Desarrollo Sobre la Mesa Debatiendo abiertamente temas críticos sobre el desarrollo de Bolivia
Los bolivianos, al celebrar nuestros 25 años de vida en democracia debemos volver a recordar los pilares fundamentales que componen el sistema democrático, la aplicación de sus instrumentos y el efecto que generan sobre el desarrollo de Bolivia.
Definitivamente, la fase más complicada de cualquier democracia siempre ha sido y será el definir y aplicar las instituciones e instrumentos políticos necesarios para una verdadera democracia (1), para el caso de una escala a nivel país, las cuales se constituyen en sus pilares fundamentales, mismos que pueden ser brevemente descritos y analizados en el marco de la realidad nacional:
- Autoridades electas: Dispone que, considerando la existencia de una población muy numerosa y la dispersión geográfica, el control sobre las decisiones gubernamentales sea constitucionalmente otorgado a autoridades electas, para que de ésta manera el gobierno democrático nacional sea representativo, con una democracia indirecta.
- Elecciones libres, justas y frecuentes: La participación democrática electoral se caracteriza por la igualdad y la ausencia de coerción, manteniendo el control sobre la agenda política y de desarrollo del país.
- Libertad de expresión: Ciudadanos libres de emitir criterios y escuchar las opiniones de los demás.
- Fuentes de información alternativas: Derecho al acceso a diversas fuentes de información, las cuales deben caracterizarse por la imparcialidad en la noticia.
- Autonomía de asociación: Libre asociación de grupos políticos o de intereses grupales específicos que son necesarios y deseables en una democracia de país, siendo una fuente de educación cívica, proveyendo información, oportunidad de debate y formación de habilidades políticas.
- Ciudadanía inclusiva: Las anteriores instituciones son de aplicación universal para todos los residentes de un país, con igualdad ante la ley.
Las autoridades nacionales principales son sujetas a un proceso electoral democrático, que en el último tiempo ha venido profundizándose, llegando incluso a elegirse a los prefectos departamentales.
Sin embargo, más allá de las autoridades públicas, debemos considerar la elección de aquellas autoridades de las fuerzas vivas de la sociedad nacional y regionales, tales como ser las Centrales Obreras Departamentales, Central Obrera Boliviana, los Sindicatos, las Federaciones, los Comités Cívicos, entre otros, las cuáles muestran una gran diferencia en la forma de elección, poder de convocatoria y su poder de decisión entre oriente y occidente.
Éste tipo de autoridades, son el resultado de decisiones impuestas organizacionalmente, que no necesariamente reflejan la voluntad mayoritaria de vastos grupos de la población.
Aparentemente, en el occidente los líderes sindicales en general se encuentran atomizados en sus intereses y posiciones, generando movimientos dispersos, con fuerzas debilitadas, aplicación de medidas coercitivas para motivar la participación de sus seguidores, generando una falta identificación en las bases y con sus causas; además de existir ciertas limitaciones presupuestarias en su organización, creando un ambiente propicio para posibles escenarios donde prevalezcan los intereses financieros individuales.
Por otro lado, organizaciones como el Comité Cívico de Santa Cruz, el cuál aglutina a líderes empresariales, productivos, sociales, y otros que agrupan a la mayoría de las fuerzas departamentales, representa los intereses regionales de su población, la misma que unitariamente persigue fines de desarrollo regional productivo; sin embargo, esta organización no solo cuenta con el apoyo participativo de sus pobladores, sino también con el apoyo financiero mediante las instituciones consideradas como patrimonio cruceño (Saguapac, Cotas y la CRE), lo cuál puede explicar en gran medida el nivel de identificación popular con sus autoridades cívicas, el grado de acatamiento y presencia ante las convocatorias.
Por ello, las autoridades elegidas democráticamente no necesariamente son aquellas que puedan representar a la mayoría de la población. Pudiendo corroborar esta hipótesis, con los resultados de las últimas elecciones nacionales y la situación actual de dichas autoridades, o la legitimidad de una Presidente Cívico en Santa Cruz versus el poder de una autoridad local como su Alcalde.
La realidad electoral en Bolivia se encuentra distante del óptimo teórico, ya que la población votante está coercionada a asistir a las urnas para ejercer su derecho, y de no hacerlo así, son sujetos a sanciones tales como el no acceso a los servicios financieros, administración pública y migración internacional.
En la realidad nacional, y con mayor énfasis en la sede de gobierno, éste derecho es violado a cualquier persona u organización que intente expresar una opinión o criterio contrario o irrelevante a los intereses del gobierno de turno, que a diferencia de los movimientos afines al oficialismo no tienen acceso a lugares tan representativos como la Plaza Murillo, o son sujetos al sabotaje de cobertura mediática oficialista, además de sufrir fuertes represiones policiales.
Por ello, la libertad de expresión dentro de nuestro sistema democrático, es un privilegio para aquellos que comulgan con las premisas oficialistas, o aquellas fuerzas con una estructura establecida en el escenario político actual.
Lamentablemente en Bolivia, y con mayor énfasis en el último tiempo, la estructura mediática carece de principios éticos, morales y democráticos, ya que tanto medios oficialistas, como privados, se caracterizan por la tergiversación intencional de la información, desinformando, polarizando y parcializando noticias que reflejan sus propios intereses de poder, distorsionando las necesidades colectivas con el fin último de proyectar una realidad distinta acorde a sus prioridades.
En el área rural, el gobierno durante el último año ha realizado muchas inversiones y esfuerzos para lograr una cobertura total a nivel nacional de los medios de comunicación estatales, creando de ésta manera, en muchos lugares por una primera vez, la opción del acceso a la información; sin embargo, dichos medios solamente reflejan la posición oficial, sin brindar espacios a diversas opiniones.
Los intereses personales, económicos y/o políticos resumidos en la ambición del poder, concentrada de forma prácticamente natural entre los grupos que hoy detentan poder, generan barreras al ejercicio de este derecho constitucional y universal cuando ven amenazados sus intereses y disminuidas sus posibilidades de mantener el poder.
En Bolivia, la ciudadanía inclusiva, con implicancia de participación universal, es alcanzada y ejercida en los momentos electorales, sin embargo, el verdadero eje de poder en el día a día se concentra en el eje político, económico y judicial del país, dejando de lado en la práctica los posibles aportes y participaciones de una minoría de la sociedad, concentrada en departamentos no priorizados y áreas rurales.
Por una parte, todas estas diferencias, violaciones y/o distorsiones entre lo dispuesto por las instituciones de una democracia y la realidad política, económica y social en Bolivia, generan inestabilidad política regional y nacional, factor que afecta negativamente al crecimiento económico y por ende al desarrollo nacional.
Por otra parte, algunas autoridades públicas de turno en este último tiempo, han aplicado instrumentos políticos-democráticos erróneamente, tal como los referéndums nacionales en temas de alta especialidad técnica, estrategia y política, sin considerar deliberadamente la poca o inexistente formación y conocimiento de la población sobre tan importantes temas; todo ello, con el único fin de liberarse de una responsabilidad que atañe a sus investiduras, generando políticas de Estado lejanas al óptimo y que mas bien reflejan decisiones hormonales y pseudo patrióticas, coyunturales y sin un verdadero análisis de futuro económico, político, social y geopolítico del país.
En este sentido, considerando modelos económicos tales como ser el planteado por Barro en base al modelo de crecimiento económico propuesto por Solow, probablemente lo que debemos esperar es que se determine la existencia de una relación negativa entre la inestabilidad política y la tasa de crecimiento de producción per capita nacional.
Lo que queda ahora por determinar, es el nivel o el grado en el cual el desarrollo económico nacional se ha visto afectado por un mal uso y aplicación de los instrumentos y pilares del sistema democrático nacional, por parte de muchos lideres políticos.
(*) Javier Ayala A., Msc. Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Economista-Investigador INESAD y Valeria Miranda A., abogada reciben comentarios a: javier_ayala_a@hotmail.com
(1) Dahl, Robert A. (2005) «What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Require?» Political Science Quarterly, Volume 120, Number 2, Summer 2005.
