donde la empresa aplica el teletrabajo y solamente opera con el trabajador calificado³. Sus ventas obviamente son menores y solamente gana 9 que corresponden enteramente al trabajo calificado. Como todavía paga salarios al trabajo no calificado (no lo puede despedir por ley), su beneficio asciende a 2 en el periodo de cuarentena.

Si las ventas en un período de cuarentena han caído y todas ellas han sido generadas con el trabajo calificado parecería que lo lógico es despedir al trabajador no calificado, pero todo depende de cual sea la expectativa que se tenga a futuro. Adicionalmente, el gobierno preocupado por evitar que aumente el desempleo, decide dar un crédito a la empresa para que pague a todos sus trabajadores, aun así no estén trabajando.

La siguiente tabla resume los beneficios que se obtendrían bajo diferentes acciones que toma la empresa con respecto al trabajador no calificado, asumiendo que el costo de despedir es de 1 y la tasa de interés real es de 3%, la misma que se utiliza tanto para calcular el pago de intereses por el crédito como para descontar el tiempo, el cual se asume que es de dos períodos.

Tabla 1: Beneficios de la empresa

Fuente: Elaboración propia.

Es evidente que la decisión que se tome depende de cual sea el escenario laboral que se tenga en el período 2, el cual es incierto. Si se espera que la cuarentena siga o que el teletrabajo se mantenga, la mejor opción es mantener al trabajador hoy (sin pago) y despedirlo mañana. La imposibilidad de no pagarle un periodo y de despedirlo elimina esta opción y también la de despedirlo en el período 1. Es más todas las opciones con despido están vetadas, así que le queda la peor alternativa de todas que es mantenerlo y pagarle en ambos períodos.

Por el contrario, si el período 2 es un período de regreso a la normalidad, a la empresa le convendría mantener al trabajador no calificado en el periodo 1 (no pagado) y pagarle normalmente en el período 2. Como la ley no le permite tener al trabajador impago un período, tiene que buscar el segundo mejor que en este caso es una opción factible y es de nuevo mantener al trabajador no calificado en ambos períodos y pagado.

Note que bajo ninguna circunstancia es una opción beneficiosa para la empresa sacar un crédito para pagar sueldos, porque la empresa tiene un margen de utilidades que le permite pagar al trabajador no calificado, de hecho el trabajo calificado estaría de alguna manera subsidiando al trabajo no calificado (en este ejemplo). Si la empresa no tuviera ese margen de utilidades y pagar al trabajador calificado implicaría trabajar a perdida en el período de cuarentena, igual con crédito sus beneficios serían los mismos que sin crédito. El crédito o único que haría sería evitar que la empresa tenga perdidas en el periodo 1, pero que tenga más perdidas en el período 2.

El ejemplo es muy sencillo pero ilustra claramente lo siguiente:

  • Una política de protección al empleo, como la de otorgar créditos a las empresas para que paguen a sus trabajadores, nunca será una opción que tomen las empresas porque genera los mismos beneficios en caso de que la empresa pueda cubrir el salario del trabajador no calificado y en caso de no hacerlo, preferirá cerrar la empresa, porque el crédito lo único que hace es trasladar el problema de beneficios negativos en el tiempo.
  • La incertidumbre juega un rol fundamental. Una posición optimista hace que la opción de mantener al trabajador no calificado y pagado sea la mejor, si se considera el bienestar del trabajador (recibe un sueldo en un periodo que no trabaja).
  • Vetar la opción de despido y no pago a los trabajadores, afecta negativamente a la empresa si el escenario es pesimista. En todo caso ante un escenario pesimista, una empresa óptimamente procederá a cerrar.

En resumen, considerando que la posibilidad del  teletrabajo es reducido en Bolivia y la posibilidad futura de volver a una normalidad es todavía lejana (a fin de precautelar la salud), probablemente se vea en los próximos meses un aumento del desempleo entre los trabajadores no calificados (o un aumento de auto-empleos e informalidad frente a la falta de recursos económicos para alimentar a sus familias). Esto implica que se deberían buscar otras opciones, en vez de crédito a las empresas para proteger al trabajador no calificado.

A largo plazo, Bolivia debería fomentar más el trabajo calificado, de hecho es más productivo, para lo cual debería promover políticas de capacitación laboral e innovaciones que permitan ampliar el universo de teletrabajos.

Referencias:

¹ Dingel, J. y B. Netman. (2020) “How Many Jobs Can be Done at Home?”, White Paper, The Becker Friedman Institute, University of Chicago, April.

² Datos EMINPRO-INESAD (http://inesad.edu.bo/eminpro).

³ Se puede pensar que el personal no calificado es el personal de limpieza, que no tiene trabajo en una cuarentena.
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*Investigador Senior de INESAD, cmachicado@inesad.edu.bo

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El coronavirus y la extrema pobreza: el caso de las zonas urbanas de Bolivia

Por: Beatriz Muriel H., Ph.D.*

En las últimas semanas, varios organismos multilaterales han mencionado el problema de recesión que enfrentará América Latina y el mundo a raíz del coronavirus y su rápida propagación. Por esta enfermedad, una buena parte de la sociedad civil en varios países, entre éstos en Bolivia, demandó la urgencia de tener políticas públicas para frenar la propagación. En el país, la respuesta fue la limitación del movimiento de las personas y, después, la cuarentena de 25 días comenzando el 22 de marzo del 2020. Desde la perspectiva de una cara de la moneda, la cuarentena resplandece como la mejor solución al problema. Con todo −y sin desmerecer las ventajas de esta medida−, los economistas hemos aprendido a observar también la cruz del otro lado de la moneda; un aprendizaje no muy grato en esta particular coyuntura, pero que es importante apuntarlo.

Así, un primer y modesto paso es estimar la incidencia de la cuarentena sobre la extrema pobreza (o indigencia) en las zonas urbanas de Bolivia –sin desmerecer la relevancia de otras afectaciones–. La extrema pobreza es estudiada porque mide la posibilidad de consumir lo primordial en esta particular coyuntura; es decir, si los ingresos de los hogares pueden cubrir o no una canasta indispensable de alimentos. Las regiones urbanas son seleccionadas ya que presentan una dinámica laboral bastante menos estacional con relación a las áreas rurales −donde priman las actividades agropecuarias− y, por lo tanto, son más fáciles de ser estudiadas.

La Tabla 1 presenta un ejercicio sencillo de estimación de esta incidencia a partir de la Encuesta de Hogares 2018 (última base de datos pública). Los hogares han sido divididos por cuartil de ingresos del hogar (laborales y no laborales); desde aquellos con ingresos más bajos (1°) hasta los más altos (4°) –2,36 millones de familias y 7,90 millones de personas en total–. Cabe notar que las brechas (en promedio) de los ingresos per cápita entre los estratos son más altas que en el agregado; lo cual responde al hecho de que la tasa de dependencia –medida aquí como la razón entre los miembros que no trabajan y los ocupados a nivel hogar– es más alta (en promedio) en los estratos de ingresos más bajos. Los hogares en extrema pobreza se encuentran en el primer cuartil: el 23,0% de éstos ya tiene ingresos per cápita que no cubren una canasta mínima de alimentos (135,9 mil hogares y 571,1 mil personas), y el 82,6% son pobres.

Una implicación de la cuarentena de los 25 días es que muchos trabajadores no cuentan con ingresos laborales en estos días. Para identificarlos se ha supuesto que ellos son los que –en la ocupación primaria– no tienen ningún contrato firmado ni tampoco reciben aguinaldo. En contraste, los ocupados que no son afectados son aquellos que –en la ocupación primaria–: cuentan con ítem, con contrato de trabajo firmado con fecha de vencimiento, o no tienen ningún contrato firmado pero cuentan con aguinaldo. De esta manera se separa a aquellos trabajadores que no tienen empleador o tienen pero sin ninguna cobertura de la norma ni contrato firmado (los afectados) de los que tienen alguna protección laboral o que han firmado un contrato donde se podría negociar (hipotéticamente) todas las horas laborales perdidas a futuro. Una vez identificados a los trabajadores afectados, el siguiente paso ha sido estimar la proporción de reducción de sus ingresos mensuales de esta ocupación primaria por días (25 de 30,31 días) en los ingresos del hogar. A partir de esta aproximación, los hogares han sido también definidos con “vulnerabilidad alta”, cuando todos los miembros ocupados perciben perdidas en sus ingresos y, por lo tanto, los hogares “viven al día”.

Tabla 1: Indicadores a nivel hogar y estimaciones de la incidencia de la cuarentena y los bonos en los ingresos del hogar
(por mes)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Hogares de 2018.
Notas: (1) la tasa de dependencia es definida aquí como la razón entre los miembros que no trabajan y los ocupados a nivel hogar; (2) la población ocupada no asalariada es la que no recibe un salario propiamente dicho (i.e. es cuenta propia, cooperativista, jefe o socio que no recibe salario o trabajador sin remuneración); (3) hogares donde todos los que trabajan tienen una ocupación precaria.

La Tabla 1 muestra que el porcentaje de trabajadores cuyo jefe de familia es no-asalariado (i.e. no tiene un empleador) es, en general, alta; especialmente para el primer cuartil (63,5%). La tasa de vulnerabilidad es aún más alta −dado que incluye a aquellas personas que si bien tienen un salario, se encuentran en una situación laboral precaria−; pero, al igual que el caso anterior, disminuye a medida que el cuartil es más alto. El ajuste de los ingresos del hogar –por la pérdida de los ingresos laborales de los trabajadores con ocupaciones precarias– muestra una caída sustantiva; principalmente para aquellas familias con menores recursos (-53,6%).

En el ejercicio se incluye también, como parte de los ingresos del hogar, los bonos ofrecidos recientemente por el gobierno: i) el “bono familia” de Bs. 500, que será entregado a cada estudiante que curse los ciclos inicial y primario en una institución estatal o de convenio (un millón de niños y adolescentes en las zonas urbanas); ii) la “canasta familiar” de Bs. 400, que será entregada a las personas que reciben la renta dignidad –y ninguna otra renta o jubilación–, el bono Juana Azurduy o el bono por discapacidad (601 mil personas en las zonas urbanas).

De acuerdo a los cálculos, el “bono familia” llegará en mayor proporción a los hogares de menores ingresos (53,8%) que a los de mayores ingresos (6,8%); sin embargo, no cubrirá a todos los hogares más necesitados (1° cuartil). Un factor positivo es que aquellos hogares del primer cuartil beneficiados con el bono reciben también montos más altos, puesto que éstos tienen un número mayor de niños y adolescentes con las características requeridas. La “canasta familiar” llegará de manera parecida a los estratos analizados; una vez que beneficia a personas que se encuentran dentro del grupo más susceptible de complicaciones de salud frente al contagio del coronavirus.

Las estimaciones muestran que la inclusión de los bonos permite una recuperación, aunque parcial, de los ingresos del hogar; donde destaca el cuartil de ingresos más bajos, que en términos netos presenta la menor tasa de pérdida (-26,1%). No obstante, todavía muchos hogares –frente a la caída de sus ingresos– tienen recursos insuficientes para cubrir su canasta alimentaria: el 63,9% en el primer cuartil, 38,7% en el segundo, 19,2% en el tercero e incluso el 2,0% en el cuartil de ingresos del hogar per cápita más alto.

En conclusión, las estimaciones realizadas a partir de la encuesta de hogares (a pesar de sus limitaciones) llaman a reflexionar sobre la cruz de la otra cara de la moneda; que no es trivial. Si bien los hogares de los últimos dos estratos de ingresos (3° y 4°) pueden tener mayores posibilidades de cubrir su consumo con ahorros, el primer cuartil es el más crítico (con 63,9%, 377,5 mil hogares y 1,7 millones de personas, en extrema pobreza), puesto que ya corresponde a hogares de ingresos escasos, y muy probablemente muchos de éstos tienen bajos (o nulos) ahorros, así como dificultades para captar préstamos de corto plazo.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

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Es tiempo de potenciar el capital humano

Por: Osvaldo Nina B.*

La situación económica del país nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son las claves de un crecimiento económico sostenible e inclusivo?, ¿cómo incrementar la productividad?, ¿cómo cambiar la matriz productiva?, ¿cómo diversificar las exportaciones?, ¿cómo impulsar la transformación de la economía? Algunas de estas preguntas fueron respondidas parcialmente en foros económicos organizados por algunas instituciones. En esos espacios, unos expertos señalaron que el motor del crecimiento económico debe provenir de la inversión del sector privado, para eso requiere de reglas claras y un clima favorable. Otros propusieron que las ideas, pero no los recursos naturales, deben dar el impulso a la productividad y los negocios. En cambio, algunos mencionaron que la innovación y los emprendedores son la base para el desarrollo sostenible.

Existe un aspecto crítico en todas las propuestas presentadas, éstas suponen que el “capital humano” está disponible y es abundante para los cambios sugeridos, pero este recurso es escaso y tiene muchas limitaciones en nuestro país. Los datos de la Encuesta Continua de Hogares 2018, del Instituto Nacional de Estadística, muestran que el 14% de la población total tiene educación universitaria completa; pero lamentablemente, solo el 5% de estos profesionales ha logrado obtener un título de diplomado, maestría o doctorado. Es más, de acuerdo a los datos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), durante el período 2010-2015, en promedio, 80 mil jóvenes ingresaron al sistema universitario por año, pero únicamente el 33% de los estudiantes logró terminar y se graduó. Además, el número de titulados anualmente en las áreas de ingeniería y ciencias puras, quienes están enfocados en los avances científicos y tecnológicos, fue menor comparado a las áreas económicas, sociales y de salud, representando solo el 20% de los titulados en el sistema universitario (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Número de titulados por área de conocimiento

Fuente: Boletín Estadístico No. 5, CEUB.

En este momento, cuando el país tiene grandes desafíos como la industrialización, la automatización o la innovación, se requiere formar profesionales en las cuatro disciplinas claves para el futuro: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEMScience, Technology, Engineering and Mathematics). Es más, se debe reforzar el capital humano mediante un sistema de educación STEM, considerado como un enfoque científico interdisciplinario que utiliza métodos innovadores y alternativos de enseñanza y aprendizaje, tales como proyectos, prácticas de laboratorio, uso de información y herramientas tecnológicas, pero basado en aplicaciones y situaciones del mundo real. Esto permitirá, por un lado, formar científicos e innovadores y, por otro, promover la cultura científica en el país para que la ciencia y la tecnología formen parte de los avances sociales y las transformaciones económicas del país.

Particularmente, la educación STEM abarca un gran número de carreras distintas relacionadas con las matemáticas, la tecnología, la ciencia y la ingeniería, y tiene la finalidad de formar profesionales para incrementar la productividad, optimizar los procesos industriales y mejorar las transformaciones socioeconómicas, mediante la electrónica y robótica, el tratamiento de datos (big data), los sistemas inteligentes, la realidad virtual o la biotecnología. Como enfatiza Bill Gates: “No podemos mantener una economía innovadora a menos que tengamos personas bien entrenadas en ciencia, matemáticas e ingeniería”.

Por todo esto, todas aquellas propuestas socioeconómicas que proponen transformaciones económicas, diversificación, sofisticación o reconversión industrial para el logro de un mayor crecimiento económico sostenible e inclusivo, deben incluir estrategias y acciones concretas para reforzar el capital humano mediante el enfoque STEM en todos los niveles del sistema educativo, dado que es una condición necesaria para cualquier iniciativa que busca generar e incrementar el valor agregado de las actividades económicas y empresariales mediante la innovación y el uso de la tecnología.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Los ciclos económicos y los ingresos laborales en Bolivia

Por: Beatriz Muriel H. Ph.D.*

Los ingresos laborales –que agregan tanto los salarios de los empleados y obreros como los ingresos de los trabajadores independientes– pueden tener un desempeño pro-cíclico, a-cíclico o contra-cíclico con relación al desempeño de la economía. La pro-ciclicidad se da en los casos donde el aumento de la producción –en un escenario de bonanza–  promueve un mayor requerimiento de mano de obra, y, desde aquí, las remuneraciones se vuelven más atractivas. Aún más, en el caso de los auto-empleados, el auge económico favorece el consumo de su producción y/o ventas –e.g. ventas de ropa y comida rápida– e inclusive puede estar asociado con precios más altos –e.g. los bateadores de oro venden los gramos encontrados al doble o triple–. En contraposición, en los periodos de desaceleración o recesión, la producción y el consumo caen y los ingresos laborales se reducen.

En otros casos, los ingresos pueden ser a-cíclicos; es decir, no estar asociados con los periodos de bonanza o recesión económica. Este puede ser el caso donde, bajo la existencia de sindicatos, las negociaciones obrero-patronales determinan los niveles salariales para un mediano y largo plazo, o donde éstos son determinados por el Estado –e.g. en una economía planificada–. Sin embargo, éstos pueden ser también contra-cíclicos cuando los salarios nominales se ajustan lentamente frente a caídas en los precios agregados (contextos de deflación).

Bajo este marco, cabe preguntarse  ¿Cómo han evolucionado los ingresos laborales en Bolivia? ¿Han sido afectados por los ciclos económicos?

El Gráfico 1 presenta la trayectoria del ingreso laboral real en Bolivia–a precios de 2007, según el último año base del Índice de Precios al Consumidor–; considerando tanto el promedio agregado de toda la población ocupada como las respectivas medidas correspondientes a los trabajadores que reciben salarios y a los que son independientes.

Gráfico 1: Ingresos laborales reales, 2000-18

(En Bs. de 2007)

Fuente: Elaboración EMINPRO-INESAD, en base al Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuestas de Hogares 2000 al 2018.

A nivel agregado, entre 2000 y 2004, el crecimiento del PIB es bajo, 2,8% promedio anual, coincidente con un estancamiento de los ingresos de los trabajadores. En el periodo de expansión, 2005-2014, la tasa aumenta al 5,1% y los ingresos laborales reales lo hacen al 3,6% promedio anual. En los años de desaceleración, 2015-2018, el crecimiento del PIB cae a 4,2%; mientras que los ingresos bajan a una tasa de -2,6% (incluso llega al -3,4% anual en 2014-2018).  Este comportamiento muestra que los ingresos siguen, en alguna medida,  el desempeño de la economía; aunque se observa una pro-ciclicidad algo mayor para el caso de los trabajadores no asalariados (principalmente desde 2004).

Al respecto, Muriel y Vera (2015) estiman un modelo econométrico para el caso de Bolivia¹ aproximando los ciclos económicos con los componentes cíclicos de los precios agregados y del PIB; y calculan que el incremento del 1% en los precios de corto plazo aumenta los ingresos en 0,5%, y el incremento del 1% en la producción de corto plazo en 0,52%. Con todo, el crecimiento del 1% del PIB tendencial, o de largo plazo, también sube los ingresos laborales en un 0,4%.

Esta información muestra que los ingresos laborales han sido afectados por los ciclos económicos; por lo que frente a un periodo de bajo crecimiento –como el pronosticado para 2019-2020–  se esperaría también un bajo desempeño. Esta apreciación es particularmente importante para explicar también por qué la pobreza no se ha reducido en los últimos años; puesto que los ingresos laborales representan alrededor del 90% de los ingresos del hogar (los que son utilizados para medir la pobreza monetaria).

Referencias: 

¹ Muriel, H. B., y Vera C. H. (2015). Cycles versus trends: the effects of economic growth on earnings in Bolivia. Documentos de Trabajo sobre Desarrollo #08. La Paz, Bolivia: Fundación INESAD. Los autores suponen que el mercado laboral se rige bajo los principios de segmentación sectorial, y estiman un modelo de ingresos, considerando tanto variables de oferta como de demanda laboral. Los datos provienen de las encuestas de hogares de 1999 a 2012, de donde construyen un pseudo-panel para todo el periodo.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

VIH está incrementando en Bolivia, pero queda concentrado en pocos municipios

Por: Lykke E. Andersen* y Alejandra Gonzales**

Gracias al trabajo diligente del “Programa Nacional ITS/VIH/SIDA y Hepatitis Virales” en Bolivia, podemos presentar un buen resumen de la situación de VIH en Bolivia. El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humano) es un virus el cual puede conducir al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Lamentablemente el VIH en Bolivia se ha incrementado en las últimas dos décadas, sin embargo, aún continúa en un nivel bajo según los estándares internacionales, y está concentrado en un unos cuantos municipios.

En general, la prevalecencia de VIH es baja en Bolivia, con solo 0.3% de infectados entre la población 15-49 años (ver Mapa 1 de abajo)

Mapa 1: Prevalencia de VIH en 2017, por país

Sin embargo, la prevalencia de VIH ha estado incrementándose continuamente durante éste siglo. De acuerdo a datos comparables de ONUSIDA, la tasa de prevalencia de VIH en Bolivia se incrementó de 0.1% en edades de 15-49 años durante la década de los 90, a 0.2% a principios de los 2000, a 0.3% en la actualidad. (Ver la Figura 1, observe que la figura es interactiva, es decir, es posible añadir cualquier otro país para su comparación).

Figura 1: Prevalencia de VIH en Bolivia y el Mundo, 1990-2017

El 0.3% de la población en edad de 15-49 corresponde al 0.15% de la población total, ya que el grupo de edad de 15-49 años representa el 52% de la población total en Bolivia. 0.15% es equivalente a 1500 por millón de habitantes, ésta es la manera en la que se mide la prevalencia de VIH  en Bolivia.

Sin embargo, ya que el VIH no tiene cura, la prevalencia es el resultado acumulado de décadas de infección (menos las muertes). La incidencia de VIH es una medida alternativa que refleja de mejor manera lo que actualmente está pasando, ya que mide los nuevos casos de VIH por año por millón de habitantes.

La Figura 2 presenta la incidencia anual de VIH en Bolivia de acuerdo a los datos del “Programa Nacional ITS/VIH/SIDA y Hepatitis Virales.” Algunos de los incrementos en el tiempo pueden ser debido a una mejora en la capacidad de detección y diagnóstico, sin embargo es innegable que el número de casos de VIH se está incrementando continuamente. Con aproximadamente 10 mil nuevos casos detectados entre 2014 y 2017, ya no es un riesgo insignificante.

Figura 2: Incidencia Anual de VIH en Bolivia (por millón de habitantes), 1984-2017

Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA y Hepatitis Virales.

El Mapa 2 muestra el promedio anual de incidencia de VIH a nivel municipal para el periodo 2014-2017. Más de 200 municipio no registraron ningún caso de VIH, los mismos que fueron pintados de verde. Los municipios pintados de rojo muestran la incidencia más alta, y por lo tanto es donde existe el mayor riesgo de contraer VIH.

Mapa 2: Promedio de incidencia anual de VIH, 2014-2017, por municipio

Fuente: Elaboración de los autores en base a los datos del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA y Hepatitis Virales.

Los 10 municipios con el promedio anual de incidencia de VIH más alto de Bolivia durante el periodo 2014-2017 son los siguientes:

  1. Sopachuy – La Paz (686 casos por año por millón de habitantes)
  2. Tomina – La Paz (515)
  3. Puerto Villarroel – Cochabamba (509)
  4. Cochabamba (487)
  5. Santa Cruz de la Sierra (484)
  6. La Paz (446)
  7. Montero – Santa Cruz (435)
  8. Zudañez – La Paz (417)
  9. Trinidad – Beni (403)
  10. Ascensión de Guarayos – Santa Cruz (391)

Sin embargo, solo 5 municipios concentran más de tres cuartos de todos los nuevos casos de VIH registrados durante 2014-2017 (ver la Figura 3).

Figura 3: Distribución de nuevos casos de VIH registrados durante 2014-2017, por municipio

Fuente: Elaboración de los autores basado en datos del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA y Hepatitis Virales.

Los hombres tienen aproximadamente el doble de probabilidad de contraer VIH que las mujeres. El único grupo de edad donde las mujeres tienen mayor probabilidad de contraer VIH que los hombres, es en el grupo de 14-19 años. La Figura 4 muestra la distribución de todos los casos de VIH desde 1984 a 2017, por edad y género.

Figura 4: Distribución porcentual de todos los casos notificados de VIH, 1984-2017, por edad y género

Fuente: Elaboración de los autores basado en los datos del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA y Hepatitis Virales.

Finalmente, si el VIH no es manejado de manera efectiva con tratamientos antirretrovirales, el VIH puede derivar en SIDA. En Bolivia, cerca del 10% de las personas con VIH llegan a desarrollar SIDA, pero la prevalencia del SIDA difiere substancialmente entre departamentos. En 2004, el departamento de Santa Cruz tuvo de lejos la prevalencia más alta de SIDA (126 personas con SIDA por millón de habitantes), sin embargo, lograron controlar su prevalencia, reduciéndola a 69 en 2013, aunque ha estado elevándose nuevamente en los últimos años. La situación es muy diferente en el departamento de Cochabamba, el cual tenía una baja prevalencia de SIDA en 2004 (26 personas con SIDA por cada millón de habitantes), pero esa tasa se ha multiplicado 16 veces, llegando a 410 personas con SIDA en 2017, de lejos la tasa más alta de cualquier departamento en Bolivia, la misma que no muestra señales de disminuir.

Figura 5: Prevalencia de SIDA, 2004-2017, por departamento

Fuente: Elaboración de los autores basado en datos del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA y Hepatitis Virales.

Si bien Bolivia tiene un programa dedicado a prevenir, monitorear y controlar el VIH, el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, está claro que no está funcionando de manera exitosa en todo el país. Un municipio que realmente se destaca en los datos detallados proporcionados por el Programa Nacional de ITS / VIH / SIDA y Hepatitis Virales, es Puerto Villarroel en el departamento de Cochabamba. No solo porque tiene una de las incidencias de VIH más altas en el país, y es el número 11 en cuanto al número absoluto de casos nuevos en 2014-2017, sino también porque las niñas jóvenes han sido especialmente afectadas. Mientras que las niñas de 15 a 19 años representan solo el 6.3% de los nuevos casos de VIH en el resto del país, en Puerto Villarroel representan el 45.1% de los casos.

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* Dra. Lykke E. Andersen, Directora Ejecutiva de SDSN Bolivia, Lykke.E.Andersen@sdsnbolivia.org.

** Alejandra Gonzales, Asistente de Dirección en SDSN Bolivia, Alejandra.Gonzales@sdsnbolivia.org.

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja la posición de sus instituciones o de INESAD. Este blog forma parte del proyecto «Atlas de los ODS en Bolivia a nivel municipal» que está siendo desarrollado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) a la cual INESAD pertenece.

Doble Aguinaldo ¿Bendición o Maldición?

Por Beatriz Muriel H., Ph.D*

En días pasados, el Presidente de Bolivia oficializó el pago del segundo aguinaldo para el año 2018. La medida deviene de la hipótesis de que frente a un entorno de crecimiento económico destacable, los trabajadores deben compartir los mayores ingresos de este desempeño; que se reflejan en los mejores retornos de las empresas.

Esta hipótesis se remonta a algo más de 150 años atrás, donde Marx dividió a los actores económicos en capitalistas, usualmente los que acaparan todas las rentas del negocio, y obreros. En su libro “El Capital” definió la plusvalía (p) como los beneficios del capitalista tras descontar todos los costos de producción: capital constante (c) derivado de los medios de producción e inversión, y capital variable (v) correspondiente al trabajo. De esta manera: p=m – c – v; donde m es el valor de la mercancía. Aún más, Marx determinó la tasa de plusvalía o explotación t=(p/v)´100; es decir que si p=100 y v=100 entonces la tasa de explotación sería del 100%. Bajo esta teoría, si p aumenta (e.g. por el supuesto resultado del crecimiento económico) entonces se deben tomar medidas para que v también aumente; caso contrario la tasa de explotación aumenta. Por este motivo el doble aguinaldo parecería ser una ¡BENDICIÓN! para los obreros.

Desde mi perspectiva, posiblemente coincidente con mucha gente, Marx fue un gran pensador para su época. Sin embargo, la ciencia económica ha avanzado de manera importante en los últimos 150 años y sería muy sesgado pensar que las relaciones obrero-capitalistas son actualmente “à la Marx”. Al respecto se pueden mencionar muchísimos aspectos, desde que estas relaciones no son lineales hasta que p puede ser una función creciente de v, pero en este artículo quiero enfocarme en algunos factores que son relevantes para el tema tratado.

En primer lugar, la división de las relaciones laborales entre obreros y capitalistas es poco aplicable al caso de Bolivia; ya que el mayor porcentaje (46,3%) de la población trabajadora es al mismo tiempo obrera y capitalista, i.e. cuenta propia, cooperativista o patrón trabajador (ver Gráfico 1). Para ellos, su ingreso laboral se confunde con su renta capitalista y no tiene sentido que se auto-paguen aguinaldo. Los trabajadores familiares y aprendices sin remuneración, que componen el 17,8%  de la población ocupada, no reciben ningún salario ya que trabajan usualmente en sus unidades productivas. Esto quiere decir que algo más de 64 de cada 100 trabajadores están totalmente al margen de cualquier normativa relativa al doble aguinaldo.

Bolivia: Trabajadores por Categoría Ocupacional y Tenencia de Aguinaldo, 2017

(Participación porcentual)

Fuente: Elaboración EMINPRO – INESAD en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares 2017.

 

Aún más, un 19,7% de los trabajadores asalariados no reciben aguinaldo -ya sean del sector público o del privado- ya sea porque trabajan a destajo o por contrato fijo, por lo que la aplicación de la medida se reduce a apenas el 16,2% de la población ocupada.

En segundo lugar, es importante saber que todas las variables de la ecuación de Marx (p, m, c y v) son endógenas; es decir, dependen unas de otras así como de otras variables económicas. Este hecho es fundamental porque, por ejemplo, es prácticamente imposible que los capitalistas puedan incrementar m, de tal manera que p aumente manteniendo c y v constantes. Un caso muy sencillo de entender esto es considerar que m es igual a las ventas de chompas (precio por cantidad), por lo que una mayor producción de estas necesariamente implica que se requieren más trabajadores y más capital y, por lo tanto, c y v aumentan. Además, en mercados competitivos p puede incrementar en un corto plazo pero regresa a su valor anterior al aumento de la producción, dadas las fuerzas del sistema económico (los incrementos de las diferentes variables se compensan).

El problema es entonces cuando se quiere aumentar v artificialmente, como el doble aguinaldo, lo que puede resultar ser una ¡MALDICIÓN! Esto ocurre principalmente porque el capital y el trabajo están relacionados; es decir, la mayor cantidad de chompas puede estar asociada a una mayor compra de máquinas de tejer y despidos (o no contrataciones) de trabajadores bajo la amenaza del pago del doble aguinaldo. Una segunda opción del capitalista puede ser internalizar este costo laboral adicional en el mismo salario en futuras contrataciones, de tal manera que este beneficio se diluye con peores condiciones para la población ocupada y mayor desempleo, auto-empleo o precariedad laboral.

Los datos apuntan a que el doble aguinaldo se ha constituido en un privilegio para pocos y en una maldición para muchos. Un ejemplo de ello es que, pese a que la economía sigue creciendo de manera destacable de acuerdo a datos oficiales, en el año 2012, antes de esta medida, más trabajadores recibían doble aguinaldo (18,2%). Claro está cabe hacer análisis de causalidad rigurosos para comprobar esta hipótesis.

*Directora ejecutiva e investigadora Senior de INESAD, bmuriel@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

Ciclos económicos, empleo y productividad en Bolivia

Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

Empleo y Productividad

La economía boliviana tiene el doble reto de aumentar el crecimiento en el empleo e incrementar la productividad laboral, para resolver en forma efectiva el problema de extrema pobreza en la que actualmente se encuentra una gran parte de la población. A nivel macroeconómico, el vínculo entre la pobreza y el crecimiento del producto puede ser conceptualizado en términos de la baja productividad promedio de la fuerza de trabajo, la cual a su vez se ve reflejada en bajos niveles de salarios reales y bajos niveles de ingresos de los trabajadores. Una baja productividad laboral promedio puede estar dada por una escasa dotación de capital por trabajador (bajos niveles de inversión) y por el uso de tecnología rezagada (bajos niveles de transferencia de tecnología), o bajos niveles de capacitación de la fuerza laboral.

Cuando en un país existen altas tasas de crecimiento económico, que conducen a incrementos sostenidos en la capacidad productiva, se generan oportunidades de empleo con mayores niveles de productividad. Esto permite a su vez una progresiva absorción de los desempleados y subempleados en actividades económicas en expansión, con niveles más altos de productividad. En este proceso, los pobres pueden ser capaces de aumentar su productividad e ingresos en sus ocupaciones actuales, o moviéndose a nuevas ocupaciones que requieran mayores calificaciones y/o mejor tecnología.

Cuadro 1

Crecimiento del producto, empleo y productividad en Bolivia (variaciones % promedio anual) Elaborado en base a información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares y Cuentas Nacionales)

Bolivia no ha podido generar esta dinámica virtuosa de crecimiento del producto, empleo y productividad, como puede observarse en el cuadro 1, incluso en los periodos de bonanza económica por los que atravesó recientemente el país.

Durante el periodo 2001-2005, años en los que la economía atravesó un periodo de crisis, la tasa de crecimiento promedio anual del producto total de la economía, medida a costo de factores, fue de 2,8%. Esta baja tasa de crecimiento se explica por las bajas tasas de crecimiento exhibidas en prácticamente todos los sectores de la economía y las caídas en el producto de la construcción y de servicios financieros y empresariales. Por otra parte, el empleo durante ese periodo creció a una tasa promedio anual de 3.2%, registrándose altas tasas de crecimiento del empleo en el sector de transporte & comunicaciones (10.4% promedio anual), minería e hidrocarburos (6.9%), manufactura (4.8%), y restaurant & hoteles (3.9%). Como resultado del mayor crecimiento en el empleo en relación al producto, durante ese periodo la productividad laboral a nivel global cayó a una tasa promedio anual de -0.4%, siendo los sectores que presentaron mayores caídas de productividad los de transporte & comunicaciones, construcción, minería & hidrocarburos, restaurant & hoteles, y manufactura. Debido a la crisis económica, durante este periodo se observó una creación de empleo de baja productividad.

Durante el periodo de la bonanza de precios altos de materias primas, 2006-2015, la tasa de crecimiento promedio del producto fue de 4.7% por año. Se registraron altas tasas de crecimiento del producto en sectores como minería e hidrocarburos (6.5% promedio anual), electricidad (5.6%), construcción (9.0%), transporte & comunicaciones (5.1%), servicios de la administración pública (5.9%). Por otra parte, la creación total de empleo durante este período creció a una tasa promedio anual más baja de 1.8%. El sector agropecuario mostró una tasa de crecimiento negativa de -1.0% promedio anual, explicada por la acelerada migración rural-urbana observada durante este periodo. Contrariamente, se registraron altas tasas de crecimiento del empleo en sectores como los de servicios financieros y empresariales (7.3% promedio anual), restaurant & hoteles (6.1%), servicios de la administración pública (6.3%) y construcción (5.6%). Otros sectores mostraron tasa de crecimiento del empleo más bajas, como la manufactura (1.2%), servicios sociales, comunales & personales (1.1%) y comercio (2.5%).  Debido al mayor crecimiento de producto en relación al empleo, durante este periodo la productividad laboral para la economía en su conjunto creció a una tasa promedio anual de 2.9%. Hubo crecimientos significativos en la productividad laboral en sectores como la agricultura (4.0% por año), debido a la caída del empleo en este sector, manufactura (3.6%), construcción (3.2%), este último sector debido al elevado crecimiento de su producto. Contrariamente, se presentaron caídas de productividad laboral en sectores como restaurant & hoteles (-3.0% en promedio), servicios financieros y empresariales (-3.3%) y servicios de la administración pública (-0.4%). Durante este periodo, debido a la bonanza por la que atravesó la economía, hubo una creación de empleos de mayor productividad.

En 2016 y 2017, se observa una caída en las tasas de crecimiento, como resultado de la caída en los precios de exportación de materias primas, lo que le restó dinamismo a la economía. Durante estos dos años, el producto total creció en promedio en 4.2% por año.  Esta desaceleración del crecimiento se dio principalmente en sectores relacionados a las exportaciones de materias primas, como minería e hidrocarburos, que en conjunto crecieron en promedio en 0.9% por año. Sin embargo, se mantuvieron altas tasa de crecimiento en sectores como la construcción, agropecuario, comercio, manufactura, restaurant & hoteles, y servicios de la administración pública. A pesar de la desaceleración de la economía, el empleo creció a una tasa promedio anual de 3.0%, debido a una mayor participación de la PEA en el mercado laboral. Se produjo un crecimiento importante en el empleo en las actividades agropecuarias (4.7% promedio anual), posiblemente para absorber la gran contracción en el empleo en la minería e hidrocarburos (-13.8%). Como resultado, la tasa de crecimiento de la productividad laboral se redujo a 1.2% promedio anual. Hubo aumentos significativos en el crecimiento de la productividad en sectores con bajo crecimiento o alta contracción del empleo, como la construcción, minería & hidrocarburos, y servicios de la administración pública. En resumen, durante estos dos años post bonanza hubo creación de empleo, aunque de menor productividad que el observado durante el periodo de la bonanza.

Elasticidad Empleo-Producto

Un indicador que mide la relación existente entre el crecimiento del empleo y del producto, es la elasticidad empleo-producto (el cambio porcentual del empleo ante un cambio porcentual del producto). Esto implica que cuando el crecimiento económico es intensivo en empleo, éste puede deberse a la expansión de sectores con una alta elasticidad empleo-producto. Sin embargo, es importante notar que la elasticidad refleja la inversa de la productividad laboral, por lo que una elasticidad mayor a la unidad implica que el crecimiento económico va a generar una caída en la productividad, mientras que una elasticidad menor a la unidad significa que la expansión del empleo está ocurriendo conjuntamente con un incremento en la productividad. Un incremento en la productividad podría conducir a una reducción en la elasticidad empleo del crecimiento.

Cuadro 2

Elasticidad Empleo-Producto

Fuente: Elaborado en base a información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares y Cuentas Nacionales)

El cuadro 2 muestra que, en el período 2001-2005, la elasticidad arco global empleo-producto fue 1.16, razón por la cual durante este período la productividad tendió a caer. Los sectores con elasticidad empleo-producto menor a la unidad, y que exhibieron incrementos de productividad, fueron: agropecuario, comercio, servicios sociales, comunales & personales, y servicios de la administración pública. Es interesante notar que los sectores que presentan elasticidades negativas muestran en este caso caídas de productividad (construcción y servicios privados y a empresas). Esto se debe a que estos sectores experimentaron caídas en el producto e incrementos en el empleo. Sin embargo, podrían existir casos de sectores, con elasticidades negativas, que presenten incrementos en la productividad, lo que ocurre cuando se dan aumentos en el producto con caídas en el empleo.

Durante el período 2006-2015, la elasticidad arco empleo-producto de la economía se redujo sustancialmente a 0.38, reflejando un incremento del producto mucho mayor al del empleo, lo que también explica el significativo aumento en la productividad laboral observado en este periodo. Los sectores que presentaron mayores aumentos de productividad—agropecuario, manufactura y construcción—fueron también los que exhibieron menores elasticidades empleo-producto. Por otra parte, los sectores con elasticidades altas experimentaron menores incrementos de productividad, como fue en general el caso de los sectores de servicios.

Finalmente, durante el periodo 2016-2017, la elasticidad arco aumentó a 0.71 para toda la economía, por lo que se redujo la tasa de crecimiento de la productividad. Nuevamente, los sectores de menor elasticidad, como ser la manufactura, construcción, restaurant & hoteles, servicios privados y a empresas, son los que presentan mayores crecimientos de productividad, y los sectores de mayor elasticidad—agropecuario, electricidad, gas & agua, comercio, servicios sociales, comunales y personales—son los que muestran menores tasas de crecimiento de productividad.

De lo anterior se desprende que, en el largo plazo, los cambios esperados en las elasticidades empleo-producto tiendan a caer gradualmente a medida que el país se vuelve más desarrollado y relativamente menos intensivo en el factor trabajo. Por ejemplo, un crecimiento del PIB de 5% por año y una elasticidad empleo-producto de 0.8 permitiría un crecimiento del empleo de 4%, superior a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo en Bolivia. Por lo tanto, un crecimiento sostenido de esta magnitud en un período relativamente largo, permitiría a la economía completar la llamada “transición de Lewis”, es decir, la absorción de la “mano de obra excedentaria” en los sectores modernos.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.