Economía Laboral

Bolivia ha sido un país que se ha caracterizado por contar con elevados niveles de informalidad, vista desde múltiples ángulos: Exportaciones e importaciones ilegales, firmas no registradas y muchas normas marginalmente aplicadas. En este contexto, sin duda, la «informalidad por legalidad» en el mercado laboral es una de las más preocupantes ya que se asocia directamente con trabajos precarios, pobreza y desigualdad. La Tabla a seguir presenta la cobertura de la regulación laboral en las zonas urbanas de Bolivia considerando los empleos que son estables, cuentan con aguinaldos y tienen seguros sociales (contribuciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones y seguro de salud) al mismo tiempo.

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Todas las personas se enfrentan a disyuntivas, es decir, elecciones. Desde una perspectiva economicista, éstas se basarían principalmente en dos principios: el costo de oportunidad, de una opción frente a otras, así como preferencias individuales. El gráfico a continuación muestra la población asalariada por características de empleo (estabilidad, pago de aguinaldos y aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones) y no asalariada, de acuerdo a las preferencias entre ser asalariados, y por tanto potencialmente cubiertos por la legislación laboral vigente, o ser más bien independientes.

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El RC-IVA puede ser considerado como una especie de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas; ya que se aplica sobre los ingresos laborales y las rentas de capital. Los contribuyentes deben deducir cuatro salarios mínimos, la contribución a pensiones y las declaraciones de pagos–a través de facturas–al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En los hechos, el impuesto ha servido para controlar el pago del IVA en el momento de comprar bienes y servicios, donde los «contribuyentes formales» han desempeñado el papel del gobierno volviéndose fiscalizadores. Sin embargo, la aplicación del RC-IVA se ha mostrado con mayores costos que beneficios.

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Uno de los principales cuellos de botella estructurales que ha confrontado la economía Boliviana a lo largo de su historia, ha sido la incapacidad de crear fuentes de trabajo de calidad, que permitan a la población mejorar sus estándares de vida y en última instancia derrotar a la extrema pobreza. Un 80% de la fuerza de trabajo del país está ocupada en trabajos de baja productividad e ingresos en el sector informal de la economía o en actividades agropecuarias de subsistencia.

El mercado laboral en Bolivia en los últimos 30 años ha estado influenciado por diferentes tendencias y eventos socio-económicos que han incidido grandemente en su comportamiento.

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La tasa oficial de desempleo urbano está en el orden del 7,5 por ciento que debe ser calificada como la tasa natural de desempleo en Bolivia y que corresponde a su estructura económica. Los economistas cuando hablan de pleno empleo no dicen que no hay desempleo alguno, lo que sostienen es que esta situación implica que el país tiene sólo la tasa natural de desempleo.

El problema laboral en el país no es el desempleo sino la informalidad del mercado de trabajo, su poca profundidad y su baja productividad. Cualquier nueva ley del trabajo puede agravar la situación en lugar de ayudar al incremento en la creación de empleos formales y con mayor productividad, única manera para que los trabajadores puedan mejorar su bienestar. Se debe tomar en cuenta que la informalidad implica que el trabajador no tiene ninguna protección.

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El pasado mes el gobierno boliviano entregó a la Central Obrera Boliviana (COB) el anteproyecto de Código de Trabajo que, de aprobarse, sustituiría a la Ley General del Trabajo vigente desde 1942. La COB tiene hasta el 1 de Mayo para revisar el documento antes de que este pase a la Asamblea Plurinacional.

No tengo la menor duda de que tanto la COB como la Asamblea Plurinacional aprobarán sin reparos el nuevo código. Quién podría resistirse a un árbol de Navidad lleno de regalos? Porque este anteproyecto es precisamente eso, una sarta de beneficios que ninguna persona con corazón se atrevería a rechazar. Veamos una muestra:

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El proceso de capitalización ejecutado durante los años 90 fue exitoso en promover un incremento sustancial de flujos de inversión extranjera directa (IED) en sectores importantes de la economía, como es el caso de los hidrocarburos, telecomunicaciones, energía eléctrica y transporte.

Sin embargo, una de las limitaciones más importantes de este proceso fue que éste estuvo esencialmente concentraron en atraer inversión en sectores económicos intensivos en capital; siendo los incrementos de las inversiones en sector intensivos en mano de obra poco significativos. Las innovaciones tecnológicas e incrementos de productividad estuvieron por lo tanto también concentradas en sectores no intensivos en empleo y no se tuvo efectos de difusión (o de demanda de consumo intermedio) sobre las restantes actividades del país, donde si está concentrada la mayor parte de la fuerza laboral, como es el caso de la manufactura, sector agropecuario, construcción, etc.

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La teoría sobre el comportamiento del mercado supone que los precios son el resultado de las negociaciones (explicitas o implícitas) entre oferentes y demandantes. En este sentido, en el mercado laboral los trabajadores conformarían en conjunto la oferta y las empresas la demanda; y el salario sería el resultado de tales negociaciones asociadas a la productividad laboral y al poder de negociación de las partes. En el caso de Bolivia aún la relación de los participantes en el mercado es más estrecha, pues aproximadamente solo el 38% (1) de la población ocupada es empleada u obrera; siendo la restante básicamente auto-empleada, familiar o patronal (cuenta propia, cooperativista, empleadora y trabajador familiar o aprendiz) con retornos laborales que son estrechamente establecidos a partir de los precios de los bienes o servicios que producen.

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Hace 40 años cada mujer en Bolivia tenía en promedio 6,5 hijos, pero debido a una rápida transición demográfica, hoy tenemos en promedio 3,5 hijos, y se espera que este número siga bajando, acercándose al nivel de equilibrio de 2,1 hijos por mujer.

Este cambio en la tasa de fecundidad tiene importantes repercusiones para toda la economía, y especialmente para el mercado laboral.

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La poca capacidad de la economía boliviana para crear empleos es sin lugar a duda, la principal barrera para que el país pueda superar en forma efectiva el problema de extrema pobreza que afecta a la mayor parte de la población boliviana. Las reformas estructurales ejecutadas en los años 90 estuvieron enfocadas en sectores intensivos en capital, como es el caso de los hidrocarburos, telecomunicaciones, energía eléctrica y sector financiero, por lo que no tuvieron un gran impacto en la generación de empleos.

La generación de empleos productivos, que no signifique absorción de supernumerarios en empresas y reparticiones del estado, requiere incrementar sustancialmente la tasa de inversión.

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