Desarrollo Sobre la Mesa Debatiendo abiertamente temas críticos sobre el desarrollo de Bolivia
La respuesta de cualquier economista sería que SÍ; ya que el trabajo que ofrecen las personas puede ser analizado a partir de la teoría de mercados de bienes y servicios: Cuando el precio de éste aumenta (es decir, el salario se hace más alto); entonces los demandantes, usualmente las empresas, estarán dispuestos a contratar menos trabajadores. Esta reacción se da por que las firmas buscan racionalizar sus costos, lo cual implica sustituir insumos caros por otros más baratos. De la misma manera, las madres de familia compran diferentes insumos (alimentos) cada semana buscando los precios más bajos, sustituyendo los productos caros por otros más económicos.
Aunque esta perspectiva mercantilista puede no ser del todo ética, dado que hablamos de seres humanos, es importante entender y ajustarse a las leyes de demanda y oferta que lamentablemente no responden a la «conciencia social»; y comprender que actúan de manera parecida a la ley de la gravedad, que no da preferencia a una persona frente a un objeto inanimado al caer de un edificio de 10 pisos.
Si aceptamos que el mercado laboral es regido por las fuerzas económicas; entonces los economistas laborales se enfrentan a un dilema fundamental: ¿Cuánto caerá la demanda por empleo si se incrementa compulsoriamente la remuneración como resultado de la búsqueda de una mejor calidad de vida? La respuesta se da partir de la estimación empírica de lo que se llama la elasticidad empleo-salario; tarea que en la práctica no es trivial ya que se necesita información cuantitativa de las características productivas de las empresas, así como de las estructuras teóricas y estadísticas más adecuadas para el caso. Sin embargo, dada la relevancia de la pregunta, Muriel y Machicado (2012)[1] han estimado esta elasticidad para las empresas registradas (al Sistema de Impuestos Nacionales) del sector de manufacturas durante 1988-2007 con datos oficiales, tomando en cuenta dos categorías de trabajadores: obreros y empleados (estos últimos incluyendo gerentes, jefes, etc.).
Los resultados de las estimaciones muestran que el incremento del 1 por ciento en las remuneraciones conducirá a la reducción del 0.49 por ciento de la demanda/requerimiento de obreros y 0.43 de empleados en estas «empresas formales». Las remuneraciones, a su vez, están compuestas por el salario básico más los costos laborales contables derivados de la regulación (aguinaldo, bonos y primas, indemnizaciones, etc.) que en conjunto representan cerca al 50 por ciento del salario básico. A partir de este resultado es posible analizar la incidencia de las normas sobre el empleo. A manera de ejemplo, en el Cuadro a seguir se presentan los efectos de dos políticas públicas que han adquirido relevancia en los últimos años: i) el incremento del salario básico establecido mediante norma desde 2007, y ii) los mayores costos sociales determinados en la nueva ley de pensiones.
La primera medida ha sido aplicada para mantener el poder de compra de los salarios frente a incrementos en los precios, principalmente de los alimentos. Durante 2006-2009 se estableció, mediante varios Decretos, un incremento del salario básico que alcanzó al 29.36 por ciento. No obstante, la mayor parte de los precios de las manufacturas tuvo un crecimiento más modesto, registrando el 18.08 por ciento; es decir, el aumento de los costos laborales no habría sido compensado de manera semejante con el aumento del valor de las ventas para este sector, con una diferencia cercana a 11 por ciento como se aprecia en el Cuadro. Ciertamente el incremento de los salarios es deseable para mantener los estándares de vida de los trabajadores, empero, las estimaciones muestran que las personas también se ven afectadas por la pérdida de empleos, ya que se habrían provocado reducciones en términos de empleo de 5.6 por ciento para la categoría de obreros y 4.8 por ciento para los empleados; es decir, las empresas dejaron de contratar trabajadores por el encarecimiento de su costo. La nueva Ley de Pensiones, por otro lado, incrementó los costos laborales en 3.4 por ciento con relación al salario básico (pago compulsorio a la Prestación Solidaria de Vejez y cambio de doce a trece cuotas anuales del pago de riesgo profesional) lo que habría llevado a la disminución de la demanda por empleo en 1.3 por ciento para los trabajadores y 1.0 por ciento para los empleados.
Ciertamente, los efectos negativos de la norma sobre el empleo no son triviales si se considera que el crecimiento neto de empleos formales llega a cerca del 3 por ciento año en el país, y conducen a pensar y buscar estrategias más creativas para la generación de mejores empleos (favorecidos por la norma) que no vayan en desmedro de los restantes trabajadores que no son cubiertos por la regulación laboral.
[1] Muriel, H. B. y C. G. Machicado S. (2012), Flows and Demand of Employment and Labor Regulation: Evidence from Manufacturing Firms in Bolivia 1988-2007, INESAD, mimeo.
* Investigadora Senior de INESAD. La autora recibirá cualquier comentario sobre el artículo en el siguiente correo electrónico: bmuriel@inesad.edu.bo
