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Por: Javier Aliaga Lordemann*

La abrogación del Decreto Supremo 5503 debería leerse, antes que nada, como una oportunidad institucional. Gobernar por decreto en temas estructurales — régimen fiscal y reglas de inversión, etc., — suele ser una práctica incierta en democracias con instituciones frágiles, porque concentra decisiones, reduce deliberación y genera reformas débiles y fácilmente reversibles. La historia regional ofrece lecciones claras – el uso intensivo de decretos de urgencia en el Perú de los años noventa, las leyes habilitantes en Venezuela o la proliferación de Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) en Argentina terminaron erosionando contrapesos, alimentando conflictividad social y produciendo políticas inconsistentes. La abrogación abre la oportunidad de volver al cauce legislativo y al acuerdo social, condición necesaria para reformas duraderas.

Este giro no implica negar la urgencia económica, sino reconocer que la urgencia no gestiona con caminos rápidos. Gobernar por decreto puede alguna vez resolver coyunturas, pero rara vez construye legitimidad. En cambio, trasladar el debate al Parlamento y a mesas técnicas amplias obliga a transparentar costos, impactos y compensaciones, y permite que las decisiones tengan respaldo político y social. En ese sentido, la abrogación del DS-5503 es una oportunidad para recomponer la relación entre Ejecutivo, Legislativo y sociedad organizada.

Dicho esto, hay que ser claros – la política económica que motivó el decreto no desaparece – se mantiene la eliminación parcial del subsidio a los carburantes, lo que constituye solo la primera nivelación de precios. Este ajuste inicial corrige una parte de las distorsiones y reduce presiones fiscales inmediatas, pero no resuelve el conjunto del problema energético ni el peso estructural de las subvenciones. La agenda pendiente es extensa, aún falta: el sinceramiento completo de las importaciones de gasolina y diésel, la revisión de la subvención al GLP, el tratamiento del precio del gas para generación eléctrica y la fundamental “nivelación” del precio interno de referencia del barril local de petróleo que está en 27 USD/barril para la producción nacional, mientras el mercado internacional está en 60 USD/barril. Cada uno de estos elementos tiene implicaciones fiscales, productivas y sociales, que no pueden resolverse con una sola medida ni con una lógica uniforme; ¿Se aceptarán con la misma relativa facilidad estas medidas más adelante?

A estos desafíos se suma un riesgo macroeconómico del tipo de cambio y el déficit estructural. Si la estabilidad cambiaria se ve presionada y el tipo de cambio se ajusta sin una adecuada sintonía, la brecha entre precios internos y precios internacionales puede volver a ampliarse, incluso después de la primera nivelación. En ese escenario podrían reaparecer los incentivos al contrabando, se erosionan los ahorros fiscales logrados y se reaviva la conflictividad social. Por ello, el ajuste de precios energéticos solo es sostenible si va acompañado de una estrategia creíble de generación de divisas vía exportaciones, servicios e inversión, y no de un uso indefinido de endeudamiento o crédito interno – sin negar la necesidad de préstamos frescos y refinanciación de deuda – que son necesarios para aliviar la crisis de moneda.

El país necesita, en paralelo, estabilizar la economía y reactivar la inversión. El margen de tiempo es reducido: la incertidumbre prolongada desalienta proyectos productivos, encarece el financiamiento y frena la generación de empleo. Sin embargo, reactivar inversiones sin reglas claras y sin una visión de largo plazo equivale a construir sobre bases endebles. La urgencia no debe conducir a reformas fragmentadas, sino a decisiones estructurales bien ancladas. En este contexto emerge una necesidad estratégica: una Ley de Emergencia Económica y una Lay Marco de Recursos Naturales, que abarque tanto recursos renovables como no renovables. Esta ley no sería un instrumento sectorial más, sino el marco ordenador que defina principios, objetivos y límites para la gestión de la riqueza natural del país. Su propósito central debe ser sacar a Bolivia de la llamada maldición de los recursos naturales y orientar el país hacia una senda de desarrollo sostenible e inclusivo.

La maldición de los recursos naturales describe la paradoja de países ricos con recursos que, pese a ello, presentan bajo crecimiento económica –i.e. de largo plazo-, alta volatilidad, instituciones débiles y conflictos recurrentes. Esto ocurre cuando las rentas se usan para gasto de corto plazo, subsidios generalizados o decisiones discrecionales, en lugar de inversión productiva, diversificación económica y fortalecimiento institucional. Bolivia no ha sido ajena a este patrón, sesgando su estructura productiva hacia bienes no transables, por eso hay que romper con reglas claras y con una mirada de largo plazo. A partir de una Ley Marco de Recursos Naturales deberían desprenderse, de forma coherente, las leyes sectoriales: una ley de inversiones con criterios de sostenibilidad, nuevas leyes de hidrocarburos y electricidad, marcos para energías verdes, minería y evaporíticos (litio), así como políticas para una agricultura moderna y sostenible. La clave es que todas estas normas respondan a un mismo norte estratégico y no a lógicas aisladas o contradictorias.

El problema histórico ha sido justamente ese: reformar leyes sectoriales sin cambiar la visión de país. Así, se han aprobado normas que empujan en direcciones opuestas. Un ejemplo claro es la promoción de generación eléctrica basada en gas sin una ruta de transición energética clara, lo que puede chocar con objetivos de sostenibilidad ambiental – por ejemplo, Tariquía-, compromisos climáticos y sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Sin un marco claro que priorice la gestión responsable del territorio, estas decisiones se vuelven focos de conflicto social y de desgaste institucional. En el ámbito productivo, la agricultura ofrece otro contraste. Sin una política integral, se la concibe solo como sector social, cuando en realidad puede aportar seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y escala exportable. Integrar agricultura, energía y recursos naturales bajo una misma visión permitiría impulsar bioenergía, eficiencia hídrica y cadenas de valor sostenibles. Lo mismo ocurre con la minería y el litio: sin reglas claras, estándares ambientales y esquemas de captura de valor local, la actividad puede reproducir enclaves extractivos de bajo impacto en desarrollo. Con un marco adecuado, en cambio, puede convertirse en motor de inversión, innovación y empleo, compatible con la protección ambiental y la estabilidad fiscal.

La gran oportunidad de la abrogación del DS-5503 es, entonces, construir un pacto social y político que permita ordenar estas discusiones y encarar un presente muy desafiante – en el que nos jugamos el bienestar presente y de futuras generaciones. Un pacto que no se puede limitar a salvar la coyuntura fiscal, sino que redefina cómo el país gestiona su riqueza natural, distribuye sus rentas y planifica su desarrollo productivo. Ese pacto implica fortalecer instituciones debilitadas: devolver centralidad al Parlamento, transparentar decisiones, incorporar criterios técnicos y abrir espacios de participación real. Si la discusión se limita a reformar lo existente – salvar el momento, traer algo de recursos, pero sin cambiar la dirección estratégica, solo se estará ganando tiempo. Si, en cambio, se aprovecha la abrogación para acordar leyes marco, visión de país y reglas estables, Bolivia puede transformar una crisis en una oportunidad.

Bolivia se encuentra hoy “como un auto” que intenta hacer un puente para subir una pendiente prolongada. El motor aún funciona, pero el peso acumulado de distorsiones, subsidios mal diseñados y reglas inciertas reduce la potencia disponible. Acelerar sin dirección —gobernar por decreto o aplicar medidas parches— puede hacer patinar las ruedas o incluso llevar a una salida del camino. Frenar en exceso, por otro lado, paraliza el vehículo. La clave está en secuencializar correctamente: primero estabilizar, luego invertir y, finalmente, ganar tracción suficiente para subir la pendiente hacia la sostenibilidad.

La estabilización es el primer tramo del puente: ordenar precios clave, reducir presiones inflacionarias, contener riesgos cambiarios y restablecer expectativas mínimas de previsibilidad. Sin este paso, cualquier inversión será frágil. Pero estabilizar no es un fin en sí mismo. Una vez asegurada la plataforma, el siguiente cambio de marcha es la reactivación de la inversión, pública y privada, nacional y extranjera, orientada a sectores que generen divisas, mejores empleos y productividad: energía, agroindustria sostenible, minería responsable, litio, turismo, servicios asociados y otros con ventajas potenciales.

Solo cuando estos sectores comienzan a producir, exportar y generar ingresos, el auto gana la fuerza necesaria para enfrentar la pendiente. Esa fuerza es la que permite reducir déficits, sostener políticas sociales, financiar la transición energética y agrícola, consolidar la sostenibilidad fiscal y ambiental. Sin este orden —estabilizar, invertir, producir— el país queda atrapado en ciclos de emergencia, con decretos de coyuntura que no pueden solucionar la estructura. Con una visión clara, un marco legal coherente y un pacto social renovado, la pendiente no desaparece, pero se vuelve transitable.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Beatriz Muriel H.*

Javier Aliaga L. (investigador senior asociado de INESAD) –en su entrevista con Eduardo Pando– señaló que la actual economía boliviana se asemeja a un auto parado en plena pendiente, y que una reforma de subsidios a los combustibles exitosa implica dejar de frenar, pero hacer un buen puente para avanzar, lo cual requiere políticas socioeconómicas que promuevan una verdadera reactivación.

Al respecto, el actual gobierno recientemente decretó una reducción de los subsidios a los combustibles –i.e., un aumento de sus precios–, medida que era inevitablemente necesaria para sanear las cuentas fiscales –que se encontraban fuertemente deterioradas, con problemas de iliquidez y con perspectivas de insostenibilidad–, las cuales fueron acompañadas de medidas sociales. Bajo este escenario, me gustaría analizar, en particular, la política salarial subyacente, “el puente que permite avanzar y no retroceder”, a la luz de la evidencia.

El gobierno decretó un aumento del Salario Mínimo Nacional (SMN) a Bs 3.300, desde un monto de Bs 2.750 que prevalecía hasta la fecha –i.e., un incremento del 20%–. Desde una mirada top-down, una medida de esa índole implica proteger a los trabajadores más desfavorecidos; sin embargo, desde la realidad bottom-up del funcionamiento del mercado laboral boliviano, la política presenta una serie de retos.

En primer lugar, cabe recordar que el país cuenta con elevados niveles de informalidad. En particular, los trabajadores cubiertos por la norma –medidos como aquellos que cuentan con aguinaldo, ítem y protección social– representan alrededor del 10% de la población ocupada nacional. Esto quiere decir que la política dista de ser inclusiva, ya que se aplica a un grupo reducido de personas. Aún más, de acuerdo con Muriel y Zuleta (2022), el 59,4% de los trabajadores tenía un ingreso laboral al menos igual al salario mínimo en 2011, y desde entonces la tasa fue cayendo sistemáticamente hasta llegar al 44% en 2020. En 2023 –a partir de la Encuesta de Hogares (EH) del Instituto Nacional de Estadística (INE)– se estima que el porcentaje se redujo aún más, hasta 41%. Esto muestra una desconexión entre las políticas salariales y la realidad económica y laboral nacional a lo largo de los últimos 14 años. De hecho, los ingresos laborales reales han caído desde 2014 a una tasa promedio anual de -1%.

En segundo lugar, en un escenario de políticas de aumento del SMN y, al mismo tiempo, de desaceleración económica y alta informalidad, el empleo menos calificado en el sector privado cubierto por la norma se rezagó de manera significativa. El Gráfico 1 contrasta la caída del empleo de los obreros especializados y otros obreros frente al empleo total –que incluye además gerentes, profesionales y otros empleados–.

Gráfico 1. Empleo en el sector privado cubierto por la norma

(Índice 1995=100)

Fuente: Elaboración propia con base datos del INE.

El índice de empleo total tuvo una tendencia algo creciente hasta el primer trimestre de 2020; aunque luego cayó, asociado al shock del Covid-19 y a eventos posteriores. Sin embargo, los índices de empleo de las categorías de obreros caen sistemáticamente desde 2015, con una disminución acelerada desde 2020. ¡En el último trimestre de 2023, los obreros especializados llegan a representar apenas el 28,4% de este empleo en el último trimestre de 2024!, tasa que representa el 39,3% para el caso de los otros obreros. Esto corrobora lo analizado por Muriel y Machicado (2011), donde se demuestra que el aumento exógeno de los salarios disminuye la demanda laboral formal en mayor medida para los trabajadores no calificados que para los calificados. Aún más, los autores muestran que, en el período de bajo crecimiento económico, a principios de los 2000, las empresas reestructuraron sus costos reduciendo principalmente estos empleos no calificados, lo que explicaría la fuerte reducción desde 2020, sin perspectivas de reversión.

En tercer lugar, cabe señalar que, en las últimas décadas, el tamaño de las empresas comenzó a achicarse, con un mayor crecimiento de micro y pequeñas empresas, sobre todo informales –i.e., hasta 14 trabajadores–, en un escenario de mayores costos asociados a la formalidad. Estas empresas cuentan con márgenes de utilidad bajos y, si son formales, deberán asumir no solamente el aumento de los costos de los combustibles y otros insumos –cuyos precios aumentarán adicionalmente por el incremento de los combustibles–, sino también mayores costos laborales.

Por último, la literatura recomienda que las políticas salariales deban ser negociadas entre pares, empresas y trabajadores, y que el gobierno actúe como árbitro para equilibrar los poderes de negociación. Este principio de la economía laboral debe ser tomado en cuenta para evitar, como hasta ahora, que frente a aumentos salariales vía decreto se reduzca la demanda laboral, ensanchando la precariedad laboral.

En resumen, es importante hacer “un buen puente que permita verdaderamente avanzar y no retroceder”, lo cual ciertamente es una tarea muy compleja y difícil. Con todo, el aumento del SMN parece alejarse de este “principio”; ya que contrariamente a lo que se podría esperar, en el caso de Bolivia –por el funcionamiento del mercado laboral- puede más bien ocasionar una destrucción neta del empleo formal –principalmente para los menos calificados– y un deterioro de las PYMEs formales, haciéndolas más precarias en cuanto a su producción. Todo esto puede afectar el ya incipiente desarrollo productivo y aumentar aún más la informalidad.

Bibliografía

Muriel, H. B. y Machicado, C. G. (2012). Employment and Labor Regulation: Evidence from Manufacturing Firms in Bolivia, 1988-2007. Development Research Working Paper No. 08/2012. Fundación INESAD. La Paz, Bolivia.

Muriel, H. B. y Zuleta, W. J. (2022). La Política salarial en Bolivia. Boletín Síntesis 08/2022. Fundación INESAD. La Paz, Bolivia.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD

Por: Javier Aliaga Lordemann*

Ayer el Gobierno promulgó el Decreto Supremos 5503, de amplio espectro, que merece un análisis posterior por el alcance de este. Nos concentramos en analizar el ajuste al subsidio a los carburantes -la gasolina especial a Bs 6,96 y el diésel a Bs 9,80- como parte de un paquete que también incluye aumentos al salario mínimo y transferencias sociales. La medida fue selectiva y técnica, se redujo el subsidio por producto en lugar de aplicar un solo tarifazo uniforme. Esto genera dos efectos, por un lado, captura rápida de ahorro fiscal donde el gasto en subsidios es mayor en el diésel; por otro, un menor impacto distributivo inmediato en hogares urbanos al suavizar el ajuste en gasolina liviana. La medida en el caso de la gasolina se sitúa en un escenario intermedio (eliminación parcial/ convergencia gradual).

¿Por qué más ajuste en diésel? El diésel concentra el gasto fiscal por subsidios y es insumo clave en transporte de carga, minería y agro. A nivel fiscal devuelve más rápidamente ahorro por cada punto de eliminación del subsidio; a nivel operativo reduce el diferencial que alimenta el contrabando. Esto es importante por el control sobre el contrabando al diésel es mucho más complejo y costoso que en el caso de la gasolina. Solo las redes eficientes y de muy bajo costo podrían persistir. Es recomendable complementar el nuevo esquema de precios con trazabilidad, controles y fiscalización eleva aún más el costo del arbitraje y reduce su atractivo económico.

La lógica aplicada a otros carburantes refuerza esta mirada. En el caso de la gasolina premium, jet fuel y avgas, el ajuste es mayor y se acerca a la paridad de importación, porque su consumo está concentrado en usuarios específicos y sectores con mayor capacidad de absorción, y porque mantener subsidios allí no cumple un objetivo social claro. En cambio, en el GLP, el Gobierno optó por mantener un precio fuertemente controlado, porque es un energético básico para hogares y pequeños comercios, con alto impacto social y político.

En el caso del transporte, el impacto del aumento del combustible es relevante, el combustible puede representar entre 20% y 35% de los costos operativos del transporte, dependiendo del tipo de servicio y de la distancia. Un aumento fuerte del diésel puede elevar los costos directos de operación, pero los transportistas no reaccionan solo al combustible: miran la inflación general, el precio de repuestos, lubricantes, mantenimiento, peajes, tipo de cambio y expectativas. Por eso, las presiones para subir tarifas suelen incorporar el “clima inflacionario” completo, no solo el costo del litro de gasolina o diésel.

Ahora, por el lado de la economía hay un elemento que cambia radicalmente y es el balance en el tipo de cambio paralelo. En las semanas previas, el paralelo se encontraba en torno a Bs 9 por dólar, nivel que reflejó una menor demanda de divisas por la caída de las importaciones y, al mismo tiempo, una reducción de la liquidez en bolivianos. Esa “zona de confort” en 9 fue, en buena medida, el resultado de algo de expectativas, una menor presión por dólares para importar y menos circulante interno.

El salto inmediato de 9 Bs/USD a cerca de 12 Bs/USD – después del ajuste en los precios – debe leerse como una primera ola de reacción del mercado. El anuncio del sinceramiento de precios crea una demanda rápida de cobertura en dólares. Los hogares, empresas e importadores buscan protegerse de una posible pérdida de poder adquisitivo. Si la oferta de dólares no se amplía de inmediato, el tipo de cambio paralelo puede sobre reaccionar. Este tipo de episodios ya se ha observado antes, especialmente cuando las reservas son limitadas y las expectativas se ajustan bruscamente.

¿Es ese salto la última ola? Probablemente no. Lo más habitual es observar un primer pico, asociado a cobertura y reacomodo de posiciones, seguido por una fase de ajuste. En esa fase, la autoridad puede ofrecer señales claras de disponibilidad de dólares o financiamiento externo, lo que permitiría una corrección parcial del tipo de cambio paralelo; o bien no intervenir de forma creíble, en cuyo caso una segunda ola puede consolidar un nivel más alto por más tiempo.

– Sin apoyo externo y con un paralelo persistentemente alto, la inflación podría volverse elevada – presionando la tasa de interés – por los efectos de segunda ronda (ajustes de precios y salarios), y el tipo de cambio podría mantenerse en niveles de 11–13 Bs/USD.

– Si el Gobierno logra dar señales claras de contar con dólares, la inflación adicional que genere este ajuste podría ser moderada y temporal, y el tipo de cambio paralelo tendería a bajar hacia la zona de 10–11 Bs/USD.

– Si la estabilización es incompleta, con subsidio parcial y un paralelo todavía inestable, la inflación podría ubicarse en un rango medio, claramente mayor al actual, pero aún manejable.

En materia de empleo, los efectos serán heterogéneos. El ajuste en diésel transmite un choque de costos a transporte, agro y minería. Estos sectores podrían experimentar un aumento del desempleo registrado en el corto plazo, especialmente si no existen medidas de apoyo. La velocidad de recuperación dependerá de cuánto dure la inestabilidad cambiaria y de cuán rápido se normalicen los costos.

Las medidas compensatorias anunciadas —subida del salario mínimo a Bs 3.300 y aumentos en rentas y bonos— suavizan la caída del ingreso real de los hogares más vulnerables. Un aumento general del salario mínimo, sin anclaje en productividad, capacitación o apoyo a la eficiencia empresarial, puede elevar costos unitarios y presionar el empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Son un amortiguador social necesario, pero costoso, y requieren políticas complementarias para no afectar la creación de empleo.

En términos de política energética, la eliminación parcial del subsidio reorienta incentivos, reduce transferencias fiscales recurrentes, acerca los precios domésticos a la paridad de importación, mejora las señales para eficiencia energética e inversión. Sin embargo, una política energética sostenible exige más: inversiones en refinación y logística, mercados mayoristas más competitivos y una gobernanza que garantice abastecimiento, transparencia y competencia.

¿Y lo social? más allá de este marco técnico de las medidas, las reacciones sociales serán un factor decisivo en la sostenibilidad política del ajuste. Los ajustes de precios en bienes de consumo masivo muy probablemente van a generar protestas en zonas urbanas, bloqueos y paros sectoriales (especialmente entre transportistas y sectores rurales), y demandas de compensaciones inmediatas. En este caso concreto, el impacto diferenciado —más duro en diésel— hace probable:

• Movilizaciones de transportistas y gremios de carga, que sienten el golpe directo en costos operativos y pueden bloquear rutas clave.
• Protestas rurales y de sectores productivos (agro, cooperativas) si los aumentos se traducen rápidamente en mayores costos de insumos y flete.
• Tensiones en ciudades si la inflación de alimentos y servicios se acelera, con presión sobre movimientos sociales y sindicatos.

La intensidad y duración de las reacciones dependerán de la percepción de equidad (si las compensaciones son visibles y eficaces para los más vulnerables), y de la confianza en la gestión (si el Gobierno comunica claramente los pasos, plazos y los mecanismos de apoyo). Una respuesta rápida y focalizada —transferencias inteligentes y diálogo social— puede contener la protesta; la ausencia de esas medidas facilita la escalada y pone en riesgo la continuidad de la reforma.

Además, la geografía importa, regiones fronterizas donde el contrabando era más rentable pueden reaccionar con mayor virulencia política, pues la reforma altera rentas locales vinculadas a esas actividades. Por tanto, la combinación de gestión de expectativas, canales de diálogo sectorial y despliegue operativo en rutas y controles es crítica para evitar que el ajuste económico se convierta en un problema mayor de orden público y pérdida de legitimidad.

En definitiva, el Gobierno tomó la decisión de corregir un problema fiscal estructural y reducir incentivos al contrabando, pero dejó abierta la verdadera prueba ¿habrá señales creíbles de dólares y políticas efectivas que combinen protección social y protección del empleo con estabilidad cambiaria? Si la respuesta es sí, el ajuste será doloroso pero manejable. Si la respuesta es no, el tipo de cambio y la inflación pueden amplificar el costo económico y social, transformando este ajuste en una crisis más profunda.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

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Por: Osvaldo Nina Baltazar*

La reciente fusión del Ministerio de Planificación del Desarrollo con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua abre una oportunidad histórica para reconfigurar la manera en que Bolivia diseña sus políticas públicas y orienta su trayectoria de desarrollo. Durante décadas, la planificación económica y la gestión ambiental avanzaron por carriles separados, con escasa articulación institucional y metodológica. Sin embargo, los compromisos asumidos por Bolivia en el marco del Acuerdo de París, así como las crecientes vulnerabilidades frente a fenómenos climáticos extremos, obligan a repensar la arquitectura del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) como el instrumento rector que guíe la transición hacia un modelo productivo bajo en emisiones y resiliente al clima.

Un aporte estratégico del nuevo ministerio es la integración plena de la perspectiva climática en la visión del PDES. Esto implica reconocer que los objetivos de crecimiento económico no pueden desvincularse de las limitaciones ambientales ni de los riesgos crecientes asociados al cambio climático. La planificación del desarrollo debe asumir que la sostenibilidad climática no es un complemento, sino una condición estructural para garantizar estabilidad macroeconómica, seguridad alimentaria y continuidad de los sistemas productivos. Bajo esta lógica, el PDES puede evolucionar hacia un marco de política pública capaz de articular productividad, competitividad y transición verde.

Como se observa en la Figura, los países de América Latina presentan niveles heterogéneos de vulnerabilidad y preparación frente al cambio climático, lo que evidencia la necesidad de incorporar criterios de resiliencia territorial y sectorial en la planificación del desarrollo. En particular, Bolivia aparece entre los países con menor capacidad de adaptación en la región, combinando alta vulnerabilidad con bajos niveles de preparación. Esta posición refuerza la urgencia de que el ministerio asuma un rol protagónico en la operacionalización de la Contribución Nacional Determinada (NDC), traduciendo los compromisos internacionales en metas sectoriales vinculadas al transporte, la energía, los bosques, la agricultura y los residuos. Más aún, exige consolidar indicadores, mecanismos de seguimiento y estimaciones de financiamiento que permitan evaluar el avance climático dentro del Sistema de Planificación Integral del Estado. Desde esta perspectiva, el PDES se convierte en un instrumento integrador que coordina la acción intersectorial y territorial en mitigación y adaptación.

Otro ámbito prioritario es la incorporación del riesgo climático en la planificación de inversiones públicas. Bolivia enfrenta eventos cada vez más frecuentes y severos —inundaciones, sequías, heladas, incendios forestales— que generan impactos fiscales, económicos y sociales significativos. El ministerio fortalecido puede liderar la adopción de criterios de inversión que incluyan evaluaciones de riesgo climático, asegurando infraestructura más resiliente y alineando el gasto público con estándares internacionales de gestión financiera verde. Así, cada proyecto de inversión —desde carreteras hasta sistemas de agua— debería demostrar no solo viabilidad económica, sino también capacidad de operar bajo escenarios climáticos futuros.

Asimismo, el ministerio puede fortalecer la alineación del presupuesto público con los objetivos climáticos mediante la implementación de sistemas de clasificación del gasto, presupuestos verdes y evaluaciones sistemáticas del impacto climático. Estas herramientas no solo facilitarían el acceso a financiamiento internacional —como el Fondo Verde del Clima—, sino que también mejorarían la eficiencia del gasto público al priorizar intervenciones con beneficios ambientales y sociales de largo plazo. A ello se suma la necesidad de institucionalizar un presupuesto plurianual, esencial para garantizar continuidad, estabilidad financiera y acumulación progresiva de resultados ambientales. Dado que muchas acciones de adaptación y resiliencia requieren horizontes superiores a un ejercicio fiscal anual, la planificación multianual se convierte en un componente indispensable de una política climática eficaz.

Finalmente, el rol articulador del ministerio es decisivo. La transición hacia un desarrollo compatible con el Acuerdo de París exige coordinación entre sectores productivos, ambientales, financieros y territoriales. El PDES puede ser el espacio de convergencia que integre visiones, alinee incentivos y garantice que las políticas climáticas y de desarrollo se implementen de manera coherente a lo largo del ciclo de planificación.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Msc. Armando Moscoso Rada*

La incertidumbre es uno de los obstáculos más perniciosos para el normal desarrollo de las actividades de una población y la pacífica convivencia de sus integrantes. Por supuesto, la incertidumbre tiene diversas fuentes de origen, una de ellas; y posiblemente la más importante; es la inseguridad. No saber si uno puede salir de su casa a determinada hora sin ser víctima de un delito. Invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un emprendimiento con la duda constante de que podrá trabajar con tranquilidad, amparado por el respeto a la propiedad privada, la vida y la libertad.

Sumar a esta incertidumbre la desconfianza en las instituciones responsables de garantizar el imperio de la Ley, ayuda a configurar un escenario perfecto para el incremento de hechos delictivos, falta de respuestas adecuadas ante los problemas de inseguridad o ineficacia de las acciones desarrolladas por las instituciones públicas.

Garantizar un Estado de Derecho pleno es la principal labor de cualquier gobierno y sus instituciones, porque de esto depende el ejercicio de todos los derechos, libertades y garantías, desde los más básicos como la vida o el trabajo, hasta los más coyunturales como el derecho al voto.

Los números y la realidad

Estadísticamente, los delitos en Bolivia han sufrido cambios en los últimos años, que hacen pensar en una reducción de las cifras de criminalidad y, por lo tanto, en apariencia, una mejora en la seguridad ciudadana. Infelizmente la realidad es totalmente diferente, lo cierto es que, lo que ha cambiado es la denuncia, y es que menos bolivianos víctimas de delitos, acuden a presentar una denuncia, esto obviamente incrementa la cifra negra y multiplica la ambigüedad de las políticas públicas para combatir un fenómeno que se desconoce en su real dimensión.

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística INE[1], sobre delitos comunes denunciados entre el 2007 y el 2024, muestran un comportamiento bastante interesante; por así decirlo; que merece un análisis cuidadoso para no caer en consideraciones o conclusiones sesgadas. Los delitos denunciados en el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2013, experimentaron un incremento constante y sostenido, alcanzando su máximo precisamente en la gestión 2013 con 78.738 casos.

Número de denuncias delitos comunes, según tipo de delito, Bolivia 2007-2024

Con base en los datos de la Policía Boliviana y los registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística – INE 2025.

 

A partir de ese año y comenzando el 2014 las cifras de denuncias sufrieron una caída por demás llamativa, el año 2014 cayeron en un poco más de 10.000 y para el 2015 fueron más de 20.000 menos, llegando a 47.761 denuncias por delitos comunes a nivel nacional. A simple vista, para los ojos y conveniencia de muchos, en ese entonces, podría inferirse que la seguridad ciudadana mejoró sustancialmente en el país. Cuestión que naturalmente no condice con la realidad experimentada por la población. Además, cuando se analizan cifras de criminalidad, deben considerarse tanto las de seguridad objetiva compuesta por el número de denuncias y número de delitos efectivamente ocurridos y denunciados, junto con la cifra negra de criminalidad o delitos no denunciados y la percepción de seguridad de las personas que se conoce como seguridad subjetiva. Que, dicho sea de paso, el año 2015 la cifra negra alcanzó el 85%, es decir que solo 15 de cada 100 delitos se denunciaron (EVIC 2015). El año 2023 los datos de la última Encuesta de Victimización e Inseguridad Ciudadana del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Drogas, muestra que el porcentaje de la cifra negra es del 85,9% (EVIC 2023) [2]. La no denuncia tiene sus raíces en diversos factores entre los que resaltan, la falta de confianza en las instituciones traducida en respuestas como: “las instancias competentes no hubieran hecho nada, falta de pruebas o porque consideran que el proceso de la denuncia es burocrático y complicado[3].

Con base en los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Narcotráfico. EVIC 2023

 

Ahora bien, ¿Por qué es tan importante la percepción de seguridad o seguridad subjetiva en el análisis criminal?

Para responder esta pregunta, primero haremos unas breves consideraciones. Las personas, casi instintivamente, antes de desarrollar una actividad, a veces incluso rutinaria, dependiendo del contexto, hacen una evaluación individual del riesgo de ser víctima de un delito, que en la mayor parte de los casos no concuerda con las estadísticas de denuncias. Esta sensación tiene diversas fuentes que influyen en ella, como las experiencias personales al haber sido víctima de un delito en el pasado, la información de terceros o experiencias ajenas, como la familia y especialmente los medios de comunicación, cuyo rol es fundamental en la percepción de seguridad de la población, por la reproducción repetitiva de los hechos, convirtiéndoles en crónica roja y causando un efecto multiplicador de la incidencia delictiva.

Otro factor determinante es la confianza en las instituciones como la Policía[4], el Ministerio Público y el Órgano Judicial[5], que en los últimos años se han visto muy venidas a menos por las constantes denuncias de corrupción, involucramiento de sus miembros en la comisión de delitos, etc.[6]

Por último, un factor no menos importante a considerar en la percepción de seguridad es la cohesión social, que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a una comunidad, compartir valores y trabajo conjunto en bien de todos, promoviendo la confianza mutua, la inclusión y la cooperación para reducir la desigualdad y la exclusión. Esta cohesión es difícil de consolidar en lugares donde la alta rotación de su población, debido al trabajo, la migración campo – ciudad y otros factores, convierten ciertas zonas en simples “dormitorios”.

Dicho esto, respondemos la pregunta formulada anteriormente. Entonces diremos que la percepción de seguridad es tanto o más importante de analizar, que las estadísticas de denuncias, por sus implicaciones a nivel individual, social e institucional.

Primero, porque condiciona el comportamiento de las personas, constriñéndolas a adoptar medidas de protección o defensa, como cambiar de hábitos, adquirir elementos de seguridad, etc. Lo que repercute en la capacidad de ejercicio de los derechos y garantías que todo individuo tiene de manera innata o adquiridos por otros medios, como la propiedad privada, por ejemplo.

Segundo, desmejora la calidad de vida de las personas influyendo de manera directa en cómo viven, como se relacionan y como trabajan, directamente vinculados con su capacidad productiva y de desarrollo, tanto individual como en conjunto. La lógica consecuencia de esto es la baja productividad y/o anquilosamiento de la economía, impidiendo su crecimiento y diversificación. Más aún cuando hablamos de emprendimiento privado en pequeña y mediana industria, que requiere de seguridad ciudadana y jurídica para su pleno desarrollo.

Finalmente, su incidencia en las políticas públicas es trascendental a pesar de ser subjetiva, ya que al ser tan alta la cifra negra de criminalidad, las políticas públicas, así como los planes, programas y proyectos que se diseñan e implementan para combatir el delito no tienen mayor incidencia en la realidad, porque no incluyen los delitos no denunciados que son en gran medida, los causantes de la percepción de inseguridad con gran incidencia en la vida, bienes y libertad de las personas.

Con base en los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Narcotráfico. EVIC 2023

 

En conclusión, la multi causalidad o multi factorialidad del delito requiere de enfoques multi disciplinarios para su estudio y comprensión, so pena de cometer errores por acción u omisión al pretender llegar a deducciones unidimensionales o incompletas, que en la mayor parte de los casos resultan en procedimientos policiales e incluso políticas públicas, meramente reactivas, que atacan el resultado y no la causa.

La reducción de una conducta antijurídica está directamente relacionada, o más bien dicho, es inversamente proporcional a la eficiencia y eficacia de las acciones de prevención que se ejecuten para reducir la posibilidad de su ocurrencia, pero a partir de la prevención y reducción de las causas subyacentes, por tanto, el desafío para el gobierno es:

Primero, conocer en su real dimensión la cantidad y tipología delictiva (inseguridad objetiva y subjetiva, incluida la cifra negra de criminalidad).

Segundo, conocer las causas que inciden en la ocurrencia de los delitos, en especial los de mayor impacto o connotación social, así como los de mayor ocurrencia.

Tercero, diseñar e implementar políticas públicas tendientes a prevenir, contener, combatir y reducir las causas o factores facilitadores y/o desencadenantes de conductas delictivas, cuyo impacto se reflejará en los índices de inseguridad objetiva y subjetiva.

Previa o simultáneamente a las acciones señaladas líneas arriba, se requiere, indefectiblemente, de voluntad política e institucional, para encarar un proceso de reforma estructural de las instituciones relacionadas con la administración de justicia: Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Boliviana.

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* Investigador y Consultor en Seguridad Ciudadana amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

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[1] Registros Administrativos: Violencia Ciudadana, Policía Boliviana. Instituto Nacional de Estadística INE.

[2] Lo que también es grave es que, de las pocas personas que denunciaron los delitos de los que fueron víctimas, el 89,4% quedaron insatisfechas con el resultado de su denuncia, de esos el 71,8% dice que las instancias correspondientes no se interesaron en su caso, pero, además no encontraron o no detuvieron al autor y no recuperaron lo robado. Estas dos últimas cuestiones hablan de la baja efectividad de las acciones desarrolladas por las instancias correspondientes. Estudio Nacional de Victimización y Percepción en Seguridad Ciudadana, Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas 2023.

[3] Periódico Opinión: 27 de marzo de 2023. https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/2022-121-malos-policias-fueron-dados-baja/20230326200306901616.html

Agencia de noticias FIDES: 8 de mayo de 2022. https://noticiasfides.com/nacional/seguridad/siete-hechos-afectan-la-imagen-de-la-policia-en-cinco-meses-y-gobierno-trabaja-en-cambios-415180

Periódico Opinión: 4 de mayo de 2022.  https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/policias-drogas-robos-chutos/20220503221716865223.html

Periódico Opinión: 31 de enero de 2025. https://noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-enero-la-policia-se-vio-envuelta-en-al-menos-seis-escandalos-de-corrupcion

[4] Un estudio publicado por el Barómetro de las Américas de la Vanderbilt University y USAID el 22 de noviembre de 2024, titulado Perspectivas # 164, encontró que solo el 19% de los bolivianos confía en la Policía, ocupando el último lugar en Latinoamérica, en contraposición con la confianza de los salvadoreños en su policía, que alcanza el 69%, siendo la más alta de la región.

[5] Bolivia se ubicó entre los países peor clasificados del mundo en el Índice de Estado de Derecho 2025 del Proyecto Mundial de Justicia (WJP), ocupando el puesto 131 de 143 naciones evaluadas.

[6] Según un estudio de diciembre de 2020, del Barómetro de la Américas publicado en conjunto con USAID, el 28.1% de los entrevistados fueron víctimas de la corrupción policial al habérseles pedido un soborno.

 

Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

En octubre 2025, el INE presentó la actualización de las cuentas nacionales del país, proyecto que contó con el apoyo técnico de la CEPAL, el FMI y otros cooperantes. La nueva serie de cuentas nacionales que publica el INE incluye cambios metodológicos importantes. En primer lugar, se ha reemplazado el sistema anterior de cálculo PIB de base fija, que había mantenido a 1990 como año base para el cálculo del PIB a precios constantes, por el sistema de base variable encadenada, que es el sistema más ampliamente utilizado en el mundo. Segundo, para el cálculo actualizado de las cuentas nacionales, el INE ha realizado un esfuerzo estadístico importante, lo que ha permitido obtener una mayor cobertura de la economía nacional, incluyendo actividades que anteriormente no eran consideradas en el cálculo.

Esta nueva serie de cuentas nacionales, ha traído como resultado un redimensionamiento del tamaño de la economía, y por lo tanto cambios en el valor de varias variables e indicadores macroeconómicos comúnmente utilizados, en relación a los valores de éstas calculadas con la serie del PIB con base fija 1990, como ser: el nivel del PIB, PIB per cápita, crecimiento del PIB, déficit fiscal, deuda pública, etc. A continuación, se analizan algunos de los efectos del cambio de la serie de cuentas nacionales sobre estas variables e indicadores.

PIB nominal y PIB per cápita

Como se dijo anteriormente, el cálculo de la nueva serie de cuentas nacionales ha representado un esfuerzo estadístico por parte del INE, que permitió incluir actividades anteriormente excluida del cálculo del PIB. Como resultado de esta mayor cobertura, el PIB nominal aumentó entre un 15% y 20% con relación a los valores de la serie anterior. De esta forma, el PIB nominal en 2024 llegó a US$ 54.487 millones (utilizando el tipo de cambio oficial para este cálculo), superior en 17.7% al valor calculado usando la metodología anterior de base fija.

PIB nominal

(millones US$)

                                         Fuente: elaborado con base en información del INE

 

Como resultado del cambio anotado en el valor nominal del PIB, se ha producido también una modificación del PIB per cápita de Bolivia. Utilizando la serie anterior, el PIB per cápita para 2024 alcanzaba a US$ 4.073 por habitante, mientras que con la nueva serie éste se sitúa en US$ 4.794 por habitante (17.7% mayor).

PIB per cápita 2024

(US$ por habitante)

Fuente: elaborado con base en información del INE

 

Crecimiento del PIB

Otro indicador que ha experimentado variaciones con el cambio metodológico en el cálculo de las cuentas nacionales, ha sido la tasa de crecimiento del PIB real.  Existen diferencias en la fórmula de cálculo de la tasa de crecimiento del PIB para ambas metodologías:

a) En el sistema de base fija, que en el caso de las cuentas nacionales de Bolivia era 1990, la fórmula utilizada es:

b) En el sistema de serie encadenada la fórmula utilizada es:

 

Donde:

gbf_t: tasa de crecimiento del PIB para el año t, en relación al año t-1, sistema de base fija

gse_t : tasa de crecimiento del PIB para el año t en relación al año t-1, sistema serie encadenada

P₀ : precios del año base 0 (año 1990 para el caso de Bolivia)

P_t—1 : precios del año t-1

Q_t : cantidades producidas en el periodo t

Q_t—1  : cantidades producidas en el periodo t-1

Crecimiento del PIB real

(variación % anual)

 

Fuente: elaborado con base en información del INE

 

Hay algunos aspectos que llaman la atención al observar las dos series de crecimiento del PIB. En primer lugar, resalta el hecho que, la tasa de caída del PIB en 2020, como resultado de la pandemia del Covid 19, es significativamente mayor al ser calculada con la nueva metodología (-12.72%), en relación a la calculada con la metodología anterior (-8.7%). Contrariamente, la tasa de crecimiento del PIB en 2021, como resultado de la recuperación de la economía de los efectos de la pandemia, es también considerablemente más elevada al ser calculada con la nueva metodología (10.03%), en comparación a la calculada con la metodología de base fija (6.11%). Esto se debe al mayor peso que tienen en el PIB, las actividades que experimentaron las mayores caídas durante la pandemia (servicios y construcción).

Otro aspecto que llama la atención es que, con la nueva metodología, ya se había producido una caída del PIB en 2024 (-1.12%), lo que no era el caso al ser calculado el crecimiento con la metodología anterior (0.73%). Esto muestra que la economía ya se encontraba en recesión en 2024, al registrar durante dos trimestres consecutivos tasas negativas de crecimiento. Esto se debe también al mayor peso que tienen en el PIB las actividades extractivas en la actualidad, que fueron las que experimentaron las mayores caídas en 2024 y 2025.

 Déficit Fiscal y Deuda Pública

Finalmente, otros indicadores que también experimentaron cambios al ser calculados en función a la nueva serie del PIB son el déficit fiscal y la deuda pública. Al ser mayor el PIB nominal calculado con la nueva metodología, el déficit fiscal es menor como porcentaje del PIB. Como puede observarse en el siguiente gráfico, el déficit para 2024, que llegaba 10.2% al ser calculado usando el PIB nominal de la serie de base fija 1990, se reduce a 8.7% del PIB con el PIB de la nueva serie. Esto no significa por supuesto, que la situación fiscal del país sea menos crítica, sino que el análisis de este y otros temas de la economía, deberá ajustarse a estos nuevos valores para estos indicadores, ya que, en forma habitual, las metas y reglas fiscales son fijadas en valores expresados como porcentaje del PIB.

Déficit del SPNF

(porcentaje del PIB)

 

Fuente: elaborado con base en información del MEFP e INE

 

Otro indicador estrechamente vinculado al anterior es el coeficiente de endeudamiento, i.e. coeficiente deuda pública/PIB. Este es un indicador clave para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública, ya que una tendencia ascendente de este indicador nos mostraría que la deuda se encuentra en una trayectoria no sostenible. Contrariamente, si este coeficiente se mantiene estable o tiende a caer, la deuda se encontraría en una situación de sostenibilidad. Este indicador es habitualmente incluido como meta, en las reglas fiscales y leyes de responsabilidad fiscal que adoptan los países para garantizar la sostenibilidad fiscal.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, el coeficiente deuda/PIB había llegado en 2024 a un nivel igual a 82.0% del PIB, al utilizar el PIB de la serie anterior de base fija, mientras que, con la nueva serie, el coeficiente se reduce a 69.7% del PIB. Nuevamente, este cambio no significa que la sostenibilidad de la deuda pública en Bolivia haya experimentado una mejora, sino que esta problemática deberá ser analizada considerando estos nuevos valores para este indicador.

 

 Deuda Pública

(porcentaje del PIB)

Fuente: elaborado con base en información del MEFP, BCB e INE

 

En resumen, la nueva serie de cuentas nacionales publicada recientemente por el INE, constituye un avance metodológico importante, ya que coloca a Bolivia entre los países que utiliza este nuevo sistema que es la utilizada en la mayor parte de los países. Además, se ha realizado un esfuerzo para aumentar la cobertura de las cuentas, para incluir una mayor parte de las actividades económicas, lo que ha conducido a un redimensionamiento del tamaño de la economía y del PIB. Esto por supuesto, ha modificado el valor de algunas variables e indicadores comúnmente utilizados en el análisis y evaluación de la economía.

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* Investigador Senior de INESAD, ljemio@inesad.edu.bo

Este blog es parte del Proyecto ADÁMAS ECONÓMICO.

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

 

Por: Osvaldo Nina Baltazar*

En tiempos en que los rankings universitarios internacionales se han vuelto referentes globales para medir la calidad educativa, vale la pena detenerse a observar qué factores explican que una universidad destaque entre las mejores del mundo. La creencia extendida sugiere que las universidades privadas —sobre todo aquellas situadas en países desarrollados— lideran estas clasificaciones gracias a su flexibilidad de gestión, autonomía financiera y capacidad de captar recursos. Pero ¿es realmente el modelo institucional lo que determina la excelencia?

La evidencia empírica dice otra cosa. Un análisis del desempeño general y académico de universidades, reflejado en indicadores como la reputación académica y las citas por docente, muestra una correlación clara: la calidad del plantel docente y la inversión sostenida en investigación son los pilares fundamentales del posicionamiento global. Más interesante aún, el gráfico comparativo revela que numerosas universidades públicas se ubican en los tramos superiores de estos rankings. Es decir, cuando el financiamiento es estratégico, constante y bien gestionado, las universidades públicas no solo compiten, sino que lideran.

Ejemplos como la Universidad de Oxford, la Universidad de California – Berkeley, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de São Paulo, la Universidad de Chile o la UNAM lo confirman. No son excepciones fortuitas, sino el resultado de modelos públicos sólidos, con autonomía real, estructuras de gobernanza profesionalizadas y una orientación clara hacia la excelencia académica y la responsabilidad social. Estas instituciones no se limitan a administrar recursos, sino que saben para qué educan, investigan e innovan.

En Bolivia, esta discusión cobra especial relevancia frente al próximo proceso electoral. Los planes de gobierno presentados para las elecciones 2025 muestran que la mayoría de los partidos —con diferencias matizadas— apuestan por el fortalecimiento de la educación superior pública y privada sin fines de lucro. Algunos subrayan la gratuidad y el acceso universal, otros valoran la diversidad institucional mientras se mantenga una lógica de bien público. Esta coincidencia puede ser una oportunidad para salir de debates estériles sobre si la educación debe ser pública o privada, y centrarse más bien en cómo garantizar calidad, pertinencia y transparencia, sin importar el régimen de propiedad.

Además, debemos asumir que el problema no es solo de recursos, sino también de visión. Mientras no existan marcos institucionales que aseguren continuidad en las políticas universitarias, criterios meritocráticos en la selección docente y mecanismos de evaluación de resultados, seguiremos midiendo la calidad más por el esfuerzo individual que por la estrategia colectiva. Una universidad de calidad se construye con docentes comprometidos, estudiantes exigentes, gestores responsables y autoridades que entienden que la educación no es un gasto, sino una inversión de largo plazo.

Porque al final del día, lo que diferencia a una buena universidad no es si genera o no lucro, sino la calidad de sus docentes, la claridad de su misión institucional y la eficiencia de su gestión. Apostar por políticas públicas que fortalezcan esos pilares —autonomía real, financiamiento estratégico, rendición de cuentas y excelencia docente— es clave si queremos que nuestras universidades dejen de competir por sobrevivir y comiencen a competir por liderar.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

A partir de la segunda mitad de 2022, el balance en cuenta corriente de la balanza de pagos ha experimentado un deterioro importante, pasando de mostrar superávits en los periodos previos, a registrar déficits, que en promedio han sido de US$ 350 millones en los últimos siete trimestres. En el cuarto trimestre de 2023 y primer trimestre de 2024, el déficit se situó respectivamente en US$ 747 millones y US$ 612 millones, siendo éstos los mayores déficits alcanzados en los últimos cinco años. Como puede observarse en el gráfico, el déficit se origina principalmente en el significativo deterioro del balance comercial de bienes, que en estos dos últimos trimestres analizados han mostrado, respectivamente, déficits de US$ 298 millones y US$ 305 millones.

Balance en Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos

                               Fuente: elaborado con  base en información del BCB

 

El deterioro en el balance comercial de bienes se explica por la caída en las exportaciones y un aumento en el balance negativo de la partida de ingreso primario, este último por el incremento en las tasas de interés internacionales, que aumentaron los pagos de intereses por concepto de la deuda externa pública y privada. Las exportaciones por otra parte, en el primer semestre de 2024, fueron un 40.4% menores a las registradas en el primer semestre de 2022. Esta significativa caída es explicada completamente por los menores volúmenes exportados, ya que los precios permanecieron estables.

Las importaciones por otra parte, también experimentaron una caída importante, aunque a una tasa significativamente menor (12.3% de caída en similar periodo). Esta caída, originada principalmente por la caída en los ingresos reales de la población y por la dificultad en el acceso a divisas por parte de los agentes económicos, contribuyó a aminorar el déficit generado por la reducción en las exportaciones.

Balance Comercial de Bienes

Fuente: elaborado con base en información del INE

 

Además del déficit en cuenta corriente, se ha registrado un balance negativo importante en la partida de errores y omisiones (E&O), que ha mostrado un déficit desde hace ya bastantes periodos, y se ha constituido en un drenaje importante de recursos externos para la economía. Esta partida se calcula como una variable de ajuste de los flujos externos, y se asume que refleja la existencia de aquellas transacciones no registradas, como las exportaciones e importaciones de contrabando, fuga de capitales, entre otras. Esta partida ha representado un balance negativo de alrededor de US$ 580 millones por trimestre en los últimos dos años.

 

Principales partidas de la Balanza de Pagos

                               Fuente: elaborado con base en información del BCB

Financiamiento del Déficit

El financiamiento necesario para cubrir el déficit en la cuenta corriente y el balance negativo de la partida de E&O, ha sido de US$ 882 millones en promedio, en los últimos 7 trimestres. Desde el punto de vista metodológico de la Balanza de Pagos, este financiamiento ha representado un aumento de los pasivos o de una caída en los activos netos de la economía, que ha ocurrido a través de diferentes partidas de la Cuenta Financiera de la balanza de pagos. El aumento en los pasivos externos, o la disminución de activos externos, representan una fuente de fondos para la economía, con cual se financia el déficit. En este sentido, como puede observarse en el siguiente gráfico, las dos principales partidas que han participado en el financiamiento del déficit, durante el periodo analizado, han sido los activos de reserva y otras inversiones.

 

Principales partidas de la Cuenta Financiera

(adquisición neta de pasivos en millones US$)

                               Fuente: elaborado con base en información del BCB

 

Los activos de reserva, que constituyen principalmente el uso de las reservas internacionales del Banco Central, utilizados para financiar el déficit externo, han sido en promedio de US$ 498 millones, por trimestre, durante el periodo analizado. Como puede observarse en el siguiente gráfico, entre el tercer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, se recurrió a las reservas en divisas y a los DEGs. Durante este periodo, se perdieron en promedio trimestral US$ 365 millones en activos en divisas. El primer trimestre de 2023 se utilizaron US$ 478 millones de los DEGs que se tenía en las reservas. A partir del segundo trimestre de 2023, y una vez que las reservas en divisas y DEGs se agotaron, se recurrió a las reservas en oro. El uso de reservas de oro monetario para financiar el déficit, entre el segundo trimestre d 2023 y primer trimestre de 2024, fue en promedio de US$ 365 millones. En el tercer trimestre de 2023, éste alcanzó a US$ 697 millones.

 

Activos de Reserva

(pérdida neta de activos en millones US$)

                               Fuente: elaborado con base en información del BCB

 

La otra partida importante utilizada para financiar el déficit externo, fue la de Otras Inversiones, que comprende diversas partidas como préstamos, moneda y depósitos y cuentas por pagar o por cobrar. Durante el periodo analizado, el flujo de préstamos ha sido variable, pero en promedio se han situado en US$ 119 millones por trimestre. En el tercer trimestre de 2022 se obtuvieron US$ 518 millones en préstamos netos, y el primer trimestre de 2024, hubo un flujo negativo de préstamos, debido a que en ese periodo se produjo la amortización importante de un préstamo por US$ 196 millones. Sin embargo, lo que más llama la atención, es el comportamiento de la partida cuentas por pagar/cobrar. Estas se han vuelto muy importantes en los últimos cuatro trimestres, evidenciando que la capacidad de la economía para pagar sus facturas se ha deteriorado por la caída en los ingresos externos. El cuarto trimestre de 2023, las cuentas por pagar aumentaron en US$ 328 millones y en US$ 645 millones el primer trimestre de 2024. Probablemente, estas cuentas por pagar correspondan a las facturas debidas por las importaciones de carburantes.

 

Otras Inversiones

(adquisición neta de pasivos en millones US$)

                               Fuente: elaborado con base en información del BCB

 

En síntesis, la economía boliviana presenta en los últimos años un creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual ha sido financiado por los préstamos obtenidos y por las reservas internacionales. En los últimos trimestres, sin embargo, una fuente importante de financiamiento del déficit, ha sido la acumulación de cuentas por pagar, lo que pone en evidencia, las dificultades que enfrenta la economía para realizar sus pagos al exterior.

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*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Daniela Romero*

La agricultura es la fuente de empleo más importante para hombres y mujeres en las regiones más pobres del mundo, más aún cuando se trata de una agricultura a pequeña escala (FIDA 2011: 9, 16). El papel de las mujeres en ésta es de vital importancia, puesto que son las principales responsables de la seguridad alimentaria, la administración y distribución de los ingresos, la transformación de los medios de subsistencia, además del cuidado del hogar (Barrientos 2007: 5; Agarwal, 1996). Sin embargo, la escasa infraestructura y servicios rurales, así como la asignación cultural patrilineal de funciones dentro del hogar y la producción, han limitado por años su participación en el mercado laboral y en la vida política de sus comunidades en lo que respecta al desarrollo agropecuario (Lastarria – Cornhill, 2008; Jelin, 2014). Leer Más »

Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

La pandemia del Covid -19 ha tenido un gran impacto sobre el desempeño de la economía boliviana, como en casi todas las economías de la región y del mundo. Estos efectos se dieron principalmente el año 2020, debido al cierre de la economía mundial, que se transmitió a la economía local a través de menores precios y volúmenes de exportación. Paralelamente, las medidas de cuarentena aplicadas para contener el avance de la pandemia, contrajeron aún más la actividad económica, especialmente en los meses de abril y mayo, lo que acentuó la caída de la actividad económica, el empleo y los ingresos. De acuerdo a la información publicada por el INE sobre el Indice Global de Actividad Económica (IGAE), no se disponen de datos de cuentas nacionales completas, en 2020 la actividad económica habría caído en 8.8%.

A partir de junio 2020, una vez que se flexibilizaron las medidas de cuarentena, la actividad económica tendió a normalizarse. En 2021, de acuerdo a información del IGAE a abril, la actividad económica habría crecido en 5.2%. Esta tasa será incluso mayor, cuando se incluyan datos sobre la actividad económica para mayo y junio. El crecimiento podría ser de hasta 7% para 2021.

No todos los sectores de actividad han sido igualmente afectados por la pandemia, ya que existen algunos sectores que, por su naturaleza, tienden a seguir en mayor o menor medida el ciclo de la economía. Es decir, tienden a ser más pro-cíclicos, cuando son más afectados por los shocks, o contra-cíclicos, cuando son más resilientes a los efectos del ciclo económico.

La siguiente tabla muestra los diferentes sectores, agrupados de acuerdo a la magnitud del impacto de la pandemia sobre su nivel de actividad. Están los sectores con relativamente bajo impacto, es decir con tasas positivas de crecimiento en 2020 o con caídas menores a 5%; los sectores de impacto medio, con caídas mayores a 5%, pero menores a 10%; y los sectores con alto impacto, con caídas mayores a 10%. La tabla también muestra la tasa de crecimiento de los sectores en 2021 (hasta abril). En general se observa que los sectores que mostraron mayores caídas en 2020, muestran también tasa de crecimiento más altas en 2021, y aquellos que mostraron tasas más bajas de caída en 2020, muestran también tasas más bajas de crecimiento en 2021.

Tabla No. 1: Sectores de Actividad Económica según impacto de la Pandemia Covid-19

Entre las actividades con bajo impacto, está el sector agropecuario, que, por su naturaleza eminentemente rural, no fue afectada por la pandemia. Además, el ciclo agrícola no requiere de la intervención directa intensiva de la actividad humana, durante el periodo que se da entre siembra y cosecha de los cultivos. De acuerdo al IGAE, el sector agropecuario creció en 3.1% en 2020 y, hasta abril, en 1.9% en 2021.

La manufactura de alimentos, bebidas y tabaco también muestra una tasa relativamente baja de caída en 2020 (-3.4%), y un crecimiento de 1.8% para 2021. La incertidumbre generada por los efectos de la pandemia sobre el empleo y los ingresos, hizo que las familias priorizaran el consumo básico, como es el caso de los alimentos, y posterguen el consumo de bienes durables. Esto mantuvo la demanda de alimentos estable durante la pandemia.

Las actividades de servicios de electricidad, gas y agua, comunicaciones, servicios financieros, y propiedad de la vivienda también cumplieron un rol importante durante los meses de la pandemia. Al permanecer las personas recluidas en sus hogares, mantuvieron la demanda de estos servicios estable, o en algunos casos, como las comunicaciones, las incrementaron.

Entre los sectores que tuvieron un alto impacto sobre sus niveles de actividad está la minería, que cayó en 28.5% en 2020. La caída en la demanda mundial por minerales afectó el desempeño del sector. También, las actividades de algunas empresas mineras tuvieron que cerrarse completamente, debido a la alta tasa de contagio de covid que se registró entre sus trabajadores. Para 2021 (abril), se registra un crecimiento de 37% en la actividad de este sector.

La actividad del sector de otras manufacturas mostró una caída de 13.9% en 2020. Como se dijo anteriormente, los hogares priorizaron el consumo básico, y postpusieron la demanda por otro tipo de bienes manufacturados durables, como es el caso de los textiles y prendas de vestir. Para 2021, hasta abril, se observa un crecimiento de 15.9% para este sector.

La construcción fue otro de los sectores altamente afectados por la pandemia, mostrando una caída de 13.9% en 2020. La construcción es sin duda, el más pro-cíclico de los sectores de la economía, ya que se mueve en forma altamente correlacionada con el ciclo económico. La paralización de las actividades de este sector durante los meses más críticos de la pandemia, explican este comportamiento. Además, la paralización de la inversión pública durante este año, también afectó la actividad del sector. A abril de 2021 se observa una tasa de crecimiento de 17.5%.

La actividad del sector de transporte y almacenamiento cayó en 25.5% en 2020, debido a la paralización de todas las formas de transporte durante la pandemia, es decir, transporte terrestre y aéreo, de carga y pasajeros. Para 2021, se observa una recuperación de 7.6% en el nivel de actividad del sector.

Entre los sectores con impacto intermedio, se observa que la producción de hidrocarburos cayó en 6.5%, debido a menores exportaciones de gas natural, y también al menor consumo interno por la caída generalizada de la actividad económica. Hasta abril 2021, la producción del sector creció en 12.2%, debido principalmente al crecimiento de las exportaciones de gas natural.

En resumen, la pandemia del covid-19 ha tenido un impacto variable entre los sectores de actividad de la economía boliviana. Algunos sectores han mostrado un comportamiento más pro-cíclico que otros, que han sido más resilientes a la pandemia. En 2021, se observa una recuperación de la actividad económica, aunque insuficiente para recuperar los niveles de actividad existentes antes de la pandemia.

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*Investigador Asociado de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.