Economía para el Bienestar

Por: Gabriela Alondra Agafitei*

En el año 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia implementó el Sistema Único de Salud (SUS), con el objetivo de otorgar el seguro público de salud a más de cinco millones de bolivianos que no cuentan con cobertura del servicio. El primer resultado de la medida fue un incremento de los afiliados al subsistema público, pasando del 18% del total de la población en 2018 al 46% en 2019 (INE, 2019). Sin embargo, queda la interrogante de ¿cómo ha mejorado el acceso a la salud en Bolivia con la implementación del SUS? Leer Más »

Por: Marcelo Cardona M.Sc.*

Las recesiones económicas en 129 países de ingresos bajos y medianos del mundo debido a las distintas medidas relacionadas con la pandemia COVID-19, cierres de fronteras y más; pueden haber matado a cientos de miles de niños menores de cinco años en el primer año de la pandemia.

Los hallazgos, publicados el 23 de febrero en la revista científica PLOS One, arrojan luz sobre un número oculto de muertes por COVID-19: niños pequeños que mueren no por la enfermedad, sino por las interrupciones en las entregas de alimentos y medicamentos, clínicas de salud cerradas y retrasos en las vacunas infantiles que son resultado de las precauciones tomadas para reducir la propagación del virus. Se estima que casi la mitad del exceso de muertes de niños ocurrió en el África subsahariana.

«Este es un grupo que es muy sensible a las crisis económicas y su situación no se discute», dice Joseph Millward, Analista Senior de Datos de Investigación en el Centro Johns Hopkins para Programas de Comunicación, y uno de los autores del nuevo estudio. “Muchos de los países de nuestro análisis tienen poblaciones relativamente jóvenes con escaso acceso a viviendas estables, agua potable, alimentación y atención primaria. La salud de estos niños es altamente susceptible a las reducciones en el bienestar económico de sus familias. Estos son efectos secundarios de la pandemia.”

Los investigadores creen que este es el primer artículo que proporciona estimaciones del impacto de la mortalidad de COVID-19 en los niños atribuible a la pérdida económica. Se llevó a cabo utilizando datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial y las Perspectivas de Poblaciones Mundiales de las Naciones Unidas.

El modelo creado por los investigadores analizó las muertes adicionales que se esperan en 2020 en niños menores de 5 años con un rango de tasas de recesión: una reducción del 5 %, 10 % y 15 % en el producto interno bruto (PIB) en cada uno de los 129 países de ingresos medios-bajos. En el caso más conservador, con una reducción del PIB per cápita del 5 por ciento, los investigadores estimaron que se perdieron entre 279.000 y 286.000 vidas adicionales de niños menores de 5 años debido a los efectos indirectos de las recesiones económicas relacionadas con la pandemia COVID-19 en 2020. En el caso boliviano, ante una reducción del 5% del PIB se estima que la cifra de muertes de menores de 5 años llega a 30.000 niños. Con un 10 por ciento y un 15 por ciento, las recesiones conducirían a mayores pérdidas de vidas en niños menores de 5 años, aumentando a 585.802 y 911.026 muertes adicionales, respectivamente.

Los efectos económicos en la salud infantil son independientes de si los niños contraen COVID-19. Durante los confinamientos, los niños no pudieron recibir tratamiento para diferentes enfermedades infecciosas, recibir inmunizaciones de rutina y no pudieron asistir a la escuela. Esto podría tener graves consecuencias socioeconómicas no solo ahora, sino a corto y largo plazo, ya que se ha puesto en peligro el desarrollo de los niños.

El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial se contrajo un 4,4 % en 2020 en comparación con una contracción de solo un 0,1 % en 2009, durante la crisis financiera conocida como la Gran Recesión. Se prevé que las recesiones económicas de 2020 reviertan una tendencia sostenida de disminución de la pobreza mundial, y se espera que, como resultado, entre 42 y 66 millones de niños adicionales caigan en la pobreza extrema. La mayor parte de este aumento de la mortalidad infantil se manifiesta a través de efectos adversos en la dieta, el medio ambiente y la búsqueda de atención médica. Esto es particularmente importante ya que los países de ingresos medios-bajos enfrentan problemas de inequidad en las vacunas y los efectos adversos de la paralización de las actividades económicas.

Una recomendación clave es instar a los formuladores de políticas y otros actores de la salud pública a que no sólo centren sus programas y políticas en los efectos directos de la COVID-19, sino que también aseguren inversiones continuas en la suplementación alimentaria, el control del crecimiento y la atención primaria de la salud integral para mitigar un mayor impacto en niños. Existe evidencia científica que señala lo importante que es la confianza y la transparencia de un gobierno para involucrar a una comunidad en la respuesta de salud pública.

El aumento de las tasas de vacunación ayudará a abrir las economías que permanecen bajo las restricciones de COVID-19 y paralelamente, ayudará a proteger a los niños más pequeños. Cuanto más tiempo persistan las bajas tasas de vacunación, mayor será el riesgo de que la salud de los niños se vea afectada negativamente por posibles interrupciones de la actividad económica. Garantizar el acceso a las vacunas y trabajar con las comunidades y las personas para impulsar la aceptación de éstas son pasos fundamentales para mitigar los efectos directos e indirectos futuros de la pandemia.

Este Blog ha sido redactado a partir del Documento de Investigación: Estimated impact of the 2020 economic downturn on under-5 mortality for 129 countries, de PLOS One.

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*Investigador de ROCKWOOL Foundation (Dinamarca) e Investigador Asociado de INESAD, mcc@rff.dk

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Carlos Gustavo Machicado Ph.D.*

El día 6 de febrero del presente año, se han cumplido exactamente 100 semanas (700 días) de la presencia de la pandemia del Covid-19 en Bolivia. Durante este tiempo se han tenido 4 olas de contagio, de las cuales no se tiene un registro exacto de cuando comenzaron y cuando acabaron. En todo caso, si se tratan de olas de contagio, la forma correcta de medirlas debería consistir en medir el período en que efectivamente se produce contagio, es decir el período en el que la tasa de reproducción del virus (R0) es mayor a 1; que es cuando un individuo puede contagiar a más de una persona. Utilizando dicho criterio, las olas en Bolivia habrían cubierto los períodos indicados en la siguiente Tabla.

Tabla 1: Olas de contagio del Covid-19 en Bolivia

La Tabla 1 muestra varios datos interesantes entre los que se ve un aumento constante en los casos acumulados según fueron avanzando las olas, lo que no es sorprendente, pues a medida que paso el tiempo se fue recuperando la movilidad (ver Gráfico 1) y además se fueron haciendo cada vez más tests. Es interesante ver que la cuarta ola fue la segunda más larga después de la primera, pero cabe no olvidar que en la primera su duración se explica principalmente por la cuarentena rígida que se aplicó. De alguna manera, hay también una coincidencia entre la 2da. y 4ta. ola; ambas tienen un momento alto de contagio a fines de diciembre e inicios de enero y terminan a fines de enero. Si se clasifica la severidad de cada ola según el número de decesos promedio (en niveles), ciertamente la tercera ola, de lejos, fue la más severa que se tuvo en Bolivia con 41 fallecidos por día. En términos relativos (decesos en proporción a casos por día), la primera ola fue la más severa y la cuarta, de lejos, la menos severa. De la tabla también se puede inferir que 277 días no hubo contagio, lo que representa el 40% del tiempo de la pandemia en que se vivió una relativa “normalidad”.

Pero aplicando el estricto rigor estadístico, no debería ser posible hacer un análisis comparativo entre olas, especialmente con respecto a la primera, porque, como bien se sabe, ésta se caracterizó por la vigencia de una cuarentena rígida que duró desde el 17 de marzo hasta el 10 de mayo de 2020; luego se aplicó una cuarentena denominada “flexible” hasta el 31 de agosto y después vino el período de post-confinamiento ¹. Estas medidas afectaron la movilidad de las personas como se ve en el Gráfico 1; pero, se ve también que incluso cuando no hubieron medidas restrictivas a la movilidad, está no llego a recuperar los niveles del 2019 sino hasta más o menos el inicio de la cuarta ola, y esta recuperación además ha sido paulatina. Por lo tanto, en términos de movilidad, ninguna ola debería ser comparable, es más, existe cierta endogeneidad, en el sentido que no se sabe si los cambios en movilidad influyeron en los contagios o si fueron los contagios lo que determinaron los patrones de movilidad. Si a esto se le añade que en cada ola circuló una variable del virus diferente, entonces definitivamente las olas no son comparables entre sí.

Gráfico 1. Tiempo destinado en… (media móvil -7 días)

Una vez acabada la cuarta ola y con resultados bastante esperanzadores en relación a los decesos, a pesar del gran número de contagios, parecería que realmente en esta cuarta ola se ha acercado mucho más a la inmunidad de rebaño, lo que hace necesario contar con estadísticas diferentes de aquí en adelante. Una de ella es conocer cuál ha sido el nivel de contagios o re-contagio entre personas vacunadas y personas que pasaron ya por la enfermedad. Esto es importante porque en la medida que la inmunidad natural brinde una mayor protección que las vacunas, probablemente no sea necesario aplicar vacunas constantemente, considerando que las futuras olas de contagios sean tan o incluso más benévolas que la cuarta ola y, por tanto, los futuros contagios sean similares a un simple resfrío. Esperemos y confiemos que realmente sea así. Al final la naturaleza siempre es más sabia.

Referencias:

¹ Según Barja, G. (2021) “Graphing and Measuring COVID’s First Wave Impact on the Bolivian Economy”, Documento de Trabajo IISEC-UCB No 212104.

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*Investigador Senior de INESAD, cmachicado@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Osvaldo Nina*

Por la situación actual del país, las posibles medidas económicas que se avecinan van a requerir que los ciudadanos posean una cultura económica para entenderlas y, especialmente, evaluarlas con relación a sus efectos en el bienestar social y económico de la población. Sin esta condición, posiblemente, muchas de estas políticas fracasarían por el alto costo a corto plazo, pese a los beneficios que podrían generar a mediano y largo plazo.

Ahora bien, ¿qué se entiende por cultura económica? Es básicamente el sistema de conocimientos, experiencias, motivaciones y actitudes relativas a la economía de todos los miembros de la sociedad. Este no es resultado de un mayor acceso a la información sobre temas relacionados con la economía, sino un proceso permanente para desarrollar valores, habilidades, convicciones y competencias mediante la educación. De hecho, la cultura económica permite a cada persona ser capaz de convivir, actuar y participar en el desarrollo social y económico de su país con un conocimiento pleno, pero principalmente tener una actitud responsable ante los problemas económicos que atraviesa. Por esta razón, la cultura económica es el canal que permite a las autoridades económicas explicar el por qué y cómo de lo que se hace a la población.

Recientemente, las declaraciones y los argumentos mencionados en las manifestaciones, tanto en contra de algunas leyes promulgadas como a favor de ellas, están mostrando que la sociedad actual requiere desarrollar una cultura económica acorde con la realidad para enfrentar la crisis y los retos de un desarrollo armónico y sostenible por la condición de ser un país subdesarrollado, exportador primario y desigual. Realmente, han expuesto la necesidad de mejorar y elevar la educación y conciencia económica para que la ciudadanía comprenda cuáles son los cambios necesarios para lograr una sociedad más libre, próspera y equitativa.

En esta tarea, las universidades tienen el papel de liderazgo para el avance de la cultura económica, asumiendo que toda carrera universitaria tiene por lo menos una materia de economía en su programa de estudios. Bolivia no está tan rezagada en cuanto a la formación de ciudadanos con cultura económica en la región: el porcentaje de la población adulta con educación universitaria es mayor en comparación a Brasil, Colombia o Uruguay (ver Gráfico 1). Pero esta cifra puede ser engañosa por la influencia de la calidad y currículo de estudio de las carreras universitarias y, en especial, del componente económico en la enseñanza secundaria. Por ejemplo, la mayoría de la población boliviana no comprende todavía cuál es la finalidad de los impuestos y cómo este instrumento puede mejorar la distribución del ingreso; de hecho, muchos ciudadanos beneficiados por el sistema de educación pública gratuita no quieren tributar para apoyar la sostenibilidad y la ampliación de la cobertura, o la mejora de la calidad de este servicio público.

Gráfico 1: Porcentaje promedio de la población de mayor a 20 años, con nivel de instrucción superior o universitario completo

(Período 2015 – 2018)

Fuente: Elaborado con base a la información del SITEAL – UNESCO.

Las investigaciones sobre esta temática afirman que no es posible alcanzar una cultura económica si no se posee una adecuada educación económica. El grado de información y conocimiento que adquieren los ciudadanos sobre temas económicos es sustancial para que puedan tener una valoración más objetiva de la realidad económica y , por tanto, entender y evaluar la gestión pública.

Ciertamente, los gestores públicos son claves en el fortalecimiento de la cultura económica por las labores y roles que desempeñan en la administración pública, que requiere de una elevada calificación técnica y económica. Sin embargo, deben asumir una actitud que les permita renovar sus conocimientos económicos para dar respuesta acerca de las potencialidades del país para el desarrollo y los límites que establecen las restricciones económicas y financieras existentes.

La transformación social y económica requiere de una cultura económica que fomente el crecimiento incesante de la conciencia económica. En su libro “La economía del bien común”, el premio Nobel de Economía Jean Tirole señala que mientras la población carezca de cultura económica, tomar decisiones correctas requiere mucho valor político: lo que podría estar sucediendo en el país, pero sin éxito.

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* Investigador Senior de INESAD, onina@inesad.edu.bo

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Por: Armando Moscoso, Mag.*

El debate sobre la injerencia política en la Policía Boliviana no ha terminado y bien podríamos decir, que en realidad aún no comenzó[1], porque más allá de la institución, la esencia del problema radica en la noción de “policía” como función y el “poder de policía” como atribución, que nos lleva también a replantear la división de poderes, como herramienta para asegurar el equilibrio necesario que evite la discrecionalidad y el abuso en el ejercicio del Poder.

Desde la edad antigua hasta el siglo XV, “policía” designaba a todas las actividades estatales; en la organización griega de la polis (ciudad- Estado), el término significaba actividad pública o estatal y se mantuvo así a pesar de la desaparición de la polis. En el siglo XVI se separa del concepto de policía todo lo referente a las relaciones internacionales; sucesivas restricciones hacen que en el siglo XVIII estén excluidas del concepto también la justicia y las finanzas. En ese momento “policía” se refiere al total de la actividad administrativa interna -excluyendo las finanzas- y consiste en la facultad estatal de reglar todo lo que se encuentra en los límites del Estado, sin excepción alguna; es el poder jurídicamente ilimitado de coaccionar y dictar órdenes para realizar lo que se crea conveniente. En este momento medieval la policía no estaba, por lo tanto, limitada ni en su objeto o finalidad ni en cuanto a los medios que podía emplear; pero se advierte ya que es una función del Estado y concretamente una parte de la función ejecutiva. En el siglo XVII Juan Esteban Pütter[2] sostiene que la policía es la “suprema potestad que se ejerce para evitar los males futuros en el estado de la cosa pública interna” y que “la promoción del bien común no pertenece a la esfera de la policía”. De esta forma nació el concepto de que el objeto central del ejercicio de la potestad estatal llamada de policía, era la lucha contra los peligros realizada mediante el poder coaccionador.

Siendo en la antigüedad principales características del “poder de policía”: a) Su objeto (seguridad, salubridad, moralidad; o buen orden, u orden público, etc.) defendido y protegido contra las perturbaciones de los individuos (incluso a falta de leyes se justificaba el uso de la coacción). b) Era de carácter esencialmente prohibitivo, se manifestaba a través de prohibiciones y restricciones, es decir, a través de obligaciones de no hacer, en lugar de hacer. c) Era preventivo-represivo, distinguiéndose con ello de la promoción del bien común.

Por una parte, el orden no era una presión que desde afuera se ejerciera sobre la sociedad, sino un equilibrio suscitado en su interior, entonces la “policía” no buscaba obtener ese equilibrio o producirlo, sino mantener por la coacción el orden existente, defendiéndolo contra los ataques. La “policía” se limitaba a tutelar lo existente, sin tender a aumentarlo o promoverlo; actuaba sobre los efectos, no sobre las causas, de las perturbaciones al buen orden.

Hoy en día, estos paradigmas han cambiado en la mayor parte de los países y doctrinas, aunque no en el nuestro, ya que es función policial y potestad del poder de policía, no solo la prevención y la represión, sino también la promoción del bien común, pues ambas son inseparables y no es posible que una institución o cualquier órgano del Estado se limite a salvaguardar lo existente, sino más bien promover e incentivar la superación en todos los ámbitos de la vida de las personas[3].

Por otra parte, pareciera que hemos regresado a los tiempos del medioevo cuando en el Estado de policía era el mismo monarca, en su función ejecutiva, quien dictaba las normas generales; cuando en un Estado de Derecho, el dictar normas generales es una función del Órgano (Poder) Legislativo, produciéndose entonces un traspaso de parte del “poder de policía” del ejecutivo al legislativo. En consecuencia, al no ser ya el “poder de policía” una actividad reservada a la administración (Poder u Órgano Ejecutivo), sino distribuida entre los poderes del Estado, se produce una nueva caracterización del “poder de policía” ya no como perteneciente a un órgano determinado del Estado, sino que pertenece en general a todo el Estado[4].

Esta es la tendencia de la mayoría de las doctrinas modernas, que términos más o términos menos, dicen que: La policía está constituida por un conjunto de facultades que tiene el poder público[5] para vigilar y limitar la acción de los particulares, quienes, dentro del moderno concepto de Estado de Derecho, deben regular su actividad con los deberes y obligaciones que les impone la ley y se funda en una finalidad de utilidad pública.

Ahora bien, más allá de la injerencia política en una institución está el respeto, salvaguarda y promoción de los derechos individuales, que a través de la discrecionalidad en el uso de la “policía” y el “poder de policía” se conculcan, legitimando acciones ilegales con el pretexto de salvaguardar el bien común. Pero en este aparente “círculo vicioso”, o detrás de él, está la necesidad de quienes ejercen y abusan del poder para contar con un brazo operador que actúe por ellos, ya que esos serán a quienes luego se les atribuirán las consecuencias y responsabilidades, como hoy en día ocurre.

Con este propósito, a conveniencia se pretende asignar a una institución facultades discrecionales para restringir derechos y libertades, sabiendo que la norma establece más bien restricciones a la acción del Estado y sus instituciones sobre los particulares. Esta es la forma soterrada, artera y perniciosa en que actúa el abuso de Poder. Pues de otra forma, muchas acciones de los órganos del Estado (especialmente el Ejecutivo) podrían ser simplemente tipificadas como delitos comunes y sus autores castigados. No resulta extraño escuchar declaraciones aseverando que: “la policía actuó”, “la policía hizo uso de la fuerza”, “la policía intervino”, etc. utilizando a la “policía” y el “poder de policía” para justificar y “legalizar” acciones ilegales.

La Policía no tiene ni ejerce “poder de policía” alguno, fue creada para cumplir funciones de “policía” que constitucionalmente le fueron asignadas, debiendo hacerlo con la simpleza, claridad y objetividad con la que fue redactada la norma “cumplir y hacer cumplir las leyes”. Tarea que es impensable pueda desempeñar cuando un órgano del Estado es parte de su estructura, quitándole la objetividad e imparcialidad que deben caracterizarla.

Obviamente, no sería sensato que el régimen de turno emita por doquier, normas para restringir cualquier actividad que “perjudique” al gobierno y sus intereses, porque como todos sabemos el derecho positivo no admite discrecionalidad en su interpretación y aplicación, por lo que su alcance también contemplaría a los adeptos y funcionarios del gobierno, sería como cerrar la puerta con llave y tirar la llave a la alcantarilla. Para eso están la discrecionalidad y el abuso de Poder.

Referencias:

[1] Decimos esto porque la instrumentalización política de la Policía Boliviana no es reciente ni privativa de los últimos gobernantes, pero si exacerbada hasta lo impensable a partir del año 2006. Pero que además no solo se refiere a su utilización para fines y objetivos político partidarios, sino también como medio de coacción para sus propios miembros y como botín para los “leales al régimen”, que desde su interior pugnan con las más arteras y detestables artimañas con tal de “comandar”, aunque solo fuera en el papel, porque solo sirven de intermediarios para órdenes que llegan de otros ámbitos.

[2] Citado por Gordillo 1997.

[3] Cassagne propugna la distinción entre “Poder de Policía” y “Policía administrativa,” señalando que esta última hace referencia a una parte de la habitual actividad o función de la Administración Pública implicando una función o actividad administrativa que tiene por objeto la protección de la seguridad, moralidad o salubridad públicas, requiriendo el ejercicio de esta potestad estatal de una ley.

[4] Balbín señala que, a criterio suyo –con el que estamos de acuerdo– es necesario redefinir conceptualmente el instituto del poder de policía, desde los derechos y no desde el poder estatal, haciendo énfasis en que es necesario vaciar el contenido —no sólo cambiar el título— de este concepto claramente autoritario y reemplazarlo por otro propio del Estado Democrático de Derecho.

[5] Obsérvese que se refiere al “poder público”, no al poder de los gobernantes.

Bibliografía:

• Balbin, Carlos F., “Tratado de Derecho Administrativo”, t. II, 1ª ed., Buenos Aires, 2010.
• Cassagne, Juan Carlos y Galli Basualdo, Martín. “El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores”. Revista La Ley, Suplemento especial, febrero de 2009. Buenos Aires.
• Agustin, Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”. FDA Buenos Aires, 1997. Tomo I, 4ta Edición.
• Legarre, Santiago, “Poder de Policía (historia, jurisprudencia y doctrina). Revista La Ley, 2000-A 999. 2001. Buenos Aires.
• Vázquez, R. E, «Poder de Policía”, Ed. Contreras, Buenos Aires, 1940.

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*Investigador Asociado de INESAD, amoscosor@gmail.com

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Por: Francisco Javier Torres, Lic.*

América del Sur se caracteriza por ser un continente de gente luchadora y perseverante ante cualquier situación. Durante este tiempo de pandemia la gran mayoría de empresas se vieron en la necesidad de reinventarse y en este caso Bolivia no es la excepción, un país con más de 10 millones de habitantes siendo sus principales ciudades La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, entre otras.

El desarrollo económico ha ido evolucionado, siendo mejor conocido como el crecimiento del comercio electrónico dado a los negocios ofrecidos por internet, donde se visualiza un sin número de oportunidades brindadas gracias a la tecnología digital, la cual nos permite tener negocios por este medio.

De esta forma entendemos la aceleración de este proceso debido a que la pandemia y la cuarentena impulsaron el crecimiento de estos servicio online, lo que obligó a que a muchas de las empresas convencionales les tocará renovarse para atender la demanda de servicios digitales en la compra y venta de artículos del hogar, alimentos, tecnología entre otros.

Los negocios online tienen gran demanda

La creciente demanda de estos servicios y la necesidad de realizar negocios por internet, llevó a muchas empresas y autónomos a preguntarse cómo hacer negocios por internet, como puedo crecer y que servicios necesito contratar para adquirir una identidad digital que me impulse a tener un alcance viable y novedoso.

Es aquí donde entran las empresas de marketing digital y tecnología con propuestas y soluciones, lo que permitió una transformación digital e incorporación de nuevas estrategias tecnológicas a las empresas, para proveer la automatización y customización de gran parte del sector comercial de Bolivia, a través de estos negocios por internet.

Negocios por internet, negocios rentables

Hablemos de algunos de los negocios por internet que han tenido más crecimiento en Latinoamérica después del inicio de la pandemia, en su mayoría empresas consolidadas y startups. Podemos ver aquí algunos de estos negocios.

• Delivery (entregas de todo tipo de artículos)
• Ventas online de tiendas online (Mercadolibre, PedidosYa, entre otras)
• Transportes de aplicativos
• Desarrollo web
• Agencias de marketing digital
• App y plataformas de gestión de clientes (CRM)
• Servicios a domicilio
• Televentas

Podemos ver que el cliente se ha visto en la necesidad de digitalizarse y entrar en canales de comunicación que le permitan soluciones efectivas a sus principales necesidades. Los mejores negocios por internet cuentan con una serie de herramientas tecnológicas que nos facilitan acceder a un mundo y posibilidades en cualquier horario y desde cualquier lugar.

Digitalización de las empresas y su trabajo remoto

Debido a las restricciones sanitarias por la medidas adoptadas en estos tiempos, las empresas aplican estrategias cambiando su dinámica laboral para no tener tanta aglomeración de trabajadores, al permitirles trabajar desde casa de forma remota con el uso de tecnologías que le permiten acompañar los procesos de la empresa. Esto provocó un desarrollo tecnológico, por medio de contratación de personal que capacita y desarrolla herramientas digitales de gestión y desarrollo web.

En ocasiones muchas empresas de marketing digital han sido las responsables por la formación y la ejecución de estas herramientas en empresas y negocios, ampliando sus servicios y promoviendo el desarrollo económico.

 Algunas de estas herramientas utilizadas por las empresas y negocios son:

• Plataformas digitales (Facebook, Whatsapp, Instagram,Telegram, entre otras)
• Páginas web (Landing page , Blog ,Tiendas virtuales)
• Web apps
• Plataformas de gestión y control
• Cloud technologies o tecnologías de la Nube
• Gestores de relacionamiento de clientes (CRM)
• App y software adaptables a las necesidades
• Ciberseguridad
• Plataformas y soporte de pago digital.

Una de las herramientas más completas y usadas en la actualidad por la mayoría de las empresas exitosas es el CRM, esencial para los negocios por internet.

¿Qué es un CRM y para qué sirve?

El CRM (Customer Relationship Management) es un gestor de relacionamiento con el cliente, el cual nos permite tener contacto directo las 24 horas al día los 7 días a la semana desde cualquier lugar usando un dispositivo con conexión a internet.

Esta herramienta nos facilita la vida ya que nos brinda la posibilidad de almacenar información de clientes actuales, clientes potenciales, proveedores y socios, tomando datos como, por ejemplo, nombre, dirección, e-mail, teléfono, y las actividades e interacciones realizadas con la empresa, incluyendo visitas, llamadas telefónicas, e-mails, entre otras interacciones.

El e-commerce crece aceleradamente

El crecimiento económico del comercio electrónico y los negocios por internet está creciendo de forma acelerada en Bolivia, en las principales ciudades, vemos el índice de compras de comidas y bebidas a través de internet es de un 36% en La Paz y El Alto; un 30% en Santa Cruz y el 24% Cochabamba, otras 10% según estudios realizados por agencias de marketing. Sumado a esto también, el servicio delivery de entregas a puerta, y suscripciones.

Uno de los canales de compra más usados es el Whatsapp, ya que todos los negocios y empresas poseen esta herramienta con funciones Bussines que les permite interactuar con cliente mediante el marketing digital.

Todo esto nos indica el rápido crecimiento y desarrollo económico, de cierto en el proceso  que las personas han pasado durante la pandemia han ocasionado la salida de sus puestos de trabajo, pero debido a la creatividad del Boliviano han nacido nuevos emprendedores con capacidades de lograr en poco tiempo lo que sin la tecnología ante no se podía.

Aprender cómo hacer negocios en internet es esencial

Hoy en día son muchas las nuevas propuestas de negocios y startups que están naciendo día a día para el crecimiento de los negocios por internet. Contando con estas herramientas tecnológicas de fácil acceso, el éxito económico está garantizado siempre y cuando exista un seguimiento y una planificación estratégica que permita generar un desarrollo económico sostenible con soluciones duraderas.

Los clientes siempre tendrán la necesidad de que les sean resueltas sus necesidades, necesidades de hacer compras en un supermercado, farmacia o tienda de tecnología mientras ven una película o escuchan música desde la comodidad de su casa.

La sociedad se acostumbró a este estilo de vida de negocios por internet y cabe a los empresarios y emprendedores aprovechar las oportunidades dadas y brindar un excelente servicio o producto que contribuya con el desarrollo y crecimiento económico de la sociedad, en donde todos sean beneficiados de forma sostenible.

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*Investigador Invitado de INESAD, franciscojaviertorresfernandez@gmail.com

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Por: Armando Moscoso, Mag.*

El desarrollo tiene menos posibilidades de éxito a largo plazo si no está basado en una gobernanza democrática e incluyente, con un Estado de Derecho sólido.

Cuando planteamos estos temas en una charla informal, foro académico o debate político, es común considerarlos de manera independiente, dando a entender que uno sin los otros es posible. Algunos gobiernos intentaron e intentan aún consolidar, optimizar o alcanzar éxito en todos ellos, individualmente e incluso prescindiendo de uno u otro. Lo cierto es que los tres son parte de un todo y operan de manera sinérgica e interdependiente, por lo tanto, ineluctables.

La relación entre democracia y desarrollo es discutida desde hace mucho tiempo en el ámbito mundial. Formalmente fue debatida en dos mesas redondas en 2008 y 2011, organizadas por el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas (DPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Parte de los objetivos de esos talleres sobre democracia y desarrollo era examinar en detalle y especialmente, ¿Cómo y bajo qué condiciones contribuye la democracia al desarrollo y viceversa? Los principios y gobernanza democrática, sus instituciones, procesos, derechos y participación, en la primera. El desarrollo económico, mejoras en la salud, educación y no discriminación, en la segunda.

Estas mesas redondas concluyeron –entre otras cosas– que, si bien la contribución de la democracia al desarrollo y viceversa son cuestiones complejas, que dependen del contexto y en ocasiones son objeto de discrepancias, las Naciones Unidas deben seguir trabajando y promoviendo ambos ámbitos, mutuamente beneficiosos. Existe un amplio consenso respecto a que, con el tiempo, la democracia y el desarrollo se refuerzan a tornapeón. Los avances en un ámbito repercute en el otro en un proceso de interacción y fortalecimiento recíproco. El aporte de la democracia en el desarrollo no solo se limita a la gobernanza, ya que implica no solo las instituciones y los procesos, sino también los conceptos de la voz de la ciudadanía, la participación, la inclusión y el refuerzo de la cultura democrática.

En última instancia, la democracia coadyuva a lograr los objetivos de desarrollo. Las principales características de la democracia, como la participación, la inclusión, la atención a las demandas ciudadanas y la rendición de cuentas, favorecen directa e indirectamente al desarrollo si vienen acompañadas de un Estado con capacidades como la seguridad y la protección, el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, una administración pública eficiente y transparente, la prestación de servicios básicos, como educación y salud. La seguridad entra en juego como una condición para que la democracia y el desarrollo prosperen con sostenibilidad a largo plazo.

Por otro lado, la pobreza, el hambre, la enfermedad o la inseguridad, pueden limitar la capacidad de las personas a la hora de ejercer efectivamente sus derechos políticos y civiles. Por tanto, el desarrollo y la seguridad también tienen influencia sobre la democracia. La falta de desarrollo, manifestada en estancamiento económico, desigualdades o pobreza extrema, puede socavar la fe de las personas en la democracia y sus gobiernos. Al mismo tiempo, altos niveles de inseguridad, y la ausencia de un Estado de Derecho fuerte, imposibilitan la armónica convivencia de las personas, que por temor o como consecuencia de su victimización dejan actividades productivas o recreativas, que inciden en el desarrollo, pero también en la profundización de la democracia, por cuanto sus derechos, libertades y garantías se ven mermados.

Indiscutiblemente los elementales procesos democráticos como la organización y celebración de elecciones periódicas y competitivas, no son suficientes por sí solos para mejorar la calidad de vida de la población más pobre. Entonces se podrá argumentar que un gobierno democrático por sí solo no siempre obtiene los mejores resultados en términos de desarrollo acorde con las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. Empero, las garantías que ofrece la democracia –apoyada por la seguridad y el Estado de Derecho– de expresar y reivindicar sus necesidades, así como de ejercer su derecho a retirar del poder a quienes no gobiernan según sus expectativas, son indispensables para la rendición de cuentas y la sostenibilidad del desarrollo.

En ese orden de cosas, el desafío presente y futuro para los gobiernos es el de garantizar que los planes de desarrollo sean incluyentes y participativos, que las instituciones estatales sean eficientes y transparentes, que la democracia se profundice y fortalezca, y que un Estado de Derecho sólido coadyuve en la sostenibilidad, tanto de la democracia como del desarrollo.

Bibliografía:

• Klaus Bodemer. 2005. Democracia y Seguridad en un mundo globalizado y de riesgos. Algunas anotaciones. Quórum: Revista de pensamiento iberoamericano. No. 12, págs. 126-139.
• Organización de Estados Americanos (OEA). 2012. Paz, Seguridad, Democracia y Desarrollo.
• Organización de las Naciones Unidad (ONU). 2013. Democracia y Desarrollo: El rol de las Naciones Unidas.

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*Investigador Asociado de INESAD, amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Beatriz Muriel H., Ph.D* y Sergio Mansilla**

La pandemia COVID-19 se ha propagado de manera masiva a nivel mundial desde 2020, con el número ascendente y exponencial de contagios. Diversas instituciones se han dado a la tarea de recopilar información para contabilizar los casos diarios y publicarlos vía internet^[1]. Sin embargo, los registros subestiman la verdadera magnitud del problema; dado que muchas personas son asintomáticas, o presentan síntomas leves, e incluso fuertes, pero no hacen ninguna prueba para detectar la enfermedad. Para corregir esto, varios autores han realizado diversas estimaciones. Lau et al. (2021)^[2], por ejemplo, calculan que, en promedio para Estados Unidos y algunos países asiáticos y europeos, hubo aproximadamente 17 casos por cada caso oficialmente reportado en marzo del año 2020; y Ribeiro y Bernardes (2020)^[3] estiman una razón de aproximadamente ocho a uno para Brasil.

En el caso Bolivia, es posible contar con una mejor aproximación de las personas que tuvieron COVID-19 a partir de la Encuesta de Hogares 2020. Para esto se considera que una persona estuvo contagiada del coronavirus si: 1) tuvo síntomas de COVID-19 pero no se hizo la prueba; 2) tuvo síntomas y dio positivo en su prueba; 3) tuvo síntomas y dio negativo o no sabía el resultado de su prueba, pero necesitó medicamentos para el tratamiento de COVID-19; 4) no tuvo síntomas pero dio positivo en su prueba; 5) no tuvo síntomas y dio negativo o no sabía el resultado de su prueba, pero necesitó medicamentos para tratarse el COVID-19^[4]. Las personas que no tuvieron síntomas y no se hicieron la prueba no son incluidas en la categoría de contagios, ya que no existe información para saber si utilizaron medicamentos para tratar el coronavirus o si son asintomáticos.

De acuerdo a los criterios señalados, se estima que 398 mil personas tuvieron COVID-19, al 22 de diciembre de 2020 -fecha final de levantamiento de datos de la encuesta-; lo cual se contrasta con los 151 mil casos que se reportaron hasta esa fecha vía datos oficiales^[5]. Esto resulta en una razón de aproximadamente 3 casos estimados por cada caso reportado.

La Tabla 1 presenta los casos de contagios o no de COVID-19 para la Población en Edad de Trabajar (PET) –i.e. personas de 14 o más años de edad- y su división en la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Económicamente Inactiva (PEI). De acuerdo con las estimaciones, el 4% de la PET contrajo la enfermedad; siendo el porcentaje mayor en la PEA (5%) que en la PEI (3%). Esto es consistente con la hipótesis de que las personas que han trabajado (o buscado trabajo) han estado más expuestas al coronavirus; mientras la PEI ha podido tener menos actividades fuera del hogar.

Tabla 1: PEA, PEI y PET por contagio de COVID-19 y características sociodemográficas, 2020

(Participación porcentual)

En general, los porcentajes de contagio por sexo son mayores para los hombres que para las mujeres, lo cual corrobora la teoría de que el sistema inmunológico de las mujeres es algo mejor frente a exposiciones de cargas virales (como en el caso de la PEA).

Las tasas de contagio en las áreas urbanas son destacablemente más altas que en las rurales; sobre todo para la PEA. Esto puede deberse a la baja densidad poblacional en las zonas rurales, con menor exposición a entornos virales principalmente en los lugares de trabajo; y también por la menor movilidad de personas, sobre todo en los meses de las cuarentenas (rígidas y dinámicas).

En el caso de los rangos de edad, la tasa de contagio de las personas entre 30 y 49 años de la PEA es la más alta (6,1%); lo que, potencialmente, puede ser explicado por una mayor exposición al coronavirus por el trabajo, mayores posibilidades de realizarse las pruebas y mayor probabilidad de contagio en comparación a los jóvenes, entre otros. Sin embargo, en la PEI resalta el mayor porcentaje de personas contagiadas en el último grupo etario de análisis (50 años o más) con el 4,1%; lo que posiblemente se asocia con la inclusión en este grupo de los adultos mayores –que fueron catalogados como de alta vulnerabilidad frente a la pandemia–.

Finalmente, la Tabla muestra que la población pobre fue menos afectada que la no pobre por la pandemia, lo cual se contrapone a varios discursos realizados a nivel mundial. Este resultado responde, en buena medida, al hecho de que la PET pobre en Bolivia está concentrada en las áreas rurales, con la PEA mayoritariamente en la producción agropecuaria. Con todo, es posible que desde finales de diciembre estas brechas se hayan modificado, una vez que las medidas de aislamiento se redujeron y se masificó la movilidad de las personas por las fiestas de fin de año, el aumento del comercio y las campañas políticas.

Referencias:

[1] Ver, e.g., https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19, https://ourworldindata.org/coronavirus-data, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic

[2] Lau, H., Khosrawipour, T., Kocbach, P., Ichii, H., Bania, J., y Khosrawipour, V. (2021). Evaluating the massive underreporting and undertesting of COVID-19 cases in multiple global epicenters. Pulmonology, 27(2), 110-115.

[3] Ribeiro, L. C., y Bernardes, A. T. (2020). Estimate of underreporting of COVID-19 in Brazil by acute respiratory syndrome hospitalization reports (No. 010). Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais.

[4] En esta aproximación se trata de excluir los falsos negativos en las pruebas de COVID-19.

[5] Ver https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=%2Fm%2F0165v&gl=US&ceid=US%3Aes-419

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

** Investigador Junior de INESAD, smansilla@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Carlos Gustavo Machicado, Ph.D

La pandemia del Covid-19, que llegó al mundo occidental entre febrero y marzo del año pasado, propició un aumento inusitado en la cantidad de trabajos de investigación que se han hecho en economía con respecto a este tema específico. Basta ver la página web de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas[1] (NBER por sus siglas en inglés) para identificar como hay investigaciones acerca del Covid-19 y su impacto en hogares, empresas y mercados laborales, historia de las pandemias, modelos para simular la evolución de la pandemia, medidas de mitigación de contagios, y demás temas relacionados. Algo que tenían en común las primeras investigaciones que aparecieron era que manifestaban la existencia de un “trade-off” o compensación entre salvar la economía y proteger la salud, en el entendido que era uno por otro, es decir protegías la salud pero inevitablemente sacrificabas la economía o viceversa.

Actualmente a casi un año de convivir con la pandemia, queda claro que ese “trade-off” no existe pues no se puede cuestionar la necesidad de implementar políticas de mitigación que ayuden a evitar un contagio masivo, sin embargo la pregunta es cuales son las políticas ideales que, además de resguardar la salud, puedan minimizar los efectos económicos y sobre todo para los grupos más vulnerables. Además, muchas de las medidas que implementaron muchos países no estuvieron orientadas por especialistas como ser virólogos, infectólogos  o médicos y se diseñaron al calor de la política. Por eso hoy en día existe un consenso acerca de la importancia que tiene la salud y la vida de las personas, y cómo el aumento de los contagios y las muertes han afectado a la economía, lo que significa que no se puede hablar de una recuperación económica si es que antes no se resuelve el problema sanitario.

William Viscussi[2] es un economista que durante muchos años ha estudiado el valor que tiene la vida en términos económicos y sus estimaciones acerca del valor estadístico de la vida son tomadas como referentes de cuánto vale una vida humana en una economía. Precisamente Viscussi (2020) emplea estimaciones del valor de la vida en cada país para estimar el costo de las muertes que ocurrieron por concepto del Covid-19. La Figura 1 muestra el valor de la vida para los países latinoamericanos, incluido España, y se puede ver que el valor de una vida en Bolivia está entre los más bajos de America Latina, alcanzando un valor de $us 1,3 millones y superando solamente a Nicaragua, Honduras y Haiti. Este panorama no cambia a nivel mundial, estando Bolivia por encima de muchos países africanos, pero por debajo de nuestros vecinos, lo que demuestra la baja valoración que existe a la vida y al capital humano.

Figura 1: Valor Estadístico de la Vida

Fuente: Viscusi (2020).

Actualmente en Bolivia, no se están aplicando medidas de mitigación de contagios rígidas basadas en cuarentenas; sin embargo, el aumento acelerado de casos positivos y muertes por Covid-19 han afectado negativamente a la economía. Para demostrar esto, la siguiente figura extraída de la Academia Luohan muestra la evolución de la actividad económica diaria en Bolivia basada en datos de movilidad, desde que comenzó la pandemia y claramente se observa que cuando se aplica la cuarentena rígida en marzo de 2020, la actividad económica cae a menos del 70% y cuando llega a recuperarse al 100% el 24 de diciembre, otra vez vuelve a caer a menos del 90%.

Figura 2: Evolución diaria de la actividad económica en Bolivia

Fuente: Global Pandemic Economic Tracker (www.luohanacademy.com). Datos al 12 de enero de 2021.

Ciertamente esta última caída coincide con el rebrote de la pandemia o segunda ola en Bolivia, aunque también coincide con los feriados de fin de año, y mientras no se demuestre la causalidad, esta es una simple correlación, pero si se observa la Figura 3, que muestra los datos de movilidad local de Google, queda claro que hay una caída en la movilidad en todas las actividades entre el 24 de diciembre y el 9 de enero, luego hay un aumento transitorio de la movilidad el 10 de enero, pero luego vuelve a caer los siguientes días, evidenciando así una disminución en diferentes actividades, entre las que figuran actividades económicas, que coincide con un aumento acelerado de casos en los últimos días.[3]

Figura 3: Tiempo destinado en… (media móvil -7 días)

Fuente: Informes de movilidad local sobre el Covid-19 Google. Datos al 15 de enero de 2021.

Este breve análisis nos ha permitido identificar lo siguiente:

1. El bajo valor de la vida y del capital humano en nuestro país explica la poca importancia que se le ha dado a fortalecer el sistema de salud no solo ahora, sino siempre y por tanto era iluso pensar que hubiera habido alguna preparación para enfrentar una segunda ola de contagios por Covid-19.
2. Si se multiplica el costo de una vida en Bolivia por el número de muertes que se reportan por Covid-19, al 15 de enero de 2021 y se emplea la tasa de crecimiento estimado del PIB en 2020 de -6%, se obtiene un costo de la pandemia en términos de vidas de aproximadamente $us 12275,8 millones, equivalente al 32,16% del PIB, que no es un porcentaje menor a pesar de que valgan poco las vidas en Bolivia.

Con estos datos queda claro que es imposible hablar de recuperación económica en Bolivia en el corto plazo, si es que antes no se resuelve el problema sanitario y éste solo se resolverá cuando se empiece a vacunar a la población, algo que debería hacerse lo más pronto posible, inclusive permitiendo que se pueda acceder a las vacunas de manera privada, esperar solo significará aumentar estos costos y deprimir más aún la economía. A largo plazo habrá que promover nuevas políticas en salud y educación, que permitan valorar el capital humano y la vida, de otra manera estaremos condenados a seguir siendo e país más pobre de Sudamérica.

Referencias:

[1] https://www.nber.org/nber-studies-related-covid-19-pandemic-topic-area

[2] https://law.vanderbilt.edu/bio/w-kip-viscusi

[3] Los datos de las Figuras 2 y 3 referidos a movilidad, muestran el cambio porcentual de la misma respecto a la movilidad que existía antes de que se manifieste la pandemia en el país que es lo que se considera como un período normal de actividad (línea de base).

Bibliografía:

• Viscusi, W. K. (2020) “Pricing the global health risks of the Covid-19 pandemic,” Journal of Risk and Uncertainty, Vol. 61, pp. 101-128.

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* Investigador Senior de INESAD, cmachicado@inesad.edu.bo

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Por: Armando Moscoso, Mag.*

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), en las últimas décadas se ha evidenciado un gran progreso en muchas áreas socioeconómicas en América Latina y el Caribe (ALC). Entre 2004 y 2014, muchos países de la región tuvieron tasas de crecimiento anual cercanas al 4%, los índices de pobreza disminuyeron, y mejoraron la salud y educación para los ciudadanos. De hecho, el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que viven con menos de US$1,25 por día se alcanzó en 2008, siete años antes.

En contraste, la criminalidad aumentó. Según el estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC (2019), ALC aún es la región más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 24 por 100.000 habitantes (cuatro veces el promedio mundial). A pesar de la gravedad del problema, los costos de la delincuencia y la violencia para la región recién han sido objeto de atención.

En ese contexto, considerando que el objetivo de cualquier política pública es mejorar la calidad de vida de la población, cabe notar que la seguridad ciudadana no debe ser la excepción. Por eso, hablar de los costos del crimen es referirse específicamente a sus costos en términos de bienestar; tratando de responder preguntas como, ¿en cuánto y cómo reduce el crimen el bienestar de los ciudadanos?

Algunos datos pueden ayudar a estimar los costos de bienestar que el crimen impone a las sociedades, como ser:

• Costos directos resultado del crimen: lesiones, daños y pérdidas.
• Costos de prevención de la delincuencia: gasto público y privado en seguridad.
• Costos en respuesta a la delincuencia: costo del Sistema de Administración de Justicia.
• Otros costos indirectos o intangibles: como los cambios en el comportamiento de las personas por temor a la delincuencia, o los costos para las familias de las víctimas.

También existe la posibilidad de que los costos de la prevención sean mayores a los costos totales de la delincuencia para la sociedad, lo que resultaría paradójico.

La criminalidad, la violencia y el temor inducen a muchas distorsiones en la economía que se reflejan en conductas como: el cambio de comportamiento de las personas para evitar (o participar) en la actividad criminal, los gastos en protección por parte de los hogares, las menores inversiones por parte de las empresas o las pérdidas que sufren en caso de robo, por ejemplo, y la asignación de recursos gubernamentales.

Según un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), el crimen le cuesta a ALC aproximadamente el 3% del PIB anual. Con un límite inferior del 2,41% y un límite superior del 3,55%. Esto representa para toda la región un costo de hasta US$236.000 millones (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o US$165.000 millones (a tasas de cambio de 2014) considerando los 17 países analizados [1]; cifras que equivalen a unos US$300 per cápita en promedio por año. Estos costos se descomponen de la siguiente manera: 42% corresponde al gasto público (especialmente servicios policiales), 37% a gastos privados y 21% a los costos sociales derivados de la delincuencia, principalmente por la victimización.

Bolivia no fue parte de este estudio por falta de información disponible. Sin embargo, es posible extrapolar sus resultados y dada la similitud del fenómeno delictivo con algunos países de la región, los hallazgos pueden considerarse –cuanto menos– para aproximar la gravedad del problema para la economía del país. Por obvias razones, velando por la eficiencia en el uso de los recursos –especialmente los públicos– es imperativo preguntarse: ¿Cuán altos son los costos del crimen y la violencia en Bolivia? ¿Cómo se pueden medir? ¿Cómo se pueden reducir?

Medir los costos del crimen y la violencia requiere de información sistematizada que, entre otras cosas, permita conocer:

• Costos sociales, incluyendo costos de victimización, entendida como pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos, además de los ingresos perdidos (no generados) de la población penitenciaria.
• Costos del sector privado: gasto de las empresas y los hogares en prevención del delito.
• Costos incurridos por los diferentes niveles de gobierno: Administración de Justicia, Ministerio Público, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario.

Conocer los costos del delito y la violencia permite mejorar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, enfocando los recursos con mayor eficiencia y eficacia, más aún en esta época.

Referencias: 

[1] Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Bibliografía:

• Jaitman L. 2015. Los Costos del Crimen y de la Violencia en el Bienestar en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
• Jaitman L. 2017. Los Costos del Crimen y de la Violencia – Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y El Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

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