Macroeconomía

Bolivia tiene una economía pequeña y abierta al comercio internacional, donde el sector exportador siempre ha tenido un impacto importante sobre el desempeño económico de la economía en su conjunto. En los últimos 12 años (2006-2017), debido al boom de precios de exportación de materias primas del cual disfrutó la economía boliviana, los ingresos totales de exportación alcanzaron a US$ 91.3 mil millones de los cuales, US$ 31.1 mil millones (34.1%) provinieron de la minería, US$ 42.5 mil millones de los hidrocarburos (46.6%) y US$ 17.6 mil millones de las exportaciones no tradicionales (19.3%). El boom de precios de exportación, mientras duró, le permitió a la economía alcanzar metas importantes, como revertir los déficits fiscal y externo, acumular reservas internacionales y dinamizar la economía. A partir de 2014 sin embargo, los precios de varios productos de exportación comenzaron a caer, evidenciando que el super-ciclo de precios de materias primas había llegado a su término. Los menores precios se tradujeron en menores ingresos externos y fiscales lo que trajo la reaparición de los déficits externo y fiscal, pérdida de reservas internacionales, aumento en la deuda externa y desaceleración de la economía.

Si bien entre 2016 y lo que va de 2018, los precios de algunos productos se han recuperado parcialmente, lo que ha ayudado a reducir los desbalances, esta recuperación no ha sido suficiente para revertir los efectos negativos de menores precios.

Sin embargo, existe otro factor que ha restringido la recuperación de los ingresos de exportación, que es baja capacidad de los sectores exportadores para aumentar los volúmenes exportables, debido a que los bajos niveles de inversión ejecutados en la última década, lo que se ha traducido en el agotamiento de las reservas de minerales e hidrocarburos, o en una menor capacidad de expansión de la producción del sector agroindustrial. Este factor puede ser una gran limitante a futuro de la capacidad de crecimiento de la economía boliviana.

Dada el peso que tiene el sector externo en la economía boliviana, es importante entender cuál es la capacidad futura de crecimiento de los principales sectores exportadores. Durante el periodo 2006-2017, ha existido una elevada concentración de las exportaciones en pocos sectores, ya que 3 productos, todos ellos del sector extractivo, explican más del 60% de los ingresos de exportación recibidos durante este periodo: gas natural (42.8%), zinc (10.9%) y plata (9.1%). A continuación, se analiza el comportamiento reciente de los volúmenes y precios de estos 3 productos de exportación, a partir de lo cual se realiza un esbozo sobre las perspectivas futuras.

Gas Natural

El gas natural es el principal producto de exportación del país, y ha contribuido con un 42,.8% de los ingresos de exportación durante el periodo 2006-2017, equivalente a US$ 39.1 mil millones. Los volúmenes exportados alcanzaron su nivel máximo en 2014, cuando el país exportó 17.6 mil millones de metros cúbicos, es decir 48.3 millones de metros cúbicos por día. A partir de 2015 los volúmenes exportados de gas muestran una constante caída, hasta llegar a 15.3 mil millones de m3 en 2017, igual a 41.9 millones de m3 diarios. Esta caída obedece a factores de oferta y de demanda. Por el lado de la demanda, el consumo interno de gas natural ha ido aumentando debido a la ampliación del uso de gas vehicular, gas domiciliario y gas industrial, lo cual ha reducido los volúmenes de gas disponibles para la exportación. Por el lado de la oferta, se han observado bajos niveles de inversión que reditúen una ampliación de reservas probadas. Recientemente el gobierno dio a conocer que las reservas al 31/12/2017 alcanzaban a 10.7 TCFs, lo que sería suficiente para abastecer la demanda interna y externa por 14.5 años. Sin embargo, otros analistas han estimado las reservas en alrededor de 4.5 TCFs, debido a la ausencia de nuevos descubrimientos de reservas, lo que reduciría grandemente el periodo de vida útil de las reservas de gas natural y el potencial exportador del país.

Por otra parte, el precio unitario de las exportaciones de gas natural cayó en 65.6% entre 2014 y 2016, pero se ha recuperado parcialmente en 2017 y 2018, lo que ha contribuido a recuperar en parte la pérdida de ingresos externos y fiscales. La caída en el precio de exportación de gas natural le significó al país una pérdida acumulada de ingresos de exportación de US$ 11 mil millones para el periodo 2015-2017, y una caída ingresos acumulada para el SPNF de más de US$ 8 mil millones para el mismo periodo, por concepto de ingresos por hidrocarburos.

Zinc y Plata

En el sector minero, el zinc y la plata constituyen los principales productos de exportación. Durante el periodo 2006-2017, las exportaciones totales de zinc alcanzaron a US$ 9.9 mil millones y las de plata US$ 8.3 mil millones.

En el caso del zinc y la plata, la situación es muy parecida a la del gas natural. La producción de estos dos minerales experimentó aumentos importantes en 2008 gracias a las significativas inversiones realizadas a principios de la década de los 2000, en tres proyectos de magnitud: San Cristóbal (zinc, plomo y plata), San Bartolomé (plata), y San Vicente (plata, zinc y cobre).

Como resultado de estas inversiones, las exportaciones de zinc aumentaron de 210.9 mil TM en 2007 a 429.4 mil TM en 2009 (103.7%). Sin embargo, a partir de 2010, el volumen exportado de este mineral se ha mantenido fluctuando en esos niveles llegando a un máximo de 482.3 mil TM en 2016. A pesar del significativo aumento en el precio este mineral observado en 2017, el volumen exportado cayó ese año en 2.1%. Los precios de exportación por otro lado han mostrado una tendencia al alza en 2017, con un incremento de casi 40% para ese año, llegando a casi US$ 3 por kilo, el mismo nivel alcanzado en 2007.

De la misma forma, debido también a las inversiones señaladas anteriormente, el volumen exportado de plata aumentó de 523 TM en 2007 a 1,326 TM en 2009 (153.5% de incremento). A partir de ese año, los volúmenes exportados de este mineral se han mantenido en esos niveles, sin mostrar incrementos significativos, registrando incluso en 2017 una caída de 13.5%. Los precios de la plata por otra parte, después del espectacular incremento registrado hasta 2012, cayeron hasta US$ 508 por kilo en 2015, y se han mantenido en esos niveles hasta la fecha.

Tanto en el caso del zinc como de la plata, y de otros minerales, independientemente de lo que ocurran con los precios internacionales, a futuro los bajos niveles de inversión y el agotamiento de los yacimientos existentes, serán los factores que limiten el crecimiento de los volúmenes y de los ingresos de exportación del sector de la minería.

El gran auge económico que disfrutó Bolivia en los últimos años, no fue solamente el resultado de los altos precios de exportación de las materias primas, sino también de las inversiones realizadas a finales de los 90 y principios de los 2000, que expandieron significativamente la capacidad exportadora de la minería e hidrocarburos. Estas inversiones llegaron al país debido a las condiciones favorables para la inversión privada, extranjera y nacional, existentes en esos años. Sin embargo, estas condiciones no fueron mantenidas en el tiempo, y el cambio en las reglas del juego, que se dieron a través de las nacionalizaciones, cambios en el sistema tributario y legal, ahuyentaron las inversiones.

Dada la importancia que tiene el sector exportador en la economía, ya que a partir del mismo se generan ingresos externos para financiar las importaciones, pago de la deuda, ingresos fiscales, etc., la falta de inversiones en años recientes van a limitar grandemente el potencial de crecimiento futuro de las exportaciones. Es muy probable que la economía sienta el efecto de la menor capacidad de producción de los sectores exportadores, ya que, aún en el caso de generarse nuevos proyectos de inversión en estos sectores, éstos tendrían un periodo de maduración de varios años.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

En días pasados, el Presidente de Bolivia oficializó el pago del segundo aguinaldo para el año 2018. La medida deviene de la hipótesis de que frente a un entorno de crecimiento económico destacable, los trabajadores deben compartir los mayores ingresos de este desempeño; que se reflejan en los mejores retornos de las empresas.

Esta hipótesis se remonta a algo más de 150 años atrás, donde Marx dividió a los actores económicos en capitalistas, usualmente los que acaparan todas las rentas del negocio, y obreros. En su libro “El Capital” definió la plusvalía (p) como los beneficios del capitalista tras descontar todos los costos de producción: capital constante (c) derivado de los medios de producción e inversión, y capital variable (v) correspondiente al trabajo. De esta manera: p=m – c – v; donde m es el valor de la mercancía. Aún más, Marx determinó la tasa de plusvalía o explotación t=(p/v)´100; es decir que si p=100 y v=100 entonces la tasa de explotación sería del 100%. Bajo esta teoría, si p aumenta (e.g. por el supuesto resultado del crecimiento económico) entonces se deben tomar medidas para que v también aumente; caso contrario la tasa de explotación aumenta. Por este motivo el doble aguinaldo parecería ser una ¡BENDICIÓN! para los obreros.

Desde mi perspectiva, posiblemente coincidente con mucha gente, Marx fue un gran pensador para su época. Sin embargo, la ciencia económica ha avanzado de manera importante en los últimos 150 años y sería muy sesgado pensar que las relaciones obrero-capitalistas son actualmente “à la Marx”. Al respecto se pueden mencionar muchísimos aspectos, desde que estas relaciones no son lineales hasta que p puede ser una función creciente de v, pero en este artículo quiero enfocarme en algunos factores que son relevantes para el tema tratado.

En primer lugar, la división de las relaciones laborales entre obreros y capitalistas es poco aplicable al caso de Bolivia; ya que el mayor porcentaje (46,3%) de la población trabajadora es al mismo tiempo obrera y capitalista, i.e. cuenta propia, cooperativista o patrón trabajador (ver Gráfico 1). Para ellos, su ingreso laboral se confunde con su renta capitalista y no tiene sentido que se auto-paguen aguinaldo. Los trabajadores familiares y aprendices sin remuneración, que componen el 17,8%  de la población ocupada, no reciben ningún salario ya que trabajan usualmente en sus unidades productivas. Esto quiere decir que algo más de 64 de cada 100 trabajadores están totalmente al margen de cualquier normativa relativa al doble aguinaldo.

Bolivia: Trabajadores por Categoría Ocupacional y Tenencia de Aguinaldo, 2017

(Participación porcentual)

Aún más, un 19,7% de los trabajadores asalariados no reciben aguinaldo -ya sean del sector público o del privado- ya sea porque trabajan a destajo o por contrato fijo, por lo que la aplicación de la medida se reduce a apenas el 16,2% de la población ocupada.

En segundo lugar, es importante saber que todas las variables de la ecuación de Marx (p, m, c y v) son endógenas; es decir, dependen unas de otras así como de otras variables económicas. Este hecho es fundamental porque, por ejemplo, es prácticamente imposible que los capitalistas puedan incrementar m, de tal manera que p aumente manteniendo c y v constantes. Un caso muy sencillo de entender esto es considerar que m es igual a las ventas de chompas (precio por cantidad), por lo que una mayor producción de estas necesariamente implica que se requieren más trabajadores y más capital y, por lo tanto, c y v aumentan. Además, en mercados competitivos p puede incrementar en un corto plazo pero regresa a su valor anterior al aumento de la producción, dadas las fuerzas del sistema económico (los incrementos de las diferentes variables se compensan).

El problema es entonces cuando se quiere aumentar v artificialmente, como el doble aguinaldo, lo que puede resultar ser una ¡MALDICIÓN! Esto ocurre principalmente porque el capital y el trabajo están relacionados; es decir, la mayor cantidad de chompas puede estar asociada a una mayor compra de máquinas de tejer y despidos (o no contrataciones) de trabajadores bajo la amenaza del pago del doble aguinaldo. Una segunda opción del capitalista puede ser internalizar este costo laboral adicional en el mismo salario en futuras contrataciones, de tal manera que este beneficio se diluye con peores condiciones para la población ocupada y mayor desempleo, auto-empleo o precariedad laboral.

Los datos apuntan a que el doble aguinaldo se ha constituido en un privilegio para pocos y en una maldición para muchos. Un ejemplo de ello es que, pese a que la economía sigue creciendo de manera destacable de acuerdo a datos oficiales, en el año 2012, antes de esta medida, más trabajadores recibían doble aguinaldo (18,2%). Claro está cabe hacer análisis de causalidad rigurosos para comprobar esta hipótesis.

*Directora ejecutiva e investigadora Senior de INESAD, bmuriel@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

En mayo de 2015 escribí un post titulado “La Haya y la inevitable negociación de Bolivia con Chile” sobre la demanda presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en la ciudad de La Haya para obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar. En dicho post planteaba que “sea cual sea el fallo de la Corte en lo que respecta a su competencia, y también sea cual sea su fallo final (suponiendo que el juicio continúa), Bolivia deberá buscar negociar en el futuro con Chile, tanto sobre el tema marítimo como también sobre otros temas pendientes y de interés común, que definitivamente no son pocos. En consecuencia, es fundamental que Bolivia analice detenidamente cuál sería la mejor estrategia de negociación con Chile (y eventualmente con Perú) en cada uno de los escenarios planteados, tomando en cuenta que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia probablemente influirán en la opinión de la población sobre el tema en los tres países mencionados (Bolivia, Chile y Perú) y cambiarán asimismo la percepción internacional del problema.” Con la ayuda de mi colega Stefano Canelas, hicimos un gráfico resumiendo la situación a ese momento. A continuación reproduzco dicho gráfico, con las opciones que se materializaron marcadas en color rojo.

En octubre de 2018 la Corte falló que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Para quien desee revisar con algo más de detalle lo que dictaminó la Corte y cómo rechazó todas las razones esgrimidas por Bolivia, transcribo a continuación el resumen del fallo (en inglés), texto extraído de la página web de la misma Corte:

The Court delivered its Judgment on the merits on 1 October 2018 in which it found that Chile did not undertake a legal obligation to negotiate a sovereign access to the Pacific Ocean for Bolivia. In so doing, the Court concluded that the bilateral instruments invoked by Bolivia do not establish an obligation on Chile to negotiate Bolivia’s sovereign access to the Pacific Ocean; that an obligation to negotiate Bolivia’s sovereign access to the sea cannot rest on any of Chile’s unilateral acts referred to by Bolivia; that the alleged acquiescence of Chile cannot be considered a legal basis of an obligation to negotiate Bolivia’s sovereign access to the sea; that estoppel cannot provide a legal basis for Chile’s obligation to negotiate Bolivia’s sovereign access to the sea; that there does not exist in general international law a principle that would give rise to an obligation on the basis of what could be considered a legitimate expectation and, consequently, Bolivia’s argument based on legitimate expectations cannot be sustained; that the provisions of the United Nations Charter and the Organization of American States (OAS) Charter invoked by Bolivia could not be the legal basis of an obligation to negotiate Bolivia’s sovereign access to the sea; that the Court cannot infer from the content of the OAS resolutions nor from Chile’s position with respect to their adoption that Chile has accepted an obligation to negotiate Bolivia’s sovereign access to the Pacific Ocean; that, given that its analysis shows that no obligation to negotiate Bolivia’s sovereign access to the Pacific Ocean has arisen for Chile from any of the invoked legal bases taken individually, a cumulative consideration of the various bases cannot add to the overall result.

Recordemos que la Constitución vigente señala en su Artículo 268 lo siguiente: I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.

Habiendo fallado la Corte, los bolivianos estamos ante un escenario complejo en el que nuestro país deberá negociar con Chile en condiciones que, dicho de la manera menos dolorosa posible, no serán las óptimas. Como explicaba el Ex-presidente Carlos Mesa en una entrevista en el programa “El Informante” de TVN de Chile también el año 2015: “Bolivia no puede renunciar a su demanda de salida soberana al mar, pero Bolivia sabrá que las condiciones de una negociación posterior a un fallo contrario son francamente adversas, porque Chile tendrá un argumento muy de fondo […]”.

A estas alturas cabe preguntarse qué podemos aprender los bolivianos de esta experiencia negativa después de presentar nuestra demanda ante la Corte Internacional de Justicia. La lección más elemental, en realidad una perogrullada en toda regla, es que frente al relativo exitismo vivido en Bolivia antes del fallo, debemos recordar siempre que si vas ante una Corte puedes obtener un fallo favorable o uno adverso.

La lección menos obvia, y que supongo ocupará a historiadores en el futuro, gira en torno a si, antes de tomar la decisión de ir ante la Corte, meditamos lo suficiente sobre nuestra relación con los abogados internacionalistas que nos asesoraron y sobre sus consejos a la hora de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia para obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar. Dado que no estoy en condiciones de analizar jurídicamente las razones planteadas por Bolivia ni por Chile, ni la forma en las que las valoró la Corte, deseo reflexionar desde una perspectiva más general sobre el tema de los conflictos de intereses en una relación de principal y agente, y en particular sobre el rol de la asimetría de la información aplicados al caso que nos ocupa.

La teoría de la agencia se enfoca en los intereses de los actores y en el conflicto que puede dificultar la cooperación entre ellos. Los actores son denominados el principal y el agente. El principal contrata al agente para realizar una tarea por cuenta del principal, delegándole una parte de su autoridad para realizarla. En muchos casos se da la situación de que hay asimetría de información entre ambos. Esto quiere decir, por ejemplo, que el agente tiene información que el principal no posee, o que el agente sabe más que el principal en lo que concierne a la profesión que desempeña y al ámbito en el que se desenvuelve, lo que puede derivar en situaciones descritas en la literatura como riesgo moral o selección adversa.

Antes de plantear algunas preguntas para todos los bolivianos, deseo referirme a un ejemplo sencillo que permite centrar las ideas. Imaginemos por un momento a un adulto (el principal) que, por una situación particular, tiene de pronto a su cargo a una menor de edad, que desgraciadamente tiene dificultades severas para caminar. El adulto desea genuinamente ayudar a la menor y, como no sabe mucho sobre el tema, decide consultar con un médico especializado en problemas de este tipo (el agente). El especialista, después de realizar varios exámenes, sugiere la realización de una intervención quirúrgica. El adulto no tiene el conocimiento ni la experiencia para revisar los exámenes y poder opinar si el especialista parece estar en lo cierto. Además, el adulto entiende que hay elementos que, en el caso de que se realice la intervención, hacen que el resultado final no dependa únicamente de la habilidad o del esfuerzo del especialista.

¿Qué debería preguntarse el adulto para poder tomar una decisión? Parece razonable plantearse al menos lo siguiente:

i) ¿La intervención sugerida es un procedimiento estándar o se trata de algo novedoso y poco conocido?

ii) ¿Qué se puede esperar en el caso de que la intervención sea exitosa, y qué se puede esperar en el caso de que no lo sea?

iii) ¿Cuál es la probabilidad de que la intervención sea exitosa (y por ende cuál es la probabilidad de que no lo sea)?

iv) ¿Cuáles son las alternativas a la intervención que se está considerando?

v) ¿El especialista podría tener objetivos que lo lleven a plantear la intervención que no estén necesariamente maximizando el bienestar de la paciente, por ejemplo, que el especialista vaya a recibir honorarios en el caso de realizar la intervención, de manera independiente del resultado; o que, si se trata de algo novedoso para la ciencia, el especialista reciba fama y honores en el caso de que la intervención sea exitosa, mientras que si la intervención es un fracaso, tenga poco que perder?

Parte de estas dudas se pueden tratar de disipar consultando con otros especialistas para conocer sus opiniones sobre el caso, lo que se conoce como la segunda (o tercera) opinión. Además, en muchos países también está prevista, antes de la intervención, la firma de un consentimiento informado, procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto (o su tutor) ha expresado voluntariamente su intención de ser sometido a la intervención, después de haber comprendido la información que se le ha dado, entre otras cosas, acerca de los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades.

Dejando de lado el ejemplo anterior que sirve de analogía para el tema de la demanda planteada ante la Corte, considero que está claro que en una demanda internacional el resultado final no depende únicamente de la habilidad o del esfuerzo del equipo de abogados internacionales, pero en el caso de la demanda que presentó Bolivia ante la Corte, parece sensato preguntarnos si se consultó una segunda (y una tercera opinión) antes de tomar la decisión de plantear la demanda, y también cómo  los responsables (es decir el principal) consideraron y valoraron todos los elementos relevantes, incluidos los potenciales conflictos de intereses, a la hora de decidir seguir el consejo del equipo de abogados internacionales (el agente) de plantear la demanda ante la Corte Internacional de Justicia para obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar:

i) ¿se trataba de un procedimiento estándar o se trataba de algo novedoso y poco conocido?

ii) ¿qué esperaban en el caso de que la demanda fuese exitosa y qué esperaban en el caso de que no lo fuese?

iii) ¿cuál era su estimación de la probabilidad de que la demanda fuese exitosa (y por ende de la probabilidad de que no lo fuese)?

iv) ¿cuáles eran las alternativas a la demanda que fueron consideradas?

v) ¿el equipo de abogados internacionales podría tener objetivos que lo lleve a sugerir plantear la demanda que no estén necesariamente maximizando los intereses del país, por ejemplo que vaya a recibir honorarios en el caso de realizar la demanda de manera independiente del resultado; o que, si se trataba de algo novedoso para las ciencias jurídicas, espere recibir fama y honores académicos en el caso de que la demanda sea exitosa, mientras que tenga relativamente poco que perder en el caso de que la demanda fuera un fracaso?

Debo aclarar que no estoy sugiriendo aquí ni que los médicos, en general, actúen sistemáticamente recomendando intervenciones no necesarias, ni que los abogados, en general, sugieran ir ante una Corte cuando no sea prudente hacerlo, sino únicamente estoy llamando la atención sobre la necesidad de considerar explícitamente los potenciales conflictos de intereses a la hora de tomar decisiones de este tipo.

En concreto, la relación abogado-cliente y la asimetría de información entre ambos han sido ampliamente estudiadas y se encuentran documentadas, no solamente en textos de economistas, sino también entre los estudiosos de las ciencias jurídicas. Para muestra una cita de Guzmán Halberstadt (2016):

“De esa forma el abogado se constituye en un agente clave para influir en la decisión de ir a proceso y el cliente preferentemente se dejará guiar por el consejo del profesional. Claramente se plantea aquí un escenario de agente-principal en el que uno de los actores – el “principal” que es en este caso, el litigante – depende de la acción del otro actor – el “agente” que no es otro que el abogado- a cuyas proposiciones se subordina. Y aquí se pone en evidencia una clara asimetría informativa: el abogado conoce el sistema legal y las distintas aristas y contingencias que en dicho ámbito puede tener el caso, información con la que no cuenta el cliente. La asimetría agudizada en este contexto de relación de agencia, puede dar lugar a que la decisión de litigar no esté alineada al interés del cliente sino al del abogado si se comporta en forma oportunista y empuja a su eventual patrocinado a litigar aun cuando íntimamente conoce que dicho emprendimiento es inconducente, en buena cuenta, el denominado ‘Moral Hazard’ o riesgo moral donde el abogado asume mayores riesgos (entiéndase como tal el hecho de impulsar una ‘causa perdida’ que le será igualmente remunerada) cuando los costos de dichos riesgos, vale decir, el resultado negativo (previsible para el abogado y no para el cliente) lo asume su patrocinado.”

Referencias

Documentos disponibles sobre el caso «Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)» en el sitio web de la Corte de Justicia Internacional, acceso en octubre de 2018: https://www.icj-cij.org/en/case/153

Guzmán Halberstadt, C. (2016). Abogados y clientes: asimetría informativa y litigiosidad. Sapere, 1(12), 15. Acceso en octubre de 2018: http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_12/articulos/abogados_y_clientes.pdf

*Investigador Senior de INESAD, bbranisa@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

El pasado lunes 1 de octubre, todos los bolivianos despertamos esperando el veredicto de la demanda marítima que Bolivia había interpuesto en la corte de justicia de la Haya, solicitando que de alguna manera se obligué a la República de Chile a negociar una salida soberana al mar, en base a una serie de ofertas que había hecho el vecino país en distintas ocasiones.

No soy experto en derecho internacional, ni en tratados, ni en relaciones internacionales, pero como economista quiero dar mi punto de vista sobre el veredicto de la corte, que a mi parecer no debe ser considerado como una derrota para Bolivia, a pesar de que no se logró lo que todos esperábamos.

En primer lugar, creo que de ninguna manera se debe criticar el hecho de haber acudido a la corte de la Haya, porque en ningún momento se fue a reclamar por el tratado de 1904, lo que significa que se reconoce que ese tratado está vigente y es válido, más bien lo que se fue a preguntar es si Chile tiene la obligación de negociar una salida soberana al mar y subrayo la palabra soberana, porque esa siempre fue nuestra máxima aspiración.

El resultado fue que Chile no tiene esa obligación, por lo que queda claro que el camino de llegar al mar no es con soberanía y creo que aunque no sea lo que todos deseamos, si es una buena cosa, porque ahora si se va a poder explorar otras maneras de llegar al mar, que no vayan por el lado de la soberanía. Por ejemplo, Chile ya ofreció un enclave hace unos años atrás (https://www.emol.com/noticias/internacional/2011/02/06/462842/ex-presidenta-bachelet-ofrecio-a-bolivia-enclave-sin-soberania-de-28-km-de-costa.html) que lógicamente Bolivia no podía aceptar porque la premisa era con soberanía.

En segundo lugar, el solo hecho de haber realizado un acto concreto por recuperar el mar, ya es una victoria. Hasta antes de la Haya, todo era discursos y desfiles el 23 de marzo, pero nada concreto, así que más bien toca felicitar y agradecer a las personas, muchas que trabajaron anónimamente para armar las pruebas que se presentó en la Haya. Si fueron o no suficientes es otra historia, pero lo importante es que se hizo algo y eso ya es un avance en contra del famoso lamento Boliviano.

Finalmente, me llama la atención que algunos o varios piensen que el no tener mar es la causa fundamental de nuestro subdesarrollo y esa sea una carta de negociación con Chile. El siguiente gráfico muestra el ingreso per cápita de Bolivia relativo a Chile y resulta interesante ver que en la época que más creció Bolivia que fue entre 1960 y 1977 cerramos de manera importante la brecha con Chile, de hecho en 1976 nuestro ingreso representaba el 76% del ingreso de Chile.

Gráfico 1

Ingreso per cápita relativo Bolivia-Chile

Fuente: Conference Board

Si no se hubieran cometido los errores de política económica que derivaron en la crisis de deuda de los 80s, probablemente no nos hubiéramos alejado tanto del ingreso de Chile, pero el mensaje es que en algún momento de nuestra historia acortamos la brecha de desarrollo con Chile y eso que no teníamos mar.

Empleo y Productividad

La economía boliviana tiene el doble reto de aumentar el crecimiento en el empleo e incrementar la productividad laboral, para resolver en forma efectiva el problema de extrema pobreza en la que actualmente se encuentra una gran parte de la población. A nivel macroeconómico, el vínculo entre la pobreza y el crecimiento del producto puede ser conceptualizado en términos de la baja productividad promedio de la fuerza de trabajo, la cual a su vez se ve reflejada en bajos niveles de salarios reales y bajos niveles de ingresos de los trabajadores. Una baja productividad laboral promedio puede estar dada por una escasa dotación de capital por trabajador (bajos niveles de inversión) y por el uso de tecnología rezagada (bajos niveles de transferencia de tecnología), o bajos niveles de capacitación de la fuerza laboral.

Cuando en un país existen altas tasas de crecimiento económico, que conducen a incrementos sostenidos en la capacidad productiva, se generan oportunidades de empleo con mayores niveles de productividad. Esto permite a su vez una progresiva absorción de los desempleados y subempleados en actividades económicas en expansión, con niveles más altos de productividad. En este proceso, los pobres pueden ser capaces de aumentar su productividad e ingresos en sus ocupaciones actuales, o moviéndose a nuevas ocupaciones que requieran mayores calificaciones y/o mejor tecnología.

Cuadro 1

Crecimiento del producto, empleo y productividad en Bolivia (variaciones % promedio anual) Elaborado en base a información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares y Cuentas Nacionales)

Bolivia no ha podido generar esta dinámica virtuosa de crecimiento del producto, empleo y productividad, como puede observarse en el cuadro 1, incluso en los periodos de bonanza económica por los que atravesó recientemente el país.

Durante el periodo 2001-2005, años en los que la economía atravesó un periodo de crisis, la tasa de crecimiento promedio anual del producto total de la economía, medida a costo de factores, fue de 2,8%. Esta baja tasa de crecimiento se explica por las bajas tasas de crecimiento exhibidas en prácticamente todos los sectores de la economía y las caídas en el producto de la construcción y de servicios financieros y empresariales. Por otra parte, el empleo durante ese periodo creció a una tasa promedio anual de 3.2%, registrándose altas tasas de crecimiento del empleo en el sector de transporte & comunicaciones (10.4% promedio anual), minería e hidrocarburos (6.9%), manufactura (4.8%), y restaurant & hoteles (3.9%). Como resultado del mayor crecimiento en el empleo en relación al producto, durante ese periodo la productividad laboral a nivel global cayó a una tasa promedio anual de -0.4%, siendo los sectores que presentaron mayores caídas de productividad los de transporte & comunicaciones, construcción, minería & hidrocarburos, restaurant & hoteles, y manufactura. Debido a la crisis económica, durante este periodo se observó una creación de empleo de baja productividad.

Durante el periodo de la bonanza de precios altos de materias primas, 2006-2015, la tasa de crecimiento promedio del producto fue de 4.7% por año. Se registraron altas tasas de crecimiento del producto en sectores como minería e hidrocarburos (6.5% promedio anual), electricidad (5.6%), construcción (9.0%), transporte & comunicaciones (5.1%), servicios de la administración pública (5.9%). Por otra parte, la creación total de empleo durante este período creció a una tasa promedio anual más baja de 1.8%. El sector agropecuario mostró una tasa de crecimiento negativa de -1.0% promedio anual, explicada por la acelerada migración rural-urbana observada durante este periodo. Contrariamente, se registraron altas tasas de crecimiento del empleo en sectores como los de servicios financieros y empresariales (7.3% promedio anual), restaurant & hoteles (6.1%), servicios de la administración pública (6.3%) y construcción (5.6%). Otros sectores mostraron tasa de crecimiento del empleo más bajas, como la manufactura (1.2%), servicios sociales, comunales & personales (1.1%) y comercio (2.5%).  Debido al mayor crecimiento de producto en relación al empleo, durante este periodo la productividad laboral para la economía en su conjunto creció a una tasa promedio anual de 2.9%. Hubo crecimientos significativos en la productividad laboral en sectores como la agricultura (4.0% por año), debido a la caída del empleo en este sector, manufactura (3.6%), construcción (3.2%), este último sector debido al elevado crecimiento de su producto. Contrariamente, se presentaron caídas de productividad laboral en sectores como restaurant & hoteles (-3.0% en promedio), servicios financieros y empresariales (-3.3%) y servicios de la administración pública (-0.4%). Durante este periodo, debido a la bonanza por la que atravesó la economía, hubo una creación de empleos de mayor productividad.

En 2016 y 2017, se observa una caída en las tasas de crecimiento, como resultado de la caída en los precios de exportación de materias primas, lo que le restó dinamismo a la economía. Durante estos dos años, el producto total creció en promedio en 4.2% por año.  Esta desaceleración del crecimiento se dio principalmente en sectores relacionados a las exportaciones de materias primas, como minería e hidrocarburos, que en conjunto crecieron en promedio en 0.9% por año. Sin embargo, se mantuvieron altas tasa de crecimiento en sectores como la construcción, agropecuario, comercio, manufactura, restaurant & hoteles, y servicios de la administración pública. A pesar de la desaceleración de la economía, el empleo creció a una tasa promedio anual de 3.0%, debido a una mayor participación de la PEA en el mercado laboral. Se produjo un crecimiento importante en el empleo en las actividades agropecuarias (4.7% promedio anual), posiblemente para absorber la gran contracción en el empleo en la minería e hidrocarburos (-13.8%). Como resultado, la tasa de crecimiento de la productividad laboral se redujo a 1.2% promedio anual. Hubo aumentos significativos en el crecimiento de la productividad en sectores con bajo crecimiento o alta contracción del empleo, como la construcción, minería & hidrocarburos, y servicios de la administración pública. En resumen, durante estos dos años post bonanza hubo creación de empleo, aunque de menor productividad que el observado durante el periodo de la bonanza.

Elasticidad Empleo-Producto

Un indicador que mide la relación existente entre el crecimiento del empleo y del producto, es la elasticidad empleo-producto (el cambio porcentual del empleo ante un cambio porcentual del producto). Esto implica que cuando el crecimiento económico es intensivo en empleo, éste puede deberse a la expansión de sectores con una alta elasticidad empleo-producto. Sin embargo, es importante notar que la elasticidad refleja la inversa de la productividad laboral, por lo que una elasticidad mayor a la unidad implica que el crecimiento económico va a generar una caída en la productividad, mientras que una elasticidad menor a la unidad significa que la expansión del empleo está ocurriendo conjuntamente con un incremento en la productividad. Un incremento en la productividad podría conducir a una reducción en la elasticidad empleo del crecimiento.

Cuadro 2

Elasticidad Empleo-Producto

Fuente: Elaborado en base a información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares y Cuentas Nacionales)

El cuadro 2 muestra que, en el período 2001-2005, la elasticidad arco global empleo-producto fue 1.16, razón por la cual durante este período la productividad tendió a caer. Los sectores con elasticidad empleo-producto menor a la unidad, y que exhibieron incrementos de productividad, fueron: agropecuario, comercio, servicios sociales, comunales & personales, y servicios de la administración pública. Es interesante notar que los sectores que presentan elasticidades negativas muestran en este caso caídas de productividad (construcción y servicios privados y a empresas). Esto se debe a que estos sectores experimentaron caídas en el producto e incrementos en el empleo. Sin embargo, podrían existir casos de sectores, con elasticidades negativas, que presenten incrementos en la productividad, lo que ocurre cuando se dan aumentos en el producto con caídas en el empleo.

Durante el período 2006-2015, la elasticidad arco empleo-producto de la economía se redujo sustancialmente a 0.38, reflejando un incremento del producto mucho mayor al del empleo, lo que también explica el significativo aumento en la productividad laboral observado en este periodo. Los sectores que presentaron mayores aumentos de productividad—agropecuario, manufactura y construcción—fueron también los que exhibieron menores elasticidades empleo-producto. Por otra parte, los sectores con elasticidades altas experimentaron menores incrementos de productividad, como fue en general el caso de los sectores de servicios.

Finalmente, durante el periodo 2016-2017, la elasticidad arco aumentó a 0.71 para toda la economía, por lo que se redujo la tasa de crecimiento de la productividad. Nuevamente, los sectores de menor elasticidad, como ser la manufactura, construcción, restaurant & hoteles, servicios privados y a empresas, son los que presentan mayores crecimientos de productividad, y los sectores de mayor elasticidad—agropecuario, electricidad, gas & agua, comercio, servicios sociales, comunales y personales—son los que muestran menores tasas de crecimiento de productividad.

De lo anterior se desprende que, en el largo plazo, los cambios esperados en las elasticidades empleo-producto tiendan a caer gradualmente a medida que el país se vuelve más desarrollado y relativamente menos intensivo en el factor trabajo. Por ejemplo, un crecimiento del PIB de 5% por año y una elasticidad empleo-producto de 0.8 permitiría un crecimiento del empleo de 4%, superior a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo en Bolivia. Por lo tanto, un crecimiento sostenido de esta magnitud en un período relativamente largo, permitiría a la economía completar la llamada “transición de Lewis”, es decir, la absorción de la “mano de obra excedentaria” en los sectores modernos.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

Los economistas han denominado como la cuarta revolución Industrial a la convergencia entre tecnologías digitales, físicas y biológicas. Los empresarios la denominan Industria 4.0. El pionero en este concepto de cuarta revolución industrial es el Dr. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y autor del libro The Fourth Industrial Revolution (La Cuarta Revolución Industrial). Según este libro y como entendemos los economistas, una revolución industrial se caracteriza por el surgimiento de «nuevas tecnologías y nuevas maneras de percibir el mundo que impulsan un cambio profundo en la economía y la estructura de la sociedad». Básicamente, una revolución industrial es lo que permite a un país dar un salto de crecimiento, para entrar en una senda de desarrollo superior.

La primera revolución industrial se ubica entre mediados del siglo 18 y el siglo 19 y se da en Europa y Norteamérica, iniciándose en Gran Bretaña el año 1820. Es una revolución que se caracteriza por la energía basada en el vapor y energía hídrica y donde las sociedades agrarias y rurales se convirtieron a sociedades urbanas e industriales. Esta primera revolución industrial fue muy relevante para el estudio de la economía porque dio inició al concepto del crecimiento económico. Mientras que el PIB per cápita había crecido solo un 50% en un lapso de 1.800 años (entre el año 1 y 1820) entre 1820 y 1998 creció en 750% (Maddison, 2001).

La segunda revolución industrial se ubica entre 1870 y 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial y se caracterizó por el uso de la electricidad para generar una producción masiva. Fue un período también impulsado por el desarrollo de los ferrocarriles.

La tercera revolución industrial, comienza en la década de los 80s y no se tiene claro si ha concluido aún. Se caracteriza por el desarrollo de la computación y de las tecnologías digitales. Obviamente incluye todo lo que es el desarrollo del Internet y de las tecnologías de información y comunicación (TICs).

La cuarta revolución industrial se basa en las tecnologías digitales de la tercera revolución, pero con una expansión tecnológica drástica que se incorpora dentro de la vida de las sociedades. Se caracteriza por importantes desarrollos tecnológicos en los campos de la robótica, la inteligencia artificial, la nano y biotecnología entre otros campos. A diferencia de las otras revoluciones, los datos juegan un rol fundamental y se dicen que son el nuevo petróleo porque de ellos depende toda la construcción y evolución de la inteligencia artificial.

¿En qué etapa de revolución industrial se encuentra Bolivia?

Según Saravia, Machicado y Rioja (2014) quienes definen a la industrialización como el proceso de movilización de recursos (mano de obra) desde el sector agrícola a los sectores no agrícolas, Bolivia inicio este proceso el año 1891, siendo además el último país sudamericano en hacerlo. Por tanto si entendemos que este fue el momento en que se pasó de una economía rural a una economía urbana, esta sería la fecha para la primera revolución industrial en nuestro país. Por otro lado, empleando el concepto de que la segunda revolución industrial sucedió con el desarrollo de los ferrocarriles, entonces de acuerdo a Contreras (2018) podemos indicar que la primera ferrovía que se construyó en Bolivia fue la extensión de la ferrovía Antofagasta-Uyuni hacia Oruro en el año 1892. Coincidencia o no, entonces en Bolivia la primera y segunda revolución industrial se dieron paralelamente.

Resulta difícil identificar cuando ha comenzado la tercera revolución industrial y más aún si es que ha estado relacionada con un salto en productividad, pero lo que si queda claro es que estamos lejos aún de entrar a la cuarta revolución industrial y es poco lo que se está haciendo por parte del gobierno y del sector privado para que no nos tome por sorpresa y entremos a la misma sin la adecuada preparación. Según el Dr. Schwab, la cuarta revolución industrial se constituye en un nuevo paradigma de la conectividad total y llegará diez veces más rápido que la primera revolución industrial, afectando a una base de población 300 veces superior.

Referencias:

Contreras, M. (2018), “El desarrollo del transporte en Bolivia, una aproximación al impacto económico y social de los ferrocarriles y carreteras 1900-2015”. En Un siglo de economía en Bolivia 1900 – 2015, Tomo I, capítulo 7. Fundación Konrad Adenauer.

Maddison, A. (2001), The World Economy: A Millennial Perspective, OECD.

Saravia, A., C.G. Machicado y F. Rioja. (2014) “Productivity, Structural Change and Latin American Development”. Review of Development Economics, Vol.18 (3), pp. 610-624.

*Investigador Senior de INESAD, cmachicado@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

La importancia de la inversión pública en Bolivia

La inversión pública ha jugado un rol fundamental en la estrategia de desarrollo impulsada por el actual gobierno, lo cual ha sido apoyado por la alta disponibilidad de recursos con que contó el país y el sector público boliviano a en los últimos 12 años. Como puede verse en el gráfico 1, en el periodo 2006-2017, los montos destinados a la inversión por parte del SPNF han totalizado US$ 44,6 mil millones. Estos montos han ido aumentando constantemente pasando de US$ 970 millones en 2005 a US$ 6.360 millones en 2014. Para el periodo 2015-2017 la inversión del SPNF disminuyó a un promedio anual de US$ 5.770 millones, debido a la caída de los ingresos fiscales ocurrida como resultado de los menores precios internacionales de materias primas.

Gráfico 1

Formación de Capital Fijo Público y Privado

(millones US$)

    Fuente: elaborado en base a información del INE y Banco Central

Como resultado de este impresionante crecimiento de la inversión pública, la inversión del SPNF pasó de representar un 78.3% de la inversión total en 2005 (10.2% del PIB), a 92.6% de la inversión total en 2014 (19.4% del PIB). En 2017, la inversión del SPNF cae a 15.6% del PIB y a 82.5% de la inversión total.

Dada la importancia y peso de la inversión pública en el total de la inversión de la economía, una pregunta relevante entonces es cuán efectiva y eficientemente está siendo ejecutada esta inversión en términos de contribuir a los objetivos de política planteados por los hacedores de política, como ser crecimiento económico, generación de empleo, reducción de la pobreza, desigualdad, etc.

El gráfico 2 muestra, por ejemplo, la trayectoria seguida entre 1990 y 2017 por λ, que mide la relación entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de inversión del SPNF, medida como porcentaje del PIB. Este coeficiente mide la relación existente entre un punto porcentual del PIB de inversión del SPNF, y la tasa de crecimiento del PIB.

Un valor alto de este coeficiente indica que la economía presenta una mayor tasa de crecimiento por unidad de inversión pública ejecutada. Esto sería el resultado de una mayor eficiencia en la inversión pública, o también estaría reflejando una mayor participación de la inversión privada en la inversión total, que contribuiría a un mayor crecimiento del PIB para un determinado nivel de inversión pública.

Gráfico 2

Relación crecimiento/inversión SPNF

Fuente: elaborado en base a información del INE y Banco Central

El gráfico 2 muestra que durante el periodo 1990-1998, en promedio, una unidad de inversión pública, medida como porcentaje del PIB, estaba asociada a un crecimiento del PIB adicional de 0.54%. Es decir, la tasa de inversión del SPNF durante ese periodo fue en promedio de 8.4% del PIB, mientras que la tasa de crecimiento del PIB fue en promedio de 4.4%. Este coeficiente se redujo a 0.30% durante el periodo 1999-2005, como resultado de la desaceleración económica ocurrida durante esos años. Durante el periodo de bonanza (2006-2013), cuando la inversión pública se convirtió en el motor principal del crecimiento económico, la relación crecimiento inversión pública aumentó a 0.39%, mientras que durante el periodo post bonanza (2014-2017) esta relación bajó a 0.27% en promedio. Como se mencionó anteriormente, estos cambios en el coeficiente crecimiento-inversión del SPNF pueden deberse a cambios en la composición de la inversión entre pública y privada, pero también a cambios en la eficiencia en la ejecución de la inversión pública.

Si bien este método no mide con precisión el nivel y los cambios en la eficiencia de la inversión pública en términos del crecimiento económico, el análisis anterior sirve para resaltar la importancia de contar con un sistema de evaluación de la calidad de la inversión pública.

Sistema ex-post de evaluación de la inversión pública

Algunos países de América Latina, los más avanzados en manejo presupuestario, han puesto en funcionamiento sistemas de evaluación ex-post de la inversión pública. El objetivo de estos sistemas es evaluar la efectividad y eficiencia de la inversión del gobierno. Los SEIP parten del principio que la inversión pública no está expuesta a la prueba del mercado, ya que ésta es decidida por las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, y los beneficiarios últimos de la inversión, el público en general, son receptores pasivos de la misma. Por este motivo, contar con un sistema que permita evaluar la eficiencia y eficacia de los proyectos o iniciativas de inversión pública adquiere mucha importancia.

Además, los SEIP permiten cerrar el “Ciclo Presupuestario”, ya que la información obtenida al evaluar la eficiencia y eficacia de las iniciativas de inversión, es utilizada para retroalimentar la elaboración del próximo presupuesto del sector público, el cual incorporará los cambios necesarios detectados.

Los SEIP evalúan la inversión pública a niveles macro- y microeconómico.  A nivel macro se evalúa el impacto de la inversión pública en función a su contribución al logro de objetivos macroeconómicos y sectoriales agregados, como es el caso del crecimiento del PIB, generación de empleo, crecimiento de las exportaciones, etc. La inversión pública es evaluada en función al desempeño de un grupo de indicadores macro relevantes, según el área donde ésta es ejecutada.

A nivel micro, las iniciativas de inversión son evaluadas individualmente, analizando el impacto de las mismas a nivel microeconómico, y el cumplimiento de los objetivos asignados a cada uno de los proyectos de inversión.  Esta información permite realizar ajustes en la ejecución de las iniciativas de inversión, si es que éstos no están contribuyendo en forma eficiente a los objetivos planteados, ya sea descontinuando su ejecución, transfiriendo su ejecución a otra repartición del Estado, o manteniendo su ejecución intacta si es que ésta está cumpliendo los objetivos trazados en forma efectiva.

Bolivia debe implementar un sistema de evaluación ex -post de la calidad de la inversión pública, ya que solo de esta manera, las autoridades y la población podrán conocer que tan bien están siendo utilizados e invertidos los recursos públicos, y las autoridades puedan además realizar los ajustes necesarios si el caso así lo requiere.

*Investigador Senior de INESAD, lcjemio@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

Cuando se piensa en el largo plazo, en especial desde una perspectiva histórica, se suele poner énfasis en eventos como guerras y revoluciones, que pueden modificar en poco tiempo las estructuras de poder o alterar la forma de organización de una sociedad. Pensando en el corto plazo, por otra parte, se tiende a prestar la mayor parte del tiempo, en la prensa en particular y en la sociedad en general, mucha atención a temas de actualidad económica o social.

Hace algunos días, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia lamentaba públicamente que por falta de orientación no se haya invertido lo suficiente en su momento en la construcción de hospitales en general y en especial en la construcción de hospitales para atender a enfermos con cáncer (link 1 – El Deber , link 2 – Página Siete, link 3 – El Diario). Creo que esta afirmación nos debe llevar a hacer un alto y meditar, porque no es solamente el Presidente, sino la gran mayoría de los bolivianos, que estamos prestando poca atención a tendencias sumamente relevantes a la hora de entender la realidad nacional, reflexionar sobre el futuro y tomar decisiones fundamentadas, considerando no sólo el corto, sino también el largo plazo. Como afirma Davies (2016), en el muy largo plazo, aparte de la tecnología, la demografía es prácticamente lo único que importa. En esta línea, deseo referirme en este post a una de las transiciones fundamentales en las cuales está inmersa Bolivia y que no recibe aún la atención necesaria en el país: la transición demográfica.

La transición demográfica es, según Kirk (1996: 361), «una de las generalizaciones mejor documentadas en las ciencias sociales», y se refiere a la modificación de las tasas de mortalidad y de fecundidad en una sociedad, partiendo desde un estado en que ambas son altas y terminando en un nuevo estado donde ambas son bajas. Rowland (2003) explica que la transición demográfica no es tanto una teoría como un conjunto de generalizaciones de tendencias observadas.  La transición demográfica clásica supone que la disminución de la mortalidad ocurre primero, y sólo es seguida por una reducción en la fecundidad después de un tiempo (Population Reference Bureau staff, 2004).[i] Dos consecuencias principales de la transición demográfica clásica son: (i) la existencia de un intervalo en el que la tasa de crecimiento de la población primero aumenta como consecuencia del descenso de la mortalidad y después disminuye debido al descenso posterior de la fecundidad, y (ii) el envejecimiento de la población acompañado de cambios en la distribución por edades de la población (Lee, 2003).

Las consecuencias descritas ya están siendo experimentadas por la población boliviana, como se expone en las tres figuras a continuación, construidas utilizando datos desde 1950 y proyecciones para Bolivia hasta el año 2100 de Naciones Unidas. La figura 1 muestra cómo la tasa media anual de cambio poblacional primero aumentó entre los periodos 1950-1955 y 1975-1980, para posteriormente ir disminuyendo. Se espera que esta tendencia continúe hasta el periodo 2095-2100.

Figura 1: Bolivia. Tasa media anual de cambio poblacional (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, custom data acquired via website.

La figura 2 confirma el paulatino envejecimiento de la población boliviana. Si bien entre 1950 y 2000 la edad mediana de la población se mantuvo relativamente cerca a los 20 años, desde entonces se observa un incremento importante y sostenido. Se espera que en el año 2025 la edad mediana llegue a 27 años, en 2050 a 34 años, en el año 2075 a 40 años y en 2100 a 45 años.

Figura 2: Bolivia. Edad mediana de la población (años)

Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, custom data acquired via website.

Finalmente, la figura 3 muestra los cambios significativos en la distribución por edades de la población boliviana. Por un lado, destaca la disminución del grupo de edad entre 0 y 14 años, que pasa de representar el 38% de la población total en 2000 al 22% en el año 2050 y a solamente 16% en 2100. Por otro lado, el grupo de edad de los mayores de 64 años pasa de ser aproximadamente el 5% de la población total en 2000 al 12% en 2050 y al 26% en el año 2100.

Figura 3: Bolivia. Porcentaje de la población total por grupo de edad

Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, custom data acquired via website.
En el capítulo sobre demografía (Branisa et al., 2016) del libro El ABC del Desarrollo en Bolivia de la Fundación INESAD exploramos las potenciales ventajas para Bolivia en la etapa de transición demográfica conocida como bono demográfico, que es un tiempo de cambios poblacionales muy favorables para el desarrollo y el crecimiento económico, si se dan las condiciones necesarias. En este post queremos más bien alertar sobre la necesidad de considerar los cambios demográficos en los que estamos inmersos (y por ejemplo su posible impacto sobre el ahorro nacional) a la hora de tomar decisiones en lo que se refiere a la inversión en los siguientes años en infraestructura, educación y salud, entre otros, y también en lo que concierne a su financiamiento. Estamos transitando de manera lenta pero segura hacia una Bolivia con una población que, en promedio, será cada vez mayor y en la cual los bolivianos mayores de 64 años serán un grupo cada vez más importante, con todo lo que esto implica para la atención de la salud y el cuidado, además del financiamiento de las jubilaciones.

En un siguiente post abordaremos otra transición (relacionada con la transición demográfica) que es también muy relevante para Bolivia: la transición epidemiológica.

Referencias

Branisa, B., Jemio, L.C., Kornacka, M., Cardona, M. (2016). «D – Demografía,» en: Andersen, L.E., Branisa, B. y Canelas, S. (eds.), 2016. «El ABC del desarrollo en Bolivia,» INESAD ebooks, Institute for Advanced Development Studies.

Davies, G. (2016). It’s the demography, stupid! URL: https://www.ft.com/content/b1a6b24a-df3d-3a55-b37f-817d0b77e3a8      

Jones, G. y Douglas, R. (1997). Introduction, en: Jones, G., Douglas, R., Caldwell, J. y D’Souza, R. (eds). The Continuing Demographic Transition. Clarendon Press, Oxford.

Kirk, D. (1996). “Demographic Transition Theory”. Population Studies, 50, 361-387.

Lee, R. (2003). “The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change”. Journal of Economic Perspectives, 17 (4), 167-190.

Population Reference Bureau staff (2004). “Transitions in World Population”. Population Bulletin, 59 (1), 3-39.

Rowland, D. (2003). Demographic Methods and Concepts. Oxford University Press, Oxford.

[i] Sin embargo, es bien sabido por el análisis histórico que existe una amplia gama de situaciones que prevalecen en los países que atraviesan la transición demográfica y hay unos pocos casos donde la mortalidad no disminuyó primero (Jones y Douglas, 1997).

*Investigador Senior de INESAD, bbranisa@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.

Desde el pasado 4 de julio, American Airlines con su vuelo AA 922 dejo de operar la ruta Miami-La Paz-Santa Cruz-Miami manteniendo solamente la ruta Miami-Santa Cruz-Miami  pero con el vuelo AA 937/938. Varias fueron las reacciones cuando se anunció esta noticia en febrero. Por un lado, las agencias de viajes lamentaron la decisión (http://www.la-razon.com/economia/American_Airlines-La_Paz-operacion-Miami-Bolivia_0_2880311986.html), mientras que por otro, el gobierno le restó importancia.

Ciertamente, detrás de la decisión de la aerolínea están factores técnicos. Los aviones con los que opera a Bolivia son los Boeing 757 que tienen un promedio de edad de 18.6 años, que si bien no es mucho menos que el promedio de edad de la flota de BoA que es de 20.7 años  (según airfleets.es), en países como EE.UU. con ese promedio de edad ya se piensa en renovación y como lo indican varios foros (https://www.flyertalk.com/forum/american-airlines-aadvantage/1895913-aa-drop-lpb-la-paz-bolivia-effective-4-jul-2018-a.html) al parecer no hay un avión más moderno del mismo tamaño, por lo que American tendría que operar con un avión más pequeño que no abastecería para las dos ciudades o una más grande que más bien no podría ser llenado. Por otro lado ciertamente está el tema de la altura del aeropuerto de El Alto que siempre aumenta los costos de operación.

Pero, desde una perspectiva económica, esta salida de American de La Paz debería hacernos reflexionar un poco sobre la demanda de pasajeros, no solamente desde y hacia La Paz, sino desde y hacia Bolivia porque al final los aeropuertos de El Alto y Viru Viru son los puntos de entrada sobretodo de pasajeros extranjeros.

Los siguientes gráficos nos muestran la entrada y salida de visitantes por vía aérea, según tipo (nacional y extranjero) y por aeropuerto (El Alto y Viru Viru).

Gráfico 1

Fuente: INE

Gráfico 2

Fuente: INE

Gráfico 3

Fuente: INE

El gráfico 1 muestra que tanto las llegadas y salidas de visitantes nacionales y extranjeros han crecido a lo largo de los último 8 años. Viendo los gráficos 2 y 3 se observa que este crecimiento está determinado por las llegadas y salidas tanto de nacionales como de extranjeros a través del aeropuerto de Viru Viru y no tanto a través del aeropuerto de El Alto donde vemos que el crecimiento es más “suave” e incluso en al caso de extranjeros vemos que se ha mantenido relativamente constante entre el 2015 y 2016, mientras que en Viru Viru se observa una caída.

Uno podría pensar que si Viru Viru marca la tendencia nacional es porque hay más demanda de pasajeros desde y hacia Santa Cruz, pero la pregunta que surge y que no se puede responder, con los datos que se tiene, es si la mayor cantidad de pasajeros por ese aeropuerto es porque hay más frecuencias o es porque al haber más frecuencias hay más pasajeros (igual que el dilema de que fue primero si el huevo o la gallina). Controlando por el número de frecuencias semanales por aeropuerto parecería que en 2016 tanto El Alto como Viru Viru se repartían equitativamente los pasajeros extranjeros. El Alto con una frecuencia de 52 vuelos internacionales por semana tuvo una llegada de 46 extranjeros por frecuencia, mientras que Viru Viru tuvo una llegada de 48 extranjeros por frecuencia. En cuanto a salidas la diferencia es un poco mayor aunque tampoco significativamente mayor. El Alto tuvo 46 pasajeros por frecuencia y Viru Viru 52. Esto de alguna manera indica que para los extranjeros no existe una preferencia marcada en cuanto al aeropuerto de entrada y salida de Bolivia.

Para estimar una función de demanda de nacionales se necesitarían por lo menos datos de ingresos y precios de pasajes. Como es difícil conseguir precios y las series de tiempo no son lo suficientemente largas, en los siguientes gráficos se muestra solamente la correlación entre llegada y salida de visitantes nacionales vs la población y vs el ingreso per cápita real.

Gráfico 4

Fuente: INE

Gráfico 5

Fuente: INE

Los gráficos 4 y 5 muestran que la salida de nacionales desde La Paz al parecer si responde al crecimiento de la población y a los ingresos per cápita de ese departamento con correlaciones de 0.94 y 0.97 respectivamente, en cambio en Santa Cruz las correlaciones son de 0.81 con la población y de 0.78 con el ingreso per cápita. Si consideramos que el número de salidas de nacionales refleja la demanda de cada departamento, en ambos se observa una demanda creciente y en La Paz además es una demanda mejor comportada que en todo caso en cualquier planificación aérea debería ser más fácil de proyectar.

En síntesis, se ha querido de alguna manera mostrar que el argumento de baja demanda que empleo American Airlines para justificar su salida de operaciones del aeropuerto de El Alto parece no ser tan valedero, aunque se requieren hacer estimaciones robustas, pero lo que si es cierto es que el mercado de pasajeros bolivianos es muy pequeño y lo que se evidencia es que además el mercado de pasajeros extranjeros no ha crecido significativamente. Las llegadas y salidas de visitantes de EE.UU. representaban en 2008 el 3% del total y esto no cambio en 2016. Por tanto lo que al parecer está sucediendo es que la llegada de turistas a nuestro país no está creciendo como debería y quizás hasta incluso está decreciendo.

*Investigador Senior de INESAD, cmachicado@inesad.edu.bo. Las opiniones expresadas en los artículos del Blog Desarrollo Sobre la Mesa pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Fundación INESAD.