Uno de los artículos de la Carta Magna que más me gusta es el 46avo, que dice que TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN TRABAJO DIGNO; es decir, NO establece que Fulanito que es asalariado o aún Menganito que está afiliado a la Central Obrera Boliviana (COB) tienen derecho a un trabajo digno, sino absolutamente TODOS. Así, las normas laborales bolivianas deberían incluir a todos y no solamente a Fulanito o Menganito.
En este entendido se hace importante conocer la situación laboral de TODOS los trabajadores en Bolivia, para que desde una base de análisis de los problemas se planteen modificaciones a la norma de tal manera que viabilicen las soluciones. Además, estas propuestas deberían ser discutidas de manera inclusiva por todos los trabajadores y todas las fuentes que las generan. Al respecto, el actual Gobierno, en muchas ocasiones, ha ilustrado la importancia de crear políticas públicas de manera amplia, plural y participativa, buscando debatir con todos los afectos e interesados.
Con todo, esta consigna de inclusión socio-política no parece estarse dando en el caso de la normativa laboral que se viene el 1ro de mayo; y, en realidad, lo más probable es que escasas veces se haya dado en la historia de Bolivia. En primer lugar si se toma en cuenta que la actual regulación laboral considera solamente a los trabajadores asalariados, entonces estaría cubriendo apenas al 38% de la población ocupada (ya que excluye a los trabajadores por cuenta propia, u otros que no reciben salario de empleadores, y que componen el 62% restante). En segundo lugar si se considera que las medidas se aplican en unidades empleadoras con algún grado de formalidad, como el caso de aquellas que al menos pagan aguinaldo, este porcentaje se reduciría aún más al 19%; es decir, el 81% de los trabajadores en este país no reciben ni siquiera aguinaldo. Aún más si se toma en cuenta que las medidas han sido discutidas con la Central Obrera Boliviana (COB) se encuentra que menos del 6% de la población ocupada tendría voz mediante esta instancia, de acuerdo a las declaraciones de los trabajadores que tienen algún grado de formalidad (porcentajes estimados de la Encuesta de Hogares 2013).
Sin duda, la COB representa legítimamente los intereses de un nicho de trabajadores en Bolivia; y en varios casos puede aún favorecer a un gremio mayor. En el caso del doble aguinaldo, por ejemplo, potencialmente el 19% de la población ocupada habría sido beneficiada. Sin embargo, queda evidente la exclusión socio-política del restante 81% de los trabajadores, y aún de aquellos actores fundamentales para la generación efectiva de fuentes de trabajo: micro, pequeños, medianos y grandes empresarios.
En este escenario, no es de extrañar que el país continúe con elevados niveles de exclusión socio-laboral, derivados de los altos niveles de precarización laboral; y donde los datos sugieren que el endurecimiento de la norma más bien los habría acentuado. En el sector industrial formal, por ejemplo, la tasa entre trabajadores temporales (excluidos de la mayor parte de los beneficios laborales) sobre aquellos permanentes (con todos los derechos laborales) era menor al 20% en 2004, y ya en 2007 subió a más del 60%; es decir, frente al endurecimiento de la norma laboral, los empleos sujetos a ésta habrían disminuido en su relevancia relativa (porcentajes estimados de las encuestas industriales).
* La autora es Investigadora Senior del INESAD, Ph.D. en economía, bmuriel@inesad.edu.bo
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