Desarrollo Sobre la Mesa Debatiendo abiertamente temas críticos sobre el desarrollo de Bolivia
Por: Beatriz Muriel*
El 1ro de mayo, el presidente Evo Morales determinó un incremento del 10,8% al salario mínimo nacional y del 7% al haber básico. Las luces de esta medida recaen en el hecho de que los trabajadores cubiertos por la normativa laboral tendrán un aumento salarial mayor al de la inflación –que llegó al 4% en 2016-. Sin duda, las políticas públicas que promueven mejores ingresos reales (i.e. en términos de poder de consumo) son siempre deseables, dado que hacen posible que las familias beneficiadas tengan una mejor calidad de vida -a través de una mayor satisfacción de las diversas necesidades de consumo-.
Sin embargo, las sombras recaen en que las políticas tienen limitaciones en un contexto laboral como el boliviano -con desempleo, pero sobretodo con altos niveles de informalidad y bajo desarrollo productivo-, donde es posible que el incremento de los costos laborales no pueda ser encarado por varias empresas formales (en buena medida por las micro y pequeñas con actividades de sobrevivencia). En particular, los resultados pueden ocasionar la desvinculación, o no contratación a futuro, de trabajadores bajo norma; llevando a una mayor precarización laboral.
La Tabla 1 presenta datos, estimados de las Encuestas de Hogares, para evaluar esta percepción.
La fuerza laboral está dividida en tres categorías: asalariados, no-asalariados (i.e. cuenta propias, trabajadores familiares sin remuneración, y otros trabajadores que no cuentan con un sueldo propiamente dicho) y desempleados. La Tabla muestra que la normativa puede ser aplicada a apenas el 36% de la fuerza laboral, dado que el resto no tiene un patrón o empleador que le pague un sueldo o, alternativamente, está desempleado. De estos trabajadores asalariados, en el año 2011, el 15,9% percibía un sueldo menor al salario mínimo; porcentaje que aumentó a 30,7% en 2015. Este resultado sugiere que muchas unidades productivas no están pudiendo incrementar los sueldos, esencialmente aquellas donde la regulación laboral no se aplica por diversas razones.
Aún más, el porcentaje de los trabajadores asalariados con aguinaldo –como una aproximación amplia de aquellos cubiertos por la normativa laboral- aumenta levemente entre los años 2011 y 2013, pero cae en 7,9% entre 2013 y 2015; mostrando claramente una mayor precarización laboral –es decir, menos empleos formales para la población ocupada-. Al respecto, llama la atención también que, en contraste a lo deseado, el porcentaje de estos trabajadores que declararon pertenecer a algún sindicado o gremio bajó de 22,1% en 2011 a 11,4% en 2015.
La Tabla muestra también que el salario real promedio de los trabajadores asalariados efectivamente aumentó entre 2011 y 2013; pero, por el contrario, cayó durante 2013 y 2015 a una tasa anual de -2,2%. Este resultado sugiere que las políticas de incremento salarial en los dos últimos años –básico y mínimo- beneficiaron a pocos obreros y empleados, mientras que para el resto, los ingresos reales se vieron deteriorados con relación a periodos anteriores, muy probablemente por la desaceleración del crecimiento económico, y la captación de menores rentas en general.
En resumen, la información anterior llama a una reflexión tanto sobre la aplicabilidad efectiva de la normativa laboral como de las distorsiones negativas que puede tener en los hechos, y a la necesidad de contar con más análisis técnicos que permitan responder de mejor manera la pregunta de: ¿Cuánto debería ser efectivamente un incremento salarial dado el contexto laboral y económico del país?
*Investigadora Senior de INESAD, bmuriel@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.
