Por: Javier Aliaga Lordemann*

Ayer el Gobierno promulgó el Decreto Supremos 5503, de amplio espectro, que merece un análisis posterior por el alcance de este. Nos concentramos en analizar el ajuste al subsidio a los carburantes -la gasolina especial a Bs 6,96 y el diésel a Bs 9,80- como parte de un paquete que también incluye aumentos al salario mínimo y transferencias sociales. La medida fue selectiva y técnica, se redujo el subsidio por producto en lugar de aplicar un solo tarifazo uniforme. Esto genera dos efectos, por un lado, captura rápida de ahorro fiscal donde el gasto en subsidios es mayor en el diésel; por otro, un menor impacto distributivo inmediato en hogares urbanos al suavizar el ajuste en gasolina liviana. La medida en el caso de la gasolina se sitúa en un escenario intermedio (eliminación parcial/ convergencia gradual).

¿Por qué más ajuste en diésel? El diésel concentra el gasto fiscal por subsidios y es insumo clave en transporte de carga, minería y agro. A nivel fiscal devuelve más rápidamente ahorro por cada punto de eliminación del subsidio; a nivel operativo reduce el diferencial que alimenta el contrabando. Esto es importante por el control sobre el contrabando al diésel es mucho más complejo y costoso que en el caso de la gasolina. Solo las redes eficientes y de muy bajo costo podrían persistir. Es recomendable complementar el nuevo esquema de precios con trazabilidad, controles y fiscalización eleva aún más el costo del arbitraje y reduce su atractivo económico.

La lógica aplicada a otros carburantes refuerza esta mirada. En el caso de la gasolina premium, jet fuel y avgas, el ajuste es mayor y se acerca a la paridad de importación, porque su consumo está concentrado en usuarios específicos y sectores con mayor capacidad de absorción, y porque mantener subsidios allí no cumple un objetivo social claro. En cambio, en el GLP, el Gobierno optó por mantener un precio fuertemente controlado, porque es un energético básico para hogares y pequeños comercios, con alto impacto social y político.

En el caso del transporte, el impacto del aumento del combustible es relevante, el combustible puede representar entre 20% y 35% de los costos operativos del transporte, dependiendo del tipo de servicio y de la distancia. Un aumento fuerte del diésel puede elevar los costos directos de operación, pero los transportistas no reaccionan solo al combustible: miran la inflación general, el precio de repuestos, lubricantes, mantenimiento, peajes, tipo de cambio y expectativas. Por eso, las presiones para subir tarifas suelen incorporar el “clima inflacionario” completo, no solo el costo del litro de gasolina o diésel.

Ahora, por el lado de la economía hay un elemento que cambia radicalmente y es el balance en el tipo de cambio paralelo. En las semanas previas, el paralelo se encontraba en torno a Bs 9 por dólar, nivel que reflejó una menor demanda de divisas por la caída de las importaciones y, al mismo tiempo, una reducción de la liquidez en bolivianos. Esa “zona de confort” en 9 fue, en buena medida, el resultado de algo de expectativas, una menor presión por dólares para importar y menos circulante interno.

El salto inmediato de 9 Bs/USD a cerca de 12 Bs/USD – después del ajuste en los precios – debe leerse como una primera ola de reacción del mercado. El anuncio del sinceramiento de precios crea una demanda rápida de cobertura en dólares. Los hogares, empresas e importadores buscan protegerse de una posible pérdida de poder adquisitivo. Si la oferta de dólares no se amplía de inmediato, el tipo de cambio paralelo puede sobre reaccionar. Este tipo de episodios ya se ha observado antes, especialmente cuando las reservas son limitadas y las expectativas se ajustan bruscamente.

¿Es ese salto la última ola? Probablemente no. Lo más habitual es observar un primer pico, asociado a cobertura y reacomodo de posiciones, seguido por una fase de ajuste. En esa fase, la autoridad puede ofrecer señales claras de disponibilidad de dólares o financiamiento externo, lo que permitiría una corrección parcial del tipo de cambio paralelo; o bien no intervenir de forma creíble, en cuyo caso una segunda ola puede consolidar un nivel más alto por más tiempo.

– Sin apoyo externo y con un paralelo persistentemente alto, la inflación podría volverse elevada – presionando la tasa de interés – por los efectos de segunda ronda (ajustes de precios y salarios), y el tipo de cambio podría mantenerse en niveles de 11–13 Bs/USD.

– Si el Gobierno logra dar señales claras de contar con dólares, la inflación adicional que genere este ajuste podría ser moderada y temporal, y el tipo de cambio paralelo tendería a bajar hacia la zona de 10–11 Bs/USD.

– Si la estabilización es incompleta, con subsidio parcial y un paralelo todavía inestable, la inflación podría ubicarse en un rango medio, claramente mayor al actual, pero aún manejable.

En materia de empleo, los efectos serán heterogéneos. El ajuste en diésel transmite un choque de costos a transporte, agro y minería. Estos sectores podrían experimentar un aumento del desempleo registrado en el corto plazo, especialmente si no existen medidas de apoyo. La velocidad de recuperación dependerá de cuánto dure la inestabilidad cambiaria y de cuán rápido se normalicen los costos.

Las medidas compensatorias anunciadas —subida del salario mínimo a Bs 3.300 y aumentos en rentas y bonos— suavizan la caída del ingreso real de los hogares más vulnerables. Un aumento general del salario mínimo, sin anclaje en productividad, capacitación o apoyo a la eficiencia empresarial, puede elevar costos unitarios y presionar el empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Son un amortiguador social necesario, pero costoso, y requieren políticas complementarias para no afectar la creación de empleo.

En términos de política energética, la eliminación parcial del subsidio reorienta incentivos, reduce transferencias fiscales recurrentes, acerca los precios domésticos a la paridad de importación, mejora las señales para eficiencia energética e inversión. Sin embargo, una política energética sostenible exige más: inversiones en refinación y logística, mercados mayoristas más competitivos y una gobernanza que garantice abastecimiento, transparencia y competencia.

¿Y lo social? más allá de este marco técnico de las medidas, las reacciones sociales serán un factor decisivo en la sostenibilidad política del ajuste. Los ajustes de precios en bienes de consumo masivo muy probablemente van a generar protestas en zonas urbanas, bloqueos y paros sectoriales (especialmente entre transportistas y sectores rurales), y demandas de compensaciones inmediatas. En este caso concreto, el impacto diferenciado —más duro en diésel— hace probable:

• Movilizaciones de transportistas y gremios de carga, que sienten el golpe directo en costos operativos y pueden bloquear rutas clave.
• Protestas rurales y de sectores productivos (agro, cooperativas) si los aumentos se traducen rápidamente en mayores costos de insumos y flete.
• Tensiones en ciudades si la inflación de alimentos y servicios se acelera, con presión sobre movimientos sociales y sindicatos.

La intensidad y duración de las reacciones dependerán de la percepción de equidad (si las compensaciones son visibles y eficaces para los más vulnerables), y de la confianza en la gestión (si el Gobierno comunica claramente los pasos, plazos y los mecanismos de apoyo). Una respuesta rápida y focalizada —transferencias inteligentes y diálogo social— puede contener la protesta; la ausencia de esas medidas facilita la escalada y pone en riesgo la continuidad de la reforma.

Además, la geografía importa, regiones fronterizas donde el contrabando era más rentable pueden reaccionar con mayor virulencia política, pues la reforma altera rentas locales vinculadas a esas actividades. Por tanto, la combinación de gestión de expectativas, canales de diálogo sectorial y despliegue operativo en rutas y controles es crítica para evitar que el ajuste económico se convierta en un problema mayor de orden público y pérdida de legitimidad.

En definitiva, el Gobierno tomó la decisión de corregir un problema fiscal estructural y reducir incentivos al contrabando, pero dejó abierta la verdadera prueba ¿habrá señales creíbles de dólares y políticas efectivas que combinen protección social y protección del empleo con estabilidad cambiaria? Si la respuesta es sí, el ajuste será doloroso pero manejable. Si la respuesta es no, el tipo de cambio y la inflación pueden amplificar el costo económico y social, transformando este ajuste en una crisis más profunda.

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* Investigador Senior asociado  de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Msc. Armando Moscoso Rada*

La incertidumbre es uno de los obstáculos más perniciosos para el normal desarrollo de las actividades de una población y la pacífica convivencia de sus integrantes. Por supuesto, la incertidumbre tiene diversas fuentes de origen, una de ellas; y posiblemente la más importante; es la inseguridad. No saber si uno puede salir de su casa a determinada hora sin ser víctima de un delito. Invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un emprendimiento con la duda constante de que podrá trabajar con tranquilidad, amparado por el respeto a la propiedad privada, la vida y la libertad.

Sumar a esta incertidumbre la desconfianza en las instituciones responsables de garantizar el imperio de la Ley, ayuda a configurar un escenario perfecto para el incremento de hechos delictivos, falta de respuestas adecuadas ante los problemas de inseguridad o ineficacia de las acciones desarrolladas por las instituciones públicas.

Garantizar un Estado de Derecho pleno es la principal labor de cualquier gobierno y sus instituciones, porque de esto depende el ejercicio de todos los derechos, libertades y garantías, desde los más básicos como la vida o el trabajo, hasta los más coyunturales como el derecho al voto.

Los números y la realidad

Estadísticamente, los delitos en Bolivia han sufrido cambios en los últimos años, que hacen pensar en una reducción de las cifras de criminalidad y, por lo tanto, en apariencia, una mejora en la seguridad ciudadana. Infelizmente la realidad es totalmente diferente, lo cierto es que, lo que ha cambiado es la denuncia, y es que menos bolivianos víctimas de delitos, acuden a presentar una denuncia, esto obviamente incrementa la cifra negra y multiplica la ambigüedad de las políticas públicas para combatir un fenómeno que se desconoce en su real dimensión.

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística INE[1], sobre delitos comunes denunciados entre el 2007 y el 2024, muestran un comportamiento bastante interesante; por así decirlo; que merece un análisis cuidadoso para no caer en consideraciones o conclusiones sesgadas. Los delitos denunciados en el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2013, experimentaron un incremento constante y sostenido, alcanzando su máximo precisamente en la gestión 2013 con 78.738 casos.

Número de denuncias delitos comunes, según tipo de delito, Bolivia 2007-2024

Con base en los datos de la Policía Boliviana y los registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística – INE 2025.

 

A partir de ese año y comenzando el 2014 las cifras de denuncias sufrieron una caída por demás llamativa, el año 2014 cayeron en un poco más de 10.000 y para el 2015 fueron más de 20.000 menos, llegando a 47.761 denuncias por delitos comunes a nivel nacional. A simple vista, para los ojos y conveniencia de muchos, en ese entonces, podría inferirse que la seguridad ciudadana mejoró sustancialmente en el país. Cuestión que naturalmente no condice con la realidad experimentada por la población. Además, cuando se analizan cifras de criminalidad, deben considerarse tanto las de seguridad objetiva compuesta por el número de denuncias y número de delitos efectivamente ocurridos y denunciados, junto con la cifra negra de criminalidad o delitos no denunciados y la percepción de seguridad de las personas que se conoce como seguridad subjetiva. Que, dicho sea de paso, el año 2015 la cifra negra alcanzó el 85%, es decir que solo 15 de cada 100 delitos se denunciaron (EVIC 2015). El año 2023 los datos de la última Encuesta de Victimización e Inseguridad Ciudadana del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Drogas, muestra que el porcentaje de la cifra negra es del 85,9% (EVIC 2023) [2]. La no denuncia tiene sus raíces en diversos factores entre los que resaltan, la falta de confianza en las instituciones traducida en respuestas como: “las instancias competentes no hubieran hecho nada, falta de pruebas o porque consideran que el proceso de la denuncia es burocrático y complicado[3].

Con base en los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Narcotráfico. EVIC 2023

 

Ahora bien, ¿Por qué es tan importante la percepción de seguridad o seguridad subjetiva en el análisis criminal?

Para responder esta pregunta, primero haremos unas breves consideraciones. Las personas, casi instintivamente, antes de desarrollar una actividad, a veces incluso rutinaria, dependiendo del contexto, hacen una evaluación individual del riesgo de ser víctima de un delito, que en la mayor parte de los casos no concuerda con las estadísticas de denuncias. Esta sensación tiene diversas fuentes que influyen en ella, como las experiencias personales al haber sido víctima de un delito en el pasado, la información de terceros o experiencias ajenas, como la familia y especialmente los medios de comunicación, cuyo rol es fundamental en la percepción de seguridad de la población, por la reproducción repetitiva de los hechos, convirtiéndoles en crónica roja y causando un efecto multiplicador de la incidencia delictiva.

Otro factor determinante es la confianza en las instituciones como la Policía[4], el Ministerio Público y el Órgano Judicial[5], que en los últimos años se han visto muy venidas a menos por las constantes denuncias de corrupción, involucramiento de sus miembros en la comisión de delitos, etc.[6]

Por último, un factor no menos importante a considerar en la percepción de seguridad es la cohesión social, que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a una comunidad, compartir valores y trabajo conjunto en bien de todos, promoviendo la confianza mutua, la inclusión y la cooperación para reducir la desigualdad y la exclusión. Esta cohesión es difícil de consolidar en lugares donde la alta rotación de su población, debido al trabajo, la migración campo – ciudad y otros factores, convierten ciertas zonas en simples “dormitorios”.

Dicho esto, respondemos la pregunta formulada anteriormente. Entonces diremos que la percepción de seguridad es tanto o más importante de analizar, que las estadísticas de denuncias, por sus implicaciones a nivel individual, social e institucional.

Primero, porque condiciona el comportamiento de las personas, constriñéndolas a adoptar medidas de protección o defensa, como cambiar de hábitos, adquirir elementos de seguridad, etc. Lo que repercute en la capacidad de ejercicio de los derechos y garantías que todo individuo tiene de manera innata o adquiridos por otros medios, como la propiedad privada, por ejemplo.

Segundo, desmejora la calidad de vida de las personas influyendo de manera directa en cómo viven, como se relacionan y como trabajan, directamente vinculados con su capacidad productiva y de desarrollo, tanto individual como en conjunto. La lógica consecuencia de esto es la baja productividad y/o anquilosamiento de la economía, impidiendo su crecimiento y diversificación. Más aún cuando hablamos de emprendimiento privado en pequeña y mediana industria, que requiere de seguridad ciudadana y jurídica para su pleno desarrollo.

Finalmente, su incidencia en las políticas públicas es trascendental a pesar de ser subjetiva, ya que al ser tan alta la cifra negra de criminalidad, las políticas públicas, así como los planes, programas y proyectos que se diseñan e implementan para combatir el delito no tienen mayor incidencia en la realidad, porque no incluyen los delitos no denunciados que son en gran medida, los causantes de la percepción de inseguridad con gran incidencia en la vida, bienes y libertad de las personas.

Con base en los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Narcotráfico. EVIC 2023

 

En conclusión, la multi causalidad o multi factorialidad del delito requiere de enfoques multi disciplinarios para su estudio y comprensión, so pena de cometer errores por acción u omisión al pretender llegar a deducciones unidimensionales o incompletas, que en la mayor parte de los casos resultan en procedimientos policiales e incluso políticas públicas, meramente reactivas, que atacan el resultado y no la causa.

La reducción de una conducta antijurídica está directamente relacionada, o más bien dicho, es inversamente proporcional a la eficiencia y eficacia de las acciones de prevención que se ejecuten para reducir la posibilidad de su ocurrencia, pero a partir de la prevención y reducción de las causas subyacentes, por tanto, el desafío para el gobierno es:

Primero, conocer en su real dimensión la cantidad y tipología delictiva (inseguridad objetiva y subjetiva, incluida la cifra negra de criminalidad).

Segundo, conocer las causas que inciden en la ocurrencia de los delitos, en especial los de mayor impacto o connotación social, así como los de mayor ocurrencia.

Tercero, diseñar e implementar políticas públicas tendientes a prevenir, contener, combatir y reducir las causas o factores facilitadores y/o desencadenantes de conductas delictivas, cuyo impacto se reflejará en los índices de inseguridad objetiva y subjetiva.

Previa o simultáneamente a las acciones señaladas líneas arriba, se requiere, indefectiblemente, de voluntad política e institucional, para encarar un proceso de reforma estructural de las instituciones relacionadas con la administración de justicia: Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Boliviana.

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* Investigador y Consultor en Seguridad Ciudadana amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

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[1] Registros Administrativos: Violencia Ciudadana, Policía Boliviana. Instituto Nacional de Estadística INE.

[2] Lo que también es grave es que, de las pocas personas que denunciaron los delitos de los que fueron víctimas, el 89,4% quedaron insatisfechas con el resultado de su denuncia, de esos el 71,8% dice que las instancias correspondientes no se interesaron en su caso, pero, además no encontraron o no detuvieron al autor y no recuperaron lo robado. Estas dos últimas cuestiones hablan de la baja efectividad de las acciones desarrolladas por las instancias correspondientes. Estudio Nacional de Victimización y Percepción en Seguridad Ciudadana, Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas 2023.

[3] Periódico Opinión: 27 de marzo de 2023. https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/2022-121-malos-policias-fueron-dados-baja/20230326200306901616.html

Agencia de noticias FIDES: 8 de mayo de 2022. https://noticiasfides.com/nacional/seguridad/siete-hechos-afectan-la-imagen-de-la-policia-en-cinco-meses-y-gobierno-trabaja-en-cambios-415180

Periódico Opinión: 4 de mayo de 2022.  https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/policias-drogas-robos-chutos/20220503221716865223.html

Periódico Opinión: 31 de enero de 2025. https://noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-enero-la-policia-se-vio-envuelta-en-al-menos-seis-escandalos-de-corrupcion

[4] Un estudio publicado por el Barómetro de las Américas de la Vanderbilt University y USAID el 22 de noviembre de 2024, titulado Perspectivas # 164, encontró que solo el 19% de los bolivianos confía en la Policía, ocupando el último lugar en Latinoamérica, en contraposición con la confianza de los salvadoreños en su policía, que alcanza el 69%, siendo la más alta de la región.

[5] Bolivia se ubicó entre los países peor clasificados del mundo en el Índice de Estado de Derecho 2025 del Proyecto Mundial de Justicia (WJP), ocupando el puesto 131 de 143 naciones evaluadas.

[6] Según un estudio de diciembre de 2020, del Barómetro de la Américas publicado en conjunto con USAID, el 28.1% de los entrevistados fueron víctimas de la corrupción policial al habérseles pedido un soborno.

 

Por: Javier Aliaga Lordemann*

La pérdida de biodiversidad representa una amenaza significativa para el sistema financiero global, con más del 50% del PIB mundial (aproximadamente 44 billones de dólares) dependiente de la naturaleza (Foro Económico Mundial, 2020). A medida que los ecosistemas se degradan, los servicios esenciales como la polinización y la regulación climática se ven comprometidos, lo que conduce a la volatilidad del mercado y a la inestabilidad, especialmente en sectores dependientes de los recursos naturales.

El informe Global Biodiversity Outlook 5 destaca que 1 millón de especies están en riesgo de extinción (PNUMA, 2020), lo que amenaza industrias como la agricultura y la pesca. Por ejemplo, la sobrepesca puede causar pérdidas económicas en la industria pesquera, valorada en alrededor de 362 mil millones de dólares a nivel mundial (FAO, 2020). Por lo tanto, las instituciones financieras deben reconocer que sus inversiones son vulnerables a la pérdida de biodiversidad.

Entender los impactos de los sectores en la biodiversidad es crucial (Ver, Figura 1). Industrias como la agricultura y la minería afectan significativamente a los ecosistemas, siendo la expansión agrícola responsable del 80% de la deforestación tropical (FAO, 2018). Las prácticas insostenibles exponen a los portafolios financieros a riesgos ambientales y cambios regulatorios.

Figura 1: Cómo las finanzas impactan y dependen de la naturaleza

Fuente: UNEP FI (2023), Case Studies PRB Nature Target Setting Guidance

 

El concepto de doble materialidad es esencial; las instituciones financieras deben considerar tanto los impactos financieros de la pérdida de biodiversidad como sus efectos ecológicos. Esta perspectiva dual ayuda a alinear las estrategias financieras con los objetivos de sostenibilidad, como enfatiza el Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, 2017).

La financiación de la biodiversidad es crítica, pero existe una brecha de financiación de 300 mil millones de dólares anuales necesaria para detener la pérdida de biodiversidad (OCDE, 2020). Se requieren mecanismos de financiación innovadores, como los bonos verdes, para movilizar recursos para la conservación.

Las instituciones financieras también impactan indirectamente la biodiversidad a través de inversiones en industrias perjudiciales. Financiar la deforestación o la extracción de combustibles fósiles puede llevar a riesgos reputacionales y a un mayor escrutinio regulatorio, como se observa en el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (UE, 2020).

La interacción entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad complica la gestión de riesgos. El cambio climático agrava la disminución de la biodiversidad, mientras que la pérdida de biodiversidad reduce la resiliencia a los impactos climáticos (IPCC, 2019). Se requiere un enfoque holístico.

Las instituciones financieras están integrando cada vez más métricas de biodiversidad en sus marcos de Gobernanza, Sociales y Ambientales (ASG), lo que les permite alinear sus inversiones con los objetivos de sostenibilidad. Los estudios muestran que las empresas con prácticas de sostenibilidad sólidas a menudo superan a sus pares (Eccles et al., 2014).

Abordar la pérdida de biodiversidad requiere un cambio de paradigma en las operaciones financieras. Al valorar el capital natural, el sector financiero puede contribuir a la preservación de los ecosistemas mientras asegura su viabilidad a largo plazo. Los interesados exigen mayor responsabilidad en cuanto a los impactos sobre la biodiversidad, lo que obliga a las instituciones a adaptarse para evitar repercusiones financieras significativas.

En América Latina, que alberga aproximadamente el 40% de la biodiversidad mundial, la deforestación y el cambio climático amenazan los ecosistemas y los medios de vida. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informa sobre una pérdida de 1.5 millones de hectáreas de bosque anualmente, principalmente debido a la agricultura (BID, 2020).

Desafíos Clave de Biodiversidad en América Latina:

• Deforestación: Impulsada por la agricultura, especialmente la ganadería y la producción de soja.
• Degradación del Suelo: La agricultura intensiva lleva a que el 25% de la tierra arable esté degradada (FAO, 2021).
• Pérdida de Biodiversidad marina: La sobrepesca y la contaminación amenazan los ecosistemas marinos.
• Impacto del cambio climático: Alteraciones en los patrones climáticos afectan la distribución de especies y agravan la pérdida de biodiversidad.

La brecha de financiación en América Latina para la conservación de la biodiversidad es significativa. El PNUMA estima que se necesitan 300 mil millones de dólares anuales para detener la pérdida de biodiversidad a nivel global (PNUMA, 2020).

En Bolivia, un país biodiverso que enfrenta desafíos severos:

• Deforestación: Altas tasas debido a la agricultura y la tala ilegal.
• Degradación del suelo: Prácticas agrícolas insostenibles causan erosión y agotamiento de nutrientes.
• Agotamiento de recursos hídricos: La sobreexplotación amenaza los ecosistemas de agua dulce.
• Pérdida de hábitats de vida silvestre: La urbanización lleva a la fragmentación de hábitats.

Movilizar recursos para abordar la pérdida de biodiversidad es crítico (Ver, Figura 2). Instrumentos como bonos verdes y créditos de biodiversidad pueden proporcionar el capital necesario para proyectos de conservación.

Figura 2: Crecimiento estimado en financiamiento resultante del escalamiento de los mecanismos propuestos para 2030 (En miles de millones de dólares de 2019 por año)

Fuente: Deutz et. al., 2020, Financing Nature: Closing the global biodiversity financing gap

Estrategias clave para movilizar recursos:

• Desarrollar mecanismos de financiación de biodiversidad.
• Fomentar asociaciones público-privadas.
• Integrar la biodiversidad en la toma de decisiones financieras.
• Mejorar los marcos regulatorios que promuevan prácticas sostenibles.

Los esfuerzos colaborativos son esenciales para preservar la biodiversidad de Bolivia y promover la sostenibilidad en América Latina. Con este artículo ponemos los primeros elementos de discusión sobre la mesa, para ir elaborando en próximos blogs en mayor detalle estas ideas.

Referencias

• Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. Management Science, 60(11), 2835-2857.
• European Commission. (2020). Sustainable finance: The EU Taxonomy. Retrieved from https://ec.europa.eu
• (2018). The State of the World’s Forests 2018. Retrieved from http://www.fao.org
• (2020). The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Retrieved from http://www.fao.org
• (2021). The State of the World’s Forests 2021. Retrieved from http://www.fao.org
• (2020). Biodiversity in Latin America: Challenges and Opportunities. Retrieved from https://www.iadb.org
• (2019). Special Report on Climate Change and Land. Retrieved from https://www.ipcc.ch
• (2020). Biodiversity Finance: A Global Review. Retrieved from https://www.oecd.org
• (2017). Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Retrieved from https://www.fsb-tcfd.org
• (2020). Global Biodiversity Outlook 5. Retrieved from https://www.cbd.int
• World Economic Forum. (2020). Nature Risk Rising: Why Financial Institutions Need to Act. Retrieved from https://www.weforum.org

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* Investigador Senior Asociado de INESAD, jaliaga@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Daniela Romero*

Entre 2009 y 2019, aproximadamente tres cuartas partes de la población ocupada se dedicaba a la producción agropecuaria en las zonas rurales de Bolivia (Muriel, 2022). Sin embargo, esta ocupación es principalmente no asalariada, algo muy común en estas zonas y que con la pandemia llegó a empeorar (Machicado, 2022). Las ocupaciones de tipo asalariado, específicamente en el altiplano, se encuentran en los sectores de la construcción y la minería, que son predominantemente masculinos, por lo que las mujeres suelen tener el menor porcentaje de trabajo asalariado. Por lo general, las mismas se concentran en trabajos familiares no remunerados o, en las mejores condiciones, se desempeñan en sectores como el comercio en calidad de cuenta-propias (Muriel, 2022). Uno de los sectores donde esta división y distribución puede ser claramente identificada es en el de la quinua.

La quinua es un cultivo de gran importancia para el autoconsumo en el altiplano y en las partes altas de los valles de Bolivia. El altiplano sur es la principal zona de producción de este grano, pero también es la más seca en comparación a las otras zonas de producción, por lo que la dedicación a este cultivo implica mucho tiempo, recursos y riesgos. No obstante, desde el año 2008, la producción de quinua tuvo un auge significativo que duró casi 10 años, periodo en el que su popularidad como un alimento con altos niveles nutritivos, le hizo abrirse paso en mercados internacionales como Estados Unidos y algunos países de Europa. Fue hasta 2015 que este auge logró sus más altos niveles, puesto que a partir de este año se dio una constante caída de los precios a medida que la oferta de este grano por parte de otros países crecía (Romero, 2016; Romero, 2021).

Ante esta inestabilidad, la mayoría de los productores recurren a la diversificación de sus actividades económicas, mismas que organizan de acuerdo al ciclo productivo de la quinua (Céspedes, 2019). Entre estas actividades se encuentran la minería, la construcción, el turismo, en los que se puede encontrar empleo de tipo asalariado, mientras que el transporte y el comercio es más de tipo cuenta-propia. Las dos primeras, y el transporte, son actividades en las que existe una mayor participación masculina, mientras que, en las actividades de servicios dentro del turismo y el comercio, las mujeres cobran mayor protagonismo.

La Encuesta a productores y productoras de quinua del Altiplano Sur, desarrollada por la Fundación INESAD en 2023, muestra de manera clara estas divisiones. En principio señala que el 94% de todos los encuestados se encontraba desarrollando una actividad en los últimos tres meses previos a la encuesta, con similitudes entre hombres y mujeres. Sin embargo, las diferencias surgen al referirse a empleos de tipo asalariado, puesto que los hombres tienen una participación de 17,1% y las mujeres solo tienen de 10,9%, como lo muestra el Gráfico 1. Sin embargo, la participación en ambos grupos de la población asalariada es prácticamente igual (14,1% – 14,3%).

Gráfico 1. Empleo por tenencia de ingresos laborales (%)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta INESAD, 2023.

La principal actividad económica de este grupo es la agropecuaria (85%) que principalmente está enfocada en la producción de quinua. La quinua se lleva a cabo como una actividad de tipo cuenta propia en la que toda la familia suele estar involucrada como apoyo, mientras que el o los jefes de hogar suelen ser los principales encargados. Dependiendo de la conformación del hogar, el hombre es considerado como el principal jefe de hogar y, por lo tanto, el encargado de la principal actividad económica. Las mujeres se encargan de actividades secundarias como el pastoreo u otros cultivos más pequeños. No obstante, en muchos hogares biparentales ambos esposos son considerados como jefes de hogar y se distribuyen las tareas de manera igualitaria (Romero, 2016).

Al respecto, los resultados de la encuesta muestran que un 79,3% de los hombres se consideran como jefes de hogar, frente al 24,1% de las mujeres. Esa cifra disminuye en el caso de los hombres cuando se habla de quien asume la principal responsabilidad sobre la producción de quinua (64,9%), mientras que sube en el caso de las mujeres (30,4%), aunque la diferencia sigue siendo evidente. Y es que, en realidad, las mujeres suelen ver esta responsabilidad más como una tarea compartida, puesto que las mismas se consideran en un 47,4% como uno de los principales responsables, comparado al 23,2% de los hombres.

Ahora bien, cuando se analizan solo a aquellos que se consideran jefes de hogar, tanto hombres como mujeres, los porcentajes tienden a reducir – 83,4% de los hombres frente al 63,6% de mujeres-, pero aún existe una clara tendencia.

En el caso de otras actividades más específicas dentro del proceso productivo, tales como la preparación del suelo, la siembra, el control de malezas, el control de plagas, el acopio y la extracción de impurezas, los hombres tienden a tener una participación promedio del 70%, muy superior a la de las mujeres que suele ser al 50%. La comercialización sería la actividad en la que tanto hombres como mujeres tienen una participación más igualitaria (56,1% para los hombres – 45,1% para las mujeres), lo cual revelaría un acceso más equitativo a los ingresos.

Por otro lado, si solo se analiza a los jefes de hogar se encuentran diferencias menos marcadas en actividades como la preparación del suelo, la siembra, el control de malezas, el control de plagas y el acopio, asumidas principalmente por los hombres, que estaría más relacionado a su mayor fuerza física. Por su parte, las mujeres jefas de hogar participan principalmente en la cosecha. La comercialización es una de las tareas compartidas de manera más igualitaria y/o compartida por jefes y jefas de hogar, donde la corresponsabilidad es más evidente.

Entre las principales razones por las que se producen estas divisiones se encuentran el cumplimento de tradiciones familiares que asignan roles diferenciados a hombres y mujeres (aunque esto se da cada vez en menor medida), la diferencia en la fuerza física para algunas tareas e incluso algunas habilidades que se consideran innatas en hombres y mujeres. Todo esto genera una división de trabajo aún marcada en la que los hombres se encargan de las tareas más pesadas y de mayor importancia adquisitiva, mientras que las mujeres cumplen con actividades que puedan conciliar con sus labores domésticas y el cuidado de los hijos (Céspedes, 2019; Muriel 2022).

En este contexto, el acceso a ingresos por parte de las mujeres tiende a estar más condicionado y limitado. Tomando en cuenta que los hombres no solo suelen ser los principales responsables de la producción de la quinua y, por lo tanto, del ingreso más importante del hogar, sino que tienen un mayor acceso a fuentes de tipo asalariado, el poder de decisión sobre los ingresos suele ser principalmente de ellos. No obstante, aquí pasa algo interesante, puesto que al parecer más allá de su importancia en la provisión de ingresos, la antes nombrada corresponsabilidad en el proceso de comercialización provoca una distribución de ese poder.

Según muestra la encuesta INESAD, el 64,9% del total de los hombres considera tener la principal responsabilidad en la generación de ingresos para el hogar, frente al 30,5% del total de las mujeres; frente a un 23,2% de hombres que se considera como solo uno de los principales responsable ante un 47,4% de mujeres. Una vez más, existe una buena cantidad de mujeres que considera la corresponsabilidad en esta categoría. Cuando se analiza solo los jefes de hogar se tiene que el 83,4% de los hombres y el 63,6% de las mujeres se consideran como el principal responsable y sucede lo mismo con la corresponsabilidad, que es más alta a consideración de las mujeres, que se consideran como uno de los principales responsables de la generación de ingresos, como lo muestra el Cuadro 1:

Cuadro 1. Responsabilidad en la generación de ingresos por jefes de hogar (%)

 

	Hombres	Mujeres	Total
El/la principal responsible	83,4%	63,6%	75,9%
Uno/a de los/as principales responsables	14,9%	28,2%	19,9%
Aportó con ingresos o con trabajo	0,6%	5,5%	2,4%
No tuvo o no generó ingresos	1,1%	2,7%	1,7%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta INESAD, 2023.

Hasta aquí las diferencias continúan, pero las mismas se acortan justamente cuando se consulta sobre quien es el principal responsable de decidir sobre el uso de estos ingresos. Es así que se tiene que el 48,1% de hombres se considera el principal responsable frente al 32,7% de mujeres, manteniéndose un mayor sentido de corresponsabilidad de éstas últimas también en esta categoría. Sin embargo, estas diferencias se revierten completamente cuando se analiza a los jefes de hogar, puesto que el 88,1% de las mujeres se considera la principal responsable de la decisión sobre el uso y distribución de los ingresos frente al 44,7% de los hombres, quienes en esta ocasión asumen en mayor porcentaje que las mujeres la idea de corresponsabilidad, como se detalla a continuación:

Cuadro 2. Toma de decisiones sobre uso de los ingresos por jefes de hogar (%)

 

	Hombres	Mujeres	Total
La principal persona que decidió	44,8%	88,2%	65,3%
Uno de las principales personas que decidió	42,5%	10,9%	32,0%
Aportó con ideas	12,2%	0,9%	2,1%
No tomó ninguna decisión	0,6%	0,0%	0,7%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta INESAD, 2023.

Lo anterior podría revelar una forma de organización y distribución de responsabilidades y beneficios interesante en los hogares rurales. Y es que, si bien la mujer continúa asumiendo en mayor medida las tareas del hogar, el equilibrio podría darse al momento de decidir sobre el bienestar del mismo. Sin duda esto no quiere decir que ciertas desigualdades persistan o que las mujeres no hayan logrado impulsar su bienestar también desde otras esferas, pero sí muestra un elemento importante de análisis. El auge de la quinua trajo oportunidades para todos y esto benefició de manera considerable el avance de muchas mujeres hacia condiciones más igualitarias, sin embargo, esto también dependió de los distintos capitales que habían ya formado las mismas y que se potenciaron con la subida de precios (Romero, 2021). Aunque también es innegable que la apertura de nuevos mercados y la mayor institucionalidad del proceso productivo de la quinua permitió que muchas mujeres se incluyeran en el mismo de manera importante.

Los retos aún son grandes en cuanto al acceso asalariado tanto para hombres como mujeres, pero el reconocimiento del aporte que ambos realizan es cada vez más igualitario y va más allá de quien se define como el principal jefe y responsable del hogar. Las mujeres han logrado una clara mayor visibilidad en el proceso productivo, ya sea solas como acompañadas de sus parejas, lo cual les ha brindado más oportunidades de acceder de manera directa a sus propios ingresos. Asimismo, el trabajo no remunerado tanto en el proceso productivo como en las actividades del hogar es reconocido y compartido.

Por último, se debe señalar que la organización de las tareas dentro de los hogares rurales sigue respondiendo a un tipo de funcionalidad que cierta complementariedad entre lo que deben hacer unos y otros y, por tanto, no está dirigida necesariamente un hacer prevalecer desigualdades. No obstante, es claro que las mujeres siguen asociándose más a las tareas domésticas y que en el caso de querer tener emprendimientos propios fuera del hogar, se ven más afectadas a la hora de la conciliación de tareas y tiempo disponible. Asimismo, los hombres siguen asumiendo como su rol el de principal proveedor, por lo que su necesidad de buscar fuentes laborales en tiempos de crisis o buscar la diversificación de las mismas tiende a ser más fuerte. No obstante, los condicionamientos se han ido reduciendo y la libertad y capacidad de elegir es mayor, aunque el acceso a empleos sobre todo de tipo asalariado sigue siendo fluctuante y limitante para todos, aunque sean los hombres los que suelen tener un poco más de oportunidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Céspedes, G. (2019). Diversificación de los ingresos de las familias productoras de quinua en el altiplano sur, 2015. Cuaderno de Trabajo (11). FATE. La Paz, Bolivia: CIDES – UMSA.

Machicado, C. G. (2022). Afectaciones del COVID-19 en agricultores del Altiplano boliviano. No. 04/2022. La Paz, Bolivia: Fundación INESAD.

Muriel, B. (2022). Diagnóstico sobre el empleo y la inclusión económica de las mujeres en Bolivia, con un foco en el sector agropecuario y rural. Informe Final. La Paz, Bolivia: Fundación INESAD.

Romero, D. (2016). Auge económico y empoderamiento de las mujeres. Analizando los factores que empoderan a las productoras de SOPROQUI y ARPAIAMT. Tesis de maestría. La Paz, Bolivia: CIDES, UMSA.

Romero, D. (2021). Mujeres campesinas y nueva ruralidad. Entre el auge y la crisis económica y ambiental de la producción de quinua en el Altiplano Sur de Bolivia. Tesis de maestría. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

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* Investigadora Asociada de INESAD, daniela.romeromay.88@gmail.com

Este blog es parte del Proyecto “Creación de empleos verdes para mujeres indígenas en el marco de la respuesta y recuperación bajas en carbono del COVID-19 en sector boliviano de la Quinua”, que cuenta con el apoyo del Programa Economías Sostenibles Inclusivas de International Development Research Centre (IDRC) de Canadá.

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

     Por: Daniela Romero*

La expansión del acceso a servicios financieros en áreas rurales tiene un impacto positivo sobre la reducción de la pobreza y el aumento del ingreso per cápita, y constituye un medio para lograr objetivos económicos y sociales más amplios (Caballero, 2024). Para lograr este tipo de inclusión, entonces, se requiere tener presente tres dimensiones principales: el acceso, enfocado en las condiciones en las que se desarrolla el acceso a servicios y oportunidades financieras; el uso, que engloba las principales características de administración de dichos servicios; y la calidad, que está relacionada a la capacidad de estos servicios para responder a las necesidades de los consumidores (Alliance for Financial Inclusion, 2019). Los servicios financieros que impulsan en mayor medida la inclusión financiera son básicamente dos: las cuentas de ahorro y los créditos; a partir de los mismos las personas con recursos más limitados pueden lograr un respaldo financiero que les permita alcanzar objetivos a más corto plazo y decidir sobre su bienestar.

Las cuentas de ahorro se convierten en la herramienta más acertada para lograr la inclusión financiera al permitir la realización de diversas operaciones desde la tenencia de un capital que proviene de los propios usuarios; es decir, son ellos los que deciden el momento y tiempo en los que lo usarán. Esto impulsa una forma de administración más consciente y fluida de los capitales, que responde a las posibilidades de los usuarios y que garantiza el bienestar futuro de los mismos. Además, su apertura se realiza a partir de las condiciones y características generales que eligen los clientes y con el beneficio de acceder también a intereses (Ozili, 2021), por lo que la administración de este tipo de cuentas generaría mayor compromiso y responsabilidad por parte de los interesados.

En el caso de los créditos, se tiene que se han convertido en la herramienta más difundida dentro del sistema financiero para la lucha contra la pobreza, y la más poderosa para lograr el cambio social por su capacidad de impulsar el desarrollo de sus beneficiarios en diferentes niveles (Gutiérrez, 2012). Mayoux (2002) señala que el acceso a créditos, especialmente en el caso de las mujeres rurales, impulsa una serie de espirales virtuosas de empoderamiento económico, social y político para la mismas a partir de brindarles una sostenibilidad financiera, impulsando con esto la reducción de la pobreza en términos generales.

Sin embargo, la apertura a estas formas de financiamiento puede conllevar sacrificios y riesgos para las mujeres que al convertirse en receptoras de un crédito se pueden sentir más angustiadas por cumplir con los pagos y recurrir a fuentes de ingreso que les exijan mayores horas de trabajo, alargando así su jornada y complicando la conciliación con otro tipo de actividades. A esto puede sumarse que en algunos casos ellas no son las principales beneficiadas del crédito, sino sus esposos.  En este sentido, si bien el acceso a créditos es una herramienta importante en la inclusión financiera, su aporte está dirigido únicamente a aliviar el flujo de capital e impulsar la confianza de las mujeres, sin poder hacer mucho más.

En Bolivia, la oferta de servicios financieros de ambos tipos ha incrementado de manera importante durante los últimos años. Este progreso es el resultado de la implementación de un enfoque más inclusivo en las políticas que se encuentra dirigido principalmente a lograr el acceso universal a servicios financieros (Caballero, 2024). Bajo este enfoque, se ha impulsado la creación de puntos de atención más allá de las sucursales bancarias, tales como cajeros automáticos y otro tipo de corresponsales no financieros, que han facilitado el acceso en las zonas rurales (ASFI, 2014). Asimismo, la Banca Digital se ha expandido cada vez con más fuerza, en un mundo tecnificado que simplifica las operaciones bancarias. Sin embargo, el acceso a este tipo de plataformas suele general ciertas brechas, en el caso de aquellos que no acceden a Internet de manera constante, como ocurre aun en la ruralidad.

A la par de lo anterior, las personas se encuentran más conscientes de la necesidad de tener una cuenta bancaria y de disponer de su capital de manera más organizada y segura. Sin duda, esto ha provocado una reducción paulatina de ciertas brechas debido a la inclusión cada vez mayor de determinados grupos vulnerables; no obstante, otras brechas como las de género no han logrados resolverse. Estas brechas están relacionadas con otros determinantes tales como los niveles de educación y de ingreso, los cuales tienden a seguir siendo menores en el caso de las mujeres (Caballero, 2024).

Los resultados de la Encuesta INESAD 2023 a productores y productoras de quinua del Altiplano Sur permiten ejemplificar algunas de las características de la inclusión financiera en las zonas rurales, específicamente enfocado en la tenencia de cuentas bancarias. Los resultados muestran que más de la mitad de productores (62,5%) ha recurrido a la apertura de una cuenta bancaria, con un mayor porcentaje de hombres (67,8%) que de mujeres (56,9%), como lo muestra el Gráfico 1:

Gráfico 1. Productores y productoras que tienen una (o más) cuenta bancaria(s)

(%)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta INESAD, 2023.

No obstante, cuando se habla de la posibilidad de ahorrar, los porcentajes se elevan considerablemente, puesto que el 74,9% de la población señala tener ahorros, además que los porcentajes son muy similares entre hombres (75,3%) y mujeres (74,4%), como lo muestra el Gráfico 2. Esto daría a entender que los productores todavía recurren a otras formas de ahorro, en especial las mujeres, que van más allá de los bancos, lo cual también puede deberse a una menor información sobre las ventajas de los mismos o a una educación financiera baja.

Gráfico 2. Posibilidad de ahorro de los(as) productores(as) de quinua del Altiplano Sur

(%)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta INESAD, 2023.

Por el lado de los créditos, en el sec­tor agropecuario, la cobertura de servicios financieros para las mujeres no sobrepasa el 8% de la población, mientras el 91% de la cartera de créditos lo constituyen las mujeres de las zonas urbanas (Marconi et al., 2022). Desde hace años, diversas entidades financieras vienen ofreciendo tipos de créditos dirigidos específicamente a productores agrícolas, con tasas de interés más bajas, pero con una cantidad de requisitos y poca flexibilidad en los plazos de pago que hace difícil que ciertos grupos, como las mujeres rurales, accedan a los mismos. Sumado a esto, la baja educación financiera, que todavía existe en las zonas rurales, sigue limitando a aquellos que quieren acceder a este tipo de servicios (Romero & Lenis, 2024).

Ante este contexto, la figura de la Banca Comunal surge como un tipo de financiamiento orientado sobre todo a mujeres de bajos ingresos, con dificulta­des para cumplir con requisitos de patrimonio, capacidad de pago y garantías reales que exige el sistema financiero bancario (Marconi et al. ,2022). Un ejemplo de cómo trabaja la banca comunal se encuentra en Financiera y Asociación Agropecuaria del Altiplano Sur (FAAAS) de la que se benefician los productores de quinua del Altiplano Sur (Romero, 2021; Biermayr, 2016). Esta entidad se basa en la realización de préstamos a partir del capital que los socios acumulan por la venta de quinua a la asociación. Es decir, existe un flujo constante de capitales que pertenecen a las asociaciones y los socios, así como la garantía de pago a partir de la comercialización de la quinua. Por lo tanto, los requisitos son mínimos y la entrega del dinero es más rápida que en las entidades financieras tradicionales (Romero, 2021). La mayor desventaja, empero, es que la tasa de interés suele ser más alta que la de las otras entidades financieras, a pesar de esto, los productores consideran que es una gran ayuda cuando se necesita obtener un crédito rápido, especialmente para aquellas mujeres que solo tienen como ingreso la quinua (Ibíd.).

La inclusión financiera está avanzando de manera evidente, sin embargo, los bajos niveles de educación siguen constituyendo su principal obstáculo. Por lo tanto, las instituciones financieras deben seguir impulsando la capacitación en sus servicios, especialmente en sectores que se mantienen excluidos. La educación financiera es clave para lograr la inclusión financiera especialmente de las mujeres rurales e impulsar su empoderamiento a través de un mejor manejo de sus finanzas y la posibilidad de lograr llevar adelante sus emprendimientos económicos, más allá de la agricultura. Invertir estratégicamente estos capitales puede generar una espiral virtuosa en los hogares más pobres y permitirle asegurar su bienestar presente y futuro, por lo que impulsar la educación financiera sigue constituyéndose en el paso decisivo para completar el proceso inclusivo y expandirlo.

Referencias bibliográficas

Alliance for Financial Inclusion. (2019). Alliance for Financial Inclusion Policy Model: AFI core set of Financial Inclusion Indicators. In Bringing Smart Policies To Life.

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. (2014). Importancia de los corresponsales no financieros. En Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. La Paz, Bolivia: ASFI.

Biermayr, P. (2016). Género y sistemas agroalimentarios sostenibles estudios de caso: yuca, quinua, maíz y algodón. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Caballero, A. (2024). Inclusión financiera en Bolivia. Un estudio de caso para los productores quinueros del Altiplano Sur. Serie Documentos de Trabajo sobre Desarrollo No. 15/2024. Septiembre, 2024. La Paz, Bolivia: Fundación INESAD.

Gutiérrez, S. (2012). Los microcréditos como herramienta de empoderamiento de la mujer. Una revisión de las propuestas analíticas. En Revista MBS. Almería, España: Universidad de Almería – Fundación CAJAMAR.

Marconi, R., Prado, M., Quelca, G. y Sánchez, C. (2022). Inclusión financiera de las mujeres. En Hacia la igualdad de género en los servicios financieros: Diagnóstico y propuesta. La Paz, Bolivia: ONU-Mujeres.

Mayoux, L. (2002). Microfinance and women’s empowerment: Rethinking best practice. In Development Bulletin (57); pp. 76-81.

Ozili, P. K. (2021). Financial inclusion: the globally important determinants. In Financial Internet Quarterly, 17(4). P. 1–11.

Romero, D. (2021). Mujeres campesinas y nueva ruralidad. Entre el auge y la crisis económica y ambiental de la producción de quinua en el Altiplano Sur de Bolivia. Tesis de maestría. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Romero, D. & Lenis, C. (2024). Perfil socioeconómico de las productoras y los productores de la quinua en el Altiplano Sur de Bolivia, 2023. Documento de Trabajo 13/2024. La Paz, Bolivia: Fundación INESAD.

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* Investigadora Asociada de INESAD, daniela.romeromay.88@gmail.com

Este blog es parte del Proyecto “Creación de empleos verdes para mujeres indígenas en el marco de la respuesta y recuperación bajas en carbono del COVID-19 en sector boliviano de la Quinua”, que cuenta con el apoyo del Programa Economías Sostenibles Inclusivas de International Development Research Centre (IDRC) de Canadá.

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Daniela Romero*

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el derecho a la salud como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, puesto que está relacionado con el bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, ejercerlo no solo implica acceder a atención sanitaria, sino tener las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permitan llevar una vida sana (OMS, citado en Lagrava, 2017). Tomando en cuenta esto, se entiende que el acceso y uso de los servicios de salud difiere de las condiciones de cada paciente y, fundamentalmente, de su sexo. Las enfermedades se expresan y atienden de forma diferente entre hombres y mujeres, ya sea desde los síntomas, pasando por los diagnósticos, los remedios a ser utilizados y los resultados obtenidos con los mismos (Westergaard, et al., 2019). Esto sin duda influye en la evolución de la enfermedad, la discapacidad y la calidad de vida e, incluso, en las muertes evitables. En este sentido, la transversalización del género en la salud es primordial en el desarrollo de cualquier servicio o, en definitiva, sistema de salud.

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