Macroeconomía

Por: Javier Aliaga Lordemann*

La unificación cambiaria en Bolivia no debe leerse solo como una corrección del precio del dólar. Es, también, el inicio de una nueva fase de ajuste macrofinanciero. El país llega a este punto después de semanas de bloqueos, inflación acumulada, pérdida de ingresos reales, recesión, escasez de divisas, presión sobre combustibles y una confianza económica muy deteriorada. Por eso, aunque la medida es necesaria para reducir distorsiones, no ocurre en condiciones normales.

El aspecto positivo de la unificación es que empieza a desmontar una ficción. Un dólar oficial bajo puede sostenerse un tiempo si existen reservas, confianza y capacidad de intervención. Pero el problema es que unificar el precio no equivale a crear dólares. El BCB (Banco Central de Bolivia) puede publicar un valor referencial más realista y permitir un spread formal para las operaciones bancarias, pero si no hay volumen suficiente de divisas, la unificación queda incompleta; a no ser que efectivamente se mantenga un tipo de cambio oficial que se ajuste al precio del mercado. La economía tiene un nuevo precio, pero sigue enfrentando escasez.

El riesgo central es que las reservas internacionales netas (RIN) pueden haber mejorado por el aumento del valor del oro y por la emisión de bonos soberanos, pero las reservas líquidas siguen siendo muy limitadas. Por eso, el mercado mira el número total de las RIN; liquidez de dólares en bancos, comercio exterior y pagos. La emisión de bonos soberanos por US$ 1.000 millones dio oxígeno, pero no resolvió el problema estructural. Es cierto que esos recursos permiten mejorar caja, fortalecer expectativas y ganar tiempo. Pero fueron emitidos a una tasa de 9,45% anual y a cinco años, lo que significa que el país compró liquidez cara. Esperamos que esos recursos sirvan como puente hacia un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional), una normalización de combustibles, una reducción del déficit y una reconstrucción gradual de reservas líquidas. Pero si se consumen en pagar atrasos, sostener importaciones, cubrir deuda flotante de combustibles, etc., el alivio puede evaporarse.

El riesgo macro más inmediato es que el ajuste se exprese menos como una gran devaluación visible y más como inflación, tasas altas y restricción crediticia. Bolivia ya venía con inflación importante en mayo, donde la inflación interanual llegó a 12,51%. Eso ocurrió antes de que todos los efectos del nuevo régimen cambiario se transmitan plenamente a precios. Además, la economía sale de bloqueos con inventarios dañados, costos logísticos altos y necesidad de recomponer mercadería. Cuando las empresas vuelven a operar, no solo venden lo que tienen; deben reponer inventarios al nuevo costo: no saben si el dólar se estabilizará o subirá a Bs 11 o volverá a abrir brecha, por eso podrían fijar precios de forma preventiva.

En ese contexto, el sistema bancario puede ser un canal muy importante del ajuste. Antes de la unificación, el spread oficial era bajo: aproximadamente Bs 6,86 para compra y Bs 6,96 para venta, es decir, Bs 0,10. Con el nuevo esquema, los valores referenciales recientes se ubicaron cerca de Bs 9,73 para compra y Bs 9,96 para venta, es decir, un spread formal de Bs 0,20. A primera vista, el spread formal se duplicó. Pero esa comparación es engañosa: durante la crisis cambiaria, la rentabilidad bancaria no dependía solo del spread oficial. Dependía de todo un ecosistema de escasez: brecha entre dólar oficial y paralelo, operaciones de comercio exterior, transferencias, comisiones, priorización de clientes, acceso a corresponsales y administración de liquidez. En pocas palabras los bancos tenían un mecanismo de apropiación de una “renta” cambiaria.

Ese es el verdadero cambio de modelo; porque: si la unificación funciona y reduce la brecha entre el dólar oficial, bancario y paralelo, una parte de la renta cambiaria extraordinaria de los bancos tendería a caer. El spread formal puede ser más alto, pero la ganancia efectiva por arbitraje y escasez podría ser menor. Antes, en un mercado racionado, el poder estaba en tener acceso a dólares, procesar pagos externos, aprobar transferencias y decidir qué cliente podía operar. Ahora, si el mercado se normaliza, ese poder debería desplazarse hacia una intermediación más tradicional: prestar, captar depósitos, cobrar comisiones transparentes y administrar riesgo. Esa transición no significa que los bancos necesariamente pierdan; significa que buscarán mecanismos para transitar a un nuevo modelo macro financiero.

Las utilidades recientes de la banca muestran utilidades de Bs 3.827 millones a diciembre de 2025, junto con depósitos de Bs 240.136 millones, cartera de créditos de Bs 229.576 millones, mora de 3,0%, liquidez elevada y solvencia por encima de los mínimos regulatorios. Es decir, el sistema llegó al ajuste con balances relativamente fuertes. Pero parte importante de esa rentabilidad está asociada a condiciones extraordinarias: escasez de dólares, comisiones, comercio exterior restringido, servicios financieros vinculados a la brecha y operaciones no recurrentes. Es claro que, si esas fuentes se normalizan, las utilidades podrían bajar desde niveles récord.

La respuesta más probable es que los bancos busquen compensar la pérdida de renta cambiaria con mayor margen financiero. Eso significa tasas activas más altas, comisiones más relevantes, créditos más selectivos, mayores garantías, plazos más cortos y preferencia por clientes de menor riesgo. El BCB ya muestra tasas monetarias elevadas: reporto a 15 días en torno a 12,75%, adjudicaciones de valores a 273 días alrededor de 10,4% y crédito Fondo RAL (Requerimiento de Activos Líquidos) cerca de 12,95%. Ese entorno valida un repricing general del dinero. Si el costo de liquidez sube y el riesgo macro aumenta, los bancos tendrán argumentos para cobrar más por prestar. Desde la óptica bancaria es racional; desde la óptica productiva puede ser recesivo,

El dilema de depósitos también será central. En una economía con inflación y riesgo cambiario, el ahorrista compara su depósito en bolivianos con el dólar, con bienes durables, con activos reales o con la posibilidad de retirar liquidez. Si la tasa pasiva no compensa la inflación esperada y el riesgo de devaluación, los depósitos en moneda nacional pueden acortarse, exigir mayor rendimiento o buscar cobertura. Para retener depósitos, los bancos pueden subir tasas pasivas. Pero si suben tasas pasivas, necesitan subir tasas activas para defender su margen. Si suben tasas activas, aumenta el riesgo de mora. Y si aumenta la mora, los bancos restringen crédito. Así, la estabilización cambiaria puede llegar a convertirse en contracción financiera. En este sentido es recomendable trabajar un marco más flexible en la operatividad de los bancos, y evaluar medidas como, por ejemplo, liberar tasas fijas y poner bandas máxima y mínima para no afectar la intermediación. Las empresas salen de bloqueos con necesidad de capital de trabajo, no con exceso de liquidez. Necesitan reponer inventarios, pagar proveedores, importar insumos, cubrir salarios, normalizar transporte y financiar ventas en un mercado débil. Pero justo cuando más necesitan crédito, los bancos pueden volverse más defensivos. Los clientes grandes, con garantías reales o flujos en dólares probablemente mantendrán acceso. Las PyME, pequeños importadores, comercio, transporte, construcción y consumo durable enfrentarán condiciones más duras.

En un escenario optimista, la brecha cambiaria baja, el mercado formal gana volumen, los bancos pierden parte de la renta extraordinaria por escasez, pero compensan con más operaciones formales, comercio exterior normalizado y una intermediación más sana. Las utilidades bajan algo frente al récord, pero siguen sólidas. En el escenario intermedio, que parece el más probable, la banca mantiene rentabilidad mediante tasas, comisiones y selección crediticia, pero la economía real paga el costo con menor crédito, más concentración y recesión más larga. En el escenario adverso, la unificación no logra confianza, la brecha paralela reaparece, los depósitos se tensionan, la mora sube, las previsiones aumentan y las utilidades bancarias sí se deterioran.

La clave, entonces, no será mirar solo si los bancos ganan más o menos, sino de dónde vienen sus utilidades: una rentabilidad sana sostenida por la normalización de la economía, o una rentabilidad sostenida por tasas más altas, comisiones, restricción de crédito, etc.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Beatriz Muriel H.* y Leonardo Betanzos S. **

La economía boliviana está siendo gravemente afectada por los múltiples bloqueos que comenzaron a inicios de mayo; con la destrucción de la riqueza, la caída de los ingresos laborales reales y de las utilidades de diversas empresas, el aumento de la pobreza y, aún más crítico, la mayor desconfianza para realizar inversiones –i.e. afectando el crecimiento en el futuro-. Este escenario se asemeja, en alguna medida, al periodo de cuarentena establecido a finales de marzo del año 2020 en el país, a raíz de la pandemia Covid-19; donde la interacción entre oferentes y demandantes –i.e. los mercados- fue quebrada. Con todo, durante la cuarentena no se observó la destrucción de los bienes públicos ni el bloqueo a los bienes de consumo esenciales.

Sin duda, a medida que vayan saliendo los datos socioeconómicos, será posible evaluar de mejor manera las afectaciones señaladas. Este artículo se enfoca simplemente en el análisis de la caída de los ingresos laborales reales de trabajadora de las ciudades principales –i.e. manteniendo todo lo demás constante–. Para esto se utiliza la última Encuesta Continua de Empleo (ECE), del tercer trimestre de 2025, y se supone que el ingreso laboral nominal no varía durante septiembre de 2025 a mayo de 2026; incrementándose en un 20% desde enero de 2026 solamente para los obreros del sector formal que perciben un salario mínimo. Estos ingresos son convertidos a valores reales utilizando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de acuerdo con las ciudades correspondientes. Este supuesto es razonable en el escenario de recesión económica boliviana; aunque optimista en el contexto de los conflictos sociopolíticos actuales.

La Tabla 1 presenta las variaciones acumuladas mensuales, ordenadas de mayor a menor caída. Cabe notar inicialmente que el incremento del salario mínimo no tuvo impacto importante en la tendencia de la caída de los ingresos; lo cual se debe a que son pocos los que cuentan con un empleo formal en el sector privado –menos del 10% de la población ocupada–, y, dentro de este nicho de trabajadores, no todos perciben un salario mínimo.

Fuente: Elaboración propia con base en la ECE III-2025 y el IPC (Instituto Nacional de Estadística).

Nota: ⁽¹⁾ Incluyen zonas periurbanas. Los ingresos corresponden a la ocupación principal.

A nivel nacional, los trabajadores son afectados por un menor poder adquisitivo por la inflación: los ingresos reales caen en -3,5% entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Resaltan La Paz, Potosí y Oruro con las mayores afectaciones; mientras que Pando, Beni y Santa Cruz son los menos perjudicados.

El Gráfico 1 presenta la variación mensual del ingreso laboral real por zonas geográficas, además del promedio nacional. Entre abril y mayo del 2026, los bloqueos ocasionaron una pérdida significativa de los ingresos reales (-1,6%).  En el Altiplano, La Paz sufrió la caída más severa, del -5,1%.

Gráfico 1. Variación mensual del ingreso laboral real para ciudades capitales⁽¹⁾

CIUDADES DEL ALTIPLANO

 

CIUDADES DE LOS LLANOS

CIUDADES DE LOS VALLES

Fuente: Elaboración propia con base en la ECE III-2025 y el IPC (Instituto Nacional de Estadística).  Nota: (1) Incluyen zonas periurbanas.

En contraste, en los Llanos; Pando y Beni presentan menores disminuciones en sus ingresos reales (-1,0% y -0,7% respectivamente) más bajos que el promedio nacional. Inclusive en Santa Cruz los ingresos aumentan en 0,1% como resultado de una deflación –dada la sobreoferta de productos que no encuentra su demanda por los bloqueos-.

Por último, en la región de los Valles; Chuquisaca y Cochabamba tienen caídas menores al promedio nacional, de -0,5% y -0,9% respectivamente. Sin embargo, en Tarija los ingresos cayeron en un porcentaje más alto al nacional (-2,2%), lo que se explica principalmente por el encarecimiento de los productos alimenticios (5,7%) teniendo que enfrentar alrededor de 20 bloqueos.

En resumen, este primer ejercicio explicita la disminución de los ingresos laborales reales debido al aumento de los precios. Este escenario de deterioro es, sin duda, optimista; considerando que los mercados se deprimieron, afectando fuertemente la dinámica económica.

Bajo la información analizada, resulta particularmente paradójico que uno de los principales grupos responsables de los bloqueos sea el sindicato de trabajadores; una organización que, en teoría, debería velar por el bienestar de ellos. Lejos de cumplir ese propósito, estas acciones están contribuyendo a la destrucción de ingresos laborales, al deterioro de las condiciones de vida de miles de familias y a la profundización de la recesión económica. En los hechos, los costos de los bloqueos recaen principalmente sobre los propios trabajadores, especialmente aquellos más vulnerables, cuyos ingresos dependen de la continuidad de sus actividades productivas y comerciales.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, bmuriel@inesad.edu.bo

* * Asistente de investigación de INESAD, lbetanzos@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Javier Aliaga Lordemann*

Más de 40 días de sufrimiento

Los bloqueos comenzaron a inicios de mayo, en medio de una crisis social marcada por reclamos sobre costo de vida, salarios, combustibles, educación, etc. Con el paso de los días, la protesta escaló a cortes de ruta en varios departamentos y terminó afectando el aprovisionamiento de alimentos, combustibles, transporte y atención médica. Pero antes de hablar de impacto económicos, ante todo hay que reconocer el costo humano: personas fallecidas, transportistas varados, familias angustiadas, pacientes en riesgo, trabajadores sin ingreso diario, productores perdiendo mercadería y episodios de violencia. Esa dimensión es una tragedia que no se puede medir; por eso aquí nos enfocamos en medir el costo económico del bloqueo y sus consecuencias “el día después”.

Cuando se bloquea una carretera, no solo se detiene el tráfico; también se detiene una parte de la economía que depende de esa ruta. En Bolivia, como lo sabemos todos, un bloqueo puede convertirse rápidamente en un problema económico nacional. La carretera sigue existiendo, con algunos raspones – igual las ciudades – pero lo importante es que estas dejan de prestar su servicio económico, que es principalmente la conectividad. Estimamos que el costo económico de los bloqueos podría superar los US$ 2,207 millones durante esto largo período de más de 40 días de sufrimiento y contando, a continuación, justificamos detalladamente el porqué.

¿Cuáles son sus mecanismos de transmisión?

El impacto de un bloqueo se transmite por varias vías. La primera es la producción: una planta, un mercado o un productor pueden estar listos para operar, pero si no llegan trabajadores, combustible o insumos, la actividad cae. La segunda es el consumo: si llegan menos productos a las ciudades, los precios suben y los hogares pierden poder de compra. La tercera es la logística: cada hora de espera de un camión tiene costo. La cuarta es el empleo: muchos trabajadores viven del ingreso diario. La quinta es la riqueza: los inventarios perecederos, el capital de trabajo y la confianza comercial pueden perderse de manera permanente. La sexta vía es la productividad: aunque algunas personas y empresas logren seguir trabajando, lo hacen peor y más lento.

Costo económico ≈ producción que no se genera + consumo que se encarece + logística que se rompe + ingresos laborales que se pierden + riqueza que se deteriora + efectos en la cadena de valor + pérdida de productividad

La “criticidad” pesa más que el número de bloqueos

Contar puntos de bloqueo ayuda, pero no basta. Tres bloqueos ubicados en corredores troncales pueden hacer más daño que veinte bloqueos en rutas secundarias. Lo decisivo es la criticidad de la ruta: cuánto flujo mueve, qué valor económico transporta, si conecta regiones productivas con mercados, si permite el paso de combustible o alimentos, y si existen rutas alternativas razonables. Mientras menor sea la capacidad de desvío, más alta la criticidad.

Impacto económico de una ruta bloqueada ≈ duración del cierre × criticidad de la ruta × PIB expuesto × capacidad de desvío.

 

Por eso, un corte en un eje que conecta La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz puede afectar alimentos, combustibles, transporte interdepartamental, comercio y producción al mismo tiempo. Por ejemplo, Cochabamba, pesa por su PIB departamental y su función como nodo entre occidente y oriente. La Paz pesa por su densidad urbana y abastecimiento. Santa Cruz pesa por su agroindustria, comercio y exportaciones. La ABC, informó como “pico” 103 puntos de bloqueo el 2 de junio de 2026 y 93 puntos en seis departamentos el 8 de junio. A partir de los 50 puntos de bloqueo el país entra en “criticidad máxima”, porque se afecta la red vial fundamental y accesos periféricos clave, se hace por capas. Bolivia vive un episodio, donde el 43% del tiempo de este conflicto se padeció estrés vial severo.

¿Cuál es el costo por el lado de la producción?                                                                                                                                         

La pérdida de producción se aproxima mirando cuánto produce normalmente cada departamento por día y qué parte de esa actividad quedó afectada. Si un territorio genera valor todos los días y una fracción de su economía no puede operar por falta de movilidad, esa fracción se convierte en producción no realizada.

Pérdida de PIB departamental ≈ PIB diario del departamento × días equivalentes de afectación × proporción de actividad afectada × criticidad logística.

¿Cuál es el costo por el lado del consumo?

El consumidor es uno de los grandes afectados: cuando los bloqueos reducen la llegada de alimentos o combustibles, la oferta disponible cae; las familias siguen necesitando comprar, los precios suben y las personas pierden tiempo en colas. El costo no es solo pagar más; incluye consumir menos, buscar productos o cambiar alimentos frescos por alternativas más caras o de menor calidad, y también la muy olvidada pérdida de productividad laboral.

Sobrecosto de hogares ≈ cantidad comprada durante el bloqueo × diferencia entre precio durante el bloqueo y precio normal + pérdida por productividad.

 

Inflación: el canal que sienten todos los hogares: La inflación aparece cuando el bloqueo se transforma en escasez. Una ciudad puede tener demanda estable, pero si entran menos verduras, carne, pollo, frutas o combustible, el precio sube. El efecto puede ser temporal, pero en este caso tenemos al menos un 43% de criticidad máxima; reduciendo el poder adquisitivo, y muchos hogares están des acumulando sus ahorros. Además, si transportar cuesta más, no hay gasolina y hay especulación, también sube mucho más el precio final de otros bienes, por eso muchos proponen programas de alivio, reprogramaciones financieras, refinanciación, etc., nada de eso es gratis.

El dato duro es que durante mayo el IPC nacional subió 2,13% en un solo mes, la inflación acumulada llegó a 2,62% y la interanual alcanzó 12,51%. El golpe fue más fuerte en La Paz-El Alto, donde los precios subieron 5,41%, reflejando la presión de los bloqueos sobre alimentos, transporte y abastecimiento. Por eso el daño se ve en la producción perdida y en el bolsillo de las familias. Para junio esperamos más de lo mismo, pero sobre una base más deteriorada.

La pérdida de productividad es uno de los costos más silenciosos del bloqueo

El bloqueo también le roba tiempo productivo a la gente. Solo en La Paz, la población económicamente activa puede aproximarse en 1,3 millones de personas. Si cada una pierde entre una y dos horas diarias en transporte más lento, filas, búsqueda de alimentos o combustible y reprogramación de actividades, en más de 40 días se acumulan entre 52 y 104 millones de horas perdidas. Valorar ese tiempo no es sencillo: en el caso de un trabajador formal, muchas veces quien absorbe la pérdida inmediata no es el trabajador -que puede seguir recibiendo su salario- sino la empresa, porque paga horas menos productivas, entregas retrasadas, turnos incompletos o tareas que se hacen más lentamente; es decir, el efecto puede ser mayor que solo monetizar horas perdidas de trabajo. Esa referencia horaria puede ubicarse cerca de una fracción del salario mínimo horario, unos Bs 10-13 por hora. En cambio, para trabajadores informales, independientes o de bajos ingresos, donde el tiempo perdido sí suele traducirse directamente en menor ingreso diario, una referencia más prudente puede ser Bs 5 por hora. Con ese valor conservador, la pérdida estaría entre Bs 260 millones y Bs 520 millones, es decir, entre US$ 37 -75 millones, equivalentes a US$ 0,9 – 1,9 millones por día y cerca de 0,08% a 0,16% del PIB anual. Esta es obviamente una aproximación gruesa, pero es un intento de mostrar algo importante: aun cuando la economía no se detiene por completo, millones de pequeñas pérdidas de tiempo terminan convirtiéndose en una pérdida real inmensa de productividad, en un país con baja productividad laboral.

Vamos a lo concreto: ¿Cuánto costará este bloqueo?

Calculando “bastantes” cosas: la tabla muestra tres niveles de afectación: moderado, intermedio y severo. Un impacto moderado podría darse con pocos días de bloqueo y cortes parciales; pero cuando la interrupción supera los 40 días, afecta varios departamentos, presiona el abastecimiento y golpea precios, producción y empleo, ya no estamos ante un caso moderado. Por la duración y la intensidad observadas, Bolivia se ubica entre el rango intermedio a severo: no toda la economía se detuvo, pero la red vial quedó lo suficientemente comprometida como para generar pérdidas grandes, daños difíciles de recuperar y destrucción de empleo y riqueza (Véase, Tabla 1).

Tabla 1: Costo económico total del bloqueo (sin pérdidas de productividad)

Fuente: Elaboración propia

Veamos el escenario intermedio: la pérdida no se distribuye de forma uniforme, tiene peso geográfico. La Paz concentra una pérdida directa estimada de US$ 239,1 millones, porque combina tamaño económico, concentración urbana y fuerte presión sobre abastecimiento, combustibles y servicios. Cochabamba registra una pérdida de US$ 211,5 millones, no solo por su actividad interna, sino porque funciona como nodo logístico nacional entre occidente y oriente. Santa Cruz muestra una pérdida estimada de US$ 101,3 millones: aunque la afectación directa puede ser menor, su peso agroindustrial, comercial y exportador hace que cualquier interrupción tenga un costo elevado. Finalmente, Oruro, Potosí y Chuquisaca, suman cerca de US$ 192,7 millones, por su importancia en tránsito, minería, etc.

En Bolivia, no es novedad que una parte importante de los ingresos depende del día trabajado. Si el bloqueo se prolonga, las empresas empiezan a consumir capital de trabajo, postergar pagos, reducir personal o cerrar temporalmente. La destrucción de riqueza es todavía más seria: una venta perdida puede recuperarse después, pero un inventario de alimentos dañado no. Tampoco se recupera fácilmente la confianza de un cliente.

Por eso el costo socioeconómico de la Tabla 1, mira más allá del flujo diario y toma en cuenta inventarios, liquidez, activos, etc. En orden de magnitud: pensemos que antes de la nivelación de precios a los carburantes, la subvención a la gasolina y diesel era de unos US$ 2.912 millones; en magnitud la pérdida económica total del bloqueo podría ser más de 75% de este subsidio. En otras palabras, en pocas semanas de bloqueo Bolivia habría perdido hasta tres cuartas partes de lo que gastaba en todo un año para subsidiar combustibles.

¿Cómo sería el día después que el bloqueo termine?

El conflicto aún no ha terminado y cada día adicional sigue aumentando la factura. El daño directo crece de forma casi lineal: una economía que deja de producir alrededor de US$ 29 millones por día; en 50 días perderíamos unos US$ 150 millones más, y así según cuanto se tarde. Pero el daño “indirecto” no crece igual: se acumula, se retroalimenta, se amplifica y puede llegar por masa crítica a un punto de quiebre, ese es el verdadero peligro.

Sun Tzu en El Arte de la Guerra decía: “una guerra prolongada termina destruyendo la victoria” y “el supremo arte es someter al enemigo sin luchar”; no pienso que seamos enemigos; pero sí que apostar por el desgaste “podría” producir una victoria con un amargo sabor a derrota: debilidad institucional, conflictos periódicos, reformas postergadas y una economía en colapso; este es un conflicto que se podía gestionar antes que empiece. La pregunta es: después que este conflicto pase, pensemos dirimido por cansancio ¿qué impide que en el próximo volvamos a parar el país otros 30 o 40 días? Porque plata para bloquear parece que hay, normalizar esta estrategia de desgaste puede resultar fatal.

También la filosofía oriental recomienda “no revivir un Dragón dormido” ni “multiplicar los enemigos en tiempo de guerra”, hablo de una COB sin rumbo – revivida como Lazaro, o de un Evo Morales marginado, que despotrica a los cuatro vientos; o de una oposición que se la pensará dos veces antes de volver apoyar medidas que no llegan nunca.

Después de farrearnos el país 20 años, viene la resaca, al despertar nos damos cuenta: que el Estado rentista ya no existe. Pero “intereses” incapaces de aceptar esa realidad, quieren seguir intentando exprimir las ubres de una vaca famélica a punto de morir, y sin ideas claras de cómo “hacer otra cosa distinta a lo que ya se ha hecho por décadas”. En esa ruta el “poder constituido” y la democracia se vuelven un pálido reflejo de lo que deberían ser; y no tengo claro quiénes son los que realmente se están enfrentado tras bambalinas.

Ese es el triste legado de una economía rentista del gas, que termino desindustrializando Bolivia: vivimos los síntomas, y como respuesta a esta desazón, salimos a bloquear el país hasta las últimas consecuencias, con gallos, pollos y chivos, que se transforman en cosas raras que no entendemos, como si fuera un cuento de ficciones demenciales, digno del gran escritor Jorge Luis Borges.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Osvaldo Nina Baltazar*

Durante años, Bolivia pareció mantener una estabilidad financiera poco común en América Latina. La inflación permaneció relativamente controlada, el tipo de cambio se mantuvo fijo y el sistema bancario avanzó hacia una elevada bolivianización, con más del 95% de la cartera y los depósitos denominados en moneda nacional. Sin embargo, detrás de esta aparente estabilidad comenzaron a acumularse tensiones importantes: caída de reservas internacionales, escasez de dólares y expansión de un mercado paralelo de divisas que refleja crecientes desequilibrios cambiarios.

Un indicador de estabilidad financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra hasta qué punto estas tensiones están modificando el comportamiento del sistema bancario boliviano. Desde 2024, los ingresos provenientes de operaciones en mercados financieros aumentaron abruptamente, pasando de niveles inferiores al 10% del ingreso total entre 2017 y 2023 a más del 40% en 2025, muy por encima de los registrados en otros países de la región.

 

A primera vista, el dato puede parecer técnico. En realidad, revela un cambio profundo en la estructura de rentabilidad bancaria. Tradicionalmente, los bancos generan utilidades mediante la intermediación financiera: captan depósitos y otorgan créditos obteniendo ingresos a partir del diferencial de tasas de interés. Pero las cifras recientes sugieren que las entidades bolivianas dependen cada vez más de operaciones financieras y cambiarias para sostener sus ganancias.

En Bolivia, estos ingresos no provienen principalmente de sofisticadas operaciones bursátiles típicas de economías con mercados financieros desarrollados. Más bien, parecen estar asociados a ganancias por operaciones de cambio y arbitraje, así como a operaciones vinculadas a moneda extranjera en un contexto de creciente escasez de dólares.

Aunque oficialmente Bolivia mantiene un régimen de tipo de cambio fijo, en la práctica la economía comenzó a operar bajo una dinámica más flexible. La dificultad para acceder a divisas impulsó la expansión de un mercado paralelo o “blue”, donde el tipo de cambio se determina por oferta y demanda. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo genera oportunidades de arbitraje financiero y modifica los incentivos de las entidades bancarias.

Lo más relevante es que este fenómeno ocurre a pesar de la elevada bolivianización del sistema financiero. A diferencia de crisis pasadas en América Latina, la vulnerabilidad actual no proviene principalmente de descalces cambiarios dentro de los balances bancarios. El problema parece encontrarse en otro lugar: la creciente dependencia de ingresos financieros más volátiles y menos recurrentes.

Las ganancias derivadas de operaciones cambiarias y financieras suelen depender de condiciones temporales del mercado, de expectativas sobre el tipo de cambio y de restricciones de liquidez. En periodos de tensión cambiaria, estas operaciones pueden resultar altamente rentables, pero también exponen al sistema financiero a mayores riesgos si las condiciones macroeconómicas empeoran o si las distorsiones cambiarias se profundizan.

El cambio observado podría reflejar además un debilitamiento gradual del negocio tradicional de intermediación. La desaceleración económica, la menor disponibilidad de dólares y las presiones de liquidez reducen la capacidad de expansión del crédito y afectan los márgenes financieros. Frente a ello, los bancos tienden a buscar nuevas fuentes de rentabilidad fuera de la actividad crediticia convencional.

Desde una perspectiva macroprudencial, esta transformación merece atención. Las crisis financieras rara vez surgen de manera repentina; generalmente comienzan con cambios graduales en los incentivos y en la estructura de ingresos del sistema bancario. Un incremento acelerado de ingresos provenientes de operaciones financieras puede ser una señal de mayor exposición al riesgo de mercado y de creciente fragilidad en el modelo tradicional de banca.

Bolivia aún no enfrenta una crisis bancaria. Sin embargo, el extraordinario aumento de ingresos asociados a operaciones financieras sugiere que el sistema bancario se está adaptando a un entorno económico cada vez más distorsionado. Lo que hoy parece una fuente temporal de rentabilidad podría convertirse mañana en una nueva vulnerabilidad macrofinanciera.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Osvaldo Nina Baltazar*

El cambio del año base del Producto Interno Bruto (PIB) en Bolivia -de 1990 a 2017- constituye una de las transformaciones estadísticas más importantes de las últimas décadas. Su relevancia no radica solamente en actualizar la medición del crecimiento económico, sino en redefinir la lectura analítica de la estructura productiva del país. La adopción del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), la incorporación de encuestas económicas recientes, una mejor medición del sector servicios y la reclasificación productiva permiten retratar con mayor fidelidad una economía que ha cambiado profundamente desde los años noventa.

Un aspecto metodológico central es que el INE presenta la participación sectorial del mismo año (2017) calculada con ambas bases: la antigua (1990) y la nueva (2017). Esta comparación constante permite aislar el efecto metodológico y observar cómo la estructura productiva “medida” cambia, aun cuando la economía real es exactamente la misma. El resultado es una recomposición significativa que no expresa transformaciones reales de corto plazo, sino correcciones estadísticas y actualizaciones estructurales que alinean el sistema contable con la economía contemporánea.

La comparación entre ambas bases muestra un patrón claro: la economía boliviana de 2017 es menos primaria y más urbana-servicial de lo que sugería la base 1990 (ver gráfico). La fuerte caída relativa de agricultura y transporte -sectores que pierden entre 3 y 4 puntos porcentuales- revela que la antigua estructura sobrestimaba su peso debido a limitaciones metodológicas, precios base antiguos y menor cobertura estadística. Por otro lado, el aumento de comercio y construcción indica que el dinamismo urbano, la expansión de servicios y la formalización gradual de unidades económicas tuvieron un peso mayor del que la base antigua podía captar. Más que un cambio económico repentino, la nueva base nos muestra una radiografía más precisa de la Bolivia que efectivamente existe.

Este ajuste metodológico también aclara la posición de la administración pública. Su reducción de 14,7% a 12,8% del PIB no debe interpretarse como un achicamiento del Estado, sino como una forma más rigurosa de medir el valor agregado no de mercado conforme al SCN 2008. Se corrigen distorsiones habituales en bases antiguas, donde el valor agregado del sector público tendía a ser sobrestimado por la estructura de costos y la ausencia de mediciones diferenciadas por función.

Un elemento clave que acompaña este cambio de base es la actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP). La MIP 2017 ofrece una visión detallada de cómo se articulan los sectores entre sí: qué ramas proveen insumos a otras, cuáles son los multiplicadores de producción, qué sectores generan mayor demanda intermedia y dónde se ubican los encadenamientos críticos. Su actualización es indispensable porque la estructura productiva de 1990 ya no reflejaba los patrones actuales de integración productiva, especialmente en manufacturas, servicios empresariales, logística y comercio moderno. Con una MIP renovada es posible analizar cuellos de botella, identificar sectores con mayor capacidad de arrastre y diseñar políticas industriales basadas en evidencia y no en intuiciones heredadas.

Estas transformaciones tienen implicaciones profundas para las políticas públicas. Por un lado, revelan que durante más de veinte años los diagnósticos sectoriales se apoyaron en ponderaciones que no reflejaban la estructura real de la economía. Esto pudo haber llevado a priorizaciones erróneas, subestimación del papel de los servicios, sobreestimación del sector primario y a una lectura distorsionada del tamaño relativo del sector público. Por otro lado, la nueva base resalta la importancia de abordar políticas de productividad urbana, formalización, logística, innovación y servicios modernos, que hoy explican una parte sustancial del valor agregado nacional.

En síntesis, el cambio del año base no modificó la economía real, pero sí transformó la manera de comprenderla. La nueva estructura productiva obliga a actualizar diagnósticos, replantear prioridades sectoriales y formular políticas coherentes con la economía existente, no con la que reflejaban estadísticas ancladas en 1990. Toda agenda de desarrollo que aspire a ser efectiva deberá partir de esta nueva fotografía estadística y de los encadenamientos que revela.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

El déficit fiscal ha sido el factor que más contribuyó a generar la profunda crisis económica en la cual se encuentra la economía boliviana. En el periodo 2015 a 2024, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) ha sido en promedio anual de 8.7% del PIB. Estos déficits han sido mayoritariamente financiados por fuentes internas (aproximadamente en un 80%). Del total del financiamiento interno, aproximadamente un 80% provino del Banco Central, y el resto de otras fuentes, principalmente, de la colocación de bonos del TGN en los fondos de pensiones.

En 2025, el gobierno ha continuado con la política de mantener un elevado déficit fiscal, y de financiarlo principalmente a través de fuentes internas (Banco Central y fondos de pensiones). Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) no ha publicado a la fecha ningún dato sobre las operaciones del SPNF para este año, a pesar de la importancia y necesidad de contar con esta información, para hacer un seguimiento al desempeño de la economía, especialmente en la coyuntura actual, cuando se aproxima un cambio de gobierno, y serán las nuevas autoridades las encargadas de corregir este significativo desequilibrio.

Sin embargo, es posible realizar una estimación del déficit fiscal para 2025, a partir de los datos disponibles sobre la evolución de la deuda pública, externa e interna, publicados por el Banco Central y el Ministerio de Economía hasta el mes de julio. De acuerdo a esta información, en el periodo enero-julio 2025, el SPNF ha recibido un financiamiento total de US$ 2.604 millones (4.64% del PIB), monto que sería equivalente al déficit fiscal incurrido durante este periodo. Como ha sido la tendencia de los últimos años, el financiamiento provino mayoritariamente de fuentes interna (4.25% del PIB), de los cuales US$ 1.191 millones (2.12% del PIB) fue financiamiento del BCB y US$ 1.196 millones (2.13% del PIB) de fuentes privadas, principalmente por los fondos de pensiones. El financiamiento externo neto fue de solo 0.39% del PIB (US$ 218 millones), de los cuales US$ 764 millones fueron nuevos desembolsos y US$ 547 amortizaciones.

 

                          Financiamiento estimado al SPNF a julio 2025 (flujos)

	Millones US$	% del PIB
Deuda Interna	2,387	4.25
Privada	1,196	2.13
BCB	1,191	2.12
Deuda Externa	218	0.39
Desembolsos	764	1.36
Amortizaciones	547	0.97
Total	2,604	4.64

Fuente: elaborado con base en información del MEFP y BCB

 

La pregunta es ¿A cuánto podría llegar el déficit fiscal para todo el año 2025, dado el déficit alcanzado hasta julio? El siguiente gráfico nos muestra, en primer lugar, que el déficit para el periodo enero-julio ha ido aumentando en los últimos años. En segundo lugar, se observa que la mayor parte del déficit se genera en la segunda mitad del año, debido a que una mayor parte de los gastos públicos, están concentrados en los últimos meses del año, como es el caso del pago de aguinaldos. Por este motivo, se esperaría que el déficit fiscal para el año 2025, se sitúe en niveles similares o superiores a los alcanzados en los años 2023 y 2024, es decir, superiores a 10% del PIB.

 

Déficit del SPNF anual y al mes de julio de cada año

(Porcentaje del PIB)

                                  Fuente: elaborado con base en información del MEFP y BCB

                                               * estimado

 

El elevado déficit fiscal observado hasta julio 2025, nuevamente tendrá el efecto de aumentar la deuda pública, que ha venido creciendo en forma sostenida en los últimos años. A julio 2025, ésta alcanza a US$ 44.060 millones, de los cuales US$ 30.289 millones son deuda interna y US$ 13.770 millones son deuda externa. Es interesante observar que, a pesar que la deuda pública ha continuado creciendo en términos absolutos durante 2025, ésta presenta una significativa caída en términos de porcentaje del PIB. Esto se debe a que, la deuda interna está denominada principalmente en bolivianos, y no se encuentra indexada al dólar ni a la inflación, mientras que el PIB nominal ha continuado creciendo a tasas cada vez mayores, debido a la mayor inflación que está experimentando la economía boliviana, aunque la tasa de crecimiento real del PIB se hace cada vez más baja.

 

Deuda del SPNF

(Millones US$)

	2022	2023	2024	A julio 2025
Deuda Interna	17,266	22,551	27,903	30,289
Privada	6,805	8,025	9,380	10,576
BCB	10,462	14,525	18,523	19,714
Deuda Externa	13,300	13,588	13,345	13,770
Deuda total	30,567	36,139	41,248	44,060
Deuda Total (% del PIB)	70.0	80.6	89.1	78.5

Fuente: elaborado con base en información del MEFP y BCB

 

En síntesis, la deuda pública ha continuado aumentando en términos absolutos durante el 2025, debido a que el déficit fiscal se mantiene en niveles elevados. Hasta julio de este año, el financiamiento total al SPNF, tanto externo como interno, asciende a US$ 2.604 millones (4.64% del PIB), que sería equivalente al déficit del SPNF acumulado en el año hasta ese mes. Con este financiamiento adicional, la deuda pública a julio 2025 llegó a US$ 44.060 millones, mayoritariamente deuda interna no indexada, por lo que la tasa de endeudamiento (relación deuda-PIB) habría caído a 78.5% del PIB, debido a la mayor tasa de inflación que experimenta la economía, que hace crecer el PIB en términos nominales, y hace caer el valor real de la deuda interna. Los grandes perdedores de este comportamiento son, los poseedores de los pasivos del BCB, principalmente la emisión que pierde valor debido a la mayor inflación, y los miembros del sistema de pensiones, cuyas contribuciones previsionales han sido invertidos en títulos de deuda pública no indexados.

 

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* Investigador Senior de INESAD, ljemio@inesad.edu.bo

Este blog es parte del Proyecto ADÁMAS ECONÓMICO.

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Osvaldo Nina Baltazar*

En un contexto global caracterizado por crecientes desafíos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), la estabilidad económica depende cada vez más de la capacidad del sistema financiero para integrar principios de sostenibilidad en sus decisiones estratégicas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la exclusión social y la presión regulatoria exigen una transformación profunda del modelo financiero tradicional. En este escenario, la banca enfrenta el reto de reorientar su modelo de negocio hacia el desarrollo sostenible, incorporando instrumentos que permitan financiar iniciativas con impacto positivo y contribuyan a una economía más resiliente e inclusiva.

Uno de los instrumentos más relevantes para cumplir este propósito son los bonos temáticos sostenibles, diseñados para canalizar capital hacia proyectos con beneficios ambientales y/o sociales. Estos instrumentos incluyen diversas modalidades, entre ellas los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles, los bonos vinculados a sostenibilidad y los bonos de transición. Cada uno de ellos responde a diferentes necesidades del mercado y refleja la evolución del financiamiento responsable.

La gráfica presentada evidencia cómo este mercado ha evolucionado entre 2021 y 2024, destacando el liderazgo continuo de los bonos verdes, que financian exclusivamente iniciativas ambientales como energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio o gestión del agua. Estos instrumentos representan la mayor proporción del financiamiento sostenible y se han consolidado como una vía efectiva para avanzar en la acción climática.

 

Junto a ellos, los bonos sociales han ganado protagonismo al canalizar recursos hacia proyectos con impacto directo en poblaciones vulnerables, como vivienda social, salud, educación o inclusión financiera. Por su parte, los bonos sostenibles integran ambos enfoques —ambiental y social— en una misma emisión, promoviendo un modelo de desarrollo más equilibrado e integral. Esta diversificación se ha acelerado en los últimos años, reflejando la creciente sofisticación del mercado.

Además, han emergido nuevas alternativas como los bonos vinculados a sostenibilidad, cuya particularidad es que no exigen un destino específico de fondos, pero vinculan las condiciones financieras del instrumento —por ejemplo, la tasa de interés— al cumplimiento de metas ASG previamente definidas. Esto incentiva a los emisores a mejorar continuamente su desempeño en sostenibilidad. Asimismo, los bonos de transición permiten financiar la reconversión de sectores con alta huella de carbono hacia modelos más sostenibles, siendo especialmente útiles para industrias que enfrentan mayores dificultades en su proceso de descarbonización.

Más que una tendencia coyuntural, los bonos temáticos representan una oportunidad estratégica para la banca. Ofrecen múltiples beneficios: permiten diversificar fuentes de fondeo, acceder a mercados de capitales y atraer a inversionistas institucionales comprometidos con el impacto positivo, especialmente en contextos donde los depósitos bancarios muestran signos de desaceleración. También fortalecen la reputación institucional, mejoran el posicionamiento ante reguladores y permiten, en muchos casos, acceder a fondeo preferencial con condiciones financieras más competitivas.

Para aprovechar plenamente su potencial, los bancos deben contar con un marco de financiamiento sostenible sólido, que defina con claridad los criterios de elegibilidad de los proyectos y los mecanismos de gestión de los fondos. Es fundamental implementar procesos de verificación externa independiente, como opiniones de segunda parte, que respalden la integridad y transparencia de las emisiones. A esto se suma la necesidad de fortalecer las capacidades internas en áreas clave como sostenibilidad, gestión de riesgos y finanzas sostenibles, así como establecer protocolos de reporte y divulgación rigurosos, que permitan informar periódicamente sobre el uso de los recursos y los impactos alcanzados.

En definitiva, los bonos temáticos sostenibles se consolidan como un puente entre la rentabilidad financiera y el compromiso con el desarrollo sostenible. Para la banca del siglo XXI, su adopción no solo representa una vía para impulsar el crecimiento, sino también una forma concreta de liderar la transición hacia una economía más justa, inclusiva y compatible con los límites del planeta.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Osvaldo Nina Baltazar*

La transición hacia un modelo económico sostenible implica una reconfiguración profunda del sistema financiero. En este contexto, los bancos desempeñan un rol esencial como intermediarios en la asignación eficiente y responsable del capital. La figura presentada ilustra esta dinámica a través del crecimiento sostenido del crédito agropecuario, tanto en términos absolutos como relativos, lo que refleja la creciente importancia de este sector en la cartera del sistema bancario boliviano. Considerando que las actividades agropecuarias tienen una fuerte interacción con el medio ambiente, se vuelve fundamental incorporar una evaluación integral de sus impactos sociales y ambientales.

Este ejemplo pone de relieve la necesidad de adoptar enfoques más holísticos en la gestión financiera, en los que se reconozca que el desempeño económico debe ir acompañado de responsabilidad ambiental, compromiso social y prácticas de gobernanza sólidas. En este sentido, para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social y la necesidad de una gobernanza ética, resulta indispensable que las entidades financieras integren los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) de manera estructural en sus procesos de gestión y toma de decisiones. Estos criterios permiten evaluar el desempeño de una organización desde una perspectiva más amplia, abarcando dimensiones que trascienden los indicadores financieros convencionales.

Desde el enfoque ambiental, se consideran factores como las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia en el uso de recursos naturales, la gestión de residuos y la preservación de la biodiversidad. En el ámbito social, se evalúan aspectos como las condiciones laborales, la inclusión financiera, la relación con las comunidades y la seguridad en el trabajo. En cuanto a la gobernanza, se analizan la integridad organizacional, la transparencia, los controles internos y la estructura del gobierno corporativo.

Aunque históricamente estos elementos no formaban parte del análisis financiero tradicional, actualmente existe evidencia empírica que respalda su contribución a una gestión de riesgos más robusta, una mayor resiliencia organizacional y una rentabilidad sostenible en el largo plazo. En consecuencia, la banca no solo tiene la capacidad de fomentar prácticas sostenibles mediante la canalización de recursos, sino que también puede convertirse en un foco de riesgo sistémico si no incorpora adecuadamente los impactos sociales y ambientales derivados de sus decisiones crediticias y de inversión.

La incorporación de los criterios ASG también permite anticipar y gestionar riesgos emergentes, como los asociados al cambio climático. Estos se manifiestan tanto en su dimensión física —por medio de eventos extremos o degradación ambiental— como en la de transición, vinculada a nuevas regulaciones, cambios en las preferencias del consumidor o transformaciones tecnológicas. Al integrar estos factores, las instituciones financieras fortalecen su capacidad de adaptación y mejoran su estabilidad en un entorno cada vez más volátil.

No obstante, para que este enfoque sea verdaderamente efectivo, es necesario asumirlo con una perspectiva transversal que abarque toda la estructura organizacional. La sostenibilidad debe incorporarse en la cultura institucional y permear tanto la gobernanza como la gestión de riesgos y el desarrollo de productos financieros. Esta transformación requiere liderazgo desde la alta dirección y un compromiso decidido por parte de los órganos responsables de la toma de decisiones estratégicas.

En suma, avanzar hacia una banca sostenible no constituye una alternativa opcional, sino una necesidad estratégica. En un escenario global caracterizado por crecientes exigencias regulatorias, mayor escrutinio ciudadano y desafíos ambientales y sociales interconectados, las entidades que asuman este compromiso no solo reducirán su exposición al riesgo, sino que también consolidarán su papel como actores clave en la construcción de una economía más equitativa, resiliente y ambientalmente responsable.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Osvaldo Nina Baltazar*

En el contexto actual de cambio climático, exceso de lluvias, desastres naturales, pérdida de biodiversidad y creciente presión sobre los recursos naturales, la necesidad de transformar el sistema financiero hacia prácticas más sostenibles se vuelve imperativa. En este marco, las finanzas verdes emergen como una herramienta estratégica para canalizar recursos hacia actividades económicas que generan beneficios ambientales y sociales, sin comprometer la rentabilidad financiera. Entre 2021 y 2024, el financiamiento verde mostró un crecimiento sostenido, inicialmente liderado por los bonos verdes (véase figura). No obstante, a partir de 2023, los préstamos verdes comenzaron a ganar peso relativo, reflejando una mayor integración de criterios sostenibles en productos crediticios y no solo en los mercados de capitales.

Esta evolución evidencia el rol central del sector bancario como intermediario clave en la asignación eficiente del capital hacia actividades sostenibles. Las finanzas verdes permiten a los bancos diversificar su portafolio de productos, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y ampliar su base de clientes. Entre los instrumentos más relevantes destacan los bonos verdes, los préstamos ligados a indicadores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), y las líneas de financiamiento concesional ofrecidas por organismos multilaterales.

La emisión de bonos verdes no solo facilita el acceso a inversionistas institucionales con mandatos sostenibles —como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos—, sino que también envía señales positivas a los mercados financieros. Paralelamente, las entidades que adoptan políticas de financiamiento verde pueden acceder a fondos climáticos internacionales como el Green Climate Fund o el Climate Investment Funds, ampliando así su capacidad de fondeo a largo plazo con condiciones más favorables.

Para capitalizar estas oportunidades, los bancos deben incorporar criterios de sostenibilidad en su gestión financiera. Esto les permite posicionarse como instituciones innovadoras, responsables y comprometidas con el desarrollo sostenible. En un entorno donde los consumidores —especialmente los más jóvenes y las empresas con propósito— valoran el impacto ambiental de sus decisiones, ofrecer productos financieros verdes (como créditos para paneles solares, viviendas sostenibles o vehículos eléctricos) fortalece la captación y fidelización de clientes.

Los préstamos verdes, además de ser una fuente de financiamiento competitiva, ofrecen beneficios tangibles tanto para las entidades financieras como para los prestatarios. Contribuyen a reducir riesgos financieros y reputacionales, facilitan el acceso a mercados emergentes y apoyan el cumplimiento de metas ambientales y sociales. Más allá de estos beneficios internos, las finanzas verdes permiten al sistema bancario desempeñar un rol catalizador en la transición hacia una economía sostenible. Al dirigir recursos hacia sectores estratégicos como energías renovables, transporte limpio, infraestructura resiliente o agricultura sostenible, los bancos apoyan directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de París.

Este impacto positivo también promueve la inclusión financiera verde, al facilitar el acceso a recursos para micro, pequeñas y medianas empresas que adoptan tecnologías limpias o modelos de negocio circulares. De este modo, se amplía el alcance del desarrollo sostenible a segmentos tradicionalmente excluidos del sistema financiero tradicional.

En general, las finanzas verdes representan una oportunidad estratégica para la banca moderna. No se trata únicamente de cumplir con nuevas exigencias regulatorias o de asumir una postura ética, sino de adoptar un enfoque integral que combine rentabilidad, sostenibilidad y gestión de riesgos. En este nuevo paradigma, los bancos que integren tempranamente las finanzas verdes estarán mejor posicionados para enfrentar los desafíos del siglo XXI y liderar la transición hacia un sistema financiero más resiliente, inclusivo y sostenible.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Beatriz Muriel H., Ph.D

Las mejoras tecnológicas se han constituido en uno de los determinantes fundamentales del crecimiento económico y, a su vez, deberían retroalimentarse de los mayores ingresos y avances productivos provenientes de la misma dinámica económica en un circulo virtuoso; sin embargo, este no parece ser el caso de Bolivia en los últimos años.

Al respecto, Machicado (2019) analiza la evolución del índice de innovación, usando información del Índice Global de Competitividad (IGC), y encuentra que, en Bolivia, el índice mejoró durante 2010-2014; pero cayó a partir de 2015, ubicándose en el puesto 135 de 137 países en 2017, con una posición peor que la que tenía en 2008. De acuerdo al autor, en el periodo de repunte se destaca la disponibilidad de científicos e ingenieros y la colaboración entre la industria y la universidad en Investigación y Desarrollo (I&D).

El Gráfico 1 presenta un segundo indicador proxy del progreso tecnológico que mide la participación porcentual de las exportaciones de alta tecnología sobre las exportaciones manufactureras totales. Estas ventas externas incluyen bienes con alta intensidad en I&D; como en la industria aeroespacial, informática, farmacéutica, instrumentos científicos y maquinaria eléctrica.

Gráfico 1: Exportaciones de Alta Tecnología en porcentaje de las exportaciones de manufacturas, 2007-2019

Fuente: Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (2020). La fuente primaria corresponde a la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas.

Durante 2007-2009, las exportaciones bolivianas de alta tecnología llegan a cerca del 5% de las manufactureras, aumentan alrededor de 2010-2014, pero caen posteriormente a niveles cercanos a los primeros años de análisis –de manera parecida al índice de innovación comentado por Machicado (2019). Este porcentaje es destacablemente menor en relación con América Latina y el Caribe, y en el año 2018 representa apenas la tercera parte.

En el Gráfico cabe destacar también el desempeño de los países del Este de Asia y el Pacífico, cuyas exportaciones de alta tecnología –como porcentaje de las manufactureras– superan a regiones como Norteamérica y Europa y Asia Central. A pesar de que la brecha con Bolivia disminuye durante 2010-2014, en los siguientes años aumenta nuevamente y en 2018 el índice en la región del Este de Asia y el Pacífico representa siete veces el de Bolivia.

La falta progreso tecnológico que ha vivido el país en los últimos años puede apreciarse también en otros indicadores; como los bajos, y persistentes, niveles de productividad laboral (ver, e.g., Muriel, 2016) y el escaso gasto en I&D en el país (Banco Mundial, 2020), en comparación con otras regiones.

A pesar de que la información abarca las últimas décadas, es importante señalar que las mejoras tecnológicas han sido poco dinámicas en Bolivia a lo largo de los últimos 50 años –como se aprecia, por ejemplo, en los datos históricos de la productividad laboral–. Esto, sin duda, forma parte del retraso del país en materia de desarrollo económico y sostenible; pero sobre todo llama a una profunda reflexión sobre la urgente necesidad de superar la “maldición de los recursos naturales”.

Bibliografía:

• Machicado, C. G. (2019). Estado del crecimiento económico sustentable. En B. Muriel H. y I.  Velásquez (Eds.), Evaluación de la economía y del desarrollo en Bolivia: avances, retrocesos y perspectivas (pp. 13-36). Recuperado de https://www.inesad.edu.bo/2020/05/01/evaluacion-de-la-economia-y-del-desarrollo-en-bolivia-avances-retrocesos-y-perspectivas/
• Muriel, H. B. (2016). Productividad Laboral. L. Andersen, B. Branisa y S. Canelas (Eds.), El ABC del Desarrollo en Bolivia (pp. 182-189). La Paz, Bolivia: Fundación INESAD. Recuperado de https://www.inesad.edu.bo/wp-content/uploads/2016/12/P-Productividad-laboral.pdf
• Banco Mundial (2020). Gastos en Investigación y Desarrollo [base de datos]. el 23 de septiembre de 2020 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

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*Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

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