Estado y Sociedad Civil

El análisis que se hace en este pequeño texto parte de «situaciones» que, como ciudadanos, vivimos y percibimos día a día, las cuales permiten identificar ciertos síntomas del funcionamiento del Estado y su relación con la sociedad civil. A partir de estos hechos se sugieren algunas características para elaborar una hipótesis del modelo de Estado vigente; expresado en sus discursos y sus prácticas con relación a la sociedad civil.

Los hechos: Experiencias de la sociedad civil

El caso más reciente se refiere al bloqueo que se ha realizado actualmente en la carretera entre La Paz y las ciudades de Sucre y Potosí. El sábado 19 de noviembre por la noche, el que escribe y muchos otros pasajeros nacionales y turistas extranjeros, nos embarcamos de la ciudad de Sucre hacia La Paz. Al pasar el control de Challapata, hacia las 2:30 de la madrugada, nos encontramos con el bloqueo que cortaba completamente la ruta y el control estaba vigilado por un grupo de personas que mantenía una fogata y hacía reventar sus dinamitas de tiempo en tiempo.

Los pasajeros no sabíamos de tal situación, aunque en Bolivia los bloqueos sean moneda corriente. Por otro lado, aun si supiéramos, tendríamos pocas posibilidades de resolver los problemas de los bloqueadores que son productos de demandas no satisfechas por las autoridades gubernamentales (nacionales, departamentales o municipales), representantes del orden público y del Estado.

Así, esa noche muchos buses estaban varados en fila esperando la oportunidad y el buen consentimiento de los bloqueadores para continuar la ruta.

Constatando tal situación, el conductor del bus en que veníamos se aproximó a los pasajeros y anunció el problema solicitando que cada pasajero de un boliviano para pagar y así pasar y continuar la ruta hacia la ciudad de La Paz. De inmediato todos los pasajeros, semi dormidos, dieron la cuota solicitada. Esperamos casi 45 minutos y luego nos permitieron continuar el viaje, pasando por un lado del lugar del control.

El que escribe, desde hace dos años transita con frecuencia esta carretera y durante este tiempo ha constatado al menos unas diez veces esta misma situación, en la que los bloqueadores a menudo ebrios piden dinero para permitir continuar la ruta de un lado a otro. En tales condiciones, los pasajeros nacionales y turistas (hay que señalar que es casi imposible llegar por vía aérea a Potosí, sino vía Sucre, además esta ruta es transitada por muy pocos ciudadanos nacionales, salvo que sean funcionarios del Estado, consultores o profesionales que trabajan en Organizaciones no Gubernamentales) se encuentran absolutamente desprotegidos, pues no solo pueden ser agredidos y apedreados por los bloqueadores sino que con frecuencia ellos mismos deben limpiar la carretera para pasar o el conductor debe hacer maniobras peligrosas en su trabajo. Además, ya es común pagar el derecho de paso de ruta.

Similar caso se presentó en la marcha de los TIPNIS (Territorio Indígena, Parque Nacional, Isiboro Sécure), entre agosto y octubre pasados, donde también el Estado no tomó ninguna medida para evitar el bloqueo de un grupo de ciudadanos en Yucumo frente a la marcha indígena que venía desde Beni hacia La Paz. Parecía que unos tenían derecho a bloquear (aunque en el mismo periodo otro bloqueo de los guaraníes del Chaco, cerca de Camiri, fue intervenido con fuerza y rigor) y otros a marchar. Este hecho también mostró la ausencia del Estado en el cumplimiento de las garantías civiles; dejando expresamente (se puede revisar la prensa escrita o televisiva del periodo) a que los grupos sociales en marcha y en bloqueo deban dialogar. Los representantes del Estado expresaban su preocupación por que haya enfrentamiento «entre hermanos», lo cual deberían evitar entre ellos. Afortunadamente, no hubo enfrentamiento entre ellos pero la policía reprimió a los indígenas marchistas que venían hacia La Paz, el domingo 25 de septiembre de los corrientes (esta historia es conocida).

Otro caso semejante fue el de los cooperativistas de Huanuni y otros trabajadores mineros sindicalizados o trabajadores libres, de hace unos tres años atrás, donde hubo enfrentamiento entre dos grupos de trabajadores mineros donde resultaron muertos. En esta situación el Estado tampoco se responsabilizó.

Es probable que existan otros ejemplos, mas éstos basten para discutir brevemente la relación entre el Estado y la sociedad civil. Pues uno se interroga ¿Qué hace el Estado frente a la ausencia de garantías de los derechos de la sociedad civil? ¿Cuál es la visión de sociedad civil que tiene el Estado? ¿Qué dispositivos de acción tiene o los utiliza?

¿Qué Estado está vigente en Bolivia?

El Estado que se conoce es un dispositivo político moderno (parte de la modernidad) a través del cual los grupos sociales que lo «toman» (asumen, ingresan a él) utilizan los recursos necesarios, ideológicos, mediáticos, económicos, humanos, etc., a fin de llevar adelante su proyecto particular. Las formas varían (despóticas, totalitarias, democráticas, fascistas, etc.), pero la esencia es la misma: el uso, gestión y control del poder que oscila en la proximidad o la distancia entre la sociedad civil y el Estado.

Es conocido que Marx no es un teórico del Estado, pero desde el punto de vista sociológico, además porque muchos de los que conducen el Estado boliviano actual recurren a Marx, es útil la idea que este autor plantea: en la sociedad capitalista existen los grupos sociales dominantes (capitalistas burgueses) y dominados (usualmente clase obrera, mas pudiendo ser también los indígenas); en cuya condición escindida los «proyectos» estatales no pueden ser sino «particulares», es decir las ideologías y las prácticas que emanan del Estado tienen un «carácter social» del grupo en el poder.

Sin detenerse más en el tema de la «generalización» o cómo los ideales particulares devienen en ideales o ideologías universales, cabe preguntarse sobre el cómo explicar las inacciones del Estado en los casos relatados: ¿Por qué el Estado no garantiza las relaciones de convivencia entre los grupos de la sociedad civil? Al respecto, puede haber varias pistas de análisis.

Visión racionalista y liberal.Esta postura corresponde al Estado liberal o neoliberal que se funda en el principio de que los individuos y por ende los grupos (casi como suma de individuos) son racionales en sus opciones y elecciones, sus conflictos y sus soluciones. Aquí el Estado aparece como un apoyo al desarrollo de la libertad de las acciones individuales y colectivas y en función de ello actúa: regula. En este escenario, en los casos de bloqueos debiera intervenir porque impiden la fluidez de las acciones racionales de los actores sociales.

El discurso actual sobre el Estado boliviano no sigue este patrón. El Estado tiene mayor fuerza y recupera muchas competencias frente a los años 90 y valora más las acciones comunitarias, grupales y corporativas. Al parecer la racionalidad colectiva se sobrepone a la individual. ¿Es esta la idea implícita de dejar que los grupos sociales resuelvan sus problemas? Lo cual contradice en parte el principio de que el Estado social y comunitario esté más cerca de los ciudadanos garantizando el «vivir bien».

Visión populista fascistoide. Otro punto de vista del Estado es aquel que valora el «pueblo» (folk) como un recurso y parte del mismo Estado, donde los grupos sociales, aparentando ser parte del Estado como un cuerpo social mayor, defienden el Estado sobrevalorando, imaginariamente identificándose, y por ende es casi natural que los problemas los resuelvan ellos mismos: la confrontación entre los grupos sociales son comunes y el Estado lo permite y en algunos casos puede promoverla. Aquí, las fronteras entre la sociedad civil y el Estado pierden su valor. Por eso, ciertos grupos afines al gobierno de turno que conduce el Estado pueden salir en defensa de esta entidad y aplacar otras manifestaciones.  

En ambos casos anteriores, el Estado y la sociedad civil (que pueden ser en términos metodológicos como «tipos ideales») se encuentran en una relación dicotómica. En el primer caso, la sociedad civil queda libre y es sostenida bajo el concepto de ciudadanía que tiene opciones y se empodera de la racionalidad predominante que, en pocas palabras, es la del mercado e industrial o post-industrial. En el segundo caso, la ciudadanía corporativa de la sociedad civil corre el riesgo de confundirse con el propio Estado; por eso, en este caso, los grupos sociales pueden actuar como complemento e incluso en defensa del Estado, sin dejar la lógica del mercado.

Las experiencias relatadas al inicio de este texto no se explican fácilmente, y menos totalmente por alguno de estos modelos de Estado que trascienden también su visión de la sociedad civil. Aun considerando que el Estado boliviano se define como «Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.» (Constitución Política del Estado, 2009: Art. 1).

Además, el Estado asume los principios de los pueblos indígenas (ama sua, ama qhilla, ama llulla/no sea ladrón, no sea flojo, no sea mentiroso; suma qamaña/vivir bien; ñandereko/vida armoniosa, teko kavi/vida buena, etc.); en el Art. 9, habla de garantizar la seguridad, la protección e igual dignidad de las personas (Art. 9) y añade hacer cumplir «los valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.» (CPE, Art. 8 y 9).

Por lo declarado en la CPE y los discursos generados en su entorno, desde el año 2006, frente a la experiencia cotidiana de la sociedad civil, solo es posible decir que los derechos de los ciudadanos están abandonados a la responsabilidad de ellos, quienes deberán resolver sus conflictos entre ellos, incluso si esto fuera por la violencia. Esto es un riesgo de la política actual, donde la sociedad resuelve sus conflictos ella misma. El Estado está ausente de ciertas situaciones y en otras interviene ¿A qué responde esta actitud? ¿Responde al carácter social de clase o de grupo planteado por Marx, o es que realmente imposible gobernar para todos haciendo cumplir la CPE y las leyes?

Quizás el Estado debiera representar aquel «tercer elemento» que permita mediar en la confrontación de los grupos sociales. Esto consistiría en pensar a tres y así fomentar el desarrollo de la razón tríadica en política, donde la confrontación y los diálogos son frecuentes. Pues si el Estado no puede ubicarse sobre todos como un ente omnipotente ni ser independiente de los intereses de grupos, al menos puede ser un mediador.

 

---

* Investigador Senior del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD). El autor recibirá con mucho gusto cualquier comentario sobre el artículo, que puede ser enviado al siguiente correo electrónico: myapu2@yahoo.es.