Macroeconomía

Por: Osvaldo Nina Baltazar*

El cambio del año base del Producto Interno Bruto (PIB) en Bolivia -de 1990 a 2017- constituye una de las transformaciones estadísticas más importantes de las últimas décadas. Su relevancia no radica solamente en actualizar la medición del crecimiento económico, sino en redefinir la lectura analítica de la estructura productiva del país. La adopción del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), la incorporación de encuestas económicas recientes, una mejor medición del sector servicios y la reclasificación productiva permiten retratar con mayor fidelidad una economía que ha cambiado profundamente desde los años noventa.

Un aspecto metodológico central es que el INE presenta la participación sectorial del mismo año (2017) calculada con ambas bases: la antigua (1990) y la nueva (2017). Esta comparación constante permite aislar el efecto metodológico y observar cómo la estructura productiva “medida” cambia, aun cuando la economía real es exactamente la misma. El resultado es una recomposición significativa que no expresa transformaciones reales de corto plazo, sino correcciones estadísticas y actualizaciones estructurales que alinean el sistema contable con la economía contemporánea.

La comparación entre ambas bases muestra un patrón claro: la economía boliviana de 2017 es menos primaria y más urbana-servicial de lo que sugería la base 1990 (ver gráfico). La fuerte caída relativa de agricultura y transporte -sectores que pierden entre 3 y 4 puntos porcentuales- revela que la antigua estructura sobrestimaba su peso debido a limitaciones metodológicas, precios base antiguos y menor cobertura estadística. Por otro lado, el aumento de comercio y construcción indica que el dinamismo urbano, la expansión de servicios y la formalización gradual de unidades económicas tuvieron un peso mayor del que la base antigua podía captar. Más que un cambio económico repentino, la nueva base nos muestra una radiografía más precisa de la Bolivia que efectivamente existe.

Este ajuste metodológico también aclara la posición de la administración pública. Su reducción de 14,7% a 12,8% del PIB no debe interpretarse como un achicamiento del Estado, sino como una forma más rigurosa de medir el valor agregado no de mercado conforme al SCN 2008. Se corrigen distorsiones habituales en bases antiguas, donde el valor agregado del sector público tendía a ser sobrestimado por la estructura de costos y la ausencia de mediciones diferenciadas por función.

Un elemento clave que acompaña este cambio de base es la actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP). La MIP 2017 ofrece una visión detallada de cómo se articulan los sectores entre sí: qué ramas proveen insumos a otras, cuáles son los multiplicadores de producción, qué sectores generan mayor demanda intermedia y dónde se ubican los encadenamientos críticos. Su actualización es indispensable porque la estructura productiva de 1990 ya no reflejaba los patrones actuales de integración productiva, especialmente en manufacturas, servicios empresariales, logística y comercio moderno. Con una MIP renovada es posible analizar cuellos de botella, identificar sectores con mayor capacidad de arrastre y diseñar políticas industriales basadas en evidencia y no en intuiciones heredadas.

Estas transformaciones tienen implicaciones profundas para las políticas públicas. Por un lado, revelan que durante más de veinte años los diagnósticos sectoriales se apoyaron en ponderaciones que no reflejaban la estructura real de la economía. Esto pudo haber llevado a priorizaciones erróneas, subestimación del papel de los servicios, sobreestimación del sector primario y a una lectura distorsionada del tamaño relativo del sector público. Por otro lado, la nueva base resalta la importancia de abordar políticas de productividad urbana, formalización, logística, innovación y servicios modernos, que hoy explican una parte sustancial del valor agregado nacional.

En síntesis, el cambio del año base no modificó la economía real, pero sí transformó la manera de comprenderla. La nueva estructura productiva obliga a actualizar diagnósticos, replantear prioridades sectoriales y formular políticas coherentes con la economía existente, no con la que reflejaban estadísticas ancladas en 1990. Toda agenda de desarrollo que aspire a ser efectiva deberá partir de esta nueva fotografía estadística y de los encadenamientos que revela.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD.

Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

El déficit fiscal ha sido el factor que más contribuyó a generar la profunda crisis económica en la cual se encuentra la economía boliviana. En el periodo 2015 a 2024, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) ha sido en promedio anual de 8.7% del PIB. Estos déficits han sido mayoritariamente financiados por fuentes internas (aproximadamente en un 80%). Del total del financiamiento interno, aproximadamente un 80% provino del Banco Central, y el resto de otras fuentes, principalmente, de la colocación de bonos del TGN en los fondos de pensiones.

En 2025, el gobierno ha continuado con la política de mantener un elevado déficit fiscal, y de financiarlo principalmente a través de fuentes internas (Banco Central y fondos de pensiones). Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) no ha publicado a la fecha ningún dato sobre las operaciones del SPNF para este año, a pesar de la importancia y necesidad de contar con esta información, para hacer un seguimiento al desempeño de la economía, especialmente en la coyuntura actual, cuando se aproxima un cambio de gobierno, y serán las nuevas autoridades las encargadas de corregir este significativo desequilibrio.

Sin embargo, es posible realizar una estimación del déficit fiscal para 2025, a partir de los datos disponibles sobre la evolución de la deuda pública, externa e interna, publicados por el Banco Central y el Ministerio de Economía hasta el mes de julio. De acuerdo a esta información, en el periodo enero-julio 2025, el SPNF ha recibido un financiamiento total de US$ 2.604 millones (4.64% del PIB), monto que sería equivalente al déficit fiscal incurrido durante este periodo. Como ha sido la tendencia de los últimos años, el financiamiento provino mayoritariamente de fuentes interna (4.25% del PIB), de los cuales US$ 1.191 millones (2.12% del PIB) fue financiamiento del BCB y US$ 1.196 millones (2.13% del PIB) de fuentes privadas, principalmente por los fondos de pensiones. El financiamiento externo neto fue de solo 0.39% del PIB (US$ 218 millones), de los cuales US$ 764 millones fueron nuevos desembolsos y US$ 547 amortizaciones.

                          Financiamiento estimado al SPNF a julio 2025 (flujos)

Fuente: elaborado con base en información del MEFP y BCB

La pregunta es ¿A cuánto podría llegar el déficit fiscal para todo el año 2025, dado el déficit alcanzado hasta julio? El siguiente gráfico nos muestra, en primer lugar, que el déficit para el periodo enero-julio ha ido aumentando en los últimos años. En segundo lugar, se observa que la mayor parte del déficit se genera en la segunda mitad del año, debido a que una mayor parte de los gastos públicos, están concentrados en los últimos meses del año, como es el caso del pago de aguinaldos. Por este motivo, se esperaría que el déficit fiscal para el año 2025, se sitúe en niveles similares o superiores a los alcanzados en los años 2023 y 2024, es decir, superiores a 10% del PIB.

Déficit del SPNF anual y al mes de julio de cada año

(Porcentaje del PIB)

                                  Fuente: elaborado con base en información del MEFP y BCB

                                               * estimado

El elevado déficit fiscal observado hasta julio 2025, nuevamente tendrá el efecto de aumentar la deuda pública, que ha venido creciendo en forma sostenida en los últimos años. A julio 2025, ésta alcanza a US$ 44.060 millones, de los cuales US$ 30.289 millones son deuda interna y US$ 13.770 millones son deuda externa. Es interesante observar que, a pesar que la deuda pública ha continuado creciendo en términos absolutos durante 2025, ésta presenta una significativa caída en términos de porcentaje del PIB. Esto se debe a que, la deuda interna está denominada principalmente en bolivianos, y no se encuentra indexada al dólar ni a la inflación, mientras que el PIB nominal ha continuado creciendo a tasas cada vez mayores, debido a la mayor inflación que está experimentando la economía boliviana, aunque la tasa de crecimiento real del PIB se hace cada vez más baja.

Deuda del SPNF

(Millones US$)

Fuente: elaborado con base en información del MEFP y BCB

En síntesis, la deuda pública ha continuado aumentando en términos absolutos durante el 2025, debido a que el déficit fiscal se mantiene en niveles elevados. Hasta julio de este año, el financiamiento total al SPNF, tanto externo como interno, asciende a US$ 2.604 millones (4.64% del PIB), que sería equivalente al déficit del SPNF acumulado en el año hasta ese mes. Con este financiamiento adicional, la deuda pública a julio 2025 llegó a US$ 44.060 millones, mayoritariamente deuda interna no indexada, por lo que la tasa de endeudamiento (relación deuda-PIB) habría caído a 78.5% del PIB, debido a la mayor tasa de inflación que experimenta la economía, que hace crecer el PIB en términos nominales, y hace caer el valor real de la deuda interna. Los grandes perdedores de este comportamiento son, los poseedores de los pasivos del BCB, principalmente la emisión que pierde valor debido a la mayor inflación, y los miembros del sistema de pensiones, cuyas contribuciones previsionales han sido invertidos en títulos de deuda pública no indexados.

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* Investigador Senior de INESAD, ljemio@inesad.edu.bo

Este blog es parte del Proyecto ADÁMAS ECONÓMICO.

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Por: Osvaldo Nina Baltazar*

En un contexto global caracterizado por crecientes desafíos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), la estabilidad económica depende cada vez más de la capacidad del sistema financiero para integrar principios de sostenibilidad en sus decisiones estratégicas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la exclusión social y la presión regulatoria exigen una transformación profunda del modelo financiero tradicional. En este escenario, la banca enfrenta el reto de reorientar su modelo de negocio hacia el desarrollo sostenible, incorporando instrumentos que permitan financiar iniciativas con impacto positivo y contribuyan a una economía más resiliente e inclusiva.

Uno de los instrumentos más relevantes para cumplir este propósito son los bonos temáticos sostenibles, diseñados para canalizar capital hacia proyectos con beneficios ambientales y/o sociales. Estos instrumentos incluyen diversas modalidades, entre ellas los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles, los bonos vinculados a sostenibilidad y los bonos de transición. Cada uno de ellos responde a diferentes necesidades del mercado y refleja la evolución del financiamiento responsable.

La gráfica presentada evidencia cómo este mercado ha evolucionado entre 2021 y 2024, destacando el liderazgo continuo de los bonos verdes, que financian exclusivamente iniciativas ambientales como energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio o gestión del agua. Estos instrumentos representan la mayor proporción del financiamiento sostenible y se han consolidado como una vía efectiva para avanzar en la acción climática.

Junto a ellos, los bonos sociales han ganado protagonismo al canalizar recursos hacia proyectos con impacto directo en poblaciones vulnerables, como vivienda social, salud, educación o inclusión financiera. Por su parte, los bonos sostenibles integran ambos enfoques —ambiental y social— en una misma emisión, promoviendo un modelo de desarrollo más equilibrado e integral. Esta diversificación se ha acelerado en los últimos años, reflejando la creciente sofisticación del mercado.

Además, han emergido nuevas alternativas como los bonos vinculados a sostenibilidad, cuya particularidad es que no exigen un destino específico de fondos, pero vinculan las condiciones financieras del instrumento —por ejemplo, la tasa de interés— al cumplimiento de metas ASG previamente definidas. Esto incentiva a los emisores a mejorar continuamente su desempeño en sostenibilidad. Asimismo, los bonos de transición permiten financiar la reconversión de sectores con alta huella de carbono hacia modelos más sostenibles, siendo especialmente útiles para industrias que enfrentan mayores dificultades en su proceso de descarbonización.

Más que una tendencia coyuntural, los bonos temáticos representan una oportunidad estratégica para la banca. Ofrecen múltiples beneficios: permiten diversificar fuentes de fondeo, acceder a mercados de capitales y atraer a inversionistas institucionales comprometidos con el impacto positivo, especialmente en contextos donde los depósitos bancarios muestran signos de desaceleración. También fortalecen la reputación institucional, mejoran el posicionamiento ante reguladores y permiten, en muchos casos, acceder a fondeo preferencial con condiciones financieras más competitivas.

Para aprovechar plenamente su potencial, los bancos deben contar con un marco de financiamiento sostenible sólido, que defina con claridad los criterios de elegibilidad de los proyectos y los mecanismos de gestión de los fondos. Es fundamental implementar procesos de verificación externa independiente, como opiniones de segunda parte, que respalden la integridad y transparencia de las emisiones. A esto se suma la necesidad de fortalecer las capacidades internas en áreas clave como sostenibilidad, gestión de riesgos y finanzas sostenibles, así como establecer protocolos de reporte y divulgación rigurosos, que permitan informar periódicamente sobre el uso de los recursos y los impactos alcanzados.

En definitiva, los bonos temáticos sostenibles se consolidan como un puente entre la rentabilidad financiera y el compromiso con el desarrollo sostenible. Para la banca del siglo XXI, su adopción no solo representa una vía para impulsar el crecimiento, sino también una forma concreta de liderar la transición hacia una economía más justa, inclusiva y compatible con los límites del planeta.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Osvaldo Nina Baltazar*

La transición hacia un modelo económico sostenible implica una reconfiguración profunda del sistema financiero. En este contexto, los bancos desempeñan un rol esencial como intermediarios en la asignación eficiente y responsable del capital. La figura presentada ilustra esta dinámica a través del crecimiento sostenido del crédito agropecuario, tanto en términos absolutos como relativos, lo que refleja la creciente importancia de este sector en la cartera del sistema bancario boliviano. Considerando que las actividades agropecuarias tienen una fuerte interacción con el medio ambiente, se vuelve fundamental incorporar una evaluación integral de sus impactos sociales y ambientales.

Este ejemplo pone de relieve la necesidad de adoptar enfoques más holísticos en la gestión financiera, en los que se reconozca que el desempeño económico debe ir acompañado de responsabilidad ambiental, compromiso social y prácticas de gobernanza sólidas. En este sentido, para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social y la necesidad de una gobernanza ética, resulta indispensable que las entidades financieras integren los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) de manera estructural en sus procesos de gestión y toma de decisiones. Estos criterios permiten evaluar el desempeño de una organización desde una perspectiva más amplia, abarcando dimensiones que trascienden los indicadores financieros convencionales.

Desde el enfoque ambiental, se consideran factores como las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia en el uso de recursos naturales, la gestión de residuos y la preservación de la biodiversidad. En el ámbito social, se evalúan aspectos como las condiciones laborales, la inclusión financiera, la relación con las comunidades y la seguridad en el trabajo. En cuanto a la gobernanza, se analizan la integridad organizacional, la transparencia, los controles internos y la estructura del gobierno corporativo.

Aunque históricamente estos elementos no formaban parte del análisis financiero tradicional, actualmente existe evidencia empírica que respalda su contribución a una gestión de riesgos más robusta, una mayor resiliencia organizacional y una rentabilidad sostenible en el largo plazo. En consecuencia, la banca no solo tiene la capacidad de fomentar prácticas sostenibles mediante la canalización de recursos, sino que también puede convertirse en un foco de riesgo sistémico si no incorpora adecuadamente los impactos sociales y ambientales derivados de sus decisiones crediticias y de inversión.

La incorporación de los criterios ASG también permite anticipar y gestionar riesgos emergentes, como los asociados al cambio climático. Estos se manifiestan tanto en su dimensión física —por medio de eventos extremos o degradación ambiental— como en la de transición, vinculada a nuevas regulaciones, cambios en las preferencias del consumidor o transformaciones tecnológicas. Al integrar estos factores, las instituciones financieras fortalecen su capacidad de adaptación y mejoran su estabilidad en un entorno cada vez más volátil.

No obstante, para que este enfoque sea verdaderamente efectivo, es necesario asumirlo con una perspectiva transversal que abarque toda la estructura organizacional. La sostenibilidad debe incorporarse en la cultura institucional y permear tanto la gobernanza como la gestión de riesgos y el desarrollo de productos financieros. Esta transformación requiere liderazgo desde la alta dirección y un compromiso decidido por parte de los órganos responsables de la toma de decisiones estratégicas.

En suma, avanzar hacia una banca sostenible no constituye una alternativa opcional, sino una necesidad estratégica. En un escenario global caracterizado por crecientes exigencias regulatorias, mayor escrutinio ciudadano y desafíos ambientales y sociales interconectados, las entidades que asuman este compromiso no solo reducirán su exposición al riesgo, sino que también consolidarán su papel como actores clave en la construcción de una economía más equitativa, resiliente y ambientalmente responsable.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Osvaldo Nina Baltazar*

En el contexto actual de cambio climático, exceso de lluvias, desastres naturales, pérdida de biodiversidad y creciente presión sobre los recursos naturales, la necesidad de transformar el sistema financiero hacia prácticas más sostenibles se vuelve imperativa. En este marco, las finanzas verdes emergen como una herramienta estratégica para canalizar recursos hacia actividades económicas que generan beneficios ambientales y sociales, sin comprometer la rentabilidad financiera. Entre 2021 y 2024, el financiamiento verde mostró un crecimiento sostenido, inicialmente liderado por los bonos verdes (véase figura). No obstante, a partir de 2023, los préstamos verdes comenzaron a ganar peso relativo, reflejando una mayor integración de criterios sostenibles en productos crediticios y no solo en los mercados de capitales.

Esta evolución evidencia el rol central del sector bancario como intermediario clave en la asignación eficiente del capital hacia actividades sostenibles. Las finanzas verdes permiten a los bancos diversificar su portafolio de productos, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y ampliar su base de clientes. Entre los instrumentos más relevantes destacan los bonos verdes, los préstamos ligados a indicadores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), y las líneas de financiamiento concesional ofrecidas por organismos multilaterales.

La emisión de bonos verdes no solo facilita el acceso a inversionistas institucionales con mandatos sostenibles —como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos—, sino que también envía señales positivas a los mercados financieros. Paralelamente, las entidades que adoptan políticas de financiamiento verde pueden acceder a fondos climáticos internacionales como el Green Climate Fund o el Climate Investment Funds, ampliando así su capacidad de fondeo a largo plazo con condiciones más favorables.

Para capitalizar estas oportunidades, los bancos deben incorporar criterios de sostenibilidad en su gestión financiera. Esto les permite posicionarse como instituciones innovadoras, responsables y comprometidas con el desarrollo sostenible. En un entorno donde los consumidores —especialmente los más jóvenes y las empresas con propósito— valoran el impacto ambiental de sus decisiones, ofrecer productos financieros verdes (como créditos para paneles solares, viviendas sostenibles o vehículos eléctricos) fortalece la captación y fidelización de clientes.

Los préstamos verdes, además de ser una fuente de financiamiento competitiva, ofrecen beneficios tangibles tanto para las entidades financieras como para los prestatarios. Contribuyen a reducir riesgos financieros y reputacionales, facilitan el acceso a mercados emergentes y apoyan el cumplimiento de metas ambientales y sociales. Más allá de estos beneficios internos, las finanzas verdes permiten al sistema bancario desempeñar un rol catalizador en la transición hacia una economía sostenible. Al dirigir recursos hacia sectores estratégicos como energías renovables, transporte limpio, infraestructura resiliente o agricultura sostenible, los bancos apoyan directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de París.

Este impacto positivo también promueve la inclusión financiera verde, al facilitar el acceso a recursos para micro, pequeñas y medianas empresas que adoptan tecnologías limpias o modelos de negocio circulares. De este modo, se amplía el alcance del desarrollo sostenible a segmentos tradicionalmente excluidos del sistema financiero tradicional.

En general, las finanzas verdes representan una oportunidad estratégica para la banca moderna. No se trata únicamente de cumplir con nuevas exigencias regulatorias o de asumir una postura ética, sino de adoptar un enfoque integral que combine rentabilidad, sostenibilidad y gestión de riesgos. En este nuevo paradigma, los bancos que integren tempranamente las finanzas verdes estarán mejor posicionados para enfrentar los desafíos del siglo XXI y liderar la transición hacia un sistema financiero más resiliente, inclusivo y sostenible.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Beatriz Muriel H., Ph.D

Las mejoras tecnológicas se han constituido en uno de los determinantes fundamentales del crecimiento económico y, a su vez, deberían retroalimentarse de los mayores ingresos y avances productivos provenientes de la misma dinámica económica en un circulo virtuoso; sin embargo, este no parece ser el caso de Bolivia en los últimos años.

Al respecto, Machicado (2019) analiza la evolución del índice de innovación, usando información del Índice Global de Competitividad (IGC), y encuentra que, en Bolivia, el índice mejoró durante 2010-2014; pero cayó a partir de 2015, ubicándose en el puesto 135 de 137 países en 2017, con una posición peor que la que tenía en 2008. De acuerdo al autor, en el periodo de repunte se destaca la disponibilidad de científicos e ingenieros y la colaboración entre la industria y la universidad en Investigación y Desarrollo (I&D).

El Gráfico 1 presenta un segundo indicador proxy del progreso tecnológico que mide la participación porcentual de las exportaciones de alta tecnología sobre las exportaciones manufactureras totales. Estas ventas externas incluyen bienes con alta intensidad en I&D; como en la industria aeroespacial, informática, farmacéutica, instrumentos científicos y maquinaria eléctrica.

Gráfico 1: Exportaciones de Alta Tecnología en porcentaje de las exportaciones de manufacturas, 2007-2019

Fuente: Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (2020). La fuente primaria corresponde a la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas.

Durante 2007-2009, las exportaciones bolivianas de alta tecnología llegan a cerca del 5% de las manufactureras, aumentan alrededor de 2010-2014, pero caen posteriormente a niveles cercanos a los primeros años de análisis –de manera parecida al índice de innovación comentado por Machicado (2019). Este porcentaje es destacablemente menor en relación con América Latina y el Caribe, y en el año 2018 representa apenas la tercera parte.

En el Gráfico cabe destacar también el desempeño de los países del Este de Asia y el Pacífico, cuyas exportaciones de alta tecnología –como porcentaje de las manufactureras– superan a regiones como Norteamérica y Europa y Asia Central. A pesar de que la brecha con Bolivia disminuye durante 2010-2014, en los siguientes años aumenta nuevamente y en 2018 el índice en la región del Este de Asia y el Pacífico representa siete veces el de Bolivia.

La falta progreso tecnológico que ha vivido el país en los últimos años puede apreciarse también en otros indicadores; como los bajos, y persistentes, niveles de productividad laboral (ver, e.g., Muriel, 2016) y el escaso gasto en I&D en el país (Banco Mundial, 2020), en comparación con otras regiones.

A pesar de que la información abarca las últimas décadas, es importante señalar que las mejoras tecnológicas han sido poco dinámicas en Bolivia a lo largo de los últimos 50 años –como se aprecia, por ejemplo, en los datos históricos de la productividad laboral–. Esto, sin duda, forma parte del retraso del país en materia de desarrollo económico y sostenible; pero sobre todo llama a una profunda reflexión sobre la urgente necesidad de superar la “maldición de los recursos naturales”.

Bibliografía:

• Machicado, C. G. (2019). Estado del crecimiento económico sustentable. En B. Muriel H. y I.  Velásquez (Eds.), Evaluación de la economía y del desarrollo en Bolivia: avances, retrocesos y perspectivas (pp. 13-36). Recuperado de https://www.inesad.edu.bo/2020/05/01/evaluacion-de-la-economia-y-del-desarrollo-en-bolivia-avances-retrocesos-y-perspectivas/
• Muriel, H. B. (2016). Productividad Laboral. L. Andersen, B. Branisa y S. Canelas (Eds.), El ABC del Desarrollo en Bolivia (pp. 182-189). La Paz, Bolivia: Fundación INESAD. Recuperado de https://www.inesad.edu.bo/wp-content/uploads/2016/12/P-Productividad-laboral.pdf
• Banco Mundial (2020). Gastos en Investigación y Desarrollo [base de datos]. el 23 de septiembre de 2020 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

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*Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

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Por: Beatriz Muriel H., Ph.D*

La crisis actual derivada de la pandemia Covid-19 ha expuesto varios problemas económicos, sociales e institucionales que enfrenta Bolivia; mostrando la necesidad de reinterpretar el análisis del crecimiento económico en términos de calidad.

Desde hace varias décadas atrás, la literatura económica ha cuestionado el impacto del crecimiento sobre la pobreza y sobre la inclusión social. En este escenario, algunos autores han postulado, desde un enfoque más holístico, la noción de “crecimiento de calidad”, buscando abarcar no solamente variables sociales sino también económicas, institucionales y medioambientales; aunque el concepto no es unívoco.

Thomas et al. (2000) asocian el crecimiento de calidad con los resultados del desarrollo que los conciben como: la acumulación de los activos (capital físico, humano y natural), los aspectos distributivos a lo largo del tiempo y el trabajo institucional o el buen gobierno. Por otro lado, Martínez y Mlachila (2013) señalan que el crecimiento de buena calidad es aquel que es fuerte, estable, sostenible, aumenta la productividad y conduce a resultados socialmente deseables, como mejores niveles de vida y alivio a la pobreza. Adicionalmente, Garcia (2020) argumenta que el crecimiento no solamente debe ser acelerado, sino también debe asegurar la compatibilidad de las cuatro “es”: estabilidad macroeconómica; eficiencia y competitividad; equidad e inclusión social; y equilibrio y sostenibilidad ambiental.

Mlachila et al. (2014) proponen un índice, aproximado, de crecimiento de calidad (QGI, por sus siglas en inglés) tomando en cuenta dos componentes:

1. La naturaleza intrínseca del crecimiento, donde se incluye cuatro dimensiones: solidez; estabilidad; diversificación de recursos; y orientación hacia el exterior.
2. Los resultados sociales, considerando dos dimensiones: una vida larga y saludable; y el acceso a educación/conocimiento.

Los autores estiman el QGI para 93 países en desarrollo -57 de ingresos medios y 36 países de ingresos bajos- para el periodo entre 1990 y 2011. La posición de Bolivia en los sub-periodos puede apreciarse en la Tabla 1.

Tabla 1: Bolivia: Índice de Crecimiento de Calidad (QGI) e Indicadores del Producto Interno Bruto (PIB)

Fuente: La posición del QGI fue obtenida de Mlachila et al. (2014) y las tasas de crecimiento fueron elaboradas a partir de información provista por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La posición de Bolivia, en la muestra de 93 países, presenta una mejora destacable entre 1990-1994 y 1995-1999; pasando del puesto 49 –i.e. por debajo de 48 económicas- al 25. Este escenario puede responder al hecho de que en los primeros años de la década de 1990 el gobierno trabajó principalmente en el fortalecimiento de la estabilización macroeconómica y las directrices de varias reformas; mientras que en el segundo periodo se aplicaron estas últimas, como en los casos de salud y educación. Durante 2000-2004, el país cae al 38° lugar; posiblemente asociado a los problemas sociopolíticos y la recesión económica de la época. Sin embargo, esta tendencia continúa y durante 2005-2011 llega a la posición 41.

Con todo, el indicador sube en términos absolutos entre 1990-1994 y 1995-1999 y en los siguientes periodos se mantiene prácticamente en el puntaje de 1995-1999; alrededor del 70%. Esto muestra que muchos otros países tuvieron un mejor desempeño en términos de un crecimiento de calidad, mejorando su posición en el ranking en relación a Bolivia.

En la Tabla 1 se observa también que el periodo 2005-2011 destaca por las altas tasas de crecimiento del PIB y del PIB per cápita en relación a los años anteriores, debido -como es de amplio conocimiento- al boom de los precios de las principales materias primas de exportación; pero, además, cabe notar la menor tasa de incremento de la población. En este escenario, la información muestra que este crecimiento económico no tuvo mejores resultados que los sucedidos durante 1995-1999; a pesar de la importante bonanza económica y un mejor entorno para el desarrollo a nivel mundial. Sin duda, este resultado se ha expuesto en la crisis Covid-19; con las varias y persistentes debilidades económicas, sociales e institucionales del país.

Bibliografía:

• Garcia, R. E. (2020). América Latina: La Urgencia de una Estrategia Renovada de Desarrollo. En E. García R. (coord.), Desenvolvimento e Cooperação na América Latina: A Urgência de uma Estratégia Renovada (pp. 49-78). São Paulo, Brasil: editorial Universidad de São Paulo (USP).
• Martinez, M., y Mlachila, M. (2013). The Quality of the Recent High-Growth Episode in Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper 13/53. Washington D.C., Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional.
• Mlachila, M., Tapsoba R., y Tapsoba, S. (2014). A Quality of Growth Index: A Proposal. IMF Working Paper 14/172. Washington D.C., Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional.
• Thomas, V., Dailami, M., Dhareshwar, A., Kaufmann, D., Kishor, N., López, R., y Wang, Y. (2000). The Quality of Growth. Nueva York, Estados Unidos: Oxford University Press.

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*Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

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Por: Beatriz Muriel H. Ph.D.*

Los ingresos laborales –que agregan tanto los salarios de los empleados y obreros como los ingresos de los trabajadores independientes– pueden tener un desempeño pro-cíclico, a-cíclico o contra-cíclico con relación al desempeño de la economía. La pro-ciclicidad se da en los casos donde el aumento de la producción –en un escenario de bonanza–  promueve un mayor requerimiento de mano de obra, y, desde aquí, las remuneraciones se vuelven más atractivas. Aún más, en el caso de los auto-empleados, el auge económico favorece el consumo de su producción y/o ventas –e.g. ventas de ropa y comida rápida– e inclusive puede estar asociado con precios más altos –e.g. los bateadores de oro venden los gramos encontrados al doble o triple–. En contraposición, en los periodos de desaceleración o recesión, la producción y el consumo caen y los ingresos laborales se reducen.

En otros casos, los ingresos pueden ser a-cíclicos; es decir, no estar asociados con los periodos de bonanza o recesión económica. Este puede ser el caso donde, bajo la existencia de sindicatos, las negociaciones obrero-patronales determinan los niveles salariales para un mediano y largo plazo, o donde éstos son determinados por el Estado –e.g. en una economía planificada–. Sin embargo, éstos pueden ser también contra-cíclicos cuando los salarios nominales se ajustan lentamente frente a caídas en los precios agregados (contextos de deflación).

Bajo este marco, cabe preguntarse  ¿Cómo han evolucionado los ingresos laborales en Bolivia? ¿Han sido afectados por los ciclos económicos?

El Gráfico 1 presenta la trayectoria del ingreso laboral real en Bolivia–a precios de 2007, según el último año base del Índice de Precios al Consumidor–; considerando tanto el promedio agregado de toda la población ocupada como las respectivas medidas correspondientes a los trabajadores que reciben salarios y a los que son independientes.

Gráfico 1: Ingresos laborales reales, 2000-18

(En Bs. de 2007)

A nivel agregado, entre 2000 y 2004, el crecimiento del PIB es bajo, 2,8% promedio anual, coincidente con un estancamiento de los ingresos de los trabajadores. En el periodo de expansión, 2005-2014, la tasa aumenta al 5,1% y los ingresos laborales reales lo hacen al 3,6% promedio anual. En los años de desaceleración, 2015-2018, el crecimiento del PIB cae a 4,2%; mientras que los ingresos bajan a una tasa de -2,6% (incluso llega al -3,4% anual en 2014-2018).  Este comportamiento muestra que los ingresos siguen, en alguna medida,  el desempeño de la economía; aunque se observa una pro-ciclicidad algo mayor para el caso de los trabajadores no asalariados (principalmente desde 2004).

Al respecto, Muriel y Vera (2015) estiman un modelo econométrico para el caso de Bolivia¹ aproximando los ciclos económicos con los componentes cíclicos de los precios agregados y del PIB; y calculan que el incremento del 1% en los precios de corto plazo aumenta los ingresos en 0,5%, y el incremento del 1% en la producción de corto plazo en 0,52%. Con todo, el crecimiento del 1% del PIB tendencial, o de largo plazo, también sube los ingresos laborales en un 0,4%.

Esta información muestra que los ingresos laborales han sido afectados por los ciclos económicos; por lo que frente a un periodo de bajo crecimiento –como el pronosticado para 2019-2020–  se esperaría también un bajo desempeño. Esta apreciación es particularmente importante para explicar también por qué la pobreza no se ha reducido en los últimos años; puesto que los ingresos laborales representan alrededor del 90% de los ingresos del hogar (los que son utilizados para medir la pobreza monetaria).

Referencias: 

¹ Muriel, H. B., y Vera C. H. (2015). Cycles versus trends: the effects of economic growth on earnings in Bolivia. Documentos de Trabajo sobre Desarrollo #08. La Paz, Bolivia: Fundación INESAD. Los autores suponen que el mercado laboral se rige bajo los principios de segmentación sectorial, y estiman un modelo de ingresos, considerando tanto variables de oferta como de demanda laboral. Los datos provienen de las encuestas de hogares de 1999 a 2012, de donde construyen un pseudo-panel para todo el periodo.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Luis Carlos Jemio Ph.D.*

Bolivia y la mayoría de los países de América Latina, se han beneficiado en los últimos 15 años de una coyuntura económica externa muy favorable, debido a los elevados precios de las materias primas que exportan los países de la región, vigentes en los mercados internacionales. Esta coyuntura favorable ha permitido a los países crecer a mayores tasas. El gráfico 1 muestra que las tasas de crecimiento del PIB per cápita de América Latina y de Bolivia, aumentaron considerablemente a partir de 2004, después de un periodo de bajas tasas de crecimiento observadas en los primeros años de los 2000, cuando la región fue afectada por la crisis internacional. Estas altas tasas de crecimiento se mantuvieron hasta el 2008, cuando la crisis financiera internacional, resultante de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, afectó a la economía mundial.  Posteriormente hubo una recuperación, que duró hasta 2014, y a partir de 2015 las tasas de crecimiento cayeron sustancialmente para América Latina, y en menor grado para Bolivia, cuando los precios de las materias primas experimentaron bajas en los mercados internacionales.

La pregunta es si, durante el periodo de bonanza económica, el PIB per cápita de Bolivia, y de los demás países de la región de menores ingresos, tendieron a converger hacia los niveles de ingresos de los países más ricos de América Latina.

Gráfico 1: Tasa de crecimiento del PIB per cápita de América Latina y Bolivia

(variación porcentual anual)

En teoría, debería producirse una convergencia de los ingresos de los países menos ricos hacia los niveles de ingreso de los países más ricos. Según plantea el modelo de crecimiento de Solow y Swan¹, los países con la misma tasa de progreso tecnológico, van a converger todos a un sendero de crecimiento balanceado, a una tasa de crecimiento del ingreso per-cápita determinada. Si las tecnologías de producción, tasas de ahorro, y tasas de crecimiento de la población son las mismas para los países, todos van a converger al mismo nivel de ingreso per cápita también. La existencia de rendimientos decrecientes de los factores de insumo implica que los países pobres (con una base más pequeña de capital y trabajo) van a crecer a un ritmo más rápido que los países más ricos enfrentados a tecnologías idénticas, tasas de ahorro, y tasas de crecimiento de la población.

Gráfico 2: PIB per cápita de los países de América Latina

(US$ constantes de 2010)

¿Han tendido a crecer los países pobres más rápido que los países ricos en América Latina durante el periodo de bonanza?

El gráfico 2 muestra la trayectoria seguida por los PIB per cápita de los países de América Latina desde 2000 a 2017. Se identifican cuatro grupos de países al final de este periodo. En primer lugar, están Chile y Uruguay, que son los países de mayores ingresos, y que también han mostrado un crecimiento consistentemente mayor en sus niveles de PIB per cápita. Claramente, a 2017, estos dos países son los de mayores ingresos en relación al resto de países de la región, con niveles de PIB per cápita superiores a US$ 14.000, medidos en dólares constantes de 2010.

Un segundo grupo de países, donde se encuentran las economías de mayor tamaño (Brasil, México y Argentina), han registrado también un comportamiento dinámico en sus economías, y se encuentran a 2017, en un rango de PIB per cápita de entre US$ 10.000 y US$ 12.000. En este grupo de países se identifican dos casos especiales, que representan desempeños opuestos de sus economías. Por un lado, está Panamá que ha sido el país de mayor crecimiento de la región, y, gracias a la ejecución de proyectos de gran impacto, ha podido duplicar su PIB per cápita, pasando de US$ 5.500 en 2003 a US$ 11.700 en 2017.  Contrariamente, tenemos a Venezuela, que, debido a un muy mal manejo de la economía y políticas erradas, ha mostrado una caída en su PIB per cápita de US$ 8.900 en 2013 a US$ 5.600 en 2017 (casi un 30% de caída).

Un tercer grupo de países presenta un crecimiento más moderado, y muestra para 2017, niveles de PIB per cápita que fluctúan en un rango de entre US$ 5.000 y US$ 8.000. Entre estos países se encuentran la mayoría de países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú), además de República Dominicana y Paraguay.

Finalmente, se tiene a un cuarto grupo de países que son los más rezagados de la región que incluye a la mayoría de países de Centro América (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y a Bolivia. Estos países muestran en 2017 un nivel de PIB per cápita que fluctúa en un rango de entre US$ 2.000 y US$ 3.500. Resulta sorprendente observar que, pese a la gran cantidad de ingresos de exportación que disfrutó Bolivia durante el periodo de bonanza (2006-2017), el país haya mostrado una tasa de crecimiento promedio anual en su PIB per cápita de solo 3.2%, la cual le permitió superar solo a Honduras y Nicaragua.   A esta tasa de crecimiento, a Bolivia le tomaría 56 años igualar el nivel actual de PIB per cápita que tiene Chile, 43 años el de Costa Rica, 35 años el de Colombia, y 10 años el de El Salvador.

Si bien es necesario realizar una evaluación más precisa sobre la existencia o no de convergencia de los PIB per cápita de los países de América Latina, a priori se observa que durante este periodo de bonanza no ha existido convergencia, y las diferencias existentes entre países han tendido a aumentar. Sin embargo, los datos muestran que hay algunos pocos países que han podido crecer a tasas muy elevadas, como es el caso de Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que les ha permitido cerrar las brechas existentes. Bolivia lamentablemente se ha quedado rezagada, y va a ser necesario mucho esfuerzo e imaginación para crecer a mayores tasas en el futuro, que nos permitan cerrar estas brechas. Esto, en una coyuntura actual, donde las condiciones económicas no se muestran muy favorables.

Referencias:

¹ N. G. Mankiw, D. Romer & D. Weil (1992): «A contribution to the Empirics Economic Growth», en Quarterly Journal of Economics, 107, pp. 407-438.

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*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Carlos Gustavo Machicado Ph.D.*

La semana pasada fue titular de primera plana en varios matutinos de circulación nacional (véase: 1,2,3), la salida de American Airlines (AA) de Bolivia a partir del 27 de noviembre del presente año. Según un artículo de la revista Forbes-Bolivia del 24 de julio, la salida de AA obedecería a una baja rentabilidad de sus operaciones en Bolivia. Considerando que las tarifas no han sufrido modificaciones, se esperaría que la baja rentabilidad se deba a una caída en la demanda de pasajeros. Ya el año pasado AA había dejado de operar en la ruta Miami – La Paz por baja rentabilidad y en un blog de también hace un año, mostré que al parecer el argumento de baja demanda en La Paz no era tan cierto.

Aprovechando los datos del Bureau of Transportation Statistics quiero analizar con un poco más de precisión este argumento de baja demanda. El siguiente gráfico muestra el flujo de pasajeros transportados por AA hacia y desde Bolivia entre 2005 y 2018 ¹. Claramente se observa un aumento de pasajeros entre el 2005 y 2007 y luego una caída hasta el 2012, un aumento transitorio el 2013 y luego una caída en 2014. Hay una pequeña recuperación el 2015, pero a partir del 2016 hay un flujo constante de pasajeros. Por lo tanto si el argumento de baja demanda fuera valido, esta se explicaría por una caída en la demanda años atrás y no recientemente.

Gráfico 1: 

¿Será que esta caída en demanda se explica por la caída de demanda de pasajeros hacia y desde La Paz? Los siguientes gráficos nos muestran el tráfico de pasajeros por mes entre enero de 2005 y enero de 2019.

Gráfico 2.a:

Gráfico 2.b: 

Los gráficos 2.a y 2.b cambian de manera importante el análisis de la demanda ². Por un lado queda demostrado que el argumento de baja demanda de pasajeros en La Paz no fue el motivo por el cual AA se retiró de esta ciudad. En el grafico 2a se puede ver que en todo el período siempre hubo más pasajeros que viajaban de Miami a La Paz que de Miami a Santa Cruz y por el gráfico 2b vemos que siempre hubo más pasajeros de Santa Cruz a Miami que de La Paz a Miami. De hecho aplicando test de medias para ambas muestras se ve que las diferencias son estadísticamente significativas.

Por otro lado, los datos mensuales son consistentes con el aumento de pasajeros entre 2005 y 2007, pero no con la caída que se observa después en el gráfico 1. Lo que se observa más bien es un comportamiento estacional y es en esa estacionalidad que se observa la caída de pasajeros. Lo picos que se observan siempre ocurren entre diciembre–enero y julio–agosto. Los otros meses se tiene una demanda estable. Estos picos dejan de aparecer a partir de 2014.

Esto me lleva a plantear algunas hipótesis acerca de la salida de AA de Bolivia:

1. Se observa una caída en demanda solamente en los meses en que se tenía mayor demanda, es decir diciembre, enero, junio y agosto, y a partir de 2014. ¿Qué explica esta caída en demanda? ¿Quiénes eran los que generaban estos picos, turistas o residentes norteamericanos en Bolivia o residentes bolivianos en EE.UU.?
2. Según otro artículo de Forber-Bolivia, hay razones internas que explican la salida de AA y argumentan tener una operación costosa. Si el promedio de pasajeros transportados no ha cambiado desde 2014, el hecho de haberse vuelto la operación más costosa, puede deberse a un desgaste de su flota de aviones 757-200, que ya tiene casi 20 años de edad. Si bien la noticia de Forbes indica que podrían volver a Bolivia si se llegara incorporar aviones más pequeños y de mayor rentabilidad. Llama la atención que eso demandaría mucho tiempo, pues podrían operar con aviones Boeing 737-800 al igual que opera BOA.
3. Puede que la salida de La Paz haya sido una mala decisión. Hay una caída de pasajeros desde EE.UU. en los meses finales de 2018, pero nada que se desvié de la media. Habría que ver los datos de los últimos meses, porque AA cambio el horario de vuelo de Miami a Santa Cruz dos veces. De hecho ahora el vuelo AA 937 sale a las 17:30 de Miami, con solo 3 frecuencias semanales.
4. Finalmente habría que comparar estos datos de AA con las otras aerolíneas que cubren la ruta de EE.UU. a Bolivia, que son Avianca, Latam, Copa y BoA. De todas maneras la comparación no sería perfecta salvo con Boa, que es la única aerolínea que ofrece vuelo directo de Miami a Santa Cruz y viceversa.

Referencias:

¹ No se incluye 2019 porque solo se tiene datos reportados hasta enero.

² Los saltos al final del período se explican por la salida de AA de La Paz desde el 4 de julio de 2018. Por eso para el tramo de La Paz solo se tiene contabilizados los 4 primeros días de julio.

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*Investigador Senior de INESAD, cmachicado@inesad.edu.bo

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