Desarrollo Sobre la Mesa Debatiendo abiertamente temas críticos sobre el desarrollo de Bolivia
Por: Javier Aliaga Lordemann*
Ayer el Gobierno promulgó el Decreto Supremos 5503, de amplio espectro, que merece un análisis posterior por el alcance de este. Nos concentramos en analizar el ajuste al subsidio a los carburantes -la gasolina especial a Bs 6,96 y el diésel a Bs 9,80- como parte de un paquete que también incluye aumentos al salario mínimo y transferencias sociales. La medida fue selectiva y técnica, se redujo el subsidio por producto en lugar de aplicar un solo tarifazo uniforme. Esto genera dos efectos, por un lado, captura rápida de ahorro fiscal donde el gasto en subsidios es mayor en el diésel; por otro, un menor impacto distributivo inmediato en hogares urbanos al suavizar el ajuste en gasolina liviana. La medida en el caso de la gasolina se sitúa en un escenario intermedio (eliminación parcial/ convergencia gradual).
¿Por qué más ajuste en diésel? El diésel concentra el gasto fiscal por subsidios y es insumo clave en transporte de carga, minería y agro. A nivel fiscal devuelve más rápidamente ahorro por cada punto de eliminación del subsidio; a nivel operativo reduce el diferencial que alimenta el contrabando. Esto es importante por el control sobre el contrabando al diésel es mucho más complejo y costoso que en el caso de la gasolina. Solo las redes eficientes y de muy bajo costo podrían persistir. Es recomendable complementar el nuevo esquema de precios con trazabilidad, controles y fiscalización eleva aún más el costo del arbitraje y reduce su atractivo económico.
La lógica aplicada a otros carburantes refuerza esta mirada. En el caso de la gasolina premium, jet fuel y avgas, el ajuste es mayor y se acerca a la paridad de importación, porque su consumo está concentrado en usuarios específicos y sectores con mayor capacidad de absorción, y porque mantener subsidios allí no cumple un objetivo social claro. En cambio, en el GLP, el Gobierno optó por mantener un precio fuertemente controlado, porque es un energético básico para hogares y pequeños comercios, con alto impacto social y político.
En el caso del transporte, el impacto del aumento del combustible es relevante, el combustible puede representar entre 20% y 35% de los costos operativos del transporte, dependiendo del tipo de servicio y de la distancia. Un aumento fuerte del diésel puede elevar los costos directos de operación, pero los transportistas no reaccionan solo al combustible: miran la inflación general, el precio de repuestos, lubricantes, mantenimiento, peajes, tipo de cambio y expectativas. Por eso, las presiones para subir tarifas suelen incorporar el “clima inflacionario” completo, no solo el costo del litro de gasolina o diésel.
Ahora, por el lado de la economía hay un elemento que cambia radicalmente y es el balance en el tipo de cambio paralelo. En las semanas previas, el paralelo se encontraba en torno a Bs 9 por dólar, nivel que reflejó una menor demanda de divisas por la caída de las importaciones y, al mismo tiempo, una reducción de la liquidez en bolivianos. Esa “zona de confort” en 9 fue, en buena medida, el resultado de algo de expectativas, una menor presión por dólares para importar y menos circulante interno.
El salto inmediato de 9 Bs/USD a cerca de 12 Bs/USD – después del ajuste en los precios – debe leerse como una primera ola de reacción del mercado. El anuncio del sinceramiento de precios crea una demanda rápida de cobertura en dólares. Los hogares, empresas e importadores buscan protegerse de una posible pérdida de poder adquisitivo. Si la oferta de dólares no se amplía de inmediato, el tipo de cambio paralelo puede sobre reaccionar. Este tipo de episodios ya se ha observado antes, especialmente cuando las reservas son limitadas y las expectativas se ajustan bruscamente.
¿Es ese salto la última ola? Probablemente no. Lo más habitual es observar un primer pico, asociado a cobertura y reacomodo de posiciones, seguido por una fase de ajuste. En esa fase, la autoridad puede ofrecer señales claras de disponibilidad de dólares o financiamiento externo, lo que permitiría una corrección parcial del tipo de cambio paralelo; o bien no intervenir de forma creíble, en cuyo caso una segunda ola puede consolidar un nivel más alto por más tiempo.
– Sin apoyo externo y con un paralelo persistentemente alto, la inflación podría volverse elevada – presionando la tasa de interés – por los efectos de segunda ronda (ajustes de precios y salarios), y el tipo de cambio podría mantenerse en niveles de 11–13 Bs/USD.
– Si el Gobierno logra dar señales claras de contar con dólares, la inflación adicional que genere este ajuste podría ser moderada y temporal, y el tipo de cambio paralelo tendería a bajar hacia la zona de 10–11 Bs/USD.
– Si la estabilización es incompleta, con subsidio parcial y un paralelo todavía inestable, la inflación podría ubicarse en un rango medio, claramente mayor al actual, pero aún manejable.
En materia de empleo, los efectos serán heterogéneos. El ajuste en diésel transmite un choque de costos a transporte, agro y minería. Estos sectores podrían experimentar un aumento del desempleo registrado en el corto plazo, especialmente si no existen medidas de apoyo. La velocidad de recuperación dependerá de cuánto dure la inestabilidad cambiaria y de cuán rápido se normalicen los costos.
Las medidas compensatorias anunciadas —subida del salario mínimo a Bs 3.300 y aumentos en rentas y bonos— suavizan la caída del ingreso real de los hogares más vulnerables. Un aumento general del salario mínimo, sin anclaje en productividad, capacitación o apoyo a la eficiencia empresarial, puede elevar costos unitarios y presionar el empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Son un amortiguador social necesario, pero costoso, y requieren políticas complementarias para no afectar la creación de empleo.
En términos de política energética, la eliminación parcial del subsidio reorienta incentivos, reduce transferencias fiscales recurrentes, acerca los precios domésticos a la paridad de importación, mejora las señales para eficiencia energética e inversión. Sin embargo, una política energética sostenible exige más: inversiones en refinación y logística, mercados mayoristas más competitivos y una gobernanza que garantice abastecimiento, transparencia y competencia.
¿Y lo social? más allá de este marco técnico de las medidas, las reacciones sociales serán un factor decisivo en la sostenibilidad política del ajuste. Los ajustes de precios en bienes de consumo masivo muy probablemente van a generar protestas en zonas urbanas, bloqueos y paros sectoriales (especialmente entre transportistas y sectores rurales), y demandas de compensaciones inmediatas. En este caso concreto, el impacto diferenciado —más duro en diésel— hace probable:
- Movilizaciones de transportistas y gremios de carga, que sienten el golpe directo en costos operativos y pueden bloquear rutas clave.
- Protestas rurales y de sectores productivos (agro, cooperativas) si los aumentos se traducen rápidamente en mayores costos de insumos y flete.
- Tensiones en ciudades si la inflación de alimentos y servicios se acelera, con presión sobre movimientos sociales y sindicatos.
La intensidad y duración de las reacciones dependerán de la percepción de equidad (si las compensaciones son visibles y eficaces para los más vulnerables), y de la confianza en la gestión (si el Gobierno comunica claramente los pasos, plazos y los mecanismos de apoyo). Una respuesta rápida y focalizada —transferencias inteligentes y diálogo social— puede contener la protesta; la ausencia de esas medidas facilita la escalada y pone en riesgo la continuidad de la reforma.
Además, la geografía importa, regiones fronterizas donde el contrabando era más rentable pueden reaccionar con mayor virulencia política, pues la reforma altera rentas locales vinculadas a esas actividades. Por tanto, la combinación de gestión de expectativas, canales de diálogo sectorial y despliegue operativo en rutas y controles es crítica para evitar que el ajuste económico se convierta en un problema mayor de orden público y pérdida de legitimidad.
En definitiva, el Gobierno tomó la decisión de corregir un problema fiscal estructural y reducir incentivos al contrabando, pero dejó abierta la verdadera prueba ¿habrá señales creíbles de dólares y políticas efectivas que combinen protección social y protección del empleo con estabilidad cambiaria? Si la respuesta es sí, el ajuste será doloroso pero manejable. Si la respuesta es no, el tipo de cambio y la inflación pueden amplificar el costo económico y social, transformando este ajuste en una crisis más profunda.
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* Investigador Senior asociado de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo
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