El coronavirus y la extrema pobreza: el caso de las zonas urbanas de Bolivia

Por: Beatriz Muriel H., Ph.D.*

En las últimas semanas, varios organismos multilaterales han mencionado el problema de recesión que enfrentará América Latina y el mundo a raíz del coronavirus y su rápida propagación. Por esta enfermedad, una buena parte de la sociedad civil en varios países, entre éstos en Bolivia, demandó la urgencia de tener políticas públicas para frenar la propagación. En el país, la respuesta fue la limitación del movimiento de las personas y, después, la cuarentena de 25 días comenzando el 22 de marzo del 2020. Desde la perspectiva de una cara de la moneda, la cuarentena resplandece como la mejor solución al problema. Con todo −y sin desmerecer las ventajas de esta medida−, los economistas hemos aprendido a observar también la cruz del otro lado de la moneda; un aprendizaje no muy grato en esta particular coyuntura, pero que es importante apuntarlo.

Así, un primer y modesto paso es estimar la incidencia de la cuarentena sobre la extrema pobreza (o indigencia) en las zonas urbanas de Bolivia –sin desmerecer la relevancia de otras afectaciones–. La extrema pobreza es estudiada porque mide la posibilidad de consumir lo primordial en esta particular coyuntura; es decir, si los ingresos de los hogares pueden cubrir o no una canasta indispensable de alimentos. Las regiones urbanas son seleccionadas ya que presentan una dinámica laboral bastante menos estacional con relación a las áreas rurales −donde priman las actividades agropecuarias− y, por lo tanto, son más fáciles de ser estudiadas.

La Tabla 1 presenta un ejercicio sencillo de estimación de esta incidencia a partir de la Encuesta de Hogares 2018 (última base de datos pública). Los hogares han sido divididos por cuartil de ingresos del hogar (laborales y no laborales); desde aquellos con ingresos más bajos (1°) hasta los más altos (4°) –2,36 millones de familias y 7,90 millones de personas en total–. Cabe notar que las brechas (en promedio) de los ingresos per cápita entre los estratos son más altas que en el agregado; lo cual responde al hecho de que la tasa de dependencia –medida aquí como la razón entre los miembros que no trabajan y los ocupados a nivel hogar– es más alta (en promedio) en los estratos de ingresos más bajos. Los hogares en extrema pobreza se encuentran en el primer cuartil: el 23,0% de éstos ya tiene ingresos per cápita que no cubren una canasta mínima de alimentos (135,9 mil hogares y 571,1 mil personas), y el 82,6% son pobres.

Una implicación de la cuarentena de los 25 días es que muchos trabajadores no cuentan con ingresos laborales en estos días. Para identificarlos se ha supuesto que ellos son los que –en la ocupación primaria– no tienen ningún contrato firmado ni tampoco reciben aguinaldo. En contraste, los ocupados que no son afectados son aquellos que –en la ocupación primaria–: cuentan con ítem, con contrato de trabajo firmado con fecha de vencimiento, o no tienen ningún contrato firmado pero cuentan con aguinaldo. De esta manera se separa a aquellos trabajadores que no tienen empleador o tienen pero sin ninguna cobertura de la norma ni contrato firmado (los afectados) de los que tienen alguna protección laboral o que han firmado un contrato donde se podría negociar (hipotéticamente) todas las horas laborales perdidas a futuro. Una vez identificados a los trabajadores afectados, el siguiente paso ha sido estimar la proporción de reducción de sus ingresos mensuales de esta ocupación primaria por días (25 de 30,31 días) en los ingresos del hogar. A partir de esta aproximación, los hogares han sido también definidos con “vulnerabilidad alta”, cuando todos los miembros ocupados perciben perdidas en sus ingresos y, por lo tanto, los hogares “viven al día”.

Tabla 1: Indicadores a nivel hogar y estimaciones de la incidencia de la cuarentena y los bonos en los ingresos del hogar
(por mes)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Hogares de 2018.
Notas: (1) la tasa de dependencia es definida aquí como la razón entre los miembros que no trabajan y los ocupados a nivel hogar; (2) la población ocupada no asalariada es la que no recibe un salario propiamente dicho (i.e. es cuenta propia, cooperativista, jefe o socio que no recibe salario o trabajador sin remuneración); (3) hogares donde todos los que trabajan tienen una ocupación precaria.

La Tabla 1 muestra que el porcentaje de trabajadores cuyo jefe de familia es no-asalariado (i.e. no tiene un empleador) es, en general, alta; especialmente para el primer cuartil (63,5%). La tasa de vulnerabilidad es aún más alta −dado que incluye a aquellas personas que si bien tienen un salario, se encuentran en una situación laboral precaria−; pero, al igual que el caso anterior, disminuye a medida que el cuartil es más alto. El ajuste de los ingresos del hogar –por la pérdida de los ingresos laborales de los trabajadores con ocupaciones precarias– muestra una caída sustantiva; principalmente para aquellas familias con menores recursos (-53,6%).

En el ejercicio se incluye también, como parte de los ingresos del hogar, los bonos ofrecidos recientemente por el gobierno: i) el “bono familia” de Bs. 500, que será entregado a cada estudiante que curse los ciclos inicial y primario en una institución estatal o de convenio (un millón de niños y adolescentes en las zonas urbanas); ii) la “canasta familiar” de Bs. 400, que será entregada a las personas que reciben la renta dignidad –y ninguna otra renta o jubilación–, el bono Juana Azurduy o el bono por discapacidad (601 mil personas en las zonas urbanas).

De acuerdo a los cálculos, el “bono familia” llegará en mayor proporción a los hogares de menores ingresos (53,8%) que a los de mayores ingresos (6,8%); sin embargo, no cubrirá a todos los hogares más necesitados (1° cuartil). Un factor positivo es que aquellos hogares del primer cuartil beneficiados con el bono reciben también montos más altos, puesto que éstos tienen un número mayor de niños y adolescentes con las características requeridas. La “canasta familiar” llegará de manera parecida a los estratos analizados; una vez que beneficia a personas que se encuentran dentro del grupo más susceptible de complicaciones de salud frente al contagio del coronavirus.

Las estimaciones muestran que la inclusión de los bonos permite una recuperación, aunque parcial, de los ingresos del hogar; donde destaca el cuartil de ingresos más bajos, que en términos netos presenta la menor tasa de pérdida (-26,1%). No obstante, todavía muchos hogares –frente a la caída de sus ingresos– tienen recursos insuficientes para cubrir su canasta alimentaria: el 63,9% en el primer cuartil, 38,7% en el segundo, 19,2% en el tercero e incluso el 2,0% en el cuartil de ingresos del hogar per cápita más alto.

En conclusión, las estimaciones realizadas a partir de la encuesta de hogares (a pesar de sus limitaciones) llaman a reflexionar sobre la cruz de la otra cara de la moneda; que no es trivial. Si bien los hogares de los últimos dos estratos de ingresos (3° y 4°) pueden tener mayores posibilidades de cubrir su consumo con ahorros, el primer cuartil es el más crítico (con 63,9%, 377,5 mil hogares y 1,7 millones de personas, en extrema pobreza), puesto que ya corresponde a hogares de ingresos escasos, y muy probablemente muchos de éstos tienen bajos (o nulos) ahorros, así como dificultades para captar préstamos de corto plazo.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

 

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