Lavado de dinero: Efectos económicos y sociales

Por: Armando Moscoso, Mag.*

Existe en el mundo entero una gran preocupación por el avance de los delitos denominados transnacionales, como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, tráfico de armas, terrorismo, falsificación y contrabando. La lucha contra ellos se desarrolla desde varios frentes, entre los que está el «lavado de dinero». Es así que, a partir de la Cumbre de las Américas, realizada en diciembre de 1994, en nuestro continente se intensificaron las acciones individuales y colectivas de los gobiernos, para abordar el problema de la producción, tráfico ilícito y uso indebido de drogas, así como el «lavado de dinero».

En este último ámbito, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ¹ es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7) para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el “lavado de activos”, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Bolivia es miembro del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ² que aglutina a 17 países de América del Norte, Sur y Centro y el Caribe, excepto Venezuela. Este organismo sigue las directrices del GAFI, realizando evaluaciones periódicas, con expertos y autoridades de las instituciones responsables del sistema financiero, así como de la lucha contra el “lavado de dinero” y financiamiento del terrorismo, de los países miembros, quienes se constituyen en el país evaluado para realizar una revisión y calificación exhaustiva de las acciones desarrolladas por ese país para dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFI.

El 2013 Bolivia salió de la lista gris del GAFI, luego de cumplir con las primeras 40 recomendaciones que este organismo estableció el año 1990 para prevenir, principalmente, el “lavado de activos” proveniente del tráfico ilícito de drogas. El año 2019, la entonces directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó que Bolivia sería nuevamente evaluada por el GAFI durante las gestiones 2020 y 2021; pero, por los sucesos ocurridos los últimos meses de 2019, a los que se suman las dramáticas y aún incalculables consecuencias de la “pandemia mundial” provocada por el COVID-19, con toda seguridad esta evaluación será o debería ser reprogramada. Lo cierto es que, dadas las condiciones políticas imperantes, existe la posibilidad de que el cumplimiento real de las recomendaciones del GAFI sea más objetiva y transparente.

Ahora bien, el “lavado de activos” es una actividad previa al “lavado de dinero”, que por su facilidad y rapidez (compra y venta de bienes, entre otros) es utilizada en la generación de ganancias ilícitas. El “lavado de activos” proveniente del narcotráfico puede utilizar operaciones inmobiliarias, así como de importación y exportación, cuyas “ganancias” luego son incorporadas en el sistema financiero formal, comenzando el proceso de “lavado de dinero”. Por su parte, el contrabando también es utilizado en el complejo sistema de “lavado de activos”, comercializando bienes introducidos por esa vía –adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico– pudiendo incorporar sus ganancias en la banca, con solo “legalizar” la actividad comercial al inscribirla en un sistema impositivo deficiente.

Se calcula que aproximadamente el 60% del dinero proveniente del narcotráfico se queda en el país de origen, para luego pasar por un proceso previo de “lavado de activos” y después “lavado de dinero” en el mismo país. Tanto la entrada como la salida masiva de dinero pueden perjudicar seriamente el desempeño macroeconómico, ya que, la primera (entrada) provocaría presiones para la apreciación del tipo de cambio en perjuicio de las exportaciones, y viceversa, salidas masivas de recursos provocaría depreciaciones grandes del tipo de cambio con efectos en la inflación, o perdidas de reservas.

En tanto que en otros niveles del sistema financiero –formal e informal– los perjuicios también serían serios, porque la inyección de circulante sin respaldo, además de no generar impuestos para el país, reviste la economía de una liquidez ficticia haciendo que los precios en el mercado se alcen por sobre la capacidad adquisitiva de la mayoría; perjudicando especialmente a la población pobre cuyos ingresos se calculan sin tomar en cuenta esta variable.

Estas son algunas de las razones por las que es tan importante adoptar medidas efectivas y sostenibles contra el “lavado de dinero”, no solo para obtener una evaluación positiva o dejar de pertenecer a una lista desdeñable en el ámbito internacional, sino porque, al final, las consecuencias castigan al país y a los ciudadanos más vulnerables.

Referencias:

[1] En inglés Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

[2] GAFILAT reemplazo al GAFISUD, cuyo alcance regional fue sobrepasado por la incorporación de países de Sud, Centro, Norteamérica y el Caribe.

Bibliografía:

_________________________________________________

*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

 

también puedes ver

Los Costos del Delito y la Violencia

Por: Armando Moscoso, Mag.* Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), en las últimas …