El Fondo de Población de las Naciones Unidas está proyectando que la población boliviana llegará a 14,5 millones para el 2050, que es aproximadamente 4,8 millones más de lo estimado para el año 2010, y la población en edad de trabajar (PET) tendrá una participación del 67,5%. Estas cifras proyectan una favorable relación entre población pasiva o dependiente (viejos y jóvenes) y población potencialmente activa (adultos) y, por lo tanto, una disminución en la tasa dependencia: del 68% al 48% en los próximos 40 años, como se puede apreciar en la Figura 1.
Figura 1: Tasa de Participación de la PET y Tasa de Dependencia en Bolivia, 1950-2050 |
Fuente: World Population Prospects: The 2008 Revision, UNFPA. |
Este dividendo demográfico, acompañados por cambios en la estructura por edad y sexo, tendrá repercusiones sobre el mercado laboral, el bienestar, la educación, la salud y la economía. Según el informe «Bolivia: Población, Territorio y Medio Ambiente-Análisis de la Situación de la Población», elaborado por la UNFPA (2007), esta situación implica también la presencia de oportunidades de mayor ahorro y mejora de las condiciones de vida familiar, y la posibilidad de generación de un círculo virtuoso ahorro-inversión-crecimiento en lo macro. Sin embargo, este bono demográfico no es automático ya que dependerá en gran medida de la habilidad de nuestro país, especialmente de nuestros gobernantes, para fortalecer la empleabilidad de los recursos humanos y ampliar la capacidad del aparato productivo por absorber la creciente oferta laboral.
En particular, esta mayor afluencia de jóvenes que se incorporarán a la fuerza laboral obligará a efectuar importantes inversiones para satisfacer sus necesidades y aspiraciones humanas, como oportunidades de acceso al sistema educativo o a los servicios de salud. Esto, de hecho, mejorará e incrementará el stock de capital humano o las capacidades humanas, posibilitando un mayor crecimiento económico, un aumento en la productividad, una mejora en la capacidad de innovar y generar progreso técnico, y, entonces, una ventana para generar excedentes sustanciales que podrían dedicarse a la salud, la educación o la seguridad social de futuras generaciones.
En ese sentido, las inversiones públicas que se ejecutarán en el corto y mediano plazo deberán considerar esta oportunidad demográfica para que sus retornos sociales y económicos sean las más altas posibles para la sociedad. Más concretamente, deberán dar prioridad a la atención y resolución de las causas de la negación de los derechos económicos, sociales y culturales, y a las oportunidades que conduzcan a formar activos sociales pero ambas con responsabilidad intergeneracional: las decisiones de inversiones pueden iniciar cambios espectaculares en el comportamiento reproductivo y determinarán el futuro demográfico.
En fin, para aprovechar nuestra última ventana de oportunidad demográfico debemos impulsar las políticas de inversión sociales que tengan la finalidad de satisfacer necesidades y aspiraciones humanas de los futuros adultos; es más, políticas de población y de desarrollo que se caractericen por su continuidad, sostenibilidad y responsabilidad intergeneracional.
(*) Director Ejecutivo, INESAD. El autor felizmente recibe comentarios a:onina@inesad.edu.bo.
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