Desarrollo Sobre la Mesa Debatiendo abiertamente temas críticos sobre el desarrollo de Bolivia
Por: Javier Aliaga Lordemann*
El nuevo Decreto Supremo 5549 ha llegado para cambiar las reglas del juego eléctrico en Bolivia. No es solo un papel más; es el reconocimiento de que el modelo de «gas barato» se está agotando. Por primera vez, se abre la puerta para que industrias y comercios instalen sus propias plantas solares de hasta 6 MW y vendan su excedente a la red. ¿Pero es realmente un buen negocio?
En esencia, este decreto apuesta por la Generación Distribuida. Imagine pasar de depender de una sola planta gigante y lejana a tener miles de pequeñas plantas en los techos de nuestras fábricas. Esto convierte a la empresa en un «prosumidor»: alguien que produce lo que consume y ayuda a que el Estado no tenga que quemar tanto gas para darnos luz.
Sin embargo, existe un muro invisible: el subsidio. Hoy, la electricidad en Bolivia mantiene una apariencia de bajo costo porque el gas natural para las termoeléctricas estatales se entrega a precios ínfimos. Esta ilusión tiene un costo real masivo: mientras la factura parece cómoda, el país sacrifica millones de dólares que obtendría exportando ese gas o dejando de importar diésel. El sol es una fuente gratuita, pero la tecnología para aprovecharlo debe competir contra un insumo estatal artificialmente barato; ese es el primer gran desafío de rentabilidad.
Aquí entra en juego la «Guerra de los Costos». Instalar paneles solares requiere dólares, y todos sabemos que hoy el dólar tiene un precio real mucho más alto que el oficial. Esto hace que montar una planta solar sea más caro de lo que debería. Si el Gobierno quiere que los privados inviertan, debe pagarles por su energía limpia un precio que reconozca el ahorro de divisas que le están generando al país.
Otro obstáculo es la paradoja de la sobrecapacidad. Bolivia tiene infraestructura para producir el doble de la electricidad que consume. El problema es que esa infraestructura depende de un gas que ya no abunda. Tenemos «muchos fierros», pero poco combustible. Si el reglamento no garantiza que la energía solar privada se use con prioridad, las inversiones se quedarán paradas mientras el Estado sigue quemando gas por pura inercia técnica.
Por eso, el éxito del DS 5549 depende de que la energía solar sea «Bancable». Ningún banco prestará dinero para una planta de 5 millones de dólares si no hay un contrato seguro que garantice que la red comprará esa energía. Necesitamos contratos a largo plazo y reglas claras que aseguren que, si hay sol, esa energía se use primero, desplazando a las termoeléctricas viejas y gastadoras.
No podemos ignorar que la tarifa eléctrica en Bolivia es una «olla a presión». Con una inflación real alta y la falta de dólares, mantener la luz barata es cada vez más difícil para el Estado. El incentivo para que una industria instale paneles solares nacerá, lamentablemente, del «dolor» de los próximos ajustes tarifarios. Cuando la factura suba, la energía solar dejará de ser una opción ecológica para ser una estrategia de supervivencia.
Para que este decreto no muera en el escritorio, el reglamento debe ser valiente. Proponemos tres pilares: una Tarifa de Incentivo justa que premie el ahorro de gas, mecanismos para que la inversión se recupere mediante descuentos en impuestos (compensación tributaria) y contratos que den seguridad jurídica total al inversor frente a las distribuidoras.
La verdadera transición energética en Bolivia no es un tema romántico sobre el medio ambiente; es un tema de supervivencia económica. Cada panel solar instalado es gas que el país ahorra y dólares que el Banco Central deja de gastar en importaciones. El sector privado está listo para invertir, pero necesita que el terreno deje de ser pantanoso y se convierta en una base sólida de confianza.
En conclusión, el DS 5549 es el plano de un edificio moderno, pero hoy está diseñado sobre el barro de los subsidios. Si logramos sincerar los precios y valorar el ahorro real, Bolivia podría vivir una revolución energética sin precedentes. El tiempo corre: en los próximos 24 meses, la autarquía energética pasará de ser un deseo a una necesidad crítica para la industria nacional.
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* Investigador Senior asociado de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo
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