Seguridad ciudadana en Bolivia: Realidad y desafíos

Por: Msc. Armando Moscoso Rada*

La incertidumbre es uno de los obstáculos más perniciosos para el normal desarrollo de las actividades de una población y la pacífica convivencia de sus integrantes. Por supuesto, la incertidumbre tiene diversas fuentes de origen, una de ellas; y posiblemente la más importante; es la inseguridad. No saber si uno puede salir de su casa a determinada hora sin ser víctima de un delito. Invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un emprendimiento con la duda constante de que podrá trabajar con tranquilidad, amparado por el respeto a la propiedad privada, la vida y la libertad.

Sumar a esta incertidumbre la desconfianza en las instituciones responsables de garantizar el imperio de la Ley, ayuda a configurar un escenario perfecto para el incremento de hechos delictivos, falta de respuestas adecuadas ante los problemas de inseguridad o ineficacia de las acciones desarrolladas por las instituciones públicas.

Garantizar un Estado de Derecho pleno es la principal labor de cualquier gobierno y sus instituciones, porque de esto depende el ejercicio de todos los derechos, libertades y garantías, desde los más básicos como la vida o el trabajo, hasta los más coyunturales como el derecho al voto.

Los números y la realidad

Estadísticamente, los delitos en Bolivia han sufrido cambios en los últimos años, que hacen pensar en una reducción de las cifras de criminalidad y, por lo tanto, en apariencia, una mejora en la seguridad ciudadana. Infelizmente la realidad es totalmente diferente, lo cierto es que, lo que ha cambiado es la denuncia, y es que menos bolivianos víctimas de delitos, acuden a presentar una denuncia, esto obviamente incrementa la cifra negra y multiplica la ambigüedad de las políticas públicas para combatir un fenómeno que se desconoce en su real dimensión.

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística INE[1], sobre delitos comunes denunciados entre el 2007 y el 2024, muestran un comportamiento bastante interesante; por así decirlo; que merece un análisis cuidadoso para no caer en consideraciones o conclusiones sesgadas. Los delitos denunciados en el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2013, experimentaron un incremento constante y sostenido, alcanzando su máximo precisamente en la gestión 2013 con 78.738 casos.

Número de denuncias delitos comunes, según tipo de delito, Bolivia 2007-2024

Con base en los datos de la Policía Boliviana y los registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística – INE 2025.

 

A partir de ese año y comenzando el 2014 las cifras de denuncias sufrieron una caída por demás llamativa, el año 2014 cayeron en un poco más de 10.000 y para el 2015 fueron más de 20.000 menos, llegando a 47.761 denuncias por delitos comunes a nivel nacional. A simple vista, para los ojos y conveniencia de muchos, en ese entonces, podría inferirse que la seguridad ciudadana mejoró sustancialmente en el país. Cuestión que naturalmente no condice con la realidad experimentada por la población. Además, cuando se analizan cifras de criminalidad, deben considerarse tanto las de seguridad objetiva compuesta por el número de denuncias y número de delitos efectivamente ocurridos y denunciados, junto con la cifra negra de criminalidad o delitos no denunciados y la percepción de seguridad de las personas que se conoce como seguridad subjetiva. Que, dicho sea de paso, el año 2015 la cifra negra alcanzó el 85%, es decir que solo 15 de cada 100 delitos se denunciaron (EVIC 2015). El año 2023 los datos de la última Encuesta de Victimización e Inseguridad Ciudadana del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Drogas, muestra que el porcentaje de la cifra negra es del 85,9% (EVIC 2023) [2]. La no denuncia tiene sus raíces en diversos factores entre los que resaltan, la falta de confianza en las instituciones traducida en respuestas como: “las instancias competentes no hubieran hecho nada, falta de pruebas o porque consideran que el proceso de la denuncia es burocrático y complicado[3].

Con base en los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Narcotráfico. EVIC 2023

 

Ahora bien, ¿Por qué es tan importante la percepción de seguridad o seguridad subjetiva en el análisis criminal?

Para responder esta pregunta, primero haremos unas breves consideraciones. Las personas, casi instintivamente, antes de desarrollar una actividad, a veces incluso rutinaria, dependiendo del contexto, hacen una evaluación individual del riesgo de ser víctima de un delito, que en la mayor parte de los casos no concuerda con las estadísticas de denuncias. Esta sensación tiene diversas fuentes que influyen en ella, como las experiencias personales al haber sido víctima de un delito en el pasado, la información de terceros o experiencias ajenas, como la familia y especialmente los medios de comunicación, cuyo rol es fundamental en la percepción de seguridad de la población, por la reproducción repetitiva de los hechos, convirtiéndoles en crónica roja y causando un efecto multiplicador de la incidencia delictiva.

Otro factor determinante es la confianza en las instituciones como la Policía[4], el Ministerio Público y el Órgano Judicial[5], que en los últimos años se han visto muy venidas a menos por las constantes denuncias de corrupción, involucramiento de sus miembros en la comisión de delitos, etc.[6]

Por último, un factor no menos importante a considerar en la percepción de seguridad es la cohesión social, que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a una comunidad, compartir valores y trabajo conjunto en bien de todos, promoviendo la confianza mutua, la inclusión y la cooperación para reducir la desigualdad y la exclusión. Esta cohesión es difícil de consolidar en lugares donde la alta rotación de su población, debido al trabajo, la migración campo – ciudad y otros factores, convierten ciertas zonas en simples “dormitorios”.

Dicho esto, respondemos la pregunta formulada anteriormente. Entonces diremos que la percepción de seguridad es tanto o más importante de analizar, que las estadísticas de denuncias, por sus implicaciones a nivel individual, social e institucional.

Primero, porque condiciona el comportamiento de las personas, constriñéndolas a adoptar medidas de protección o defensa, como cambiar de hábitos, adquirir elementos de seguridad, etc. Lo que repercute en la capacidad de ejercicio de los derechos y garantías que todo individuo tiene de manera innata o adquiridos por otros medios, como la propiedad privada, por ejemplo.

Segundo, desmejora la calidad de vida de las personas influyendo de manera directa en cómo viven, como se relacionan y como trabajan, directamente vinculados con su capacidad productiva y de desarrollo, tanto individual como en conjunto. La lógica consecuencia de esto es la baja productividad y/o anquilosamiento de la economía, impidiendo su crecimiento y diversificación. Más aún cuando hablamos de emprendimiento privado en pequeña y mediana industria, que requiere de seguridad ciudadana y jurídica para su pleno desarrollo.

Finalmente, su incidencia en las políticas públicas es trascendental a pesar de ser subjetiva, ya que al ser tan alta la cifra negra de criminalidad, las políticas públicas, así como los planes, programas y proyectos que se diseñan e implementan para combatir el delito no tienen mayor incidencia en la realidad, porque no incluyen los delitos no denunciados que son en gran medida, los causantes de la percepción de inseguridad con gran incidencia en la vida, bienes y libertad de las personas.

Con base en los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Narcotráfico. EVIC 2023

 

En conclusión, la multi causalidad o multi factorialidad del delito requiere de enfoques multi disciplinarios para su estudio y comprensión, so pena de cometer errores por acción u omisión al pretender llegar a deducciones unidimensionales o incompletas, que en la mayor parte de los casos resultan en procedimientos policiales e incluso políticas públicas, meramente reactivas, que atacan el resultado y no la causa.

La reducción de una conducta antijurídica está directamente relacionada, o más bien dicho, es inversamente proporcional a la eficiencia y eficacia de las acciones de prevención que se ejecuten para reducir la posibilidad de su ocurrencia, pero a partir de la prevención y reducción de las causas subyacentes, por tanto, el desafío para el gobierno es:

Primero, conocer en su real dimensión la cantidad y tipología delictiva (inseguridad objetiva y subjetiva, incluida la cifra negra de criminalidad).

Segundo, conocer las causas que inciden en la ocurrencia de los delitos, en especial los de mayor impacto o connotación social, así como los de mayor ocurrencia.

Tercero, diseñar e implementar políticas públicas tendientes a prevenir, contener, combatir y reducir las causas o factores facilitadores y/o desencadenantes de conductas delictivas, cuyo impacto se reflejará en los índices de inseguridad objetiva y subjetiva.

Previa o simultáneamente a las acciones señaladas líneas arriba, se requiere, indefectiblemente, de voluntad política e institucional, para encarar un proceso de reforma estructural de las instituciones relacionadas con la administración de justicia: Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Boliviana.

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* Investigador y Consultor en Seguridad Ciudadana amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

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[1] Registros Administrativos: Violencia Ciudadana, Policía Boliviana. Instituto Nacional de Estadística INE.

[2] Lo que también es grave es que, de las pocas personas que denunciaron los delitos de los que fueron víctimas, el 89,4% quedaron insatisfechas con el resultado de su denuncia, de esos el 71,8% dice que las instancias correspondientes no se interesaron en su caso, pero, además no encontraron o no detuvieron al autor y no recuperaron lo robado. Estas dos últimas cuestiones hablan de la baja efectividad de las acciones desarrolladas por las instancias correspondientes. Estudio Nacional de Victimización y Percepción en Seguridad Ciudadana, Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas 2023.

[3] Periódico Opinión: 27 de marzo de 2023. https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/2022-121-malos-policias-fueron-dados-baja/20230326200306901616.html

Agencia de noticias FIDES: 8 de mayo de 2022. https://noticiasfides.com/nacional/seguridad/siete-hechos-afectan-la-imagen-de-la-policia-en-cinco-meses-y-gobierno-trabaja-en-cambios-415180

Periódico Opinión: 4 de mayo de 2022.  https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/policias-drogas-robos-chutos/20220503221716865223.html

Periódico Opinión: 31 de enero de 2025. https://noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-enero-la-policia-se-vio-envuelta-en-al-menos-seis-escandalos-de-corrupcion

[4] Un estudio publicado por el Barómetro de las Américas de la Vanderbilt University y USAID el 22 de noviembre de 2024, titulado Perspectivas # 164, encontró que solo el 19% de los bolivianos confía en la Policía, ocupando el último lugar en Latinoamérica, en contraposición con la confianza de los salvadoreños en su policía, que alcanza el 69%, siendo la más alta de la región.

[5] Bolivia se ubicó entre los países peor clasificados del mundo en el Índice de Estado de Derecho 2025 del Proyecto Mundial de Justicia (WJP), ocupando el puesto 131 de 143 naciones evaluadas.

[6] Según un estudio de diciembre de 2020, del Barómetro de la Américas publicado en conjunto con USAID, el 28.1% de los entrevistados fueron víctimas de la corrupción policial al habérseles pedido un soborno.