En 2006, el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) puso en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND): Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien 2006-2011, el cual plantea la estrategia del gestión del gobierno en las áreas económica, social, de relaciones internacionales y democrática-institucional.

El PND establece los principios fundamentales de la visión de desarrollo del gobierno del MAS, los cuales difieren en forma esencial de la visión de desarrollo que había estado vigente en el país entre 1985 y 2005. Además de introducir una serie de conceptos como es el caso del Vivir Bien, la multi-culturalidad, la multi-dimensionalidad, etc., el PND retorna a la visión del Estado como el agente fundamental que lidera la actividad económica, la inversión y la generación de empleo; mientras que en el modelo de desarrollo vigente hasta el 2005 este papel le correspondía en forma fundamental al sector privado.

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La economía boliviana es en esencia una economía pequeña y abierta, donde el sector externo juega un rol fundamental en la determinación de los ciclos económicos. El boom económico que vivió el país en los últimos años se debe sobre todo al boom de precios de las materias primas que exporta el país observado en los mercados mundiales, como es el caso de la minería, hidrocarburos y productos agro-industriales. Estos elevados precios han generado mayores ingresos externos y fiscales, que le ha permitido a todo el país disfrutar de un mayor nivel de gasto y de consumo.

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Hasta hace unos pocos años, las economías de Bolivia y Perú habían seguido procesos muy similares. A principios de los 80s ambas economías experimentaron los efectos de la crisis de la deuda externa, sufriendo caídas en el producto e hiperinflación. Posteriormente ambos países aplicaron programas de estabilización, aunque Bolivia lo hizo con cinco años de anticipación. Durante la década de los 90, ambos países

realizaron reformas estructurales dirigidas a profundizar el modelo de economía de mercado, consistentes en la privatización de las empresas públicas, reformas sectoriales dirigidas a promover la inversión privada, marcos regulatorios sectoriales, reforma del sistema de pensiones, liberalización financiera y apertura externa de la economía, fortalecimiento institucional del Banco Central y otras instituciones claves del sector público, entre las más importantes. A finales de los 90 y durante los primeros años de la década de los 2000, ambas economías sufrieron los efectos de la crisis internacional originada en la crisis asiática, la que se manifestó principalmente en la desaceleración de las economías, tasas elevadas de desempleo, y crisis bancaria caracterizada por una elevada mora y contracción del crédito.

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Uno de los principales cuellos de botella estructurales que ha confrontado la economía Boliviana a lo largo de su historia, ha sido la incapacidad de crear fuentes de trabajo de calidad, que permitan a la población mejorar sus estándares de vida y en última instancia derrotar a la extrema pobreza. Un 80% de la fuerza de trabajo del país está ocupada en trabajos de baja productividad e ingresos en el sector informal de la economía o en actividades agropecuarias de subsistencia.

El mercado laboral en Bolivia en los últimos 30 años ha estado influenciado por diferentes tendencias y eventos socio-económicos que han incidido grandemente en su comportamiento.

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El boom de materias primas que ha experimentado en los últimos años la economía boliviana, ha representado un incremento significativo en los ingresos del gobierno. El país se ha visto en estos años, por primera vez, con la posibilidad de contar con los recursos necesarios para realizar un avance significativo hacia la consecución de las Metas del Milenio.

Entre 2004 y 2009 el gasto público ligado a las Metas del Milenio, corriente y de capital, se ha incrementado de Bs. 8.400 millones (12% del PIB) en 2004 a Bs. 17.400 millones (14% del PIB) en 2009. Este último monto incluye los programas de transferencia de efectivo del gobierno que equivalen a 2% del PIB: Renta Dignidad (1,5% del PIB), Bono Juancito Pinto (0.3% del PIB) y Bono Juana Azurduy (0,2% del PIB). Durante estos años, el gasto público social se ha incremento a una tasa de 7% por año en términos reales.

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Como ya muchos de los lectores deben saber, el día miércoles 24 de marzo dejó de existir Eduardo Antelo Callisperis (Edú) a causa de un ataque al corazón. Al momento de su deceso, Edú se encontraba viviendo en la ciudad Washington, donde desempeñaba funciones en el Banco interamericano de Desarrollo.

Tuve la suerte de conocer a Edú en el año 1993 en UDAPE, donde trabajamos juntos por un periodo breve. Al año siguiente nos volvimos a encontrar en UDAPE donde trabajamos juntos en la dirección de esa institución hasta el año 1997. Durante ese periodo tuve el privilegio de descubrir y hacerme amigo de una de las personas más extraordinarias que conocí en mi vida.

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La bonanza de precios que ha disfrutado la economía en los últimos cinco años (del 2005 al 2009), le ha permitido al país experimentar un significativo ingreso de recursos externos, los cuales han contribuido a incrementar las reservas del Banco Central y del sistema financiero en su conjunto. Las reservas internacionales netas (RIN) del BCB se han incrementado de US$ 1.121 millones en diciembre de 2004 a US$ 8.459 millones en diciembre de 2009 (cuadro 1).

Este importante nivel de RIN constituye un importante respaldo para la estabilidad financiera y cambiaria de la economía. Sin embargo, las RIN también generan la percepción que la economía tiene un amplio margen de maniobra para aplicar políticas contra-cíclicas con el objeto de contra-restar los efectos recesivos de la crisis económica y también para financiar los proyectos de desarrollo que piensa ejecutar el gobierno a través de las empresas públicas. Sin embargo, es fundamental realizar algunas precisiones para poner en real perspectiva la conveniencia que el gobierno utilice las RIN del Banco Central para conducir políticas contra-cíclicas o para financiar los proyectos de inversión de las empresas públicas.

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El proceso de capitalización ejecutado durante los años 90 fue exitoso en promover un incremento sustancial de flujos de inversión extranjera directa (IED) en sectores importantes de la economía, como es el caso de los hidrocarburos, telecomunicaciones, energía eléctrica y transporte.

Sin embargo, una de las limitaciones más importantes de este proceso fue que éste estuvo esencialmente concentraron en atraer inversión en sectores económicos intensivos en capital; siendo los incrementos de las inversiones en sector intensivos en mano de obra poco significativos. Las innovaciones tecnológicas e incrementos de productividad estuvieron por lo tanto también concentradas en sectores no intensivos en empleo y no se tuvo efectos de difusión (o de demanda de consumo intermedio) sobre las restantes actividades del país, donde si está concentrada la mayor parte de la fuerza laboral, como es el caso de la manufactura, sector agropecuario, construcción, etc.

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La poca capacidad de la economía boliviana para crear empleos es sin lugar a duda, la principal barrera para que el país pueda superar en forma efectiva el problema de extrema pobreza que afecta a la mayor parte de la población boliviana. Las reformas estructurales ejecutadas en los años 90 estuvieron enfocadas en sectores intensivos en capital, como es el caso de los hidrocarburos, telecomunicaciones, energía eléctrica y sector financiero, por lo que no tuvieron un gran impacto en la generación de empleos.

La generación de empleos productivos, que no signifique absorción de supernumerarios en empresas y reparticiones del estado, requiere incrementar sustancialmente la tasa de inversión.

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En la presente década, Bolivia ha experimentado un boom en su sector exportador, habiendo ésta crecido entre los años 2000 y 2007 en 302%, pasando de US$ 1.137,4 millones en 2000 a US$ 4.572,9 millones en 2007, es decir un incremento de US$ 3.435,5 millones (ver gráfico 1). Este boom exportador se explica básicamente por las extraordinarias condiciones en la economía mundial, que favorecieron a los exportadores de materias primas.

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