Por: Luis Carlos Jemio, Ph.D*
Uno de los principales problemas macroeconómicos que enfrenta la economía boliviana en la actualidad es el elevado déficit fiscal que se viene registrando a partir de 2014. Si bien no se cuenta con cifras definitivas para 2018, es muy probable que el déficit se mantenga en niveles altos también ese año. Para 2019, de acuerdo a información contenida en el PGE, el déficit presupuestado es de 6.98% del PIB. Claramente esta situación es insostenible, ya que ésta implica un aumento en el endeudamiento y/o una pérdida continua de reservas internacionales. Como puede verse en el gráfico 1, la causa principal del déficit ha sido la caída en los ingresos del SPNF. Estos se redujeron de 51.4% del PIB en 2014 a 40.2% del PIB en 2017. Es muy probable que los ingresos se hayan recuperado parcialmente en 2018, debido a los mayores los precios del petróleo, pero ésta no es suficiente para compensar la caída observada en los últimos años.
Los gastos por otra parte, también experimentaron una caída, por lo menos como porcentaje del PIB. Esta caída, sin embargo, fue mucho menor a la caída de los ingresos, razón por la cual el déficit ha tendido a aumentar. Los gastos del SPNF cayeron de 54.8% del PIB en 2014 a 48.1% del PIB en 2017. Como resultado, el déficit del SPNF pasó de 3.4% del PIB en 2014 a 7.8% en 2017. En 2013 el SPNF había registrado un pequeño superávit de 0.7% del PIB.
Gráfico 1: Ingresos, gastos y déficit del SPNF (porcentaje del PIB).
Se debe destacar que no todas las instituciones que componen el SPNF se han ajustado en forma simétrica a las condiciones de menores ingresos, ya que ha habido algunas instituciones a nivel del gobierno central, departamental, municipal y empresas públicas, que han realizado un ajuste mayor que otras.
El gráfico 2 muestra el déficit fiscal desagregado por las diversas instancias del SPNF. Como puede observarse, en 2017 la mayor parte del déficit está explicada por las empresas públicas (2.8% del PIB), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) (1.5% del PIB) y el resto del Gobierno Central, que incluye al TGN (3.0% del PIB). Los gobiernos sub-nacionales por otra parte muestran niveles mucho menores de déficit. El déficit de las gobernaciones en 2017 fue de solo 0.13% del PIB, mientras que el de las municipalidades fue de solo 0.33%. Esto se explica porque, tanto gobernaciones como municipios, tuvieron que ajustar sus gastos a los menores ingresos por IDH y regalías resultantes de los menores ingresos de exportación de hidrocarburos.
Gráfico 2: Balance del SPNF por institución (porcentaje del PIB).
Para resolver el problema del elevado déficit fiscal, una posibilidad es que se produzca una recuperación de los ingresos externos, pero esto es poco probable que ocurra, ya que los precios de hidrocarburos se han mantenido bajos y las cantidades exportadas han tendido a reducirse por falta de reservas y menores cantidades demandadas. Por lo tanto, lo más probable es que la solución pase por una racionalización del gasto público, sobre todo de las instituciones pertenecientes al Gobierno Central y de las empresas públicas.
El gasto del Gobierno Central en servicios personales, por ejemplo, aumentó de 6.9% del PIB en 2010 a 9.4% en 2017, lo que evidencia un importante aumento en el empleo y en las remuneraciones en las instituciones que componen esta instancia del gobierno. Por otra parte, dada la incidencia de las empresas públicas en el déficit del SPNF, es importante analizar que empresas están contribuyendo en mayor medida a generarlo. El gráfico 3 muestra que las dos empresas que contribuyen en mayor medida al déficit fueron ENDE y YPFB. En 2017 el déficit de YPFB alcanza a 0.6% del PIB y el de ENDE a 1.6% del PIB.
Gráfico 3: Balance de las empresas públicas, por empresa (porcentaje del PIB).
Por otra parte, las empresas públicas han estado ejecutando montos significativos en inversiones, financiadas principalmente con deuda externa y créditos del Banco Central. Esto último se traduce directamente en pérdidas de reservas internacionales, que no podrán ser recuperadas si las inversiones no contribuyen a generar mayores ingresos de exportación. En los últimos 10 años, las empresas públicas han invertido un total US$ 9 mil millones, pero estas inversiones no han contribuido significativamente a aumentar la capacidad productiva del país, por problemas de sobredimensionamiento, falta de materia primas para ser procesada, falta de mercados, etc. Del total invertido, YPFB invirtió US$ 3.7 mil millones (41.7% del total), pero el país no ha podido aumentar sus reservas de gas natural para poder mantener los volúmenes de venta externos e internos. ENDE invirtió US$ 2.4 mil millones (27.1%), parte de ellos en proyectos de generación termoeléctrica, en un momento en el que el país se está quedando sin reservas de gas natural para abastecerlos. Finalmente, COMIBOL invirtió US$ 730 millones (8.2%), pero los volúmenes de producción y exportación del sector han mostrado un constante declive en los últimos años, a pesar de la recuperación de precios externos de los minerales.
En resumen, es fundamental racionalizar el gasto y la inversión pública, en una coyuntura en la que el país se está quedando sin recursos para financiarlos. La situación de altos déficits observados en la coyuntura actual, están generando pérdida de reservas internacionales y aumento en la deuda externa, lo que no es sostenible en el largo plazo. Por otra parte, los escasos recursos públicos deben ser asignados eficientemente, en sectores donde existen requerimientos urgentes y prioritarios, como son la salud, educación, saneamiento básico, etc. una mala asignación de recursos, en proyectos de inversión de bajos retornos, que no permitan recuperar la inversión realizada y repagar la deuda contraída para financiarlos, no solamente no contribuirá a que la economía crezca y se desarrolle, sino que además, traerá como consecuencia una crisis financieras y de endeudamiento.
*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.