Desarrollo Sobre la Mesa Debatiendo abiertamente temas críticos sobre el desarrollo de Bolivia
Por: Javier Aliaga Lordemann*
La importación privada de combustibles puede contribuir a evitar interrupciones en la actividad productiva, pero no garantiza, por sí sola, energía más barata ni un mayor abastecimiento para la población. Alcanzar estos objetivos requiere un proceso más amplio y sostenido de reformas. El desafío es evitar que las decisiones se conviertan en una simple acumulación de medidas aisladas, sin articulación ni coherencia entre sí, en lugar de construir una política integral capaz de impulsar cambios estructurales en el sector energético.
Una respuesta a la emergencia, con alcance limitado
El Decreto Supremo 5755, permite excepcionalmente que personas y empresas, públicas o privadas, importen gas natural para consumo propio o generación de electricidad. La decisión responde a la caída de la producción nacional y a la necesidad de asegurar la continuidad energética. Es un paso útil, pero conviene entender su verdadera dimensión: abre una vía de abastecimiento para ciertos consumidores, no un mercado libre y completo donde cualquiera pueda importar y vender gas. La norma prohíbe revender o transferir a terceros el gas importado bajo esta modalidad. Por tanto, su beneficio más inmediato apunta a empresas con un consumo suficientemente grande, recursos para importar y conexiones adecuadas.
Tres mercados diferentes, tres problemas diferentes
Primero está el Gas Natural (GN) que llega por gasoductos. Puede ser una alternativa para grandes industrias y centrales conectadas a la red, pero necesita proveedores, contratos, capacidad de transporte y una conexión operativa hasta la instalación.
Segundo está el Gas Natural Licuado (GNL): es el mismo gas enfriado para transportarlo en camiones especiales y después convertirlo otra vez en gas. Puede llegar a lugares sin ductos, pero exige estaciones de recepción, regasificación, seguridad industrial y un “volumen” que justifique su costo, y un contrato lo suficientemente largo que permita recuperar la inversión.
El tercero es el Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado en las garrafas domésticas: es otro producto y otra cadena de transporte, almacenamiento, envasado y distribución, con una logística por demás compleja. El DS 5755 no establece una liberalización general de ese mercado. Además, una garrafa subsidiada de 10 kg, con precio regulado de Bs 22,50, plantea un desafío distinto: si importar puede costar más que vender al precio social, alguien debe financiar la diferencia.
Permiso legal no significa suministro garantizado
La autorización sigue condicionada a tres aspectos. El primero es el destino: el gas importado se usa en la actividad propia o en generación eléctrica, sin reventa del combustible. El segundo es el acceso: la existencia de gasoductos no asegura capacidad firme en el tramo, ramal y punto de consumo que necesita cada comprador; hay prioridades para los servicios interrumpibles. El tercero es la reglamentación: se deben completar los procedimientos de autorización, registro, contratos y control.
Cinco condiciones técnicas y comerciales
Este DS podría funcionar principalmente para grandes industrias con hornos y procesos continuos —por ejemplo, cemento, cerámica o ciertas operaciones mineras— y generadores que puedan recuperar el costo del combustible. Una empresa con pérdidas elevadas por detener su producción podría aceptar gas importado aun siendo más caro. En cambio, una fábrica pequeña, un comercio o un hogar difícilmente podrán asumir este costo fijo y contractual de importar por cuenta propia.
El DS es viable si puede superar algunas pruebas: (1) una conexión física o estación de GNL con permisos; (2) volumen suficiente para repartir los costos fijos; (3) capacidad de transporte realmente disponible, preferiblemente firme; (4) contratos continuos, calidad y presión compatibles con los equipos; y (5) dólares, garantías y posibilidad de pagar el precio final. Si falla cualquiera, el permiso de importación puede caerse.
La paradoja del gas barato y el gas caro
Aquí aparece el principal obstáculo económico. Bolivia mantuvo durante años precios internos de gas mucho menores que el costo de abastecerse internacionalmente. Una empresa que hoy recibe gas regulado barato no querrá reemplazarlo voluntariamente por gas importado caro, salvo fuerza mayor. Por eso no puede suponerse que todos los consumidores cambiarán de proveedor de inmediato. Quienes sí podrían importar son los que sufren cortes, temen perder producción o pueden sustituir un combustible aún más costoso, como el diésel.
Por ejemplo, si el gas se compra a US$ 5 por millón de unidades térmicas (MMBtu), con US$ 1,5 de transporte y US$ 0,8 de otros costos, llegaría a US$ 7,30/MMBtu. En una central eléctrica con eficiencia neta de 50%, solo ese combustible costaría alrededor de US$ 49,8 por megavatio-hora, antes de inversiones y operación. Estos valores muestran por qué el precio de venta de la electricidad debe permitir recuperar ese combustible; pero este costo puede traspasarse al precio final de los bienes de consumo.
¿Cuánta demanda privada se podría importar? [1]
La demanda importable no es todo el gas que consume la industria. Debe separarse en tres grupos: grandes usuarios conectados directamente a ductos, usuarios que dependen de redes de distribución y establecimientos aislados que necesitarían GNL por carretera. Cada uno tiene su propia ubicación, consumo, costo máximo que puede pagar, financiamiento y acceso real al suministro. Pensemos en un escenario base: 0,70 millones por conexiones directas, 0,20 millones por redes y 0,10 millones mediante GNL. La importación puede cubrir demanda nueva, sustituir diésel o producir electricidad adicional. Bien implementada, la medida puede reducir paradas industriales, proteger empleo y exportaciones, diversificar las fuentes de suministro y aliviar temporalmente la presión sobre la producción boliviana. También puede permitir que algunas empresas generen electricidad cuando hacerlo con diésel resulte más caro.
Los desafíos son concretos. El gas puede resultar demasiado caro y no atraer compradores; las grandes empresas pueden asegurar su suministro mientras las pequeñas quedan fuera; la capacidad de ductos puede no estar disponible donde se necesita; y el GNL puede exigir inversiones importantes. También pesan las garantías bancarias, contratos con pagos mínimos aun sin consumir, variaciones del tipo de cambio y la posibilidad de cortes por transporte interrumpible. Una central podría importar, generar y perder dinero si su remuneración eléctrica no reconoce el precio del gas. Por último, la importación no debe sustituir una política de inversión en producción/reservas nacionales. Si la solución de emergencia se vuelve permanente sin reglas, Bolivia podría pasar de depender de gas interno escaso a depender de gas externo más caro, sin resolver sus vulnerabilidades de fondo.
El desafío gubernamental es convertir el permiso en operaciones verificables: publicar capacidad firme e interrumpible por tramos, definir contratos y reglas claras, evaluar la capacidad real de pago de grandes usuarios y aclarar el tratamiento del combustible en las tarifas eléctricas. También debe medir cuánto gas importado entra, cuánto sustituye producción nacional y cuánto gas boliviano llega efectivamente a los consumidores prioritarios. El GLP de las garrafas requiere una solución propia de financiamiento y distribución.
El DS 5755 es una puerta de emergencia necesaria pero estrecha. Puede sostener a ciertos grandes consumidores y dar tiempo para corregir problemas estructurales; no garantiza por sí solo gas barato para todos. Su éxito no se medirá por el número de autorizaciones, sino por la energía realmente entregada, el costo asumido, la producción protegida y el beneficio comprobable para la población.
[1] Nota de cálculo. Importación total = suma de ducto directo, redes y GNL. Gas nacional potencialmente liberado = 0,80 × ducto directo + 0,65 × redes + 0,70 × GNL; coeficientes supuestos, no observados. Costo eléctrico del combustible = 7,30 × 3,412 ÷ 0,50 = US$ 49,82/MWh.
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* Investigador Senior asociado de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo
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