Economía para el Bienestar

Por: Armando Moscoso, Mag.*

El debate sobre la injerencia política en la Policía Boliviana no ha terminado y bien podríamos decir, que en realidad aún no comenzó[1], porque más allá de la institución, la esencia del problema radica en la noción de “policía” como función y el “poder de policía” como atribución, que nos lleva también a replantear la división de poderes, como herramienta para asegurar el equilibrio necesario que evite la discrecionalidad y el abuso en el ejercicio del Poder.

Desde la edad antigua hasta el siglo XV, “policía” designaba a todas las actividades estatales; en la organización griega de la polis (ciudad- Estado), el término significaba actividad pública o estatal y se mantuvo así a pesar de la desaparición de la polis. En el siglo XVI se separa del concepto de policía todo lo referente a las relaciones internacionales; sucesivas restricciones hacen que en el siglo XVIII estén excluidas del concepto también la justicia y las finanzas. En ese momento “policía” se refiere al total de la actividad administrativa interna -excluyendo las finanzas- y consiste en la facultad estatal de reglar todo lo que se encuentra en los límites del Estado, sin excepción alguna; es el poder jurídicamente ilimitado de coaccionar y dictar órdenes para realizar lo que se crea conveniente. En este momento medieval la policía no estaba, por lo tanto, limitada ni en su objeto o finalidad ni en cuanto a los medios que podía emplear; pero se advierte ya que es una función del Estado y concretamente una parte de la función ejecutiva. En el siglo XVII Juan Esteban Pütter[2] sostiene que la policía es la “suprema potestad que se ejerce para evitar los males futuros en el estado de la cosa pública interna” y que “la promoción del bien común no pertenece a la esfera de la policía”. De esta forma nació el concepto de que el objeto central del ejercicio de la potestad estatal llamada de policía, era la lucha contra los peligros realizada mediante el poder coaccionador.

Siendo en la antigüedad principales características del “poder de policía”: a) Su objeto (seguridad, salubridad, moralidad; o buen orden, u orden público, etc.) defendido y protegido contra las perturbaciones de los individuos (incluso a falta de leyes se justificaba el uso de la coacción). b) Era de carácter esencialmente prohibitivo, se manifestaba a través de prohibiciones y restricciones, es decir, a través de obligaciones de no hacer, en lugar de hacer. c) Era preventivo-represivo, distinguiéndose con ello de la promoción del bien común.

Por una parte, el orden no era una presión que desde afuera se ejerciera sobre la sociedad, sino un equilibrio suscitado en su interior, entonces la “policía” no buscaba obtener ese equilibrio o producirlo, sino mantener por la coacción el orden existente, defendiéndolo contra los ataques. La “policía” se limitaba a tutelar lo existente, sin tender a aumentarlo o promoverlo; actuaba sobre los efectos, no sobre las causas, de las perturbaciones al buen orden.

Hoy en día, estos paradigmas han cambiado en la mayor parte de los países y doctrinas, aunque no en el nuestro, ya que es función policial y potestad del poder de policía, no solo la prevención y la represión, sino también la promoción del bien común, pues ambas son inseparables y no es posible que una institución o cualquier órgano del Estado se limite a salvaguardar lo existente, sino más bien promover e incentivar la superación en todos los ámbitos de la vida de las personas[3].

Por otra parte, pareciera que hemos regresado a los tiempos del medioevo cuando en el Estado de policía era el mismo monarca, en su función ejecutiva, quien dictaba las normas generales; cuando en un Estado de Derecho, el dictar normas generales es una función del Órgano (Poder) Legislativo, produciéndose entonces un traspaso de parte del “poder de policía” del ejecutivo al legislativo. En consecuencia, al no ser ya el “poder de policía” una actividad reservada a la administración (Poder u Órgano Ejecutivo), sino distribuida entre los poderes del Estado, se produce una nueva caracterización del “poder de policía” ya no como perteneciente a un órgano determinado del Estado, sino que pertenece en general a todo el Estado[4].

Esta es la tendencia de la mayoría de las doctrinas modernas, que términos más o términos menos, dicen que: La policía está constituida por un conjunto de facultades que tiene el poder público[5] para vigilar y limitar la acción de los particulares, quienes, dentro del moderno concepto de Estado de Derecho, deben regular su actividad con los deberes y obligaciones que les impone la ley y se funda en una finalidad de utilidad pública.

Ahora bien, más allá de la injerencia política en una institución está el respeto, salvaguarda y promoción de los derechos individuales, que a través de la discrecionalidad en el uso de la “policía” y el “poder de policía” se conculcan, legitimando acciones ilegales con el pretexto de salvaguardar el bien común. Pero en este aparente “círculo vicioso”, o detrás de él, está la necesidad de quienes ejercen y abusan del poder para contar con un brazo operador que actúe por ellos, ya que esos serán a quienes luego se les atribuirán las consecuencias y responsabilidades, como hoy en día ocurre.

Con este propósito, a conveniencia se pretende asignar a una institución facultades discrecionales para restringir derechos y libertades, sabiendo que la norma establece más bien restricciones a la acción del Estado y sus instituciones sobre los particulares. Esta es la forma soterrada, artera y perniciosa en que actúa el abuso de Poder. Pues de otra forma, muchas acciones de los órganos del Estado (especialmente el Ejecutivo) podrían ser simplemente tipificadas como delitos comunes y sus autores castigados. No resulta extraño escuchar declaraciones aseverando que: “la policía actuó”, “la policía hizo uso de la fuerza”, “la policía intervino”, etc. utilizando a la “policía” y el “poder de policía” para justificar y “legalizar” acciones ilegales.

La Policía no tiene ni ejerce “poder de policía” alguno, fue creada para cumplir funciones de “policía” que constitucionalmente le fueron asignadas, debiendo hacerlo con la simpleza, claridad y objetividad con la que fue redactada la norma “cumplir y hacer cumplir las leyes”. Tarea que es impensable pueda desempeñar cuando un órgano del Estado es parte de su estructura, quitándole la objetividad e imparcialidad que deben caracterizarla.

Obviamente, no sería sensato que el régimen de turno emita por doquier, normas para restringir cualquier actividad que “perjudique” al gobierno y sus intereses, porque como todos sabemos el derecho positivo no admite discrecionalidad en su interpretación y aplicación, por lo que su alcance también contemplaría a los adeptos y funcionarios del gobierno, sería como cerrar la puerta con llave y tirar la llave a la alcantarilla. Para eso están la discrecionalidad y el abuso de Poder.

Referencias:

[1] Decimos esto porque la instrumentalización política de la Policía Boliviana no es reciente ni privativa de los últimos gobernantes, pero si exacerbada hasta lo impensable a partir del año 2006. Pero que además no solo se refiere a su utilización para fines y objetivos político partidarios, sino también como medio de coacción para sus propios miembros y como botín para los “leales al régimen”, que desde su interior pugnan con las más arteras y detestables artimañas con tal de “comandar”, aunque solo fuera en el papel, porque solo sirven de intermediarios para órdenes que llegan de otros ámbitos.

[2] Citado por Gordillo 1997.

[3] Cassagne propugna la distinción entre “Poder de Policía” y “Policía administrativa,” señalando que esta última hace referencia a una parte de la habitual actividad o función de la Administración Pública implicando una función o actividad administrativa que tiene por objeto la protección de la seguridad, moralidad o salubridad públicas, requiriendo el ejercicio de esta potestad estatal de una ley.

[4] Balbín señala que, a criterio suyo –con el que estamos de acuerdo– es necesario redefinir conceptualmente el instituto del poder de policía, desde los derechos y no desde el poder estatal, haciendo énfasis en que es necesario vaciar el contenido —no sólo cambiar el título— de este concepto claramente autoritario y reemplazarlo por otro propio del Estado Democrático de Derecho.

[5] Obsérvese que se refiere al “poder público”, no al poder de los gobernantes.

Bibliografía:

• Balbin, Carlos F., “Tratado de Derecho Administrativo”, t. II, 1ª ed., Buenos Aires, 2010.
• Cassagne, Juan Carlos y Galli Basualdo, Martín. “El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores”. Revista La Ley, Suplemento especial, febrero de 2009. Buenos Aires.
• Agustin, Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”. FDA Buenos Aires, 1997. Tomo I, 4ta Edición.
• Legarre, Santiago, “Poder de Policía (historia, jurisprudencia y doctrina). Revista La Ley, 2000-A 999. 2001. Buenos Aires.
• Vázquez, R. E, «Poder de Policía”, Ed. Contreras, Buenos Aires, 1940.

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*Investigador Asociado de INESAD, amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Francisco Javier Torres, Lic.*

América del Sur se caracteriza por ser un continente de gente luchadora y perseverante ante cualquier situación. Durante este tiempo de pandemia la gran mayoría de empresas se vieron en la necesidad de reinventarse y en este caso Bolivia no es la excepción, un país con más de 10 millones de habitantes siendo sus principales ciudades La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, entre otras.

El desarrollo económico ha ido evolucionado, siendo mejor conocido como el crecimiento del comercio electrónico dado a los negocios ofrecidos por internet, donde se visualiza un sin número de oportunidades brindadas gracias a la tecnología digital, la cual nos permite tener negocios por este medio.

De esta forma entendemos la aceleración de este proceso debido a que la pandemia y la cuarentena impulsaron el crecimiento de estos servicio online, lo que obligó a que a muchas de las empresas convencionales les tocará renovarse para atender la demanda de servicios digitales en la compra y venta de artículos del hogar, alimentos, tecnología entre otros.

Los negocios online tienen gran demanda

La creciente demanda de estos servicios y la necesidad de realizar negocios por internet, llevó a muchas empresas y autónomos a preguntarse cómo hacer negocios por internet, como puedo crecer y que servicios necesito contratar para adquirir una identidad digital que me impulse a tener un alcance viable y novedoso.

Es aquí donde entran las empresas de marketing digital y tecnología con propuestas y soluciones, lo que permitió una transformación digital e incorporación de nuevas estrategias tecnológicas a las empresas, para proveer la automatización y customización de gran parte del sector comercial de Bolivia, a través de estos negocios por internet.

Negocios por internet, negocios rentables

Hablemos de algunos de los negocios por internet que han tenido más crecimiento en Latinoamérica después del inicio de la pandemia, en su mayoría empresas consolidadas y startups. Podemos ver aquí algunos de estos negocios.

• Delivery (entregas de todo tipo de artículos)
• Ventas online de tiendas online (Mercadolibre, PedidosYa, entre otras)
• Transportes de aplicativos
• Desarrollo web
• Agencias de marketing digital
• App y plataformas de gestión de clientes (CRM)
• Servicios a domicilio
• Televentas

Podemos ver que el cliente se ha visto en la necesidad de digitalizarse y entrar en canales de comunicación que le permitan soluciones efectivas a sus principales necesidades. Los mejores negocios por internet cuentan con una serie de herramientas tecnológicas que nos facilitan acceder a un mundo y posibilidades en cualquier horario y desde cualquier lugar.

Digitalización de las empresas y su trabajo remoto

Debido a las restricciones sanitarias por la medidas adoptadas en estos tiempos, las empresas aplican estrategias cambiando su dinámica laboral para no tener tanta aglomeración de trabajadores, al permitirles trabajar desde casa de forma remota con el uso de tecnologías que le permiten acompañar los procesos de la empresa. Esto provocó un desarrollo tecnológico, por medio de contratación de personal que capacita y desarrolla herramientas digitales de gestión y desarrollo web.

En ocasiones muchas empresas de marketing digital han sido las responsables por la formación y la ejecución de estas herramientas en empresas y negocios, ampliando sus servicios y promoviendo el desarrollo económico.

 Algunas de estas herramientas utilizadas por las empresas y negocios son:

• Plataformas digitales (Facebook, Whatsapp, Instagram,Telegram, entre otras)
• Páginas web (Landing page , Blog ,Tiendas virtuales)
• Web apps
• Plataformas de gestión y control
• Cloud technologies o tecnologías de la Nube
• Gestores de relacionamiento de clientes (CRM)
• App y software adaptables a las necesidades
• Ciberseguridad
• Plataformas y soporte de pago digital.

Una de las herramientas más completas y usadas en la actualidad por la mayoría de las empresas exitosas es el CRM, esencial para los negocios por internet.

¿Qué es un CRM y para qué sirve?

El CRM (Customer Relationship Management) es un gestor de relacionamiento con el cliente, el cual nos permite tener contacto directo las 24 horas al día los 7 días a la semana desde cualquier lugar usando un dispositivo con conexión a internet.

Esta herramienta nos facilita la vida ya que nos brinda la posibilidad de almacenar información de clientes actuales, clientes potenciales, proveedores y socios, tomando datos como, por ejemplo, nombre, dirección, e-mail, teléfono, y las actividades e interacciones realizadas con la empresa, incluyendo visitas, llamadas telefónicas, e-mails, entre otras interacciones.

El e-commerce crece aceleradamente

El crecimiento económico del comercio electrónico y los negocios por internet está creciendo de forma acelerada en Bolivia, en las principales ciudades, vemos el índice de compras de comidas y bebidas a través de internet es de un 36% en La Paz y El Alto; un 30% en Santa Cruz y el 24% Cochabamba, otras 10% según estudios realizados por agencias de marketing. Sumado a esto también, el servicio delivery de entregas a puerta, y suscripciones.

Uno de los canales de compra más usados es el Whatsapp, ya que todos los negocios y empresas poseen esta herramienta con funciones Bussines que les permite interactuar con cliente mediante el marketing digital.

Todo esto nos indica el rápido crecimiento y desarrollo económico, de cierto en el proceso  que las personas han pasado durante la pandemia han ocasionado la salida de sus puestos de trabajo, pero debido a la creatividad del Boliviano han nacido nuevos emprendedores con capacidades de lograr en poco tiempo lo que sin la tecnología ante no se podía.

Aprender cómo hacer negocios en internet es esencial

Hoy en día son muchas las nuevas propuestas de negocios y startups que están naciendo día a día para el crecimiento de los negocios por internet. Contando con estas herramientas tecnológicas de fácil acceso, el éxito económico está garantizado siempre y cuando exista un seguimiento y una planificación estratégica que permita generar un desarrollo económico sostenible con soluciones duraderas.

Los clientes siempre tendrán la necesidad de que les sean resueltas sus necesidades, necesidades de hacer compras en un supermercado, farmacia o tienda de tecnología mientras ven una película o escuchan música desde la comodidad de su casa.

La sociedad se acostumbró a este estilo de vida de negocios por internet y cabe a los empresarios y emprendedores aprovechar las oportunidades dadas y brindar un excelente servicio o producto que contribuya con el desarrollo y crecimiento económico de la sociedad, en donde todos sean beneficiados de forma sostenible.

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*Investigador Invitado de INESAD, franciscojaviertorresfernandez@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Armando Moscoso, Mag.*

El desarrollo tiene menos posibilidades de éxito a largo plazo si no está basado en una gobernanza democrática e incluyente, con un Estado de Derecho sólido.

Cuando planteamos estos temas en una charla informal, foro académico o debate político, es común considerarlos de manera independiente, dando a entender que uno sin los otros es posible. Algunos gobiernos intentaron e intentan aún consolidar, optimizar o alcanzar éxito en todos ellos, individualmente e incluso prescindiendo de uno u otro. Lo cierto es que los tres son parte de un todo y operan de manera sinérgica e interdependiente, por lo tanto, ineluctables.

La relación entre democracia y desarrollo es discutida desde hace mucho tiempo en el ámbito mundial. Formalmente fue debatida en dos mesas redondas en 2008 y 2011, organizadas por el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas (DPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Parte de los objetivos de esos talleres sobre democracia y desarrollo era examinar en detalle y especialmente, ¿Cómo y bajo qué condiciones contribuye la democracia al desarrollo y viceversa? Los principios y gobernanza democrática, sus instituciones, procesos, derechos y participación, en la primera. El desarrollo económico, mejoras en la salud, educación y no discriminación, en la segunda.

Estas mesas redondas concluyeron –entre otras cosas– que, si bien la contribución de la democracia al desarrollo y viceversa son cuestiones complejas, que dependen del contexto y en ocasiones son objeto de discrepancias, las Naciones Unidas deben seguir trabajando y promoviendo ambos ámbitos, mutuamente beneficiosos. Existe un amplio consenso respecto a que, con el tiempo, la democracia y el desarrollo se refuerzan a tornapeón. Los avances en un ámbito repercute en el otro en un proceso de interacción y fortalecimiento recíproco. El aporte de la democracia en el desarrollo no solo se limita a la gobernanza, ya que implica no solo las instituciones y los procesos, sino también los conceptos de la voz de la ciudadanía, la participación, la inclusión y el refuerzo de la cultura democrática.

En última instancia, la democracia coadyuva a lograr los objetivos de desarrollo. Las principales características de la democracia, como la participación, la inclusión, la atención a las demandas ciudadanas y la rendición de cuentas, favorecen directa e indirectamente al desarrollo si vienen acompañadas de un Estado con capacidades como la seguridad y la protección, el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, una administración pública eficiente y transparente, la prestación de servicios básicos, como educación y salud. La seguridad entra en juego como una condición para que la democracia y el desarrollo prosperen con sostenibilidad a largo plazo.

Por otro lado, la pobreza, el hambre, la enfermedad o la inseguridad, pueden limitar la capacidad de las personas a la hora de ejercer efectivamente sus derechos políticos y civiles. Por tanto, el desarrollo y la seguridad también tienen influencia sobre la democracia. La falta de desarrollo, manifestada en estancamiento económico, desigualdades o pobreza extrema, puede socavar la fe de las personas en la democracia y sus gobiernos. Al mismo tiempo, altos niveles de inseguridad, y la ausencia de un Estado de Derecho fuerte, imposibilitan la armónica convivencia de las personas, que por temor o como consecuencia de su victimización dejan actividades productivas o recreativas, que inciden en el desarrollo, pero también en la profundización de la democracia, por cuanto sus derechos, libertades y garantías se ven mermados.

Indiscutiblemente los elementales procesos democráticos como la organización y celebración de elecciones periódicas y competitivas, no son suficientes por sí solos para mejorar la calidad de vida de la población más pobre. Entonces se podrá argumentar que un gobierno democrático por sí solo no siempre obtiene los mejores resultados en términos de desarrollo acorde con las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. Empero, las garantías que ofrece la democracia –apoyada por la seguridad y el Estado de Derecho– de expresar y reivindicar sus necesidades, así como de ejercer su derecho a retirar del poder a quienes no gobiernan según sus expectativas, son indispensables para la rendición de cuentas y la sostenibilidad del desarrollo.

En ese orden de cosas, el desafío presente y futuro para los gobiernos es el de garantizar que los planes de desarrollo sean incluyentes y participativos, que las instituciones estatales sean eficientes y transparentes, que la democracia se profundice y fortalezca, y que un Estado de Derecho sólido coadyuve en la sostenibilidad, tanto de la democracia como del desarrollo.

Bibliografía:

• Klaus Bodemer. 2005. Democracia y Seguridad en un mundo globalizado y de riesgos. Algunas anotaciones. Quórum: Revista de pensamiento iberoamericano. No. 12, págs. 126-139.
• Organización de Estados Americanos (OEA). 2012. Paz, Seguridad, Democracia y Desarrollo.
• Organización de las Naciones Unidad (ONU). 2013. Democracia y Desarrollo: El rol de las Naciones Unidas.

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*Investigador Asociado de INESAD, amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Beatriz Muriel H., Ph.D* y Sergio Mansilla**

La pandemia COVID-19 se ha propagado de manera masiva a nivel mundial desde 2020, con el número ascendente y exponencial de contagios. Diversas instituciones se han dado a la tarea de recopilar información para contabilizar los casos diarios y publicarlos vía internet^[1]. Sin embargo, los registros subestiman la verdadera magnitud del problema; dado que muchas personas son asintomáticas, o presentan síntomas leves, e incluso fuertes, pero no hacen ninguna prueba para detectar la enfermedad. Para corregir esto, varios autores han realizado diversas estimaciones. Lau et al. (2021)^[2], por ejemplo, calculan que, en promedio para Estados Unidos y algunos países asiáticos y europeos, hubo aproximadamente 17 casos por cada caso oficialmente reportado en marzo del año 2020; y Ribeiro y Bernardes (2020)^[3] estiman una razón de aproximadamente ocho a uno para Brasil.

En el caso Bolivia, es posible contar con una mejor aproximación de las personas que tuvieron COVID-19 a partir de la Encuesta de Hogares 2020. Para esto se considera que una persona estuvo contagiada del coronavirus si: 1) tuvo síntomas de COVID-19 pero no se hizo la prueba; 2) tuvo síntomas y dio positivo en su prueba; 3) tuvo síntomas y dio negativo o no sabía el resultado de su prueba, pero necesitó medicamentos para el tratamiento de COVID-19; 4) no tuvo síntomas pero dio positivo en su prueba; 5) no tuvo síntomas y dio negativo o no sabía el resultado de su prueba, pero necesitó medicamentos para tratarse el COVID-19^[4]. Las personas que no tuvieron síntomas y no se hicieron la prueba no son incluidas en la categoría de contagios, ya que no existe información para saber si utilizaron medicamentos para tratar el coronavirus o si son asintomáticos.

De acuerdo a los criterios señalados, se estima que 398 mil personas tuvieron COVID-19, al 22 de diciembre de 2020 -fecha final de levantamiento de datos de la encuesta-; lo cual se contrasta con los 151 mil casos que se reportaron hasta esa fecha vía datos oficiales^[5]. Esto resulta en una razón de aproximadamente 3 casos estimados por cada caso reportado.

La Tabla 1 presenta los casos de contagios o no de COVID-19 para la Población en Edad de Trabajar (PET) –i.e. personas de 14 o más años de edad- y su división en la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Económicamente Inactiva (PEI). De acuerdo con las estimaciones, el 4% de la PET contrajo la enfermedad; siendo el porcentaje mayor en la PEA (5%) que en la PEI (3%). Esto es consistente con la hipótesis de que las personas que han trabajado (o buscado trabajo) han estado más expuestas al coronavirus; mientras la PEI ha podido tener menos actividades fuera del hogar.

Tabla 1: PEA, PEI y PET por contagio de COVID-19 y características sociodemográficas, 2020

(Participación porcentual)

En general, los porcentajes de contagio por sexo son mayores para los hombres que para las mujeres, lo cual corrobora la teoría de que el sistema inmunológico de las mujeres es algo mejor frente a exposiciones de cargas virales (como en el caso de la PEA).

Las tasas de contagio en las áreas urbanas son destacablemente más altas que en las rurales; sobre todo para la PEA. Esto puede deberse a la baja densidad poblacional en las zonas rurales, con menor exposición a entornos virales principalmente en los lugares de trabajo; y también por la menor movilidad de personas, sobre todo en los meses de las cuarentenas (rígidas y dinámicas).

En el caso de los rangos de edad, la tasa de contagio de las personas entre 30 y 49 años de la PEA es la más alta (6,1%); lo que, potencialmente, puede ser explicado por una mayor exposición al coronavirus por el trabajo, mayores posibilidades de realizarse las pruebas y mayor probabilidad de contagio en comparación a los jóvenes, entre otros. Sin embargo, en la PEI resalta el mayor porcentaje de personas contagiadas en el último grupo etario de análisis (50 años o más) con el 4,1%; lo que posiblemente se asocia con la inclusión en este grupo de los adultos mayores –que fueron catalogados como de alta vulnerabilidad frente a la pandemia–.

Finalmente, la Tabla muestra que la población pobre fue menos afectada que la no pobre por la pandemia, lo cual se contrapone a varios discursos realizados a nivel mundial. Este resultado responde, en buena medida, al hecho de que la PET pobre en Bolivia está concentrada en las áreas rurales, con la PEA mayoritariamente en la producción agropecuaria. Con todo, es posible que desde finales de diciembre estas brechas se hayan modificado, una vez que las medidas de aislamiento se redujeron y se masificó la movilidad de las personas por las fiestas de fin de año, el aumento del comercio y las campañas políticas.

Referencias:

[1] Ver, e.g., https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19, https://ourworldindata.org/coronavirus-data, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic

[2] Lau, H., Khosrawipour, T., Kocbach, P., Ichii, H., Bania, J., y Khosrawipour, V. (2021). Evaluating the massive underreporting and undertesting of COVID-19 cases in multiple global epicenters. Pulmonology, 27(2), 110-115.

[3] Ribeiro, L. C., y Bernardes, A. T. (2020). Estimate of underreporting of COVID-19 in Brazil by acute respiratory syndrome hospitalization reports (No. 010). Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais.

[4] En esta aproximación se trata de excluir los falsos negativos en las pruebas de COVID-19.

[5] Ver https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=%2Fm%2F0165v&gl=US&ceid=US%3Aes-419

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

** Investigador Junior de INESAD, smansilla@inesad.edu.bo

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Por: Carlos Gustavo Machicado, Ph.D

La pandemia del Covid-19, que llegó al mundo occidental entre febrero y marzo del año pasado, propició un aumento inusitado en la cantidad de trabajos de investigación que se han hecho en economía con respecto a este tema específico. Basta ver la página web de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas[1] (NBER por sus siglas en inglés) para identificar como hay investigaciones acerca del Covid-19 y su impacto en hogares, empresas y mercados laborales, historia de las pandemias, modelos para simular la evolución de la pandemia, medidas de mitigación de contagios, y demás temas relacionados. Algo que tenían en común las primeras investigaciones que aparecieron era que manifestaban la existencia de un “trade-off” o compensación entre salvar la economía y proteger la salud, en el entendido que era uno por otro, es decir protegías la salud pero inevitablemente sacrificabas la economía o viceversa.

Actualmente a casi un año de convivir con la pandemia, queda claro que ese “trade-off” no existe pues no se puede cuestionar la necesidad de implementar políticas de mitigación que ayuden a evitar un contagio masivo, sin embargo la pregunta es cuales son las políticas ideales que, además de resguardar la salud, puedan minimizar los efectos económicos y sobre todo para los grupos más vulnerables. Además, muchas de las medidas que implementaron muchos países no estuvieron orientadas por especialistas como ser virólogos, infectólogos  o médicos y se diseñaron al calor de la política. Por eso hoy en día existe un consenso acerca de la importancia que tiene la salud y la vida de las personas, y cómo el aumento de los contagios y las muertes han afectado a la economía, lo que significa que no se puede hablar de una recuperación económica si es que antes no se resuelve el problema sanitario.

William Viscussi[2] es un economista que durante muchos años ha estudiado el valor que tiene la vida en términos económicos y sus estimaciones acerca del valor estadístico de la vida son tomadas como referentes de cuánto vale una vida humana en una economía. Precisamente Viscussi (2020) emplea estimaciones del valor de la vida en cada país para estimar el costo de las muertes que ocurrieron por concepto del Covid-19. La Figura 1 muestra el valor de la vida para los países latinoamericanos, incluido España, y se puede ver que el valor de una vida en Bolivia está entre los más bajos de America Latina, alcanzando un valor de $us 1,3 millones y superando solamente a Nicaragua, Honduras y Haiti. Este panorama no cambia a nivel mundial, estando Bolivia por encima de muchos países africanos, pero por debajo de nuestros vecinos, lo que demuestra la baja valoración que existe a la vida y al capital humano.

Figura 1: Valor Estadístico de la Vida

Fuente: Viscusi (2020).

Actualmente en Bolivia, no se están aplicando medidas de mitigación de contagios rígidas basadas en cuarentenas; sin embargo, el aumento acelerado de casos positivos y muertes por Covid-19 han afectado negativamente a la economía. Para demostrar esto, la siguiente figura extraída de la Academia Luohan muestra la evolución de la actividad económica diaria en Bolivia basada en datos de movilidad, desde que comenzó la pandemia y claramente se observa que cuando se aplica la cuarentena rígida en marzo de 2020, la actividad económica cae a menos del 70% y cuando llega a recuperarse al 100% el 24 de diciembre, otra vez vuelve a caer a menos del 90%.

Figura 2: Evolución diaria de la actividad económica en Bolivia

Fuente: Global Pandemic Economic Tracker (www.luohanacademy.com). Datos al 12 de enero de 2021.

Ciertamente esta última caída coincide con el rebrote de la pandemia o segunda ola en Bolivia, aunque también coincide con los feriados de fin de año, y mientras no se demuestre la causalidad, esta es una simple correlación, pero si se observa la Figura 3, que muestra los datos de movilidad local de Google, queda claro que hay una caída en la movilidad en todas las actividades entre el 24 de diciembre y el 9 de enero, luego hay un aumento transitorio de la movilidad el 10 de enero, pero luego vuelve a caer los siguientes días, evidenciando así una disminución en diferentes actividades, entre las que figuran actividades económicas, que coincide con un aumento acelerado de casos en los últimos días.[3]

Figura 3: Tiempo destinado en… (media móvil -7 días)

Fuente: Informes de movilidad local sobre el Covid-19 Google. Datos al 15 de enero de 2021.

Este breve análisis nos ha permitido identificar lo siguiente:

1. El bajo valor de la vida y del capital humano en nuestro país explica la poca importancia que se le ha dado a fortalecer el sistema de salud no solo ahora, sino siempre y por tanto era iluso pensar que hubiera habido alguna preparación para enfrentar una segunda ola de contagios por Covid-19.
2. Si se multiplica el costo de una vida en Bolivia por el número de muertes que se reportan por Covid-19, al 15 de enero de 2021 y se emplea la tasa de crecimiento estimado del PIB en 2020 de -6%, se obtiene un costo de la pandemia en términos de vidas de aproximadamente $us 12275,8 millones, equivalente al 32,16% del PIB, que no es un porcentaje menor a pesar de que valgan poco las vidas en Bolivia.

Con estos datos queda claro que es imposible hablar de recuperación económica en Bolivia en el corto plazo, si es que antes no se resuelve el problema sanitario y éste solo se resolverá cuando se empiece a vacunar a la población, algo que debería hacerse lo más pronto posible, inclusive permitiendo que se pueda acceder a las vacunas de manera privada, esperar solo significará aumentar estos costos y deprimir más aún la economía. A largo plazo habrá que promover nuevas políticas en salud y educación, que permitan valorar el capital humano y la vida, de otra manera estaremos condenados a seguir siendo e país más pobre de Sudamérica.

Referencias:

[1] https://www.nber.org/nber-studies-related-covid-19-pandemic-topic-area

[2] https://law.vanderbilt.edu/bio/w-kip-viscusi

[3] Los datos de las Figuras 2 y 3 referidos a movilidad, muestran el cambio porcentual de la misma respecto a la movilidad que existía antes de que se manifieste la pandemia en el país que es lo que se considera como un período normal de actividad (línea de base).

Bibliografía:

• Viscusi, W. K. (2020) “Pricing the global health risks of the Covid-19 pandemic,” Journal of Risk and Uncertainty, Vol. 61, pp. 101-128.

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* Investigador Senior de INESAD, cmachicado@inesad.edu.bo

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Armando Moscoso, Mag.*

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), en las últimas décadas se ha evidenciado un gran progreso en muchas áreas socioeconómicas en América Latina y el Caribe (ALC). Entre 2004 y 2014, muchos países de la región tuvieron tasas de crecimiento anual cercanas al 4%, los índices de pobreza disminuyeron, y mejoraron la salud y educación para los ciudadanos. De hecho, el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que viven con menos de US$1,25 por día se alcanzó en 2008, siete años antes.

En contraste, la criminalidad aumentó. Según el estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC (2019), ALC aún es la región más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 24 por 100.000 habitantes (cuatro veces el promedio mundial). A pesar de la gravedad del problema, los costos de la delincuencia y la violencia para la región recién han sido objeto de atención.

En ese contexto, considerando que el objetivo de cualquier política pública es mejorar la calidad de vida de la población, cabe notar que la seguridad ciudadana no debe ser la excepción. Por eso, hablar de los costos del crimen es referirse específicamente a sus costos en términos de bienestar; tratando de responder preguntas como, ¿en cuánto y cómo reduce el crimen el bienestar de los ciudadanos?

Algunos datos pueden ayudar a estimar los costos de bienestar que el crimen impone a las sociedades, como ser:

• Costos directos resultado del crimen: lesiones, daños y pérdidas.
• Costos de prevención de la delincuencia: gasto público y privado en seguridad.
• Costos en respuesta a la delincuencia: costo del Sistema de Administración de Justicia.
• Otros costos indirectos o intangibles: como los cambios en el comportamiento de las personas por temor a la delincuencia, o los costos para las familias de las víctimas.

También existe la posibilidad de que los costos de la prevención sean mayores a los costos totales de la delincuencia para la sociedad, lo que resultaría paradójico.

La criminalidad, la violencia y el temor inducen a muchas distorsiones en la economía que se reflejan en conductas como: el cambio de comportamiento de las personas para evitar (o participar) en la actividad criminal, los gastos en protección por parte de los hogares, las menores inversiones por parte de las empresas o las pérdidas que sufren en caso de robo, por ejemplo, y la asignación de recursos gubernamentales.

Según un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), el crimen le cuesta a ALC aproximadamente el 3% del PIB anual. Con un límite inferior del 2,41% y un límite superior del 3,55%. Esto representa para toda la región un costo de hasta US$236.000 millones (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o US$165.000 millones (a tasas de cambio de 2014) considerando los 17 países analizados [1]; cifras que equivalen a unos US$300 per cápita en promedio por año. Estos costos se descomponen de la siguiente manera: 42% corresponde al gasto público (especialmente servicios policiales), 37% a gastos privados y 21% a los costos sociales derivados de la delincuencia, principalmente por la victimización.

Bolivia no fue parte de este estudio por falta de información disponible. Sin embargo, es posible extrapolar sus resultados y dada la similitud del fenómeno delictivo con algunos países de la región, los hallazgos pueden considerarse –cuanto menos– para aproximar la gravedad del problema para la economía del país. Por obvias razones, velando por la eficiencia en el uso de los recursos –especialmente los públicos– es imperativo preguntarse: ¿Cuán altos son los costos del crimen y la violencia en Bolivia? ¿Cómo se pueden medir? ¿Cómo se pueden reducir?

Medir los costos del crimen y la violencia requiere de información sistematizada que, entre otras cosas, permita conocer:

• Costos sociales, incluyendo costos de victimización, entendida como pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos, además de los ingresos perdidos (no generados) de la población penitenciaria.
• Costos del sector privado: gasto de las empresas y los hogares en prevención del delito.
• Costos incurridos por los diferentes niveles de gobierno: Administración de Justicia, Ministerio Público, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario.

Conocer los costos del delito y la violencia permite mejorar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, enfocando los recursos con mayor eficiencia y eficacia, más aún en esta época.

Referencias: 

[1] Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Bibliografía:

• Jaitman L. 2015. Los Costos del Crimen y de la Violencia en el Bienestar en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
• Jaitman L. 2017. Los Costos del Crimen y de la Violencia – Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y El Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

Los puntos de vista expresados en el blog son de responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición de sus instituciones o de INESAD. 

Por: Armando Moscoso, Mag.*

Existe en el mundo entero una gran preocupación por el avance de los delitos denominados transnacionales, como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, tráfico de armas, terrorismo, falsificación y contrabando. La lucha contra ellos se desarrolla desde varios frentes, entre los que está el «lavado de dinero». Es así que, a partir de la Cumbre de las Américas, realizada en diciembre de 1994, en nuestro continente se intensificaron las acciones individuales y colectivas de los gobiernos, para abordar el problema de la producción, tráfico ilícito y uso indebido de drogas, así como el «lavado de dinero».

En este último ámbito, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ¹ es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7) para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el “lavado de activos”, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Bolivia es miembro del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ² que aglutina a 17 países de América del Norte, Sur y Centro y el Caribe, excepto Venezuela. Este organismo sigue las directrices del GAFI, realizando evaluaciones periódicas, con expertos y autoridades de las instituciones responsables del sistema financiero, así como de la lucha contra el “lavado de dinero” y financiamiento del terrorismo, de los países miembros, quienes se constituyen en el país evaluado para realizar una revisión y calificación exhaustiva de las acciones desarrolladas por ese país para dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFI.

El 2013 Bolivia salió de la lista gris del GAFI, luego de cumplir con las primeras 40 recomendaciones que este organismo estableció el año 1990 para prevenir, principalmente, el “lavado de activos” proveniente del tráfico ilícito de drogas. El año 2019, la entonces directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó que Bolivia sería nuevamente evaluada por el GAFI durante las gestiones 2020 y 2021; pero, por los sucesos ocurridos los últimos meses de 2019, a los que se suman las dramáticas y aún incalculables consecuencias de la “pandemia mundial” provocada por el COVID-19, con toda seguridad esta evaluación será o debería ser reprogramada. Lo cierto es que, dadas las condiciones políticas imperantes, existe la posibilidad de que el cumplimiento real de las recomendaciones del GAFI sea más objetiva y transparente.

Ahora bien, el “lavado de activos” es una actividad previa al “lavado de dinero”, que por su facilidad y rapidez (compra y venta de bienes, entre otros) es utilizada en la generación de ganancias ilícitas. El “lavado de activos” proveniente del narcotráfico puede utilizar operaciones inmobiliarias, así como de importación y exportación, cuyas “ganancias” luego son incorporadas en el sistema financiero formal, comenzando el proceso de “lavado de dinero”. Por su parte, el contrabando también es utilizado en el complejo sistema de “lavado de activos”, comercializando bienes introducidos por esa vía –adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico– pudiendo incorporar sus ganancias en la banca, con solo “legalizar” la actividad comercial al inscribirla en un sistema impositivo deficiente.

Se calcula que aproximadamente el 60% del dinero proveniente del narcotráfico se queda en el país de origen, para luego pasar por un proceso previo de “lavado de activos” y después “lavado de dinero” en el mismo país. Tanto la entrada como la salida masiva de dinero pueden perjudicar seriamente el desempeño macroeconómico, ya que, la primera (entrada) provocaría presiones para la apreciación del tipo de cambio en perjuicio de las exportaciones, y viceversa, salidas masivas de recursos provocaría depreciaciones grandes del tipo de cambio con efectos en la inflación, o perdidas de reservas.

En tanto que en otros niveles del sistema financiero –formal e informal– los perjuicios también serían serios, porque la inyección de circulante sin respaldo, además de no generar impuestos para el país, reviste la economía de una liquidez ficticia haciendo que los precios en el mercado se alcen por sobre la capacidad adquisitiva de la mayoría; perjudicando especialmente a la población pobre cuyos ingresos se calculan sin tomar en cuenta esta variable.

Estas son algunas de las razones por las que es tan importante adoptar medidas efectivas y sostenibles contra el “lavado de dinero”, no solo para obtener una evaluación positiva o dejar de pertenecer a una lista desdeñable en el ámbito internacional, sino porque, al final, las consecuencias castigan al país y a los ciudadanos más vulnerables.

Referencias:

[1] En inglés Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

[2] GAFILAT reemplazo al GAFISUD, cuyo alcance regional fue sobrepasado por la incorporación de países de Sud, Centro, Norteamérica y el Caribe.

Bibliografía:

• Bautista, N., Castro, H., Rodríguez, O., Moscoso, A., Rusconi, M. (2005): Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. USAID.
• Blanco, I., Fabián, E., Prado, V., Santander, G., Zaragoza, J. (2018). Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial (5ta Edición). Organización de los Estados Americanos – OEA.
• FATF – GAFI (2 de agosto de 2020). En http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationofbolivia.html
• Periódico Página Siete (3 de agosto de 2020). En https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/3/gafi-evaluara-el-sistema-financiero-de-bolivia-226240.html

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

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Por: Armando Moscoso, Mag.*

Durante las últimas décadas, las reformas policiales en América Latina han concentrado la atención de los gobiernos y las políticas de muchos países que, preocupados por la corrupción, ineficiencia, uso excesivo de la fuerza, politización, junto con un creciente distanciamiento entre la ciudadanía y la policía, buscaron en una “reforma policial” la cura para los grandes males que aquejan a quienes se supone son la “reserva moral” de una nación.

Lucía Dammert, de FLACSO – Chile, afirma que no es posible analizar a una institución policial como un ente aislado e independiente del aparato gubernamental de un país y de la realidad que vive, por lo que corresponde situarlo como parte integral, vital e influyente en el contexto nacional. De ahí que la responsabilidad del Estado para con su policía, como con cualquiera de sus instituciones y ciudadanos, pasa por precautelar porque cuente con los mejores recursos (humanos, materiales, financieros, etc.) para poder servir con eficiencia a la sociedad.

Al respecto, Bayley (2001) define a la policía como “…las personas autorizadas por un grupo para regular las relaciones interpersonales dentro del grupo a través de la aplicación de la fuerza física”; concepto que en nuestro análisis implica, o debiera implicar, cuatro elementos fundamentales. Primero, el relacionamiento entre las personas, en especial de la policía con los ciudadanos, para inicialmente entender y luego regular las relaciones interpersonales con la finalidad de asegurar una pacífica y armoniosa convivencia entre todos. Segundo, el uso de la fuerza legítima cuyo monopolio detenta la policía, para asegurar respeto y vigencia del Estado de Derecho, regulando las relaciones interpersonales.

Tercero, eficiencia traducida en capacidad de la policía para usar la fuerza con proporcionalidad, legalidad y racionalidad, pero sobre todo con equidad, sin manipulación política u otros intereses. Lo que no supone independencia completa e irrestricta del control civil.

Cuarto, control y fiscalización de los ciudadanos y del Estado, precautelando que el uso de la fuerza, así como otras facultades y prerrogativas, no sean excedidas o mal empleadas por los policías para beneficio propio o de terceros.

Cuando se habla de reforma policial, surgen muchas interrogantes e ideas que pueden o no resultar ilustradoras para implementar una en Bolivia. En base a las experiencias de reformas policiales en América Latina, se puede reconocer algunos elementos esenciales:

1. Es imprescindible que la voluntad política lidere y acompañe la iniciativa, no como discurso o coyunturalmente, sino como política de Estado.
2. Debe contar indefectiblemente con la participación de la policía, porque su sostenibilidad dependerá en gran medida de sus miembros y de cómo vean su institución en el futuro – visión y doctrina.
3. Debe haber participación activa de la sociedad civil en el proceso, porque son los ciudadanos los que confieren legalidad y legitimidad al accionar policial, delegando el uso de la fuerza. Por lo tanto, son ellos quienes definirán que tipo de policía necesitan.

Es necesario añadir que, para comenzar a diseñar un Plan de Reforma, resulta ineluctable considerar dos cuestiones fundamentales: la capacidad operativa, relacionada con la eficiencia y eficacia de la policía; y su responsabilidad democrática, cómo reacciona la institución a la reforma y los mecanismos de control que se implementarán. Así, se podrá contar con mejores mecanismos de fiscalización, tanto sobre la actuación policial en el marco de la Ley y el respeto a los Derechos Humanos, como sobre la eficiencia y eficacia de las acciones e iniciativas desarrolladas, con fuentes de información objetivas para evaluar procesos, resultados e impacto de los planes, programas y proyectos en Seguridad Ciudadana.

Dadas las actuales circunstancias y momento que vive Bolivia, la policía indudablemente es un pilar fundamental en la profundización de la democracia. En ese orden de ideas, este planteamiento recoge las ideas del experto en la policía estadounidense David H. Bayley (2006), cuando describe los elementos esenciales que caracterizan a una policía democrática: aplica la Ley, protege los Derechos Humanos, rinde cuentas y atiende las necesidades de los ciudadanos.

La reforma de la policía boliviana no solo es necesaria para controlar y reducir los índices de criminalidad, sino también para profundizar el Estado de Derecho y la democracia, con miras a un mejor escenario para el desarrollo integral de Bolivia.

“La seguridad es un derecho, garantizador de otros derechos”.

Bibliografía: 

• Bayley, David H. 1990: Patterns of Policing: A Comparative International Analysis (New Brunswick: Rutgers University Press). 2001. Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It (Washington, D. C.: U. S. Department of Justice, National Institute of Justice, Issues in International Crime, http://www.ojp. usdoj. gov/nij).
• Bayley, D. H. (2006). Changing the guard: Developing democratic police abroad. Nueva York: Oxford University Press.
• Tudela, Patricio. 2007. “Reforma policial, COP y POP: perspectivas latinoamericanas de aplicación y paradigmas de gestión policial dirigida a la comunidad”. Septiembre. Disponible en http://www.policia.cl/cidepol/biblioteca/paradigmasgestionpolicial. pdf

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*Investigador Invitado de INESAD, amoscosor@gmail.com

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Por: Carlos Gustavo Machicado, Ph.D.*

La pandemia del Covid-19, que en nuestro país se ha empezado a sentir desde la segunda semana de marzo, ha traído consigo una serie de cambios en la economía que se han ido aplicando durante la cuarentena y se mantendrán después de que se levante la misma (total o parcialmente). Uno de ellos es el referido al teletrabajo que incluso tendrá una normativa que lo regule. ¿Cuánto de teletrabajo se podrá realizar y cuáles podrían ser sus costos tanto para los trabajadores como para las empresas?

Empleando datos reportados por Dingel y Neiman (2020)¹, se puede ver en la figura 1 que existe una correlación positiva entre el PIB per cápita (ajustado por PPP) y el porcentaje de trabajo que se puede realizar desde casa (teletrabajo). Eso significa que países como Bolivia, que cuentan con un PIB per cápita bajo, tienen también un bajo porcentaje de trabajo que puede ser realizado desde casa. De hecho, el teletrabajo representaría solamente un 15% del total de trabajo (formal) en Bolivia.

Figura 1: Teletrabajo y PIB per cápita

Fuente: Dingel y Neiman (2020) en base a datos de la OIT.

Dado que es el trabajo calificado el que, principalmente, se puede realizar desde casa, la figura corrobora también el hecho de que existe una mayor concentración de trabajo no calificado que de calificado en el mercado laboral boliviano. De hecho, antes de la pandemia, había más demanda de trabajo no calificado que de calificado. La tasa de desempleo abierta para la fuerza laboral calificada en 2018 era de 5,92%; mientras que para la no calificada era de 1,78%. Lo mismo sucedía para la tasa de desempleo ampliada: 6,37% (calificado) y 2,02% (no calificado)².

Es muy probable que la aplicación del teletrabajo traiga consigo un aumento del desempleo en la franja de trabajo no calificado, todo depende de lo que la normativa permita, lo que al final podría acabar también afectando a las empresas. Véase el siguiente ejemplo para ilustrar esto:

Supóngase que existe una empresa que tiene dos trabajadores, uno calificado y otro no calificado. En un período normal, tiene ventas que ascienden a un valor de 15, de las cuales 10 corresponden al trabajo calificado y 5 al no calificado. La empresa paga salarios por un valor de 5 al trabajo calificado y 2 al no calificado. Claramente la empresa tendría un beneficio de 8 en un período normal (ambos trabajan). Pero suponga que existe un periodo de cuarentena, donde la empresa aplica el teletrabajo y solamente opera con el trabajador calificado³. Sus ventas obviamente son menores y solamente gana 9 que corresponden enteramente al trabajo calificado. Como todavía paga salarios al trabajo no calificado (no lo puede despedir por ley), su beneficio asciende a 2 en el periodo de cuarentena.

Si las ventas en un período de cuarentena han caído y todas ellas han sido generadas con el trabajo calificado parecería que lo lógico es despedir al trabajador no calificado, pero todo depende de cual sea la expectativa que se tenga a futuro. Adicionalmente, el gobierno preocupado por evitar que aumente el desempleo, decide dar un crédito a la empresa para que pague a todos sus trabajadores, aun así no estén trabajando.

La siguiente tabla resume los beneficios que se obtendrían bajo diferentes acciones que toma la empresa con respecto al trabajador no calificado, asumiendo que el costo de despedir es de 1 y la tasa de interés real es de 3%, la misma que se utiliza tanto para calcular el pago de intereses por el crédito como para descontar el tiempo, el cual se asume que es de dos períodos.

Tabla 1: Beneficios de la empresa

Fuente: Elaboración propia.

Es evidente que la decisión que se tome depende de cual sea el escenario laboral que se tenga en el período 2, el cual es incierto. Si se espera que la cuarentena siga o que el teletrabajo se mantenga, la mejor opción es mantener al trabajador hoy (sin pago) y despedirlo mañana. La imposibilidad de no pagarle un periodo y de despedirlo elimina esta opción y también la de despedirlo en el período 1. Es más todas las opciones con despido están vetadas, así que le queda la peor alternativa de todas que es mantenerlo y pagarle en ambos períodos.

Por el contrario, si el período 2 es un período de regreso a la normalidad, a la empresa le convendría mantener al trabajador no calificado en el periodo 1 (no pagado) y pagarle normalmente en el período 2. Como la ley no le permite tener al trabajador impago un período, tiene que buscar el segundo mejor que en este caso es una opción factible y es de nuevo mantener al trabajador no calificado en ambos períodos y pagado.

Note que bajo ninguna circunstancia es una opción beneficiosa para la empresa sacar un crédito para pagar sueldos, porque la empresa tiene un margen de utilidades que le permite pagar al trabajador no calificado, de hecho el trabajo calificado estaría de alguna manera subsidiando al trabajo no calificado (en este ejemplo). Si la empresa no tuviera ese margen de utilidades y pagar al trabajador calificado implicaría trabajar a perdida en el período de cuarentena, igual con crédito sus beneficios serían los mismos que sin crédito. El crédito o único que haría sería evitar que la empresa tenga perdidas en el periodo 1, pero que tenga más perdidas en el período 2.

El ejemplo es muy sencillo pero ilustra claramente lo siguiente:

• Una política de protección al empleo, como la de otorgar créditos a las empresas para que paguen a sus trabajadores, nunca será una opción que tomen las empresas porque genera los mismos beneficios en caso de que la empresa pueda cubrir el salario del trabajador no calificado y en caso de no hacerlo, preferirá cerrar la empresa, porque el crédito lo único que hace es trasladar el problema de beneficios negativos en el tiempo.
• La incertidumbre juega un rol fundamental. Una posición optimista hace que la opción de mantener al trabajador no calificado y pagado sea la mejor, si se considera el bienestar del trabajador (recibe un sueldo en un periodo que no trabaja).
• Vetar la opción de despido y no pago a los trabajadores, afecta negativamente a la empresa si el escenario es pesimista. En todo caso ante un escenario pesimista, una empresa óptimamente procederá a cerrar.

En resumen, considerando que la posibilidad del  teletrabajo es reducido en Bolivia y la posibilidad futura de volver a una normalidad es todavía lejana (a fin de precautelar la salud), probablemente se vea en los próximos meses un aumento del desempleo entre los trabajadores no calificados (o un aumento de auto-empleos e informalidad frente a la falta de recursos económicos para alimentar a sus familias). Esto implica que se deberían buscar otras opciones, en vez de crédito a las empresas para proteger al trabajador no calificado.

A largo plazo, Bolivia debería fomentar más el trabajo calificado, de hecho es más productivo, para lo cual debería promover políticas de capacitación laboral e innovaciones que permitan ampliar el universo de teletrabajos.

Referencias:

¹ Dingel, J. y B. Netman. (2020) “How Many Jobs Can be Done at Home?”, White Paper, The Becker Friedman Institute, University of Chicago, April.

² Datos EMINPRO-INESAD (http://inesad.edu.bo/eminpro).

³ Se puede pensar que el personal no calificado es el personal de limpieza, que no tiene trabajo en una cuarentena.
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*Investigador Senior de INESAD, cmachicado@inesad.edu.bo

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Por: Beatriz Muriel H., Ph.D.*

En las últimas semanas, varios organismos multilaterales han mencionado el problema de recesión que enfrentará América Latina y el mundo a raíz del coronavirus y su rápida propagación. Por esta enfermedad, una buena parte de la sociedad civil en varios países, entre éstos en Bolivia, demandó la urgencia de tener políticas públicas para frenar la propagación. En el país, la respuesta fue la limitación del movimiento de las personas y, después, la cuarentena de 25 días comenzando el 22 de marzo del 2020. Desde la perspectiva de una cara de la moneda, la cuarentena resplandece como la mejor solución al problema. Con todo −y sin desmerecer las ventajas de esta medida−, los economistas hemos aprendido a observar también la cruz del otro lado de la moneda; un aprendizaje no muy grato en esta particular coyuntura, pero que es importante apuntarlo.

Así, un primer y modesto paso es estimar la incidencia de la cuarentena sobre la extrema pobreza (o indigencia) en las zonas urbanas de Bolivia –sin desmerecer la relevancia de otras afectaciones–. La extrema pobreza es estudiada porque mide la posibilidad de consumir lo primordial en esta particular coyuntura; es decir, si los ingresos de los hogares pueden cubrir o no una canasta indispensable de alimentos. Las regiones urbanas son seleccionadas ya que presentan una dinámica laboral bastante menos estacional con relación a las áreas rurales −donde priman las actividades agropecuarias− y, por lo tanto, son más fáciles de ser estudiadas.

La Tabla 1 presenta un ejercicio sencillo de estimación de esta incidencia a partir de la Encuesta de Hogares 2018 (última base de datos pública). Los hogares han sido divididos por cuartil de ingresos del hogar (laborales y no laborales); desde aquellos con ingresos más bajos (1°) hasta los más altos (4°) –2,36 millones de familias y 7,90 millones de personas en total–. Cabe notar que las brechas (en promedio) de los ingresos per cápita entre los estratos son más altas que en el agregado; lo cual responde al hecho de que la tasa de dependencia –medida aquí como la razón entre los miembros que no trabajan y los ocupados a nivel hogar– es más alta (en promedio) en los estratos de ingresos más bajos. Los hogares en extrema pobreza se encuentran en el primer cuartil: el 23,0% de éstos ya tiene ingresos per cápita que no cubren una canasta mínima de alimentos (135,9 mil hogares y 571,1 mil personas), y el 82,6% son pobres.

Una implicación de la cuarentena de los 25 días es que muchos trabajadores no cuentan con ingresos laborales en estos días. Para identificarlos se ha supuesto que ellos son los que –en la ocupación primaria– no tienen ningún contrato firmado ni tampoco reciben aguinaldo. En contraste, los ocupados que no son afectados son aquellos que –en la ocupación primaria–: cuentan con ítem, con contrato de trabajo firmado con fecha de vencimiento, o no tienen ningún contrato firmado pero cuentan con aguinaldo. De esta manera se separa a aquellos trabajadores que no tienen empleador o tienen pero sin ninguna cobertura de la norma ni contrato firmado (los afectados) de los que tienen alguna protección laboral o que han firmado un contrato donde se podría negociar (hipotéticamente) todas las horas laborales perdidas a futuro. Una vez identificados a los trabajadores afectados, el siguiente paso ha sido estimar la proporción de reducción de sus ingresos mensuales de esta ocupación primaria por días (25 de 30,31 días) en los ingresos del hogar. A partir de esta aproximación, los hogares han sido también definidos con “vulnerabilidad alta”, cuando todos los miembros ocupados perciben perdidas en sus ingresos y, por lo tanto, los hogares “viven al día”.

Tabla 1: Indicadores a nivel hogar y estimaciones de la incidencia de la cuarentena y los bonos en los ingresos del hogar
(por mes)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Hogares de 2018.
Notas: (1) la tasa de dependencia es definida aquí como la razón entre los miembros que no trabajan y los ocupados a nivel hogar; (2) la población ocupada no asalariada es la que no recibe un salario propiamente dicho (i.e. es cuenta propia, cooperativista, jefe o socio que no recibe salario o trabajador sin remuneración); (3) hogares donde todos los que trabajan tienen una ocupación precaria.

La Tabla 1 muestra que el porcentaje de trabajadores cuyo jefe de familia es no-asalariado (i.e. no tiene un empleador) es, en general, alta; especialmente para el primer cuartil (63,5%). La tasa de vulnerabilidad es aún más alta −dado que incluye a aquellas personas que si bien tienen un salario, se encuentran en una situación laboral precaria−; pero, al igual que el caso anterior, disminuye a medida que el cuartil es más alto. El ajuste de los ingresos del hogar –por la pérdida de los ingresos laborales de los trabajadores con ocupaciones precarias– muestra una caída sustantiva; principalmente para aquellas familias con menores recursos (-53,6%).

En el ejercicio se incluye también, como parte de los ingresos del hogar, los bonos ofrecidos recientemente por el gobierno: i) el “bono familia” de Bs. 500, que será entregado a cada estudiante que curse los ciclos inicial y primario en una institución estatal o de convenio (un millón de niños y adolescentes en las zonas urbanas); ii) la “canasta familiar” de Bs. 400, que será entregada a las personas que reciben la renta dignidad –y ninguna otra renta o jubilación–, el bono Juana Azurduy o el bono por discapacidad (601 mil personas en las zonas urbanas).

De acuerdo a los cálculos, el “bono familia” llegará en mayor proporción a los hogares de menores ingresos (53,8%) que a los de mayores ingresos (6,8%); sin embargo, no cubrirá a todos los hogares más necesitados (1° cuartil). Un factor positivo es que aquellos hogares del primer cuartil beneficiados con el bono reciben también montos más altos, puesto que éstos tienen un número mayor de niños y adolescentes con las características requeridas. La “canasta familiar” llegará de manera parecida a los estratos analizados; una vez que beneficia a personas que se encuentran dentro del grupo más susceptible de complicaciones de salud frente al contagio del coronavirus.

Las estimaciones muestran que la inclusión de los bonos permite una recuperación, aunque parcial, de los ingresos del hogar; donde destaca el cuartil de ingresos más bajos, que en términos netos presenta la menor tasa de pérdida (-26,1%). No obstante, todavía muchos hogares –frente a la caída de sus ingresos– tienen recursos insuficientes para cubrir su canasta alimentaria: el 63,9% en el primer cuartil, 38,7% en el segundo, 19,2% en el tercero e incluso el 2,0% en el cuartil de ingresos del hogar per cápita más alto.

En conclusión, las estimaciones realizadas a partir de la encuesta de hogares (a pesar de sus limitaciones) llaman a reflexionar sobre la cruz de la otra cara de la moneda; que no es trivial. Si bien los hogares de los últimos dos estratos de ingresos (3° y 4°) pueden tener mayores posibilidades de cubrir su consumo con ahorros, el primer cuartil es el más crítico (con 63,9%, 377,5 mil hogares y 1,7 millones de personas, en extrema pobreza), puesto que ya corresponde a hogares de ingresos escasos, y muy probablemente muchos de éstos tienen bajos (o nulos) ahorros, así como dificultades para captar préstamos de corto plazo.

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* Directora Ejecutiva e Investigadora Senior de INESAD, beatriz_muriel@hotmail.com, bmuriel@inesad.edu.bo

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