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Por: Msc. Armando Moscoso Rada*

La ciudad de La Paz tiene, junto con la responsabilidad de acoger a la sede de gobierno, ofrecer a propios y extraños un ambiente seguro, donde puedan desarrollar sus actividades, ejercer sus derechos y libertades en total armonía. Es una urbe en la que interactúan y conviven ciudadanos de todo el país, ya sea por ejercer la función pública en alguna de las instituciones del Estado o, porque acuden a estas para realizar alguna gestión dentro del ámbito público o privado. Con ellos y en número considerable, están los representantes de países amigos, que junto a sus familias se encuentran en Bolivia como parte de una legación diplomática, que también desarrollan actividades cotidianas, como ir de compras, estudiar o de simple ocio.

Luego, están los habitantes permanentes de esta noble urbe que nacieron, viven, trabajan, se divierten, crían a sus hijos al mismo tiempo que cobijan a visitantes y residentes temporales. Todos ellos tienen que cohabitar en esta “hoyada”, con las ventajas y desventajas que esto implica. Precisamente, una de las grandes desventajas es la inseguridad, reflejada como uno de los problemas que más preocupa a los paceños y que incide negativamente en el ejercicio pleno de sus libertades. Percepción que sitúa a los habitantes de La Paz por encima de la media nacional, consultados sobre su percepción de seguridad.

La información que se tiene a disposición para poder diseñar e implementar y evaluar acciones y políticas públicas para la prevención del delito, son variadas, desde el Atlas de Seguridad Ciudadana, publicado el año 2023 por el Ministerio de Gobierno[1], pasando por las estadísticas policiales, las del Gobierno Municipal, las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y las fuentes abiertas de los medios de comunicación. Unas con datos rigurosos y sistematizados, las otras mediante el relato de los hechos, dejan entrever algunos patrones, que no pueden pasar desapercibidos para los responsables de la seguridad ciudadana de las personas.

Algunos de estos patrones, que podrían constituir variables para la elaboración de perfiles, nos dicen que: El mayor porcentaje de los delitos, se cometen en áreas de mayor concentración de personas, coincidiendo con los horarios de trabajo y/o comercio. Esto representa alrededor del 80% del total de delitos ocurridos en la hoyada, el resto tiene ocurrencia de manera dispersa en el resto de la ciudad.

Esta alta concentración en un horario que va de 07:00 por la mañana a 21:00 por la noche, aproximadamente, requiere por simple lógica una mayor concentración de los esfuerzos y recursos de las instituciones llamadas por Ley, para garantizarles a las personas, que podrán ejercer sus libertades de manera irrestricta (vida, propiedad y trabajo, particularmente). Seguramente, a título personal e institucional también, muchos dirán que efectivamente eso es lo que se hace, que la mayor parte de las cámaras de vigilancia están en esas zonas, que la mayor parte de las unidades de patrullaje se destinan a cubrir esas áreas, que se construyen Estaciones Policiales Integrales en esas zonas, etc.

Percepción de seguridad de la población de 15 años o más,

al caminar solo, de noche y cerca de su vivienda (Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística – INE 2024.

Estas acciones pueden ser positivas desde el punto de vista de la concentración de recursos económicos y logísticos; sin embargo, los resultados son poco alentadores, en un contexto donde la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los habitantes de La Paz desde hace varios años atrás, como se muestra en el cuadro precedente.

Entonces, cabe replantear las acciones y políticas de lucha contra la inseguridad, aquellas que son esencialmente preventivas; así como el rol de cada actor en esta materia, con la finalidad de hacer más eficiente el trabajo de todos, así como el uso de los recursos, que cada día son menos. Esta es una de las tareas más importantes que deberá encarar el próximo gobierno municipal, porque una ciudad no solo está hecha de asfalto y parques. Las personas son lo más importante en una urbe, su bienestar, objetivo y subjetivo, está íntimamente ligado a la satisfacción de sus principales necesidades, que solo es posible si pueden ejercer plenamente sus libertades individuales, y la única forma de que eso ocurra es que las instituciones lo protejan de otros individuos. Cuando eso suceda, las personas podrán vivir, trabajar y crear patrimonio en armonía, contribuyendo de manera efectiva a su propio desarrollo, primero, y al desarrollo de su comunidad de manera subsidiaria.

Una forma de replantear u optimizar las acciones de una institución, es la identificación clara del grado de incidencia que tiene o puede tener; dentro del marco de sus competencias; sobre uno de los factores o variables “sine quanon” del delito (víctima u objetivo del delito, victimario y lugar o circunstancia). Podría ocurrir que, una organización este facultada para incidir en más de una de estas variables o en todas, pero su efectividad dependerá del grado de coordinación interinstitucional que pueda alcanzarse; por ejemplo, la presencia policial por esencia es la medida disuasiva por excelencia, pero esta es mucho más eficiente si los recursos para movilizarla son los adecuados.

 

Triangulo del Delito

Fuente: Elaboración propia.

 

La Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, del 4 de agosto del 2003, promulgada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ya preveía la asignación de recursos económicos provenientes del presupuesto del Ministerio de Gobierno y las Prefecturas de Departamento, para seguridad ciudadana. El 31 de julio de 2012, durante la gestión de Evo Morales Ayma, se promulgó la Ley 264, que de manera taxativa establece las responsabilidades, mecanismos e instancias de coordinación interinstitucional, de los diferentes niveles de gobierno.

Este cuerpo normativo, que fue acompañado de la reglamentación respectiva y de legislación complementaria en los niveles departamentales y municipales, provocó una suerte de competencia en el gasto e inversión de los distintos niveles de gobierno. Construcción de Estaciones Policiales Integrales, módulos policiales, compra e instalación de cámaras de video vigilancia, vehículos, pago de servicios, equipo y mobiliario, etc.; y de manera rápida facilitaron las condiciones de trabajo de los funcionarios policiales.

Sin embargo, los subsecuentes estudios de percepción ciudadana sobre la seguridad en Bolivia no mostraron mejoras en el comportamiento delictivo y tampoco en la sensación de seguridad de las personas. Solo para señalar algunos datos, entre el 2018 y el 2023, cuando se realizó el último Estudio Nacional de Victimización y Percepción en Seguridad Ciudadana, por parte del Ministerio de Gobierno, la cifra negra de criminalidad alcanzó el 85,9%, teniendo como las principales razones de no denuncia la desconfianza de la población en las capacidades de las instancias responsables. Habiéndose referido la comisión de 684 mil delitos en los doce meses previos a la consulta, solo 96.444 fueron denunciados y de quienes acudieron a una instancia de denuncia, el 89,4% quedó insatisfecho con el resultado de su denuncia.

Este dato cuestiona el trabajo que se realiza en pro de la Seguridad Ciudadana y obviamente de los planes, programas y proyectos implementados para mejorarla, incluyendo la inversión de recursos económicos en la ampliación y la mejora de la infraestructura, equipamiento y tecnología destinados a prevenir y luchar contra la inseguridad.

Naturalmente, la responsabilidad corresponde a un conjunto de actores, entre los que se encuentran los gobiernos municipales, puesto que su compromiso no termina con la asignación de recursos. Por ejemplo, según la EVIC (2023) el 84,4% de los delitos ocurrió en la calle u otro espacio abierto, en el transporte público y en los mercados. Lugares donde los gobiernos autónomos municipales tienen competencias exclusivas.

De hecho, hacer de estos espacios públicos, lugares más seguros es más responsabilidad del municipio que de la propia Policía, ¿cómo?

• Recuperar espacios públicos copados por bebedores consuetudinarios, delincuentes de “bagatela”, “pandillas”, comerciantes ambulantes, entre otros.
• Planificar el transporte público, registros y permisos rigurosos, vías expeditas y rutas con amplia cobertura territorial.
• Ordenar o reorganizar espacios de comercio; mejorar las vías de ingreso y circulación hacia los centros comerciales; optimizar la iluminación, información y señalización para las personas que acuden y trabajan en los lugares de abasto.
• Desconcentración de los servicios municipales en cada sub-alcaldía, para evitar traslados largos, costosos y con riesgo para los ciudadanos.

Todas estas ideas pueden muy bien formar parte de una buena planificación urbana municipal, con acciones simples, pero concretas y eficientes, como la simplificación y digitalización de los trámites municipales, cambió de los requisitos de infraestructura pública y privada para facilitar visibilidad, accesibilidad, iluminación, estacionamiento, uso de energía renovable, espacios verdes y un largo etcétera, que seguramente los entendidos en la materia conocen de sobra.

Hacer lo mismo, esperando resultados diferentes es solo desperdicio de recursos, para cambiar los resultados se debe cambiar la forma de hacer las cosas. Más infraestructura, más vehículos, más cámaras e incluso en algunas ocasiones, más policías, no han cambiado el comportamiento del fenómeno delictivo, tanto en su dimensión objetiva, como en la subjetiva.

Es hora de que, la trillada “responsabilidad de todos” sea asumida en su real dimensión, no solo como obligación económica, sino especialmente como responsabilidad social frente a los conciudadanos que eligen una opción política, no siempre con la esperanza del cumplimiento de promesas electorales, sino con la ilusión de que, “algo cambie” para que por fin ellos y sus hijos puedan en libertad, decidir y luchar por su presente y futuro.

 

Referencias:

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2024). Bolivia: Percepción de seguridad de la población de 15 años o más, al caminar sola(o) cerca de su vivienda cuando es de noche, según característica seleccionada, 2016–2024. https://www.ine.gob.bo/index.php/encuesta-de-hogares-seguridad/

Observatorio La Paz Cómo Vamos. (2017). Encuesta de percepción ciudadana 2017. https://lapazcomovamos.org/inseguridad-ciudadana-la-paz-un-lugar-poco-seguro-para-vivir/

Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas. (2023). Atlas de Bolivia en seguridad ciudadana. https://obscd.mingobierno.gob.bo/sites/default/files/2025-11/Atlas-de-Bolivia-en-Seguridad-Ciudadana-2023_0.pdf

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* Investigador y Consultor en Seguridad Ciudadana amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

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[1]  Ciudad de La Paz: Puntos calientes de denuncias, delitos de alta connotación social, 2022. https://obscd.mingobierno.gob.bo/sites/default/files/2025-11/Atlas-de-Bolivia-en-Seguridad-Ciudadana-2023_0.pdf

Por: Javier Aliaga Lordemann*

El nuevo Decreto Supremo 5549 ha llegado para cambiar las reglas del juego eléctrico en Bolivia. No es solo un papel más; es el reconocimiento de que el modelo de «gas barato» se está agotando. Por primera vez, se abre la puerta para que industrias y comercios instalen sus propias plantas solares de hasta 6 MW y vendan su excedente a la red. ¿Pero es realmente un buen negocio?

En esencia, este decreto apuesta por la Generación Distribuida. Imagine pasar de depender de una sola planta gigante y lejana a tener miles de pequeñas plantas en los techos de nuestras fábricas. Esto convierte a la empresa en un «prosumidor»: alguien que produce lo que consume y ayuda a que el Estado no tenga que quemar tanto gas para darnos luz.

Sin embargo, existe un muro invisible: el subsidio. Hoy, la electricidad en Bolivia mantiene una apariencia de bajo costo porque el gas natural para las termoeléctricas estatales se entrega a precios ínfimos. Esta ilusión tiene un costo real masivo: mientras la factura parece cómoda, el país sacrifica millones de dólares que obtendría exportando ese gas o dejando de importar diésel. El sol es una fuente gratuita, pero la tecnología para aprovecharlo debe competir contra un insumo estatal artificialmente barato; ese es el primer gran desafío de rentabilidad.

Aquí entra en juego la «Guerra de los Costos». Instalar paneles solares requiere dólares, y todos sabemos que hoy el dólar tiene un precio real mucho más alto que el oficial. Esto hace que montar una planta solar sea más caro de lo que debería. Si el Gobierno quiere que los privados inviertan, debe pagarles por su energía limpia un precio que reconozca el ahorro de divisas que le están generando al país.

Otro obstáculo es la paradoja de la sobrecapacidad. Bolivia tiene infraestructura para producir el doble de la electricidad que consume. El problema es que esa infraestructura depende de un gas que ya no abunda. Tenemos «muchos fierros», pero poco combustible. Si el reglamento no garantiza que la energía solar privada se use con prioridad, las inversiones se quedarán paradas mientras el Estado sigue quemando gas por pura inercia técnica.

Por eso, el éxito del DS 5549 depende de que la energía solar sea «Bancable». Ningún banco prestará dinero para una planta de 5 millones de dólares si no hay un contrato seguro que garantice que la red comprará esa energía. Necesitamos contratos a largo plazo y reglas claras que aseguren que, si hay sol, esa energía se use primero, desplazando a las termoeléctricas viejas y gastadoras.

No podemos ignorar que la tarifa eléctrica en Bolivia es una «olla a presión». Con una inflación real alta y la falta de dólares, mantener la luz barata es cada vez más difícil para el Estado. El incentivo para que una industria instale paneles solares nacerá, lamentablemente, del «dolor» de los próximos ajustes tarifarios. Cuando la factura suba, la energía solar dejará de ser una opción ecológica para ser una estrategia de supervivencia.

Para que este decreto no muera en el escritorio, el reglamento debe ser valiente. Proponemos tres pilares: una Tarifa de Incentivo justa que premie el ahorro de gas, mecanismos para que la inversión se recupere mediante descuentos en impuestos (compensación tributaria) y contratos que den seguridad jurídica total al inversor frente a las distribuidoras.

La verdadera transición energética en Bolivia no es un tema romántico sobre el medio ambiente; es un tema de supervivencia económica. Cada panel solar instalado es gas que el país ahorra y dólares que el Banco Central deja de gastar en importaciones. El sector privado está listo para invertir, pero necesita que el terreno deje de ser pantanoso y se convierta en una base sólida de confianza.

En conclusión, el DS 5549 es el plano de un edificio moderno, pero hoy está diseñado sobre el barro de los subsidios. Si logramos sincerar los precios y valorar el ahorro real, Bolivia podría vivir una revolución energética sin precedentes. El tiempo corre: en los próximos 24 meses, la autarquía energética pasará de ser un deseo a una necesidad crítica para la industria nacional.

¿Quieres profundizar en los números, tablas de costos y recomendaciones regulatorias de este análisis? Descarga aquí el documento completo: https://wp.me/p9wqBX-4X2

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Javier Aliaga Lordemann*

En las últimas semanas se articuló una secuencia de hechos que, leída con criterio técnico, permite reconstruir una explicación coherente de los problemas reportados en el parque automotor ante la calidad de la gasolina que estamos comprando. Primero, el ajuste del precio doméstico hacia la referencia internacional tras el ajuste del subsidio; segundo, reportes crecientes de depósitos gomosos y fallas en inyectores; y tercero, análisis de laboratorio que muestran manganeso en concentraciones cercanas al límite normativo, y las declaraciones oficiales de modificar parámetros en las especificaciones técnicas. Estas observaciones, combinadas con información operativa sobre stocks y logística, conforman la escena técnica.

La explicación técnica se organiza en dos ejes. El primero es la naturaleza del producto: una gasolina obtenida por refinación completa (reformado catalítico, hidrotratamiento y depuración fina) entrega una base más estable y con menor reactividad química; en contraste, una gasolina obtenida por formulación por mezcla (los llamados blendstocks) nosotros la llamaremos gasolina  “fast-track”, que alcanza octanaje mediante mezclas y aditivos pero puede presentar una mayor reactividad y una estabilidad real distinta a la de la gasolina plenamente refinada.

En la práctica, las refinerías producen principalmente blendstocks que luego se ensamblan en mezclas finales, pero la variabilidad de la calidad de estos blends es la cuestión. Puedes tener dos gasolinas A y B, ambas dentro de los parámetros técnicos solicitados por el país, pero de distinta calidad, y con distintos criterios de manejo, almacenamiento, capacidad de mezcla, etc.; y sobremodo distinto funcionamiento en coche y distinto funcionamiento en diferentes ciudades.

El hallazgo de manganeso es una pista decisiva y orientadora. Concentraciones cercanas al límite suelen asociarse al uso de aditivos organometálicos, por ejemplo, compuestos basados en MMT,  que se aplican para elevar octanaje en bases menos tratadas. Esa firma química es coherente con la formulación por mezcla y por ello apunta a la naturaleza del insumo, más que a un problema exclusivamente de almacenamiento puntual. Las evaluaciones técnicas han estudiado y demostrado ampliamente el vínculo entre MMT y la presencia de Manganeso.

El segundo eje es la interacción con el etanol. El etanol, por su polaridad, altera la solubilidad y la estabilidad de la mezcla gasolina – etanol; en bases más olefínicas y reactivas (características habituales de algunas formulaciones fast-track) esa interacción favorece rutas de oxidación y la formación de polímeros o sedimentos -las “gomas”- que terminan obstruyendo filtros e inyectores, y concuerda con las quejas reportadas por los transportistas y algunos privados.

El factor económico completa la narrativa técnica. El fin del subsidio y la búsqueda de convergencia rápida con un precio de referencia internacional generan un marco en el que resulta -desde el punto de vista fiscal y operativo- preferible para el gobierno comprar blendstocks con menor precio de referencia (productos fast-track) en lugar de comprar directamente gasolina plenamente refinada a mayor costo; o blends con mejores especificaciones. Dicho en una sola frase: se niveló el precio, pero eso no garantiza que se haya nivelado la calidad; para verificarlo hace falta conocer con detalle extenso la dupla precio de referencia-especificaciones técnicas de compra. Información a la que no tenemos acceso.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Javier Aliaga Lordemann*

Durante años, el mercado de combustibles en Bolivia funcionó como un edificio sostenido por andamios. Precios contenidos y suministro aparentemente garantizado ocultaban la fragilidad de los pilares reales del sistema: producción, exploración, inversión, logística y financiamiento. Ese andamiaje fue posible gracias a subsidios económicos encubiertos, todo comenzó con un precio para el barril doméstico fijado alrededor de USD 27 cuando el Brent se movía entre USD 60 y 90. La diferencia -del orden de USD 0,30 por litro- no fue una ventaja competitiva, sino una distorsión que erosionó incentivos, descapitalizó a YPFB y postergó decisiones de inversión.

Este precio de USD 27 no es el que rige en el mercado internacional, sino una referencia regulatoria sobre la cual se calculan los precios ex-refinería de los derivados (precio base), sumando márgenes de refinación, costos logísticos, distribución, comercialización e impuestos hasta llegar al precio final al consumidor. El objetivo original fue estabilizar los precios internos y aislarlos de la volatilidad internacional, y cuando existían brechas con el precio externo se utilizaron mecanismos contables/regulatorios para administrar esa diferencia y repartir la renta entre productores, la empresa YPFB y el Estado.

Eliminar el tope de 27 USD/barril no equivale automáticamente a “quitar un subsidio”, sino a revalorizar el crudo interno hacia niveles más cercanos al precio internacional, con efectos potenciales positivos sobre las cuentas del sector, la señal a inversionistas y la reducción de distorsiones fiscales. Sin embargo, no incentiva por sí solo la producción en campos marginales: eso depende de si el mayor valor se traslada efectivamente al precio en boca de pozo y mejora el flujo de caja de los operadores, cubriendo sus altos costos y riesgos.

La corrección del “barril barato” fue una decisión estructural. Al sincerar el precio del crudo, se reconoció que producir y explorar bajo precios artificiales no era sostenible. El mismo principio se aplicó posteriormente a la gasolina y al diésel, con su resiente nivelación de precios. En la actualidad, para estos combustibles, el precio interno cubre la paridad de importación: producto, transporte internacional, seguros, logística interna, impuestos netos y un margen operativo básico. Desde el punto de vista económico, el subsidio fue cuasi eliminado. El Estado ya no vende combustibles con pérdidas automáticas ni absorbe una la brecha fiscal.

Sin embargo, esta corrección dejó una situación intermedia que explica buena parte de las tensiones actuales. El precio es real, pero la señal sigue incompleta. Los valores internos no se mueven automáticamente con el mercado internacional; están nivelados, pero no indexados. Esto no implica la persistencia de un subsidio económico, pero sí mantiene un riesgo clave: la discrecionalidad en la formación de precios. Para el mercado -y especialmente para los privados-la pregunta no es si el precio cubre costos hoy, sino si seguirá haciéndolo mañana cuando el Brent suba o baje; o el tipo de cambio se ajuste a su nivel de fundamentos.

Con lo dicho, el país enfrenta una pregunta que ya no es ideológica, sino técnica y financiera: ¿cómo retirar definitivamente esos andamios sin poner en riesgo el edificio (abastecimiento)?, y quién está en condiciones de administrar el sistema en adelante? Este punto es central para entender por qué la entrada del sector privado sigue siendo parcial y cautelosa. Hablar de “entrada de privados” no significa autorizar importaciones puntuales. Significa un rediseño completo del downstream: privados que importen gasolina, diésel y eventualmente GLP; que financien inventarios; que operen almacenamiento mayorista; que gestionen logística; y que distribuyan en macrozonas bajo esquemas de concesión o contratos de suministro.

En términos financieros, esto implica asumir riesgos de precio, demanda y tipo de cambio. Por eso no es extraño ver a muchos privados en modalidad “wait and see”. Los números ayudan a dimensionar; cubrir un mes de inventario nacional de gasolina y diésel requiere cientos de millones de capital de trabajo. Incluso una sola macrozona de 20% del mercado demanda entre USD 25 y 35 millones. Estos montos no son prohibitivos para operadores regionales, pero sí exigen certeza intertemporal. Sin reglas claras, ese capital simplemente no se compromete.

El caso del GLP ilustra bien la transición incompleta. El precio de la garrafa permanece en Bs 22,50, y el esquema de compensación se canaliza a través de NOCRES (Notas de Crédito Fiscal): actualmente en torno a Bs 0,84 por kg para GLP producido (GLPP) y Bs 0,70 por kg para GLP importado (GLPR), con un horizonte de aplicación de seis meses. En la práctica, aunque se ajustó la ecuación económica, estas notas de crédito representan un pasivo fiscal diferido. Por ejemplo, un consumo mensual del orden de 10 millones de kg implica una compensación cercana a Bs 8,4 millones al mes. El instrumento es funcional, pero su eficacia depende de un elemento crítico: la velocidad y certeza de liquidación.

En este caso  los  privados pedirán como condiciones mínimas para entrar de forma estructural -si fueran ellos los que terminarán importando GLP – como ser: i) NOCRES redimibles en un plazo máximo de 30 a 60 días, o aceptables como colateral bancario; ii) Acceso previsible a divisas mediante una ventanilla específica para importadores energéticos; iii) Contratos de acceso a infraestructura (terminales, ductos, almacenamiento) con capacidad reservada y tarifas transparentes; iv) Penalidades efectivas contra el contrabando y fortalecimiento del control fronterizo; v) Líneas puente o garantías parciales para el primer ciclo de inventarios; iv) Un horizonte regulatorio explícito de al menos 12 a 24 meses, etc. Sin este paquete, la lógica financiera es clara: el riesgo regulatorio domina cualquier cálculo de rentabilidad.

Las medidas adoptadas hasta ahora -eliminación del subsidio económico, retiro del barril a USD 27, alivios tributarios, autorización de importaciones privadas- son coherentes y necesarias, pero siguen siendo una antesala. Reducen el riesgo fiscal del Estado, pero no eliminan la prima de riesgo exigida por el capital privado. El riesgo de mercado es gestionable; el riesgo político discrecional, no. Recuperar el sector no significa volver a esquemas artificiales. Significa reconstruir incentivos para invertir, producir, importar y distribuir energía de forma sostenible. Y eso exige completar la transición hacia señales de precio creíbles. Sin movilidad de precios, la inversión será táctica y de corto plazo; con reglas claras, puede volverse estructural. El siguiente paso, entonces, es avanzar hacia discutir mecanismos explícitos de ajuste. No basta con hablar de “bandas”. Es necesario proponer fórmulas simples y transparentes. Por ejemplo, un esquema de transición donde el precio local mensual sea una combinación de la paridad de importación y el precio previo, con ajustes mensuales dentro de una banda de ±3% y revisiones trimestrales.

Volvemos a la pregunta central ¿Entrarían los privados bajo el esquema actual? Algunos sí, con estrategias oportunistas. ¿Invertirían en almacenamiento, logística regional y distribución concesionada? Todavía no de forma masiva. Para eso se requiere completar la arquitectura institucional y reforzar el marco político y regulatorio.

Esto nos lleva a la hoja de ruta, que ya no puede ser abstracta. En el muy corto plazo, el foco debería estar en reglas operativas: diseño formal de NOCRES, ventanilla de divisas, contratos tipo de acceso a infraestructura. Luego, se deberían licitar macrozonas de suministro con obligaciones mínimas y garantías puente para capital de trabajo. Posteriormente, implementar el mecanismo de ajuste de precios y publicar indicadores semanales de inventarios, volúmenes y pasivos. Más allá de los seis meses, el debate debe trasladarse al marco legal.

Todas estas medidas son la antesala a discutir una nueva Ley de Hidrocarburos. Hasta ahora hemos administrado la escasez y estamos viendo como transferir la operación a los privados, pero necesitamos una ley de siembra y cosecha, una ley de ciclo entero. Siembra, porque debe incentivar inversión upstream mediante estabilidad contractual, incentivos temporales y reglas claras. Cosecha, porque debe definir de forma predecible cómo el Estado participa en los excedentes sin destruir la inversión. Además, una ley de hidrocarburos con norte de política energética y salvaguardas, es decir, que no vaya en contra ruta con una transición equilibrada hacia energías limpias.

Bolivia ya hizo lo políticamente más costoso: eliminar el subsidio económico. Ahora enfrenta el desafío institucional más complejo: convertir precios reales en un mercado funcional. Hasta que eso ocurra, los privados seguirán mirando desde la puerta, algunos asomarán la cabecita, calculando riesgos y esperando señales más claras. El precio ya es real. La decisión pendiente es si el país está en condiciones o dispuesto a dejar que el mercado termine de nacer.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

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Por: Javier Aliaga Lordemann*

Bolivia enfrenta una tensión creciente en su mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El problema no es un episodio pasajero: combina una caída estructural de la producción, una demanda doméstica alta y rígida, y un aumento del contrabando, que se ha intensificado en los últimos meses y está reduciendo visiblemente el suministro disponible para los hogares.

En los últimos años, la producción nacional de GLP ha retrocedido de forma sostenida. La producción anual pasó de aproximadamente 377 kt (1 kt = 1.000 toneladas métricas) en 2019 a cerca de 275 kt proyectadas para 2025, lo que implica una declinación anual promedio de alrededor del 5%. Más preocupante aún, la caída se ha acelerado en los últimos años, alcanzando tasas cercanas al 11–15% anual en periodos recientes. Esta declinación responde a factores técnicos y estructurales: menor producción de gas natural (el GLP es un subproducto), problemas operativos en plantas de separación y retrasos en inversiones de mantenimiento y exploración.

Mientras tanto, la demanda doméstica se mantiene elevada. El consumo promedio nacional ronda 1,30–1,35 kt/día, equivalente a 475–493 kt/año, porque millones de hogares dependen del GLP para cocinar y calentar. La demanda es relativamente rígida en el corto plazo. A esta presión se suma un fuerte incentivo al contrabando: el precio interno subvencionado (22,5 Bs por garrafa) es mucho más bajo que los precios en mercados cercanos (120–150 Bs), convirtiendo la garrafa en objeto de arbitraje (contrabando). Esto genera un subsidio implícito estimado en unos 155 M USD/año (venta de un bien o servicio por debajo de su costo o de su precio internacional), suponiendo un precio internacional de 650 USD/kt y el consumo anual indicado.

Tabla 1: Escenarios de disponibilidad y déficit

Escenario	Producción anual (kt)	Contrabando (%)	Disponibilidad interna (kt)	Déficit vs demanda (kt)	Importación necesaria (kt)	Costo estimado importación (M USD/año)
Optimista	438	10	394	80	40	29
Optimista	438	20	350	124	80	58
Intermedio	390	15	332	143	80–100	58–72
Pesimista	340	10	306	168	80–120	58–87
Pesimista	340	20	272	202	120	87

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones propias.

Nota: Disponibilidad = producción × (1 − contrabando); Déficit = demanda anual − disponibilidad;
Costo de importación estimado considerando 650 USD/kt más 75 USD/kt por logística y flete.

 

La Tabla 1, muestra que, incluso en escenarios optimistas, el GLP disponible cae significativamente cuando el contrabando alcanza 10–20%, generando déficits del orden de decenas a más de cien kt/año. En escenarios pesimistas, la caída estructural de la producción hace inevitable una respuesta vía importaciones o, de lo contrario, la aplicación de medidas de racionamiento.

La eliminación del subsidio reduce dos problemas: quita el incentivo al contrabando y reduce el costo fiscal directo. Sin embargo, esta medida tiene impactos sociales y macroeconómicos importantes:

• Efecto directo: aumento del precio de la garrafa. Aunque el peso del GLP en la canasta del IPC es bajo, el impacto podría ser del orden de 2–3% sobre la inflación agregada.
• Efecto indirecto: repercusiones en otros bienes y servicios, especialmente alimentos preparados y pequeños comercios, sumando 0,55–2% adicionales.
• Efecto distributivo: los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de su gasto al GLP, por lo que el impacto real sobre su bienestar es mayor que el promedio. En ausencia de medidas compensatorias, la eliminación del subsidio podría elevar la inflación anual hasta 5%.

En conjunto, el subsidio implícito anual (155 M USD) es incluso mayor que el costo de importar volúmenes estratégicos de GLP (58–87 M USD/año para 80–120 kt), lo que indica que importar GLP a precio internacional podría ser más eficiente desde una perspectiva fiscal y económica, siempre que se combine con políticas sociales y un control efectivo del contrabando. Dicho esto, la eliminación pura y dura del subsidio sin medidas complementarias puede provocar un choque social y macroeconómico, y las personas son las que realmente importan. Por eso, la salida debe ser diseñada con cuidado: la combinación de medidas debe priorizar la estabilidad de precios, la protección a los hogares vulnerables y la reducción rápida del contrabando.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

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Por: Javier Aliaga Lordemann*

La abrogación del Decreto Supremo 5503 debería leerse, antes que nada, como una oportunidad institucional. Gobernar por decreto en temas estructurales — régimen fiscal y reglas de inversión, etc., — suele ser una práctica incierta en democracias con instituciones frágiles, porque concentra decisiones, reduce deliberación y genera reformas débiles y fácilmente reversibles. La historia regional ofrece lecciones claras – el uso intensivo de decretos de urgencia en el Perú de los años noventa, las leyes habilitantes en Venezuela o la proliferación de Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) en Argentina terminaron erosionando contrapesos, alimentando conflictividad social y produciendo políticas inconsistentes. La abrogación abre la oportunidad de volver al cauce legislativo y al acuerdo social, condición necesaria para reformas duraderas.

Este giro no implica negar la urgencia económica, sino reconocer que la urgencia no gestiona con caminos rápidos. Gobernar por decreto puede alguna vez resolver coyunturas, pero rara vez construye legitimidad. En cambio, trasladar el debate al Parlamento y a mesas técnicas amplias obliga a transparentar costos, impactos y compensaciones, y permite que las decisiones tengan respaldo político y social. En ese sentido, la abrogación del DS-5503 es una oportunidad para recomponer la relación entre Ejecutivo, Legislativo y sociedad organizada.

Dicho esto, hay que ser claros – la política económica que motivó el decreto no desaparece – se mantiene la eliminación parcial del subsidio a los carburantes, lo que constituye solo la primera nivelación de precios. Este ajuste inicial corrige una parte de las distorsiones y reduce presiones fiscales inmediatas, pero no resuelve el conjunto del problema energético ni el peso estructural de las subvenciones. La agenda pendiente es extensa, aún falta: el sinceramiento completo de las importaciones de gasolina y diésel, la revisión de la subvención al GLP, el tratamiento del precio del gas para generación eléctrica y la fundamental “nivelación” del precio interno de referencia del barril local de petróleo que está en 27 USD/barril para la producción nacional, mientras el mercado internacional está en 60 USD/barril. Cada uno de estos elementos tiene implicaciones fiscales, productivas y sociales, que no pueden resolverse con una sola medida ni con una lógica uniforme; ¿Se aceptarán con la misma relativa facilidad estas medidas más adelante?

A estos desafíos se suma un riesgo macroeconómico del tipo de cambio y el déficit estructural. Si la estabilidad cambiaria se ve presionada y el tipo de cambio se ajusta sin una adecuada sintonía, la brecha entre precios internos y precios internacionales puede volver a ampliarse, incluso después de la primera nivelación. En ese escenario podrían reaparecer los incentivos al contrabando, se erosionan los ahorros fiscales logrados y se reaviva la conflictividad social. Por ello, el ajuste de precios energéticos solo es sostenible si va acompañado de una estrategia creíble de generación de divisas vía exportaciones, servicios e inversión, y no de un uso indefinido de endeudamiento o crédito interno – sin negar la necesidad de préstamos frescos y refinanciación de deuda – que son necesarios para aliviar la crisis de moneda.

El país necesita, en paralelo, estabilizar la economía y reactivar la inversión. El margen de tiempo es reducido: la incertidumbre prolongada desalienta proyectos productivos, encarece el financiamiento y frena la generación de empleo. Sin embargo, reactivar inversiones sin reglas claras y sin una visión de largo plazo equivale a construir sobre bases endebles. La urgencia no debe conducir a reformas fragmentadas, sino a decisiones estructurales bien ancladas. En este contexto emerge una necesidad estratégica: una Ley de Emergencia Económica y una Lay Marco de Recursos Naturales, que abarque tanto recursos renovables como no renovables. Esta ley no sería un instrumento sectorial más, sino el marco ordenador que defina principios, objetivos y límites para la gestión de la riqueza natural del país. Su propósito central debe ser sacar a Bolivia de la llamada maldición de los recursos naturales y orientar el país hacia una senda de desarrollo sostenible e inclusivo.

La maldición de los recursos naturales describe la paradoja de países ricos con recursos que, pese a ello, presentan bajo crecimiento económica –i.e. de largo plazo-, alta volatilidad, instituciones débiles y conflictos recurrentes. Esto ocurre cuando las rentas se usan para gasto de corto plazo, subsidios generalizados o decisiones discrecionales, en lugar de inversión productiva, diversificación económica y fortalecimiento institucional. Bolivia no ha sido ajena a este patrón, sesgando su estructura productiva hacia bienes no transables, por eso hay que romper con reglas claras y con una mirada de largo plazo. A partir de una Ley Marco de Recursos Naturales deberían desprenderse, de forma coherente, las leyes sectoriales: una ley de inversiones con criterios de sostenibilidad, nuevas leyes de hidrocarburos y electricidad, marcos para energías verdes, minería y evaporíticos (litio), así como políticas para una agricultura moderna y sostenible. La clave es que todas estas normas respondan a un mismo norte estratégico y no a lógicas aisladas o contradictorias.

El problema histórico ha sido justamente ese: reformar leyes sectoriales sin cambiar la visión de país. Así, se han aprobado normas que empujan en direcciones opuestas. Un ejemplo claro es la promoción de generación eléctrica basada en gas sin una ruta de transición energética clara, lo que puede chocar con objetivos de sostenibilidad ambiental – por ejemplo, Tariquía-, compromisos climáticos y sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Sin un marco claro que priorice la gestión responsable del territorio, estas decisiones se vuelven focos de conflicto social y de desgaste institucional. En el ámbito productivo, la agricultura ofrece otro contraste. Sin una política integral, se la concibe solo como sector social, cuando en realidad puede aportar seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y escala exportable. Integrar agricultura, energía y recursos naturales bajo una misma visión permitiría impulsar bioenergía, eficiencia hídrica y cadenas de valor sostenibles. Lo mismo ocurre con la minería y el litio: sin reglas claras, estándares ambientales y esquemas de captura de valor local, la actividad puede reproducir enclaves extractivos de bajo impacto en desarrollo. Con un marco adecuado, en cambio, puede convertirse en motor de inversión, innovación y empleo, compatible con la protección ambiental y la estabilidad fiscal.

La gran oportunidad de la abrogación del DS-5503 es, entonces, construir un pacto social y político que permita ordenar estas discusiones y encarar un presente muy desafiante – en el que nos jugamos el bienestar presente y de futuras generaciones. Un pacto que no se puede limitar a salvar la coyuntura fiscal, sino que redefina cómo el país gestiona su riqueza natural, distribuye sus rentas y planifica su desarrollo productivo. Ese pacto implica fortalecer instituciones debilitadas: devolver centralidad al Parlamento, transparentar decisiones, incorporar criterios técnicos y abrir espacios de participación real. Si la discusión se limita a reformar lo existente – salvar el momento, traer algo de recursos, pero sin cambiar la dirección estratégica, solo se estará ganando tiempo. Si, en cambio, se aprovecha la abrogación para acordar leyes marco, visión de país y reglas estables, Bolivia puede transformar una crisis en una oportunidad.

Bolivia se encuentra hoy “como un auto” que intenta hacer un puente para subir una pendiente prolongada. El motor aún funciona, pero el peso acumulado de distorsiones, subsidios mal diseñados y reglas inciertas reduce la potencia disponible. Acelerar sin dirección —gobernar por decreto o aplicar medidas parches— puede hacer patinar las ruedas o incluso llevar a una salida del camino. Frenar en exceso, por otro lado, paraliza el vehículo. La clave está en secuencializar correctamente: primero estabilizar, luego invertir y, finalmente, ganar tracción suficiente para subir la pendiente hacia la sostenibilidad.

La estabilización es el primer tramo del puente: ordenar precios clave, reducir presiones inflacionarias, contener riesgos cambiarios y restablecer expectativas mínimas de previsibilidad. Sin este paso, cualquier inversión será frágil. Pero estabilizar no es un fin en sí mismo. Una vez asegurada la plataforma, el siguiente cambio de marcha es la reactivación de la inversión, pública y privada, nacional y extranjera, orientada a sectores que generen divisas, mejores empleos y productividad: energía, agroindustria sostenible, minería responsable, litio, turismo, servicios asociados y otros con ventajas potenciales.

Solo cuando estos sectores comienzan a producir, exportar y generar ingresos, el auto gana la fuerza necesaria para enfrentar la pendiente. Esa fuerza es la que permite reducir déficits, sostener políticas sociales, financiar la transición energética y agrícola, consolidar la sostenibilidad fiscal y ambiental. Sin este orden —estabilizar, invertir, producir— el país queda atrapado en ciclos de emergencia, con decretos de coyuntura que no pueden solucionar la estructura. Con una visión clara, un marco legal coherente y un pacto social renovado, la pendiente no desaparece, pero se vuelve transitable.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Beatriz Muriel H.*

Javier Aliaga L. (investigador senior asociado de INESAD) –en su entrevista con Eduardo Pando– señaló que la actual economía boliviana se asemeja a un auto parado en plena pendiente, y que una reforma de subsidios a los combustibles exitosa implica dejar de frenar, pero hacer un buen puente para avanzar, lo cual requiere políticas socioeconómicas que promuevan una verdadera reactivación.

Al respecto, el actual gobierno recientemente decretó una reducción de los subsidios a los combustibles –i.e., un aumento de sus precios–, medida que era inevitablemente necesaria para sanear las cuentas fiscales –que se encontraban fuertemente deterioradas, con problemas de iliquidez y con perspectivas de insostenibilidad–, las cuales fueron acompañadas de medidas sociales. Bajo este escenario, me gustaría analizar, en particular, la política salarial subyacente, “el puente que permite avanzar y no retroceder”, a la luz de la evidencia.

El gobierno decretó un aumento del Salario Mínimo Nacional (SMN) a Bs 3.300, desde un monto de Bs 2.750 que prevalecía hasta la fecha –i.e., un incremento del 20%–. Desde una mirada top-down, una medida de esa índole implica proteger a los trabajadores más desfavorecidos; sin embargo, desde la realidad bottom-up del funcionamiento del mercado laboral boliviano, la política presenta una serie de retos.

En primer lugar, cabe recordar que el país cuenta con elevados niveles de informalidad. En particular, los trabajadores cubiertos por la norma –medidos como aquellos que cuentan con aguinaldo, ítem y protección social– representan alrededor del 10% de la población ocupada nacional. Esto quiere decir que la política dista de ser inclusiva, ya que se aplica a un grupo reducido de personas. Aún más, de acuerdo con Muriel y Zuleta (2022), el 59,4% de los trabajadores tenía un ingreso laboral al menos igual al salario mínimo en 2011, y desde entonces la tasa fue cayendo sistemáticamente hasta llegar al 44% en 2020. En 2023 –a partir de la Encuesta de Hogares (EH) del Instituto Nacional de Estadística (INE)– se estima que el porcentaje se redujo aún más, hasta 41%. Esto muestra una desconexión entre las políticas salariales y la realidad económica y laboral nacional a lo largo de los últimos 14 años. De hecho, los ingresos laborales reales han caído desde 2014 a una tasa promedio anual de -1%.

En segundo lugar, en un escenario de políticas de aumento del SMN y, al mismo tiempo, de desaceleración económica y alta informalidad, el empleo menos calificado en el sector privado cubierto por la norma se rezagó de manera significativa. El Gráfico 1 contrasta la caída del empleo de los obreros especializados y otros obreros frente al empleo total –que incluye además gerentes, profesionales y otros empleados–.

Gráfico 1. Empleo en el sector privado cubierto por la norma

(Índice 1995=100)

Fuente: Elaboración propia con base datos del INE.

El índice de empleo total tuvo una tendencia algo creciente hasta el primer trimestre de 2020; aunque luego cayó, asociado al shock del Covid-19 y a eventos posteriores. Sin embargo, los índices de empleo de las categorías de obreros caen sistemáticamente desde 2015, con una disminución acelerada desde 2020. ¡En el último trimestre de 2023, los obreros especializados llegan a representar apenas el 28,4% de este empleo en el último trimestre de 2024!, tasa que representa el 39,3% para el caso de los otros obreros. Esto corrobora lo analizado por Muriel y Machicado (2011), donde se demuestra que el aumento exógeno de los salarios disminuye la demanda laboral formal en mayor medida para los trabajadores no calificados que para los calificados. Aún más, los autores muestran que, en el período de bajo crecimiento económico, a principios de los 2000, las empresas reestructuraron sus costos reduciendo principalmente estos empleos no calificados, lo que explicaría la fuerte reducción desde 2020, sin perspectivas de reversión.

En tercer lugar, cabe señalar que, en las últimas décadas, el tamaño de las empresas comenzó a achicarse, con un mayor crecimiento de micro y pequeñas empresas, sobre todo informales –i.e., hasta 14 trabajadores–, en un escenario de mayores costos asociados a la formalidad. Estas empresas cuentan con márgenes de utilidad bajos y, si son formales, deberán asumir no solamente el aumento de los costos de los combustibles y otros insumos –cuyos precios aumentarán adicionalmente por el incremento de los combustibles–, sino también mayores costos laborales.

Por último, la literatura recomienda que las políticas salariales deban ser negociadas entre pares, empresas y trabajadores, y que el gobierno actúe como árbitro para equilibrar los poderes de negociación. Este principio de la economía laboral debe ser tomado en cuenta para evitar, como hasta ahora, que frente a aumentos salariales vía decreto se reduzca la demanda laboral, ensanchando la precariedad laboral.

En resumen, es importante hacer “un buen puente que permita verdaderamente avanzar y no retroceder”, lo cual ciertamente es una tarea muy compleja y difícil. Con todo, el aumento del SMN parece alejarse de este “principio”; ya que contrariamente a lo que se podría esperar, en el caso de Bolivia –por el funcionamiento del mercado laboral- puede más bien ocasionar una destrucción neta del empleo formal –principalmente para los menos calificados– y un deterioro de las PYMEs formales, haciéndolas más precarias en cuanto a su producción. Todo esto puede afectar el ya incipiente desarrollo productivo y aumentar aún más la informalidad.

Bibliografía

Muriel, H. B. y Machicado, C. G. (2012). Employment and Labor Regulation: Evidence from Manufacturing Firms in Bolivia, 1988-2007. Development Research Working Paper No. 08/2012. Fundación INESAD. La Paz, Bolivia.

Muriel, H. B. y Zuleta, W. J. (2022). La Política salarial en Bolivia. Boletín Síntesis 08/2022. Fundación INESAD. La Paz, Bolivia.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD

Por: Javier Aliaga Lordemann*

Ayer el Gobierno promulgó el Decreto Supremos 5503, de amplio espectro, que merece un análisis posterior por el alcance de este. Nos concentramos en analizar el ajuste al subsidio a los carburantes -la gasolina especial a Bs 6,96 y el diésel a Bs 9,80- como parte de un paquete que también incluye aumentos al salario mínimo y transferencias sociales. La medida fue selectiva y técnica, se redujo el subsidio por producto en lugar de aplicar un solo tarifazo uniforme. Esto genera dos efectos, por un lado, captura rápida de ahorro fiscal donde el gasto en subsidios es mayor en el diésel; por otro, un menor impacto distributivo inmediato en hogares urbanos al suavizar el ajuste en gasolina liviana. La medida en el caso de la gasolina se sitúa en un escenario intermedio (eliminación parcial/ convergencia gradual).

¿Por qué más ajuste en diésel? El diésel concentra el gasto fiscal por subsidios y es insumo clave en transporte de carga, minería y agro. A nivel fiscal devuelve más rápidamente ahorro por cada punto de eliminación del subsidio; a nivel operativo reduce el diferencial que alimenta el contrabando. Esto es importante por el control sobre el contrabando al diésel es mucho más complejo y costoso que en el caso de la gasolina. Solo las redes eficientes y de muy bajo costo podrían persistir. Es recomendable complementar el nuevo esquema de precios con trazabilidad, controles y fiscalización eleva aún más el costo del arbitraje y reduce su atractivo económico.

La lógica aplicada a otros carburantes refuerza esta mirada. En el caso de la gasolina premium, jet fuel y avgas, el ajuste es mayor y se acerca a la paridad de importación, porque su consumo está concentrado en usuarios específicos y sectores con mayor capacidad de absorción, y porque mantener subsidios allí no cumple un objetivo social claro. En cambio, en el GLP, el Gobierno optó por mantener un precio fuertemente controlado, porque es un energético básico para hogares y pequeños comercios, con alto impacto social y político.

En el caso del transporte, el impacto del aumento del combustible es relevante, el combustible puede representar entre 20% y 35% de los costos operativos del transporte, dependiendo del tipo de servicio y de la distancia. Un aumento fuerte del diésel puede elevar los costos directos de operación, pero los transportistas no reaccionan solo al combustible: miran la inflación general, el precio de repuestos, lubricantes, mantenimiento, peajes, tipo de cambio y expectativas. Por eso, las presiones para subir tarifas suelen incorporar el “clima inflacionario” completo, no solo el costo del litro de gasolina o diésel.

Ahora, por el lado de la economía hay un elemento que cambia radicalmente y es el balance en el tipo de cambio paralelo. En las semanas previas, el paralelo se encontraba en torno a Bs 9 por dólar, nivel que reflejó una menor demanda de divisas por la caída de las importaciones y, al mismo tiempo, una reducción de la liquidez en bolivianos. Esa “zona de confort” en 9 fue, en buena medida, el resultado de algo de expectativas, una menor presión por dólares para importar y menos circulante interno.

El salto inmediato de 9 Bs/USD a cerca de 12 Bs/USD – después del ajuste en los precios – debe leerse como una primera ola de reacción del mercado. El anuncio del sinceramiento de precios crea una demanda rápida de cobertura en dólares. Los hogares, empresas e importadores buscan protegerse de una posible pérdida de poder adquisitivo. Si la oferta de dólares no se amplía de inmediato, el tipo de cambio paralelo puede sobre reaccionar. Este tipo de episodios ya se ha observado antes, especialmente cuando las reservas son limitadas y las expectativas se ajustan bruscamente.

¿Es ese salto la última ola? Probablemente no. Lo más habitual es observar un primer pico, asociado a cobertura y reacomodo de posiciones, seguido por una fase de ajuste. En esa fase, la autoridad puede ofrecer señales claras de disponibilidad de dólares o financiamiento externo, lo que permitiría una corrección parcial del tipo de cambio paralelo; o bien no intervenir de forma creíble, en cuyo caso una segunda ola puede consolidar un nivel más alto por más tiempo.

– Sin apoyo externo y con un paralelo persistentemente alto, la inflación podría volverse elevada – presionando la tasa de interés – por los efectos de segunda ronda (ajustes de precios y salarios), y el tipo de cambio podría mantenerse en niveles de 11–13 Bs/USD.

– Si el Gobierno logra dar señales claras de contar con dólares, la inflación adicional que genere este ajuste podría ser moderada y temporal, y el tipo de cambio paralelo tendería a bajar hacia la zona de 10–11 Bs/USD.

– Si la estabilización es incompleta, con subsidio parcial y un paralelo todavía inestable, la inflación podría ubicarse en un rango medio, claramente mayor al actual, pero aún manejable.

En materia de empleo, los efectos serán heterogéneos. El ajuste en diésel transmite un choque de costos a transporte, agro y minería. Estos sectores podrían experimentar un aumento del desempleo registrado en el corto plazo, especialmente si no existen medidas de apoyo. La velocidad de recuperación dependerá de cuánto dure la inestabilidad cambiaria y de cuán rápido se normalicen los costos.

Las medidas compensatorias anunciadas —subida del salario mínimo a Bs 3.300 y aumentos en rentas y bonos— suavizan la caída del ingreso real de los hogares más vulnerables. Un aumento general del salario mínimo, sin anclaje en productividad, capacitación o apoyo a la eficiencia empresarial, puede elevar costos unitarios y presionar el empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Son un amortiguador social necesario, pero costoso, y requieren políticas complementarias para no afectar la creación de empleo.

En términos de política energética, la eliminación parcial del subsidio reorienta incentivos, reduce transferencias fiscales recurrentes, acerca los precios domésticos a la paridad de importación, mejora las señales para eficiencia energética e inversión. Sin embargo, una política energética sostenible exige más: inversiones en refinación y logística, mercados mayoristas más competitivos y una gobernanza que garantice abastecimiento, transparencia y competencia.

¿Y lo social? más allá de este marco técnico de las medidas, las reacciones sociales serán un factor decisivo en la sostenibilidad política del ajuste. Los ajustes de precios en bienes de consumo masivo muy probablemente van a generar protestas en zonas urbanas, bloqueos y paros sectoriales (especialmente entre transportistas y sectores rurales), y demandas de compensaciones inmediatas. En este caso concreto, el impacto diferenciado —más duro en diésel— hace probable:

• Movilizaciones de transportistas y gremios de carga, que sienten el golpe directo en costos operativos y pueden bloquear rutas clave.
• Protestas rurales y de sectores productivos (agro, cooperativas) si los aumentos se traducen rápidamente en mayores costos de insumos y flete.
• Tensiones en ciudades si la inflación de alimentos y servicios se acelera, con presión sobre movimientos sociales y sindicatos.

La intensidad y duración de las reacciones dependerán de la percepción de equidad (si las compensaciones son visibles y eficaces para los más vulnerables), y de la confianza en la gestión (si el Gobierno comunica claramente los pasos, plazos y los mecanismos de apoyo). Una respuesta rápida y focalizada —transferencias inteligentes y diálogo social— puede contener la protesta; la ausencia de esas medidas facilita la escalada y pone en riesgo la continuidad de la reforma.

Además, la geografía importa, regiones fronterizas donde el contrabando era más rentable pueden reaccionar con mayor virulencia política, pues la reforma altera rentas locales vinculadas a esas actividades. Por tanto, la combinación de gestión de expectativas, canales de diálogo sectorial y despliegue operativo en rutas y controles es crítica para evitar que el ajuste económico se convierta en un problema mayor de orden público y pérdida de legitimidad.

En definitiva, el Gobierno tomó la decisión de corregir un problema fiscal estructural y reducir incentivos al contrabando, pero dejó abierta la verdadera prueba ¿habrá señales creíbles de dólares y políticas efectivas que combinen protección social y protección del empleo con estabilidad cambiaria? Si la respuesta es sí, el ajuste será doloroso pero manejable. Si la respuesta es no, el tipo de cambio y la inflación pueden amplificar el costo económico y social, transformando este ajuste en una crisis más profunda.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Osvaldo Nina Baltazar*

La reciente fusión del Ministerio de Planificación del Desarrollo con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua abre una oportunidad histórica para reconfigurar la manera en que Bolivia diseña sus políticas públicas y orienta su trayectoria de desarrollo. Durante décadas, la planificación económica y la gestión ambiental avanzaron por carriles separados, con escasa articulación institucional y metodológica. Sin embargo, los compromisos asumidos por Bolivia en el marco del Acuerdo de París, así como las crecientes vulnerabilidades frente a fenómenos climáticos extremos, obligan a repensar la arquitectura del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) como el instrumento rector que guíe la transición hacia un modelo productivo bajo en emisiones y resiliente al clima.

Un aporte estratégico del nuevo ministerio es la integración plena de la perspectiva climática en la visión del PDES. Esto implica reconocer que los objetivos de crecimiento económico no pueden desvincularse de las limitaciones ambientales ni de los riesgos crecientes asociados al cambio climático. La planificación del desarrollo debe asumir que la sostenibilidad climática no es un complemento, sino una condición estructural para garantizar estabilidad macroeconómica, seguridad alimentaria y continuidad de los sistemas productivos. Bajo esta lógica, el PDES puede evolucionar hacia un marco de política pública capaz de articular productividad, competitividad y transición verde.

Como se observa en la Figura, los países de América Latina presentan niveles heterogéneos de vulnerabilidad y preparación frente al cambio climático, lo que evidencia la necesidad de incorporar criterios de resiliencia territorial y sectorial en la planificación del desarrollo. En particular, Bolivia aparece entre los países con menor capacidad de adaptación en la región, combinando alta vulnerabilidad con bajos niveles de preparación. Esta posición refuerza la urgencia de que el ministerio asuma un rol protagónico en la operacionalización de la Contribución Nacional Determinada (NDC), traduciendo los compromisos internacionales en metas sectoriales vinculadas al transporte, la energía, los bosques, la agricultura y los residuos. Más aún, exige consolidar indicadores, mecanismos de seguimiento y estimaciones de financiamiento que permitan evaluar el avance climático dentro del Sistema de Planificación Integral del Estado. Desde esta perspectiva, el PDES se convierte en un instrumento integrador que coordina la acción intersectorial y territorial en mitigación y adaptación.

Otro ámbito prioritario es la incorporación del riesgo climático en la planificación de inversiones públicas. Bolivia enfrenta eventos cada vez más frecuentes y severos —inundaciones, sequías, heladas, incendios forestales— que generan impactos fiscales, económicos y sociales significativos. El ministerio fortalecido puede liderar la adopción de criterios de inversión que incluyan evaluaciones de riesgo climático, asegurando infraestructura más resiliente y alineando el gasto público con estándares internacionales de gestión financiera verde. Así, cada proyecto de inversión —desde carreteras hasta sistemas de agua— debería demostrar no solo viabilidad económica, sino también capacidad de operar bajo escenarios climáticos futuros.

Asimismo, el ministerio puede fortalecer la alineación del presupuesto público con los objetivos climáticos mediante la implementación de sistemas de clasificación del gasto, presupuestos verdes y evaluaciones sistemáticas del impacto climático. Estas herramientas no solo facilitarían el acceso a financiamiento internacional —como el Fondo Verde del Clima—, sino que también mejorarían la eficiencia del gasto público al priorizar intervenciones con beneficios ambientales y sociales de largo plazo. A ello se suma la necesidad de institucionalizar un presupuesto plurianual, esencial para garantizar continuidad, estabilidad financiera y acumulación progresiva de resultados ambientales. Dado que muchas acciones de adaptación y resiliencia requieren horizontes superiores a un ejercicio fiscal anual, la planificación multianual se convierte en un componente indispensable de una política climática eficaz.

Finalmente, el rol articulador del ministerio es decisivo. La transición hacia un desarrollo compatible con el Acuerdo de París exige coordinación entre sectores productivos, ambientales, financieros y territoriales. El PDES puede ser el espacio de convergencia que integre visiones, alinee incentivos y garantice que las políticas climáticas y de desarrollo se implementen de manera coherente a lo largo del ciclo de planificación.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Msc. Armando Moscoso Rada*

La incertidumbre es uno de los obstáculos más perniciosos para el normal desarrollo de las actividades de una población y la pacífica convivencia de sus integrantes. Por supuesto, la incertidumbre tiene diversas fuentes de origen, una de ellas; y posiblemente la más importante; es la inseguridad. No saber si uno puede salir de su casa a determinada hora sin ser víctima de un delito. Invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un emprendimiento con la duda constante de que podrá trabajar con tranquilidad, amparado por el respeto a la propiedad privada, la vida y la libertad.

Sumar a esta incertidumbre la desconfianza en las instituciones responsables de garantizar el imperio de la Ley, ayuda a configurar un escenario perfecto para el incremento de hechos delictivos, falta de respuestas adecuadas ante los problemas de inseguridad o ineficacia de las acciones desarrolladas por las instituciones públicas.

Garantizar un Estado de Derecho pleno es la principal labor de cualquier gobierno y sus instituciones, porque de esto depende el ejercicio de todos los derechos, libertades y garantías, desde los más básicos como la vida o el trabajo, hasta los más coyunturales como el derecho al voto.

Los números y la realidad

Estadísticamente, los delitos en Bolivia han sufrido cambios en los últimos años, que hacen pensar en una reducción de las cifras de criminalidad y, por lo tanto, en apariencia, una mejora en la seguridad ciudadana. Infelizmente la realidad es totalmente diferente, lo cierto es que, lo que ha cambiado es la denuncia, y es que menos bolivianos víctimas de delitos, acuden a presentar una denuncia, esto obviamente incrementa la cifra negra y multiplica la ambigüedad de las políticas públicas para combatir un fenómeno que se desconoce en su real dimensión.

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística INE[1], sobre delitos comunes denunciados entre el 2007 y el 2024, muestran un comportamiento bastante interesante; por así decirlo; que merece un análisis cuidadoso para no caer en consideraciones o conclusiones sesgadas. Los delitos denunciados en el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2013, experimentaron un incremento constante y sostenido, alcanzando su máximo precisamente en la gestión 2013 con 78.738 casos.

Número de denuncias delitos comunes, según tipo de delito, Bolivia 2007-2024

Con base en los datos de la Policía Boliviana y los registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística – INE 2025.

 

A partir de ese año y comenzando el 2014 las cifras de denuncias sufrieron una caída por demás llamativa, el año 2014 cayeron en un poco más de 10.000 y para el 2015 fueron más de 20.000 menos, llegando a 47.761 denuncias por delitos comunes a nivel nacional. A simple vista, para los ojos y conveniencia de muchos, en ese entonces, podría inferirse que la seguridad ciudadana mejoró sustancialmente en el país. Cuestión que naturalmente no condice con la realidad experimentada por la población. Además, cuando se analizan cifras de criminalidad, deben considerarse tanto las de seguridad objetiva compuesta por el número de denuncias y número de delitos efectivamente ocurridos y denunciados, junto con la cifra negra de criminalidad o delitos no denunciados y la percepción de seguridad de las personas que se conoce como seguridad subjetiva. Que, dicho sea de paso, el año 2015 la cifra negra alcanzó el 85%, es decir que solo 15 de cada 100 delitos se denunciaron (EVIC 2015). El año 2023 los datos de la última Encuesta de Victimización e Inseguridad Ciudadana del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Drogas, muestra que el porcentaje de la cifra negra es del 85,9% (EVIC 2023) [2]. La no denuncia tiene sus raíces en diversos factores entre los que resaltan, la falta de confianza en las instituciones traducida en respuestas como: “las instancias competentes no hubieran hecho nada, falta de pruebas o porque consideran que el proceso de la denuncia es burocrático y complicado[3].

Con base en los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Narcotráfico. EVIC 2023

 

Ahora bien, ¿Por qué es tan importante la percepción de seguridad o seguridad subjetiva en el análisis criminal?

Para responder esta pregunta, primero haremos unas breves consideraciones. Las personas, casi instintivamente, antes de desarrollar una actividad, a veces incluso rutinaria, dependiendo del contexto, hacen una evaluación individual del riesgo de ser víctima de un delito, que en la mayor parte de los casos no concuerda con las estadísticas de denuncias. Esta sensación tiene diversas fuentes que influyen en ella, como las experiencias personales al haber sido víctima de un delito en el pasado, la información de terceros o experiencias ajenas, como la familia y especialmente los medios de comunicación, cuyo rol es fundamental en la percepción de seguridad de la población, por la reproducción repetitiva de los hechos, convirtiéndoles en crónica roja y causando un efecto multiplicador de la incidencia delictiva.

Otro factor determinante es la confianza en las instituciones como la Policía[4], el Ministerio Público y el Órgano Judicial[5], que en los últimos años se han visto muy venidas a menos por las constantes denuncias de corrupción, involucramiento de sus miembros en la comisión de delitos, etc.[6]

Por último, un factor no menos importante a considerar en la percepción de seguridad es la cohesión social, que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a una comunidad, compartir valores y trabajo conjunto en bien de todos, promoviendo la confianza mutua, la inclusión y la cooperación para reducir la desigualdad y la exclusión. Esta cohesión es difícil de consolidar en lugares donde la alta rotación de su población, debido al trabajo, la migración campo – ciudad y otros factores, convierten ciertas zonas en simples “dormitorios”.

Dicho esto, respondemos la pregunta formulada anteriormente. Entonces diremos que la percepción de seguridad es tanto o más importante de analizar, que las estadísticas de denuncias, por sus implicaciones a nivel individual, social e institucional.

Primero, porque condiciona el comportamiento de las personas, constriñéndolas a adoptar medidas de protección o defensa, como cambiar de hábitos, adquirir elementos de seguridad, etc. Lo que repercute en la capacidad de ejercicio de los derechos y garantías que todo individuo tiene de manera innata o adquiridos por otros medios, como la propiedad privada, por ejemplo.

Segundo, desmejora la calidad de vida de las personas influyendo de manera directa en cómo viven, como se relacionan y como trabajan, directamente vinculados con su capacidad productiva y de desarrollo, tanto individual como en conjunto. La lógica consecuencia de esto es la baja productividad y/o anquilosamiento de la economía, impidiendo su crecimiento y diversificación. Más aún cuando hablamos de emprendimiento privado en pequeña y mediana industria, que requiere de seguridad ciudadana y jurídica para su pleno desarrollo.

Finalmente, su incidencia en las políticas públicas es trascendental a pesar de ser subjetiva, ya que al ser tan alta la cifra negra de criminalidad, las políticas públicas, así como los planes, programas y proyectos que se diseñan e implementan para combatir el delito no tienen mayor incidencia en la realidad, porque no incluyen los delitos no denunciados que son en gran medida, los causantes de la percepción de inseguridad con gran incidencia en la vida, bienes y libertad de las personas.

Con base en los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Narcotráfico. EVIC 2023

 

En conclusión, la multi causalidad o multi factorialidad del delito requiere de enfoques multi disciplinarios para su estudio y comprensión, so pena de cometer errores por acción u omisión al pretender llegar a deducciones unidimensionales o incompletas, que en la mayor parte de los casos resultan en procedimientos policiales e incluso políticas públicas, meramente reactivas, que atacan el resultado y no la causa.

La reducción de una conducta antijurídica está directamente relacionada, o más bien dicho, es inversamente proporcional a la eficiencia y eficacia de las acciones de prevención que se ejecuten para reducir la posibilidad de su ocurrencia, pero a partir de la prevención y reducción de las causas subyacentes, por tanto, el desafío para el gobierno es:

Primero, conocer en su real dimensión la cantidad y tipología delictiva (inseguridad objetiva y subjetiva, incluida la cifra negra de criminalidad).

Segundo, conocer las causas que inciden en la ocurrencia de los delitos, en especial los de mayor impacto o connotación social, así como los de mayor ocurrencia.

Tercero, diseñar e implementar políticas públicas tendientes a prevenir, contener, combatir y reducir las causas o factores facilitadores y/o desencadenantes de conductas delictivas, cuyo impacto se reflejará en los índices de inseguridad objetiva y subjetiva.

Previa o simultáneamente a las acciones señaladas líneas arriba, se requiere, indefectiblemente, de voluntad política e institucional, para encarar un proceso de reforma estructural de las instituciones relacionadas con la administración de justicia: Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Boliviana.

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* Investigador y Consultor en Seguridad Ciudadana amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

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[1] Registros Administrativos: Violencia Ciudadana, Policía Boliviana. Instituto Nacional de Estadística INE.

[2] Lo que también es grave es que, de las pocas personas que denunciaron los delitos de los que fueron víctimas, el 89,4% quedaron insatisfechas con el resultado de su denuncia, de esos el 71,8% dice que las instancias correspondientes no se interesaron en su caso, pero, además no encontraron o no detuvieron al autor y no recuperaron lo robado. Estas dos últimas cuestiones hablan de la baja efectividad de las acciones desarrolladas por las instancias correspondientes. Estudio Nacional de Victimización y Percepción en Seguridad Ciudadana, Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas 2023.

[3] Periódico Opinión: 27 de marzo de 2023. https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/2022-121-malos-policias-fueron-dados-baja/20230326200306901616.html

Agencia de noticias FIDES: 8 de mayo de 2022. https://noticiasfides.com/nacional/seguridad/siete-hechos-afectan-la-imagen-de-la-policia-en-cinco-meses-y-gobierno-trabaja-en-cambios-415180

Periódico Opinión: 4 de mayo de 2022.  https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/policias-drogas-robos-chutos/20220503221716865223.html

Periódico Opinión: 31 de enero de 2025. https://noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-enero-la-policia-se-vio-envuelta-en-al-menos-seis-escandalos-de-corrupcion

[4] Un estudio publicado por el Barómetro de las Américas de la Vanderbilt University y USAID el 22 de noviembre de 2024, titulado Perspectivas # 164, encontró que solo el 19% de los bolivianos confía en la Policía, ocupando el último lugar en Latinoamérica, en contraposición con la confianza de los salvadoreños en su policía, que alcanza el 69%, siendo la más alta de la región.

[5] Bolivia se ubicó entre los países peor clasificados del mundo en el Índice de Estado de Derecho 2025 del Proyecto Mundial de Justicia (WJP), ocupando el puesto 131 de 143 naciones evaluadas.

[6] Según un estudio de diciembre de 2020, del Barómetro de la Américas publicado en conjunto con USAID, el 28.1% de los entrevistados fueron víctimas de la corrupción policial al habérseles pedido un soborno.