La Inversión Extranjera Directa en la Actual Política de Gobierno

Por Beatriz Muriel, Ph.D. *

El proceso de nacionalización que vivió Bolivia desde el año 2006 ha sido una muestra clara del repudio del Gobierno actual del llamado proceso “neoliberal” de privatizaciones y capitalizaciones, que fueron acompañadas de la captación de inversión extranjera directa (IED) y la entrada de multinacionales al país. Al respecto, las medidas de expropiación han llevado a más de una docena de juicios internacionales que todavía no se resuelven.

Bajo estos antecedentes, las acciones del Gobierno en los últimos meses –como los viajes realizados a Estados Unidos, Francia y Alemania– en busca de IED, ha dejado confundida a una buena parte de la población boliviana, en una especie de emociones contrapuestas entre discursos y contra-discursos. Aún más, en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 –promulgado recientemente– se idealizan millonarias inversiones; entre las cuales se establece en particular, como una meta dentro del Pilar 5 (Soberanía Comunitaria y Financiera), que la IED llegará al menos al 8% del PIB (siendo actualmente la neta un poco menos del 2%).

Con todo, cabe notar que la visión en el Plan es que esta inversión se constituya en una “socia” de los emprendimientos productivos nacionales; la cual es apoyada mediante la Nueva Constitución Política del Estado, la Ley de Inversiones promulgada en 2014, y la Ley de Conciliación y Arbitraje de 2015. Este cambio de perspectiva parece ser un reconocimiento de que es posible encontrar puntos intermedios entre las ideologías extremas de satanización versus santificación de la IED, a partir del establecimiento de una regulación adecuada que permita generar una IED promotora del desarrollo económico y social, y al margen de cualquier abuso o explotación indiscriminada de los recursos humanos y naturales. Al respecto, queda todavía un camino importante por recorrer para la creación de un marco regulatorio que delimite, de manera clara, completa y confiable, las reglas de juego y acciones para el efecto.

De este modo, cabe notar que en el debate en torno a la atracción de IED, las normas y regulaciones son condiciones necesarias pero no suficientes. El periodo “neoliberal” es un ejemplo de esta limitación, donde la IED tuvo legalmente amplias libertades pero fue concentrada básicamente en la capitalización de empresas estatales, al margen de un desarrollo estratégico-productivo; por ejemplo, intensivo en mano de obra.

Las limitaciones en atraer IED parecen ser explicadas mediante la teoría OLI (Ownership-Location-Internalization) para el caso de Bolivia. En particular, los inversores extranjeros evalúan los beneficios versus los costos de producir en un determinado lugar frente a la alternativa de exportar a este. Los beneficios se enmarcarían en alguna ventaja que posea el país (como tamaño de la demanda, recursos naturales, etc.) para competir en el mercado interno y/o externo; y los costos a todos aquellos relativos a su funcionamiento, producción y comercialización.

En este contexto parecen evidentes las bajas perspectivas de atraer efectivamente IED; en una economía donde la población es escasa, prima el contrabando y la competencia desleal, los servicios productivos son incipientes  -infraestructura de transporte, servicios básicos, servicios estatales, etc.- y los costos de la formalidad elevados -tributos, burocracia, multas, etc.-, entre muchos otros factores. Así, cabrá entonces pensar en desarrollar una estructura productiva con bases adecuadas para atraer no solamente IED, sino también mayor inversión privada interna.

* La autora es Investigadora Senior del INESAD, Ph.D. en economía, bmuriel@inesad.edu.bo ¹

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