Desarrollo Sobre la Mesa Debatiendo abiertamente temas críticos sobre el desarrollo de Bolivia
Lykke Andersen, en este mismo boletín, ha criticado la caracterización que realiza el «Informe de Milenio sobre la Economía» No. 25 (correspondiente al 1er. semestre del 2008), de la política fiscal como pro-cíclica (Is Bolivia´s Fiscal Policy pro-cyclical?, agosto 4 2008). Su argumentación se basa en que: i) existe un superávit fiscal por tercer año consecutivo, y ii) la mayor expansión del gasto proviene de las empresas públicas. Ambas argumentaciones son, para utilizar sus palabras, sencillamente falsas.
Podría parecer que el superávit generado por el gobierno es señal de una política «contra-cíclica». Pero esto, que parece cierto a primera vista, no resulta así, si examinamos al sector público más de cerca. ¿Qué tratamos de medir con el déficit o superávit del sector público? La presión en la demanda de bienes que resultan de las actividades del sector público y su contribución a la absorción. En general, y en una economía cerrada, un presupuesto balanceado (sin déficit, ni superávit), nos mostrará que el sector público no incrementa la demanda de bienes, pues su demanda (absorción) está contrarrestada por la reducción de la demanda de bienes (de consumo o inversión), que genera la recaudación de impuestos. Esto puede mostrarse fácilmente, si recordamos la famosa ecuación de la demanda agregada de Keynes, modificada aquí para resaltar el déficit público:
Nótese que el primer paréntesis es igual al ingreso del sector privado, y el segundo paréntesis el déficit/superávit del sector público. Un incremento en el gasto del gobierno totalmente financiado con impuestos (partiendo de una situación de equilibrio), mantendrá el equilibrio del sector publico (el segundo paréntesis será cero). Dado que el ingreso del sector privado permanece constante, el segundo paréntesis deberá permanecer también inalterado, lo que se logra solamente reduciendo el consumo privado y/o la inversión privada (el famoso efecto crowding-out). (Nótese que hemos obviado la posible respuesta de la oferta agregada, para hacer más claro el argumento).
En el caso boliviano, sin embargo, los ingresos del sector público no provienen solamente de los impuestos al sector privado, sino también de los impuestos a las exportaciones. Con el incremento en el precio de las materias primas que exporta el país, los ingresos del sector público se han incrementado notablemente, por lo que el sector público puede demandar una mayor cantidad de bienes, sin incrementar impuestos o generar deuda, y por ello, sin restar la absorción del sector privado. De esta manera aún cuando el sector público se encuentre en equilibrio, está contribuyendo a incrementar la demanda de bienes y servicios en la economía. Entonces, la medida del perfil de la política fiscal no es el déficit o superávit del sector público, sino el balance de éste descontado el incremento en los ingresos que provienen de fuentes diferentes a los impuestos o, dicho de otra forma, el balance estructural. El siguiente cuadro es una aproximación de esta medida, suponiendo que el incremento de los ingresos por hidrocarburos permanece constante desde el 2006 (un cálculo más exacto de este déficit escapa al alcance de esta nota. Sobre este tema ver: BID (Abril 2004): All that glitters may not be gold).
El 2006 el déficit estructural (con base a los ingresos del 2005) fue del 1% del PIB, menor al déficit estructural del 2005, pero este se incrementó a 2,9% del PIB en el 2007. Si bien el 2006 se redujo el déficit estructural, el 2007 aumentó significativamente, razón por la cual la política fiscal fue expansiva; es decir, ha incrementado la demanda total de bienes en la economía.
El siguiente cuadro muestra las tasas de crecimiento del gasto y de los impuestos. Se observa cómo los gastos han crecido más rápidamente que los impuestos domésticos, en todo el período.
Finalmente, nótese que, si deseamos medir la presión que realiza el sector público sobre la demanda de bienes debemos incorporar tanto la demanda que proviene del gobierno general, como la que proviene de las empresas públicas. Los gastos e inversión que realizan las empresas públicas (independientemente de si nos gustan o no), incrementan la demanda de bienes y servicios en la sociedad. Esto es más evidente cuando algunas empresas públicas están encargadas del pago de bonos, como es el caso de YPFB que debe financiar el bono «Juancito Pinto».
(*) Fundación Milenio ha solicitado la oportunidad de responder al boletín «Is Fiscal Policy in Bolivia Pro-Cyclical?« del 04.08.2008. Comentarios a este artículo pueden ser enviados a Napoleón Pacheco (napoeco@yahoo.com) y/o Lykke Andersen (landersen@inesad.edu.bo).
